El viernes 28 de julio 2023 tuve el honor de moderar un foro organizado por la Red Sobre Bienes Naturales y Derechos Humanos que está retomando actividades públicas. Escuché dos ponencias contundentes y de mirada afilada sobre el derecho a la alimentación en Guatemala, por parte de los licenciados Helmer Velásquez y Enrique Maldonado.
Resumiré las dos horas de ponencia, de las cuales sacaré más columnas, en una sola frase de Helmer Velásquez: El país padece de hambre crónica, el Estado tiene una lectura correcta de este asunto y, sin embargo, no le importa.
Efectivamente, H. Velásquez empezó su ponencia mostrando estas líneas impactantes y sorprendentes del informe de la SESAN del año 2005: «En Guatemala el suministro global de alimentos es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de toda la población. Se estima que en el año 2001 había una deficiencia aproximada de 200 Kcal per cápita diaria. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de políticas que incentiven la producción de alimentos, con la consecuente reducción de la disponibilidad per cápita de granos básicos y al modelo agrario orientado predominantemente a la exportación, lo cual desatiende el desarrollo del mercado interno para estimular la producción de alimentos».
Pongo esto en perspectiva con lo afirmado por E. Maldonado, cuando apuntó la diferencia entre el desarrollo de dos países cafetaleros similares como Guatemala y Costa Rica, sin embargo, con números abismalmente diferentes en cuanto al hambre crónica. Costa Rica le apuntó a apoyar a pequeños cafetaleros en el país. En cambio en Guatemala, Justo Rufino Barrios y las élites con su ideología racista crearon desde 1871 «un proyecto económico y polítco que se caracterizó por, principalmente, despojar a las comunidades indígenas de las tierras comunales que aún poseían. Las tierras expropiadas fueron destinadas a la producción de café», (Velásquez, 2008, p.56).[1]
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Fue así como las élites, hace un siglo y medio, perpetuaron un Estado destinado a cultivar para exportar, en lugar de cultivar para alimentar. El racismo estructural construido por las élites económicas y políticas guatemaltecas sigue vigente y no hemos evolucionado una pizca tampoco, por ejemplo, en cuanto a los salarios de casi esclavitud que otorga la oligarquía en los monocultivos así como en los desalojos que siguen vigentes en el 2023.
Con mi colega agrónoma, Ana Isabel Fión, hemos escrito lo siguiente: «el maíz va siendo desplazado en la medida que avanza el monocultivo. El avance del capital sobre la vida. El acaparamiento de tierras ha orillado a las poblaciones a cultivar el maíz nativo en zonas que no son aptas para la agricultura con lo cual su rendimiento, en términos de productividad, se ha visto comprometido». Como ejemplo reciente veamos los desalojos en Alta Verapaz, departamento diezmado por el monocultivo de la palma africana.
Repito las palabras del Helmer Velásquez durante el foro: «con los desalojos que otra vez sucedieron este mes en Huehuetenango, el Estado de Guatemala demuestra que no le interesa el problema del hambre crónica en el país».
Ojalá las Instituciones del Estado escucharan a la misión internacional de juristas independientes preocupados por tanto desalojo.
La palma africana, así como los monocultivos de caña, son una plaga para el derecho a la alimentación en este Estado.
De este foro unos números se mostraron novedosamente sorprendentes y lamentables, los del departamento de Escuintla: según la presentación de E. Maldonado, el 20% es la tasa de desnutrición aguda por niñas y niños menores de cinco años, en Escuintla, y en los departamentos del Altiplano occidental es del 2.7%.
Estas gráficas son del informe del MSPAS de mayo 2023 que demuestra estas cifras alarmantes en Escuintla. De esto podríamos concluir, según el economista E. Maldonado, que la complicidad del Estado en el desvío de los ríos, así como el apoyo al monocultivo de la caña en la costa sur del país, está creando focos de hambre crónica en la niñez, ahora de manera novedosa en Escuintla.
Estos números nuevos contrastan con la presentación de H. Velásquez y el informe SESAN 2022, que muestran que hasta mayo de 2022, 14 departamentos estaban en Fase 3 (crisis o emergencia alimentaria, necesitan asistencia) y eran: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa. No aparece Escuintla. Estos nuevos números de la Costa Sur con preocupantes.
Para estas élites políticas y económicas del Estado guatemalteco que se jactan de ser conservadoras por el bien del Estado y apegadas a una cierta moralidad muy propia de ellas, terminaré citando entonces palabras del Papa Benedicto XVI, mostradas por el ponente H. Velásquez, de pronto les cale mejor: «El hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la falta de instituciones económicas capaces de afrontar la solución de las exigencias primarias reales como agua y comida».
El Papa agrega: «El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales».
[1] Velásquez Nimatuj, I.A. (2008) Pueblos indígenas, Estado y lucha por tierra en Guatemala. Estrategias de sobrevivencia y negociación ante la desigualdad globalizada. Avancso, Guatemala.
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