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El clan Mendoza Matta: El agro según el crimen organizado

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La familia Mendoza Matta ha caído. Su delito: despojar de 28 fincas a poblaciones campesinas del sureste de Petén. Al ligar a proceso judicial, acusar de usurpación agravada, asociación Ilícita y lavado de dinero, la Fiscalía y la CICIG pretende confirmar, por primera vez en Guatemala, la manera en que los grupos de crimen organizado operan en el despojo propiedades, con el fin unificar enormes territorios aprovechando los monocultivos que existen en el departamento de Petén. Una “reforma agraria” desde las lógicas de la ilegalidad.

Es quizás el primer caso que evidencia la forma en que las familias locales/tradicionales de crimen organizado controlan grandes extensiones de los municipios de este departamento al norte de Guatemala que colinda con México

En Petén hay un acuerdo tácito que se da a lo largo de caminos polvorientos y calurosos, entre fincas, pequeños pueblos y de nuevo otras fincas: está terminantemente prohibido mencionar ciertos nombres, nada de hablar de algunas familias que habitan en ciertas zonas. Es un código de convivencia que nadie suele romper. Es una estrategia en la que se espera que nadie resulte herido. Se trata de guardar silencio, cerrar los ojos y tratar de no escuchar lo que sucede alrededor.  Cuidar la vida.

Entre Sayaxché, Dolores, Las Cruces, La Libertad, Melchor de Mencos, Poptún y San Luis, la consigna de silencio es una prioridad. A pesar de que se trata de un territorio alejado, donde el Estado apenas tiene presencia institucional, la frase “tierra de nadie” no encaja del todo para describir estos municipios. Aun entre los caminos más inhóspitos que comunican estos territorios, la violencia y la ilegalidad suelen marcar la solvencia de “propiedad privada” en los terrenos que existen en los bordes de las carreteras. Pero realizar una denuncia es algo que también, tácitamente, está prohibido. Es la forma de convivencia, de tolerancia, entre ganaderos, campesinos q’eqchi’es, y familias locales vinculadas con el crimen organizado, empresas petroleras y de monocultivos como la palma africana. Todas estas piezas componen el paisaje de Petén. En apariencia, no ocurre nada, todo es calma, aunque lo que hay en la superficie de estos municipios está en constante movimiento, lleno de fricciones, violencia, abusos, despojo de propiedades: el agro bajo los términos del crimen organizado, invisibles para el Estado.

En cada uno de estos lugares lo que abunda son las historias que se quedan en anécdotas. Campesinos que relatan la forma en que empresas compraron los terrenos alrededor de su comunidad hasta dejarlos sin acceso a la carretera para obligarlos a vender. “Es asfixia”, como dice Juan Yaxal, comunitario de La Torre, una aldea ubicada entre Sayaxché y Las Cruces. El despojo de las propiedades también se da a través de la fuerza, bajo amenazas de grupos armados, que luego venden o arriendan las propiedades a grandes empresas de monocultivo.

Lee también: Desplazar para no ser desplazados.

Muchos comunitarios explican que denunciar no cambia las cosas. Renuncian a reclamar. Pero a veces, basta un pequeño indicio, una sospecha de que el robo de propiedades es algo que en verdad existe, para que los pactos de silencio instalados en estas comunidades se puedan romper. Y los apellidos de las familias que controlan estos territorios empiecen a ser mencionados.

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La familia Mendoza Matta, hoy ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, usurpación agravada y lavado de dinero u otros activos, es el primer caso que evidencia en toda su dimensión la forma en que las familias locales/tradicionales de crimen organizado controlan grandes extensiones de los municipios de este departamento al norte de Guatemala que colinda con México y Belice. En el informe Grupos de poder en Petén se describe la forma en que esta familia (al igual que los Lorenzana y el grupo León) han fraguado su poder a través de la acumulación de territorios, en donde se hacen del poder político y económico mediante redes de parentesco y compadrazgos a nivel municipal.

Hasta hace poco, el Estado no había podido (o no había querido) intervenir en el modo de operar de la familia Mendoza Matta, aunque el poder de este clan  tiene peso desde hace tiempo en los vastos municipios de Sayaxché, La Libertad, Santa Ana y Las Cruces.

A principios de abril de este año, no obstante, el Ministerio Público (MP) en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), luego de tres años de investigación, logró detallar el despojo sistemático de 28 fincas en el municipio de La Libertad, Petén, a cargo de la familia Mendoza Matta. La denuncia no vino de parte de las comunidades q’eqchi’es que despojadas, desplazadas, amenazadas, como explica Óscar de León, el fiscal encargado del caso, prefirieren guardar silencio. La denuncia en contra de la familia Mendoza Matta llegó de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la unidad de la Superintendencia de Bancos que analiza las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos. “Fue a partir de seguir el dinero de varias transacciones que se determinó el despojo de las fincas”, dice el fiscal.

En  noviembre de 2014, la CICIG ya había dado un primer golpe en contra del clan Mendoza Matta, en el departamento de Izabal. Tras la captura de Haroldo Mendoza Matta, que según el MP se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén, el comisionado Iván Velásquez Gómez explicó que se debía tener “suma consideración” sobre la familia Mendoza Matta porque no se trataba de una banda cualquiera, “es un ejército privado en Izabal que tenía azotada a la población”.

En otras palabras, el clan Mendoza Matta es un “poder paralelo al Estado” con capacidad de controlar grandes territorios.

En ese sentido, la CICIG, por medio de la abogada Leily Santizo, pidió al Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ser admitida como parte interesada en el proceso en contra de los Mendoza Matta. “Es posible definir el despojo de 28 fincas como una operación propia de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS)”, explicaba la abogada, argumentando que dentro de la estructura habían participado funcionarios del Estado.

El rastro del dinero

Una transacción monetaria levantó la alerta en 2013. Exactamente US$2,305,053.00 habían entrado al sistema bancario guatemalteco a través de cuatro cheques a nombre del banco GyT Continental, para luego ser transferidos mediante cuatro cheques de caja a favor del agrónomo y exasesor del Instituto de Transformación Agraria (INTA), Gustavo Adolfo Martínez Ortiz. “Con ese tipo de operaciones se pretendía borrar el rastro del origen del dinero. Y la IVE denunció que el reporte del volumen de depósitos no coincidía con el perfil histórico de las cuentas a nombre de Martínez Ortiz”, explica el fiscal.

Esa transacción se hizo entre varios momentos importantes del despojo de fincas por parte de la familia Mendoza Matta. Desde 2009, como dice un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) que en su momento analizó la llegada de los Zetas a Petén en 2011, había un fuerte rumor en La Libertad, Petén (municipio hoy dividido en dos partes tras la creación de Las Cruces en 2011), sobre grupos fuertemente armados que llegaban a un terreno y lo expropiaban por la fuerza. “Había un patrón que buscaba la acumulación de propiedades relativamente cercanas, pero que no se logró demostrar legalmente como delito de despojo”, indica el exagente. “El agro ha empezado a ser un negocio interesante para el crimen organizado”, agrega.

Para la fiscalía, hoy no queda duda de que ese patrón de despojo, amenaza e intimidación, existía.

Simone Dalmasso

A partir de la denuncia de la IVE, el rastro del dinero ayudó a comprender y analizar una serie de compraventas de terrenos que los conducía al nombre de Walter Obdulio Mendoza Matta, quien es considerado por la Fiscalía y la CICIG como el cabecilla del clan. Entre 2006 y 2008 Mendoza Matta había adquirido, mediante compra directa, “con uso de la fuerza”, dice el fiscal, 11 terrenos en La Libertad, Petén. “Terrenos que habían sido adjudicados en los años 80 a campesinos q’eqchi’es a través de los proyectos Sayaxché y los Joselitos del Fomento y Desarrollo Económico del Petén (FYDEP)”, indica De León. El MP explica también que el patrón de acumulación de propiedades, todas aledañas, se debió a que Ramírez Ortiz, siendo extrabajador del INTA, aún contaba con información privilegiada sobre los terrenos y propiedades que fueron adjudicados a campesinos en los años 80 y regularizados por el Fondo de Tierras (Fontierras) en años más recientes. La lógica del agro, desde la perspectiva de las familias de los acusados, se basa en la expropiación, amenaza y venta.

Durante casi tres años, Mendoza Matta mantuvo sin movimiento los terrenos recién adquiridos mediante amenazas en La Libertad. Al parecer, según la Fiscalía, a la espera de un negocio seguro de compraventa.

“El método de la familia Mendoza Matta es sin duda original, pocas veces antes visto: despojar una propiedad y hacer negocio con ella. Las maras, como una forma del crimen organizado, ya lo habían hecho en la ciudad. Que se tengan pruebas legales de esta dinámica es la confirmación para validar la hipótesis de que los grupos criminales de las familias tradicionales de Guatemala, que no son cárteles, sino pasadores (de drogas), utilizan distintos tipos de delitos, más especializados, para mantener una estructura de lógica empresarial”, explica David Martínez Amador, profesor guatemalteco especializado en la etnografía del crimen organizado. 

Cuatro meses antes de la transacción millonaria detectada por la IVE en 2011, según el MP, Mendoza Matta procedió a la venta de todas sus propiedades obtenidas entre 2006 y 2008 de manera ilegal y por la fuerza. Los 11 predios fueron “comprados” –comillas propias de la fiscalía– por Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, el 9 de febrero de 2011, día en que también adquirió otros 8 predios por compra directa a campesinos de la región, y durante marzo de ese mismo año, recibió el mandato especial “falsificado”, “a nombre de campesinos fallecidos” –como lo tiene escrito la fiscalía en su acusación–, de otras nueve propiedades en las que el exempleado de Fontierras, José Torres Ayala, autorizó la liberación de las limitaciones que tenían estas propiedades como: "La Tutela del Estado", "EI Patrimonio Familiar', "Pacto de Reserva de Dominio". Ramírez Ortiz completó un total de 28 fincas en menos de cuatro meses a su nombre. “Vemos cómo —dice el fiscal De León— el propósito de estas compraventas era ocultar el nombre de Walter Mendoza al momento de recibir los cheques por más de Q24 millones”.

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Tras la denuncia de la IVE, tras la huella de las fincas que generaron la transacción monetaria, el MP buscó a los campesinos expropiados. En 2015 declararon al menos nueve de ellos como parte de una “prueba anticipada” ante el Juez B de Mayor Riesgo, Miguel  Ángel Gálvez. En sus testimonios los campesinos narraron la forma violenta con que el crimen organizado busca concentrar propiedades, unificarlas en una sola finca, con el propósito de vender terrenos gigantescos a empresas de monocultivo y lavar dinero. “En Petén es algo que ha ocurrido durante décadas”, como señaló Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el día que capturaron a la familia Mendoza Matta.

La empresa Green Millennium, S.A., a través de la Forestal Ceibal S.A., y Forestal Chaklum S.A., desembolsó un total de US$3,132,592.30 en el momento de comprar las 28 fincas adquiridas ilegalmente. Las tierras despojadas por los Mendoza Matta serían utilizadas así para la plantación de teca, una madera de alta calidad, considerada la reina de las maderas, que se utiliza en la construcción de muebles de alto valor y embarcaciones de lujo. El representante legal de estas empresas, el ingeniero en sistemas Jorge Roberto Montano Pellegrini, se encuentra prófugo luego de haber sido acusado de estafar al fondo de pensionados más grande de Estados Unidos, como detalló una investigación de la revista ContraPoder. Aparte de comprar las fincas de los Mendoza Matta, la pregunta sobre Montano Pellegrini es qué hizo con los US$15 millones que recolectó luego de hipotecar las plantaciones de teca. El fiscal Juan Francisco Sandoval no descarta que el caso del despojo de las 28 fincas pueda ser vinculado, en algún momento, con el caso de la estafa de Montano Pellegrini.

Mendoza Matta, mientras tanto, intentó permanecer oculto, a la sombra de todo el negocio. Confiaba en que su nombre no saldría en ninguna de las transacciones, y que la repartición de las ganancias a partir de todas la fincas adquiridas ilegalmente no sería problema. La familia Mendoza Matta intentaría hacer fluir sus recursos a través de una zona gris, entre lo legal y lo ilegal, como lo define el filósofo colombiano Eduardo Salcedo-Albarán, para mantener a flote su dinero y ponerlo en circulación dentro de la economía regular y utilizarlo sin despertar sospechas. “La zona gris: la parte más importante, la más difícil de entender, de investigar y sancionar”, como indicó Salcedo en una entrevista con Plaza Pública.

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El dinero no se destruye solo se transforma

La repartición del dinero de la compra de las 28 fincas realizada por Ceibal y Chaklum, según como lo presentó la fiscalía, siguió un rumbo único, casi de una sola entrada y de una sola salida, un camino de llenar-y-vaciar, llenar-y-vaciar, llenar-y-vaciar cuentas en muy pocas semanas, con movimientos en cifras de siete y nueve dígitos. El rastro del dinero obtenido a partir de las fincas despojadas fue el hilo de Ariadna que fue reconstruido por el MP a partir de cheques a nombre de empresas y gente vinculada a la familia Mendoza Matta. Cuentas que se abrían con Q500, luego se llenaban con depósitos de Q17 millones, de donde se firmaban decenas de cheques por cientos de miles de quetzales, y tras un corto periodo de tiempo, la cuenta regresaba a una cifra parecida a los Q500 iniciales. Un círculo que se repetía desde las cuentas de Ramírez Ortiz, a las cuentas de la empresa Corporación Las Ilusiones S.A., registrada a su nombre, para luego repartir el dinero a las cuentas de las empresas propiedad de los hijos de Walter Mendoza Matta: Semillas y Ganado S.A. (SEGASA), Centroamérica Agropecuaria S.A. (Centagro) y Agropecuaria 243.

Cada céntimo que entraba, era dinero que se distribuía de manera muy ordenada con el fin de no perder un sólo centavo. Similar a la ley de la conservación de la energía: nunca se destruye, sólo se transforma.

Q3,185,585, para Walter Obdulio Mendoza Matta.

Q3,193,000, para William Alfredo Mendoza Tally.

Una camioneta por Q588,000, para Edlyn Elizabeth García Sandoval (esposa de William).

Q1,436,500, para Jeffrey Obdulio Mendoza Tally.

Una camioneta por Q354,000, para Elky Jiovana Portillo Narvaez de Mendoza (esposa de Jeffrey).

Q1,340,000, para la Agropecuaria 243.

Q2,588,000, para Pablo André Mendoza Paz.

Q412,000, para Julia María Portillo Arteaga (ex esposa de André).

Q1,299,700.25, para Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz.

Q2,000.000,,para Edwin Alejandro Orellana Leiva (El MP aún no presenta acusación en su contra).

Q174,433, para Corporación Las Ilusiones, S.A.  

Q2,000,000, para ESCO S.A.

Q2,809,457, para Transportes Transfer.

Q301,333, en Pago de créditos en Banco Agrícola Mercantil.

Q510, por Comisión Bancaria en venta de cheques de Gerencia.

En total: Q24,086,827.00

La cifra que se pagó por las 28 fincas expropiadas, fue la misma cifra que el MP rastreó en la distribución de cientos de transacciones monetarias.

La pugna por un territorio

Para Martínez Amador el golpe dado a la familia Mendoza Matta debe ser entendido como una estrategia diferente para desarticular grupos dedicados al narcotráfico. “Son empresarios, y en esa lógica, los negocios, en este caso familiares, son prioridad”, dice el analista. Se trata de grupos que no tienen un único propósito sino que se vuelven diversos dentro de un contexto de negocios. “Su ventaja radica en su pequeñez, y por tanto, todavía pueden articular liderazgos a partir de los lazos familiares. Esa confianza no existe en los cárteles más grandes de México, por ejemplo”.

Fuentes de la CICIG explican que aunque se sabe que los Mendoza se dedican al narcotráfico, no se ha podido demostrar por la complejidad del tema.  En consecuencia, el modo en que se ha desarticulado la familia Mendoza Matta no ha sido desde una acusación por el trasiego de drogas, sino desde el negocio inmobiliario en el que lograron lavar Q24 millones mediantes procedimientos ilegales. El dinero que deja una huella fácil de seguir. El agro pensado desde las estructuras de crimen organizado.

Simone Dalmasso

En Petén, las concentraciones de propiedades, la forma en que conviven comunidades indígenas al lado de proyectos de monocultivo como la palma africana o los árboles de teca, ha sido atravesada por el despojo y la violencia. Sin los Mendoza, la reconfiguración del territorio de Petén será inevitable. Nuevos grupos, nuevas expropiaciones. Nuevas pugnas por el territorio. Lo explicaba así Iván Velásquez, durante la conferencia de prensa luego de que anunció la captura de la familia Mendoza Matta: “Es importante hacer la recomendación al Estado de Guatemala que no suceda lo de 2014, cuando se desarticuló un grupo armado a cargo de Haroldo Mendoza Matta, y no se logró llenar ese vacío que deja la caída de una estructura criminal. Es importante institucionalizar, desde el Estado, estos territorios”, dijo.

En Petén queda esperar el reacomodo. Martínez Amador plantea varios escenarios: uno, en el que los grupos criminales de México ven una invitación a ocupar un territorio; u otro, donde la empresa matriz, entendiendo a los Mendoza Matta como una sucursal (del cartel del Golfo), envíe a sus delegados para imponer un orden. Además de otra posibilidad en la que incluye la descentralización de la CICIG a nivel departamental para desarticular vínculos entre la política local y los grupos criminales: “Este caso es paradigmático porque puede justificar la presencia de la CICIG en otros territorios fuera de la capital”, indica el analista. De hecho, la CICIG ya ha anunciado la instalación de una sede en Quetzaltenango.

El juez Gálvez, encargado de evaluar el proceso en contra de la familia Mendoza Matta, durante su resolución explicó que la estructura, integrada por abogados,ex funcionarios públicos, empresarios y amas de casa, intentó buscar una forma de legalidad –registros de propiedad, catastro, bancos– para encubrir sus delitos. La defensa de Walter Obdulio Mendoza Matta, a cargo del abogado Francisco García Gudiel, argumentó que no era posible, de ninguna manera, afirmar que el dinero de la compra de fincas podía ser rastreado a detalle como planteaba la acusación. “Si mi esposa recibe dinero de mi parte, o si mi cuenta recibe un pago por mis honorarios, es difícil afirmar que se deba a lavado de dinero”, indicó el defensor. Los demás abogados se enfocaron en justificar la legalidad de los documentos de traspasos de propiedad. En tanto, los representantes de las mujeres sindicadas, en su mayoría esposas e hijas del clan Mendoza Matta, buscaron cuestionar a la fiscalía explicando la forma en que sus defendidas fueron “víctimas de las operaciones de las cuales nunca tuvieron conocimiento”.

Catorce integrantes de la estructura criminal, liderada por Walter Obdulio Mendoza Matta, fueron ligados a proceso. Siete de ellos, por peligro de fuga y posible obstaculización de las investigaciones, fueron enviados a prisión preventiva. Al resto, en su mayoría las nueras de Mendoza Matta y algunos abogados, el juez decidió otorgar medidas sustitutivas.  “Es evidente que hubo acuerdos previos para ver esto como un negocio a partir del robo de propiedades”, razonó Gálvez al analizar la lógica agraria de despojo a cargo de la familia Mendoza Matta en el sureste de Petén.

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En sus testimonios los campesinos narraron la forma violenta con que el crimen organizado busca concentrar propiedades, unificarlas en una sola finca, con el propósito de vender terrenos gigantescos a empresas de monocultivo y lavar dinero.