Se propaga un lloriqueo burdo y vergonzoso contra el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Y en ámbitos particulares, también contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Quienes abrazan esa supuesta cruzada por la justicia enarbolan o se envuelven en pabellones nacionales, cantan el himno y se rasgan las vestiduras de indignación ante supuestas violaciones a los principios y a las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso y presunción de inocencia, entre otros.
Pero cuando se hacen a un lado estas exaltaciones histriónicas ultranacionalistas emergen las verdaderas causas de tanto lloriqueo.
Blanden lamentos por «las heridas abiertas al honor de las personas privadas de su libertad; peor aún, ni llegan siquiera a imaginar el peso de la soledad inmerecida y de la diaria punzada del saberse injustamente maltratado en suelo propio por un extranjero y sus serviles cooperantes», pero no para referirse al ciudadano común, a quien en realidad desprecian y discriminan y quien poco les importa.
Son lamentos por que un empresario amigo o de alcurnia fue ligado a proceso penal acusado de corrupción o de financiamiento electoral ilícito; porque los militares no permanecen intocables y se les está aplicando la justicia civil; por la defensa de los derechos humanos, la cual consideran charlatanería; por la aplicación de la ley a quienes evaden impuestos, lo cual consideran terrorismo fiscal; o por cualquier cosa que amenace su relación con Guatemala expresada en pronombres posesivos de la primera persona. O, al extremo, por francas estupideces como que con la aprobación de la propuesta de reformas constitucionales estamos a un paso de convertirnos en otra Venezuela.
O sea, pareciera que quienes gritan y vociferan exigiendo justicia pareja lo hacen porque lo que en realidad quieren es lo que siempre han disfrutado: aplicación de la ley para cualquiera, menos para mis intereses o mi círculo social, económico o político. Les es urgente e imperativo para mantener su statu quo deshacerse de los extranjeros que no pueden controlar. Es cuestión de su sobrevivencia mantener el modus operandi de un presidente, ministro, policía, fiscal o juez a quien fácilmente se le soborna y que se acomoda a su bolsillo, preservar el ejército de corruptos rastreros que han tenido a sus órdenes por décadas y décadas.
Por supuesto, la justicia debe ser imparcial y pareja, y no se trata de defender necia y ciegamente a Thelma Aldana y su gestión en el MP o a Iván Velásquez y su paso por la Cicig. Ambos públicamente han reconocido que, como es natural, han cometido errores y que hace falta muchísimo por hacer. Ambos han advertido que lo logrado se concentra en casos de gran impacto y relevancia, pero que no se ha logrado una reforma estructural del sistema de justicia guatemalteco, para lo cual, justamente, es que apoyan la propuesta de reforma constitucional. Aunque insuficiente, esto es un avance enorme y necesario, por lo que es injusto y equivocado, si no perverso y malintencionado, decir que no se ha logrado nada o que se ha retrocedido y que lo que procede es suprimir la Cicig.
Es más. Es de relevancia histórica que, quizá por primera vez en la historia de Guatemala, la aplicación de la justicia ha alcanzado por igual a funcionarios de gobierno, empresarios, jueces, diputados, alcaldes, políticos y a todo un grupo que durante demasiado tiempo se caracterizó por la impunidad como su principal estamento de poder. Es un primer paso que toca defender.
Más de este autor