Disminución de la desnutrición aguda, ¿a qué precio?

Aquí la pregunta clave es: ¿existe un subregistro de casos? Ello porque las estimaciones sobre la inseguridad alimentaria (donde participó la Sesan) mostraron un incremento de 3.9 millones de personas hasta mayo 2022 a 4.6 millones en septiembre de ese año; si bien, este indicador no es un sinónimo de desnutrición aguda, si es un indicativo del deterioro del derecho a la alimentación.

Asumiendo que no hubo subregistro de casos, analicemos la cantidad de recursos que utilizó el Gobierno de la República a través de las entidades que conforman la Administración Central para garantizar la seguridad alimentaria y, consecuentemente, impactar en la disminución de la desnutrición aguda, veamos:

• Durante 2021 se destinó un total de Q 4,798.9 millones para esta finalidad y en 2022 esa cifra aumentó a los Q 9,499.3 millones, es decir un incremento del 97.4 %
• El incremento indicado anteriormente fue de Q 4,700.4 millones ¿para lograr una disminución de 1,234 casos? Extremadamente oneroso, a menos que dentro de ese financiamiento se estén incluyendo cosas que en realidad no son gasto en seguridad alimentaria como por ejemplo los Q 768.2 millones del programa de aporte al adulto mayor, o bien haber casi duplicado el presupuesto para infraestructura de carreteras secundarias o caminos rurales, que si bien son importantes, no precisamente impactan de manera directa en la seguridad alimentaria o en reducir la desnutrición aguda.

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¿A qué voy con confrontar estas cifras? Es importante que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan) pueda estudiar, analizar y sobre todo depurar el gasto público dirigido a la seguridad alimentaria y nutricional porque sin este proceso será imposible realizar ejercicios de calidad del gasto público, que serían muy valiosos a la próxima administración pública puesto que, en las actuales condiciones, le llamamos «respuesta a la seguridad alimentaria a cosas que simplemente no lo son».

¿Por qué resulta importante hablar de evaluar el gasto público en seguridad alimentaria? Porque lo que no se evalúa, no se puede mejorar. De hecho, llama la atención que se hayan reducido 1,234 casos de desnutrición aguda en 2022, cuando ese año:

• Se redujo en Q 62.8 millones los servicios de vacunación a niño y niña menor de 5 años.
• Se redujo en Q 17.2 millones la atención integral a la primera infancia.
• Se redujo en Q 18.2 millones la suplementación de micronutrientes a niño y niña menor de 5 años.
• Se redujo en Q 4.9 millones el presupuesto dirigido al tratamiento de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda y, por último:
• Se redujo en Q 211.9 millones el presupuesto destinado a la dotación de micronutrientes para niñas y niños menores de 5 años.          

¿Se redujo la desnutrición aguda?, posiblemente. ¿Cómo? si los presupuestos clave para esa finalidad fueron reducidos.