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Conectividad, ¿un negocio en ciernes?

Todo indicaba, que de alguna forma también avanzaba lo del gobierno digital, pero ya no era un factor noticioso importante
«Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente […]», Violeta Parra, 1962.
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Conectividad, ¿un negocio en ciernes?

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Todos hablan de conectividad necesaria y urgente en educación, pero toda iniciativa termina por postergarse o caminar a ritmos lentos, en el difícil margen que dejan los presupuestos, la gestión y la toma de decisiones. Existe ya un largo recorrido de intenciones al respecto, con mayor concreción en los últimos gobiernos. Pero, las buenas intenciones, (si es que las hay) se traban en el camino y las malas predominan cuando detrás solo existe el puro negocio.

Todos hablan de conectividad necesaria y urgente en educación, pero toda iniciativa termina por postergarse o caminar a ritmos lentos, en el difícil margen que dejan los presupuestos, la gestión y la toma de decisiones. Existe ya un largo recorrido de intenciones al respecto, con mayor concreción en los últimos gobiernos. Pero, las buenas intenciones, (si es que las hay) se traban en el camino y las malas predominan cuando detrás solo existe el puro negocio.

Preámbulos

Uno se pregunta, ¿por qué muchas iniciativas o promesas que pueden resultar beneficiosas se desinflan en el camino? Puede que uno tenga una respuesta de antemano y no esté equivocado, o puede que, en el uso cínico de los políticos, haya un atisbo de sinceridad, pero de pronto no pasa nada.

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Así que una pregunta más definida debe ser: ¿Qué pasa durante ese camino? ¿Por qué las promesas van de una a otra y así sucesivamente, sin que se concreten satisfactoriamente? Quizás una gran promesa, no de los políticos, sino de quienes se apoyan en las profecías del mundo educativo, puede ayudarnos a entenderlo mejor.

En efecto, la pandemia colocó en la mesa el problema de la continuidad educativa y obligó a crear respuestas concretas con la educación a distancia. Esta suponía el acceso a medios de comunicación y/o a la tecnología digital. De ésta última y obligada idea deriva la necesidad de la conectividad, pero esta última surge en el poco atractivo escenario de desigualdad profunda en torno al acceso, las brechas digitales, conceptuales y el uso de aparatos y programas tecnológicos.

De inmediato, los expertos, funcionarios o empresarios del ámbito educativo resaltaron la potencialidad de acercarse al ámbito tecnológico y de ese modo desarrollar lo que llaman una «educación del Siglo XXI»: una especie de collage entre el paradigma del aprendizaje promovido desde ojos constructivistas y la intervención tecnológica. Prácticamente ambas dimensiones se fusionan (inmaterialidad + materialidad) sin que haya sido ese el motivo del primero.

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De acá surge una escalera de entusiasmos. El más general resulta de afirmaciones como esta: «la pandemia ha acelerado muchos cambios en nuestra sociedad, pero probablemente el más relevante de todos ellos ha sido la consciencia de que, en determinados aspectos, hemos llegado al futuro que esperábamos».

De este aspecto «futurible» pasamos a otras intervenciones más concretas, como: « […] la propuesta presentada está enfocada en un modelo educativo que permita a los estudiantes adquirir y desarrollar habilidades para su futuro», y se aterriza con: «urgen políticas donde se propicie el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes para el Siglo XXI, con el uso de la tecnología y conectividad».

No es que estas afirmaciones sean descabelladas; al contrario, se expresan como parte de las tendencias y necesidades actuales. Así que, la tecnología llegó para quedarse y junto con ello se fortaleció la ya vieja idea del cambio educativo, actualmente dominada por el paradigma de la gestión y sus correlatos de innovación y prosperidad. Hoy, una idea de cambio como esta debería ser motivo de una disputa activa, pero la ensoñación del futurismo tiene sus trucos que condicionan una actitud acrítica en relación con todo cambio.

El problema es que la introducción tecnológica no es un asunto fácil. El Mineduc lo ha comprobado en su propia inercia: desde el problema de la falta de conectividad hasta la obsolescencia inherente a los aparatos digitales, donde todo proyecto de dotación digital está sujeto a una corta vida.

Acá nos centraremos en la primera: la conectividad. Mientras tanto, cabe recordar que cada gobierno llega con su paquete de proyectos o los va desarrollando en el camino con anuncios altisonantes, y luego decaen en interés y posibilidades.

El primer paso es siempre eliminar la mayor parte de iniciativas propuestas por el gobierno anterior o, en el mejor de los casos, reelaborarlas y presentarlas como algo novedoso y genial. Este es el caso de la promesa actual de conectividad. Un tema que no resulta nuevo, aunque sí siempre postergado y enredado en anhelantes intereses.

Retornemos un poco, las propuestas surgidas de la emergencia covidiana pronto se contrastaron entre visiones deseables/esperanzadoras y escepticismos/realismos críticos. Estos últimos resaltaron las brechas de acceso reales basadas en el censo del 2018, que mostraban el piso de la desigualdad social y la composición de los hogares.

xLos números señalan un alto acceso a radio y televisión y uno débil a computadoras e internet. Los datos son conocidos: 21% con acceso a computadora y 29% a internet. Aquellos que lo hacen desde el teléfono móvil son la mayoría (un 28% del total), en un marco donde el número de esos teléfonos sobrepasa el total de la población (20 millones de teléfonos frente a una población de 15 millones, según los datos iniciales de este censo). Estas cifras, sin embargo, no necesariamente significan accesos reales y el teléfono no funciona como un sustituto idóneo de las computadoras, aunque sí es importante como medio de comunicación.

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Al descomponer los dramáticos datos de la desigualdad aparecen con crudeza las conocidas lógicas de la diferencia: ladinos e indígenas, urbano y rural, así como entre rural urbano y aldeas, hombres y mujeres al igual que otras y el panorama se vuelve ingrato. Así, que los cálculos para «cerrar la brecha digital» se estiman en 2.2 millardos de dólares, sobre todo en el área rural donde significa un 74% de las inversiones. Sin embargo, con la excusa de la pandemia la decisión no fue por ahí, y el ministerio optó por la educación a distancia aduciendo la falta de acceso a internet de muchos.

Por su lado, el Mineduc no consideró posible una educación digital abarcadora y prefirió el realismo del acceso a la radio, la televisión y a los medios de comunicación, más que a las propias estructuras digitales.

Mientras, los colegios, miembros de un sector atomizado y jerarquizado, tendieron a desarrollarse alrededor del mecanismo digital. Este es un sector que se presume con mayor acceso a computadoras, pero que también muestra rezagos y condiciones precarias de acceso y posesión. Ahora bien, para ambos casos resaltó el problema de la conectividad y ya no digamos el de su calidad y alcance.

Y vino el gran salto adelante

En julio del 2020, el gobierno dio el primer indicio de una política de conectividad. El presidente, apoyado en el «Clúster de Educación» (1) y el «Programa Nacional de Competitividad (Pronacom)», anunció que iba a adjudicar la banda 4G para utilizarla en una red de conexión educativa. La estrecha relación entre el Clúster y el Mineduc, además del papel activo del Pronacom, anunciaban una alianza consistente con el sector privado, urgido de la expansión de posibilidades de inversión. No obstante, el uso de esa banda está enredado para efectos de la telefonía móvil o computadoras, controlada en buena parte por Tigo y usada por televisoras (banda de 700Mhz) que ya compró. Para mientras, el traspaso a la primera ha resultado lento y Tigo sigue en el limbo en su uso, aunque mantiene la venia del presidente.

En otro intento, los diputados de Semilla solicitaron que tanto Tigo como Claro aportaran internet gratis para la educación, pero la respuesta fue negativa, aduciendo pérdidas; igual de problemática resultó la iniciativa de Winaq para dotar laptops a estudiantes, no así otra de Semilla sobre una ley de internet gratis, que comenzó a caminar en el laberinto del Congreso.  

En realidad, como se dijo, la conectividad no era una nueva propuesta, pues aparte de otras intenciones, durante el gobierno de Jimmy Morales, el Mineduc ya había tratado de implementarlo con el proyecto «Nación Digital», destinado a dotar de conectividad y soluciones off line para la educación local (2).

Por supuesto, el deseo quedó en eso y no se logró porque se canceló la subasta de ofertas debido a la existencia de procesos jurídicos administrativos desde el 2015. Al mismo tiempo, ese desinterés también se debió a que, aun siendo un proyecto grande desde un punto de vista local, no era atractivo para las empresas inversoras debido al poco flujo de «data» en el país (3).

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Esto ya da una idea de ciertos problemas de trasfondo y por ello se entiende que, entre uno y otro gobierno, irá cambiando el énfasis, al difuminarse los objetivos estratégicos educativos y concentrarse más en los de la conectividad. Un énfasis que resaltará un sentido más pragmático, menos discursivo que el del gobierno anterior, pero sí más performativo.

No obstante, este último matiz permite desenredar la telaraña de un camino más largo y complejo que explica los giros de intenciones a lo largo del tiempo de diferentes gobiernos y del presente.

Por supuesto que este proceso tiene su historia. Aunque el interés gubernativo por dotar de computadoras viene más o menos desde 1999, fue durante el gobierno de Oscar Berger que se inició un proceso más sistemático al vincular el interés privado con el público. Una de sus directrices estimaba concentrarse en la posibilidad del gobierno electrónico (e-gobierno/ gobierno digital) y promovió la creación de la «Comisión para la Reforma Modernización y Fortalecimiento del Estado y de sus entidades descentralizadas» (Copre). 

No haremos el seguimiento de tal proceso y continuidad, pero sí diremos que abruptamente se detuvo por el desinterés del gobierno de Álvaro Colom hacia las alianzas público-privadas. El interés tecnológico sería resucitado por el gobierno de Alejandro Maldonado, en el que se re-introdujo la idea del gobierno electrónico y de los servicios públicos en línea. Este tema continuaría durante la administración de Jimmy Morales con el llamado «Gobierno Abierto» (4).

Con tal plan, el Mineduc visualizaría la posibilidad de una red de conectividad a partir de su propia iniciativa (5). Pero esta intención se frustró por el arrastre de problemas jurídicos administrativos y la imposibilidad de concretar por parte de los funcionarios implicados y encargados de la decisión, quienes intentaron colocarse en el centro de todo.

Alejandro Giammattei retomó el proyecto con entusiasmo y busca implementar el quinto plan. Como se dijo arriba, este dio el grito de arranque al pretender adjudicar la banda ancha de 4G y proponer el «Plan Nacional de Desarrollo Digital», el cual otorga toda la responsabilidad de ejecución a las propias entidades. Al inicio, este plan se centró en la dotación de aparatos digitales y en llevar conectividad a los hogares y escuelas, así como en construir contenidos digitales, capacitar docentes y establecer infraestructuras escolares.

El entusiasmo fue tal que, Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegios Privados (ACP), demandó la inclusión de los centros privados en él. Poco más tarde, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) firmó una carta de entendimiento con el gobierno para apoyar la realización del plan nacional digital. Hasta ese punto nada había cambiado; el plan estaba sujeto a las preocupaciones e iniciativas educativas y su dimensión estatal estaba siendo impulsada. No obstante, pronto hubo un silencio informativo motivado por las críticas al gobierno. Y el gobierno, que se había entusiasmado con la idea de montarse en el proyecto del Mineduc, prefirió la línea de acallar el esfuerzo informativo.

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En el 2021, el tema se retomó pasado los meses, pero ahora con nueva orientación en dimensión y alcance con el anuncio que Guatemala se convertiría en un «Centro Logístico de las Américas» y la necesidad de construir «parques inteligentes». Esto otorgó un giro radical al objetivo primario, que ahora pasaba del área gubernamental en sí, a priorizar lo económico-comercial, en clara disputa con Honduras y Panamá.

En todo caso, ahora se volvió más complejo el entrecruzamiento de intereses y se relegaron a un segundo plano los objetivos del gobierno digital, así como los de la conectividad educativa. No obstante, no se paralizaron por completo las iniciativas, sino siguieron caminando gracias a una especie de inercia.  En efecto, Guatel —organismo que quedó de rémora administrativa de la privatización de entidades estatales— anunció que solicitaría 60 millones de quetzales para fortalecer su red de estaciones y llevar conectividad de forma más barata, en tanto que, como entidad de Estado, podía negociar con otras entidades y disminuir la fricción de las trabas burocráticas.

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Fue una resucitación institucional y el desarrollo de un proceso que se comenzó a llevar adelante. Todo indicaba, que de alguna forma también avanzaba lo del gobierno digital, pero ya no era un factor noticioso importante.

En mayo de ese año, el presidente Giammattei anunció la inversión de más de 7,300 kilómetros de fibra óptica marítima en el Pacífico, con el fin de extender la capacidad de las telecomunicaciones, pensando en la capacidad logística del país (6). Al mismo tiempo, añadió que una reforma educativa debía basarse en la conectividad de las telecomunicaciones como factor de desarrollo. En el fondo resonaban las propuestas de Winaq y de Semilla por dotar de máquinas e internet a las escuelas públicas, en el largo caminar de cualquier propuesta legislativa no oficial.

En todo caso, la conectividad de las escuelas seguía ligada a la capacidad digital gubernativa, pero ahora se ligaban a una promesa más ambiciosa y se diluían las fronteras como las prioridades entre los tres espacios articulados: educativo, gubernamental en general y comercial de servicios.

En efecto, poco después, el comisionado de Pronacom, Rolando Paiz, añadió que el «Conglomerado Logístico del Sur articulará distintos proyectos de infraestructura estratégica, convirtiéndonos en el hub más importante de la región, el cual incluía la terminal y zonas de desarrollo» (7). Sin embargo, la noticia creó suspicacias sobre la posible adjudicación de un terreno al «Instituto de Previsión Militar» en Escuintla, en la llamada «Zona de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP)», cercana al Puerto de San José.  

Más noticias relacionadas siguieron saliendo sobre los proyectos logísticos, o necesidades de disminuir la brecha digital. Más recientemente de otorgar frecuencias tras que Millicom se engulló a Tigo y hablar de construir autopistas digitales.

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No obstante, en esta ensalada de intenciones y propuestas, es posible percibir que las variantes no solo están sujetas a las trabas burocráticas, a las inercias ministeriales, a la lentitud de las licitaciones, a la necesidad de modificar leyes secundarias o a diseñar marcos legales para la participación de la empresa privada, factores ralentizadores de toda propuesta.

En general, en el ambiente ciudadano opera una fuerte desconfianza hacia el proyecto de conectividad (8). Hay suspicacia sobre el manejo y las intenciones de fondo en un país donde la corrupción priva.

En un repaso por las idas y venidas de los proyectos, es posible ver que, estos siempre se topan con esas intenciones frustradas que están ligadas a problemas jurídicos administrativos de fondo: es decir, al carácter de negocio que hay detrás y a la multiplicidad de intereses en juego que politizan la disputa de quién sale beneficiado y que traban las decisiones. Así que no resulta extraño que el BID plantee que Guatemala esté en el puesto 134 en relación con la conectividad de un total de 141 países. En el 2020, el porcentaje de crecimiento de acceso a la banda ancha fue del 8%, mucho menor al promedio centroamericano del 11%. Cualquiera de los datos afines a estos temas no modificará esa baja posición, incluso en referencia a sus propios vecinos.  

Propuestas cada vez más confusas alejadas de las iniciales y ahora subordinadas a donde campea el interés del lucro, ya sea que estén destinadas a modernizar el aparato estatal, incluida su extensión educativa, o a ampliar el carácter logístico local que permita superar el poco flujo de data, «[no] cuajan porque no hay interés, ni voluntad política. Solo visiones de negocio».

Una realidad que se aleja cada vez más de los parámetros redistributivos, para concentrarse en el enriquecimiento de quienes están cercanos a ellos.

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(1) Organismo de composición variable que reúne a sectores que trabajan en educación para discutir y proponer determinadas acciones educativas al gobierno, o para apoyarlo en determinadas ocasiones, con fuerte incidencia del sector privado.
(2) Héctor Canto. «Estrategia de tecnología, información y comunicación para el fortalecimiento de la calidad educativa 2016-2020». (Guatemala: XXI Encuentro de Investigadores Educativos, 2017), 57-67.
(3) Banco Interamericano de Desarrollo. Promoción del desarrollo digital en Guatemala. Retos y acciones, 2019, 23-25.
(4) Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. «Antecedentes del gobierno electrónico en Guatemala» Borrador, (2018).
(5)  Canto. «Estrategia».
(6) Daniel Núñez me sugirió que también podría estar de fondo la proyección de las ciudades intermedias, a las que aspira el sector privado.
(7) Hub: nodo con variadas redes de enlace o puntos de centralización del cableado. «Tweet de @josejoaking, Noti News» (01-06-2021).
(8) Comisión. Antecedentes, 21.
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