Hace tres semanas publiqué una columna titulada Transparencia: discurso fácil, acción difícil, en la que me referí y critiqué, espero con sentido constructivo, la contratación de un fotógrafo profesional.
La semana pasada el medio independiente Vox Populi publicó una nota en la que expuso el uso indebido de vehículos estatales por parte de la hija de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Esta vez no solo expuso una falla de transparencia, sino un acto contrario a los principios de honestidad y probidad que, incluso, puede ser constitutivo de delitos como abuso de autoridad o peculado por parte de la ministra, o tráfico de influencias por parte de su hija. Les corresponderá a los órganos de control establecerlo y aplicar las sanciones que establece la ley.
Ahora bien, en términos de transparencia, en este nuevo escándalo, la respuesta del Gobierno evidenció una mejora sustancial respecto al caso del fotógrafo. El presidente Arévalo, no solo no evadió responder sobre el asunto cuando fue cuestionado, sino que reconoció públicamente que hubo un error, y destituyó a la ministra. Estoy seguro de que no fue una decisión fácil, pero prevaleció la obligación de hacer lo correcto. Como dije en mi columna anterior, nadie espera un gobierno infalible, pero sí honesto y probo; valiente y sabio para decir la verdad y reconocer un error cuando lo hay y, sobre todo, para corregirlo.
Se debe reconocer que la hoy exministra María José Iturbide Flores no negó los hechos, aunque intentó justificarse recurriendo a argumentos sin sustento. Aceptó haber instruido asignar vehículos del Estado para el uso personal de su hija, para actividades no relacionadas con el cargo. Explicó que lo hizo como reacción precipitada y temerosa ante una supuesta amenaza en contra de su hija. Comunicó, además, que había desistido de las acciones equivocadas, emprendiendo la ruta correcta, comunicándose con el Ministerio de Gobernación, solicitando un análisis de riesgo y las medidas de protección que la ley permite.
Quizá Iturbide Flores no actuó de manera dolosa o con mala fe, pero evidenció un desconocimiento enorme de las leyes y de las normas de probidad, transparencia y uso correcto de los recursos públicos. Ignorar que asignar vehículos oficiales para el uso particular de su hija es ilegal y posiblemente constitutivo de delito, es un error garrafal que no solo debe corregirse, sino también prevenirse. Por ello, la decisión del presidente Arévalo de destituirla es correcta.
Este cambio constituye un avance, pero aún falta por mejorar. Los periodistas de Vox Populi indicaron que no todas sus comunicaciones fueron respondidas y que la información vertida fue trasladada por otros medios. Esto plantea un enorme desafío para el gobierno del presidente Arévalo, en cuanto a no sucumbir a la tentación de replicar lo perpetrado por sus antecesores, bloqueando a Vox Populi por ser un medio incómodo por ser crítico e investigar anomalías, que en efecto ocurren, y solo atender a los medios que resulten cómodos.
Este ejercicio de transparencia debe ayudar al Gobierno a continuar realizando una muy sana autocrítica. En particular, como consecuencia del error de Iturbide Flores, bien haría el presidente Arévalo en instruir de inmediato a su gabinete y a todo el funcionariado público el estudio y aprendizaje concienzudo y obligatorio de normativa básica como la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos o la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras muchas. Con esta medida, el presidente Arévalo se ahorraría este tipo de escándalos innecesarios.
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