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El maestro Osvaldo Chamán imparte clase a los alumnos de segundo básico en la escuela Domingo Beltetón García, en Campur, Alta Verapaz, por la tarde del jueves 17 de febrero. Simone Dalmasso

La pandemia no fue aprovechada para reparar todas las escuelas, hay 8,945 en mal estado

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La pandemia no fue aprovechada para reparar todas las escuelas, hay 8,945 en mal estado

Historia completa Temas clave
  • El ciclo escolar 2022 para el sector público arrancó con 8,945 centros educativos en mal estado y con necesidad de mejoras en agua y saneamiento. Alta Verapaz es el departamento que lidera las cifras de escuelas e institutos en malas condiciones (1,477 según datos del Mineduc)
  • En lugares alejados del epicentro de la Ciudad de Guatemala, las escuelas no cuentan con una fuente de agua potable, energía eléctrica, pupitres en condiciones adecuadas, sanitarios, tecnología, techos seguros ni espacio suficiente para todos los estudiantes. Ese es el caso de los establecimientos ubicados en la comunidad Campur, en el municipio de San Pedro Carchá.
  • Tanto el Mineduc como el de Comunicaciones reciben un presupuesto anual destinado a remozamiento de centros educativos y proyectos de reconstrucción. Sin embargo, los recursos asignados están muy por debajo de las necesidades que enfrentan las escuelas en todo el país.
  • A través de gestiones con organizaciones sociales, iglesias o municipalidades, los directores y docentes de cada centro son quienes buscan donaciones y aportes para equipar las escuelas cada año. Y es que solicitar apoyo al Ministerio de Educación puede llegar a tomar hasta 5 años.

En Guatemala, una lluvia es suficiente para vaciar las aulas y enviar a las niñas y niños a sus casas. Casi 9,000 establecimientos públicos están urgidos de mejoras de agua y saneamiento para garantizar condiciones básicas para albergar a estudiantes. En regiones como Alta Verapaz, la necesidad es extrema. Aunque hay asignaciones para remozamiento, es insuficiente para que las escuelas estén en con las mínimas condiciones.

En Guatemala, una lluvia es suficiente para vaciar las aulas y enviar a las niñas y niños a sus casas. Casi 9,000 establecimientos públicos están urgidos de mejoras de agua y saneamiento para garantizar condiciones básicas para albergar a estudiantes. En regiones como Alta Verapaz, la necesidad es extrema. Aunque hay asignaciones para remozamiento, es insuficiente para que las escuelas estén en con las mínimas condiciones.

En la aldea Setaña, ubicada en Campur, cuando el cielo se nubla anunciando lluvia, los maestros se alegran, pero al mismo tiempo sienten algo de pena. Cada vez que llueve por hasta tres días seguidos, las familias corren a instalar sus tinacos y recoger cuanto puedan de lo que cae del cielo, la lluvia es la principal fuente de agua para las 108 familias que conforman esa comunidad. «Pero el problema es que también se nos entra el agua en la escuela», dice Faustino Xolchoc, subdirector de dicho centro.

Es un establecimiento pequeño, conformado por tres aulas de concreto y una de madera. Los techos están agujereados porque las láminas debieron ser cambiadas hace años pero no hay presupuesto para eso. En realidad, dicen, no hay presupuesto para casi nada.

Los problemas que preocupan al profesor Faustino, además de la lluvia, son la falta de pupitres para los 120 alumnos inscritos y los que faltan por inscribirse, la ausencia de energía eléctrica, pizarras en mal estado, estructuras que necesitan ser reconstruidas y la falta de espacio para albergar a todos los estudiantes en condiciones adecuadas y salubres. Esa es la preocupación de miles de directores y docentes en todo el país.

Según datos oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), actualmente hay 8,945 centros educativos de los 32,600 en todo el país que se encuentran en mal estado y requieren mejoras en su infraestructura. Unas 1,477 se encuentran en Alta Verapaz, el departamento que lidera las cifras de escuelas e institutos públicos en malas condiciones y con necesidad de reparaciones en el rubro de agua y saneamiento.

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La de Setaña es solo una de ellas y el agua no es el único problema. La escuela existe desde hace 36 años y, en ese tiempo, ha acumulado necesidades que se han solventado de a poco, pero con la ayuda de donaciones y apoyo internacional. En 2020, las tormentas Eta e Iota dejaron a Setaña totalmente cubierta de agua, durante dos meses.

En esa misma estructura que estuvo sumergida tendrán que recibir clases los niños de esa aldea. Los techos están llenos de orificios que permiten el paso del agua, las ventanas de todo el establecimiento están destruidas, las paredes están húmedas y deterioradas. Al entrar a cualquier aula sin mascarilla es evidente el olor a humedad. Además, no hay suficientes escritorios para todos los estudiantes.

En los últimos dos años, la escuela trabaja por grupos. Si volvieran todos los alumnos a las aulas, relata Elías Xolcú, directivo del centro, tendrían que sentarse en el suelo o llevar su propia silla para trabajar.

El abandono de la infraestructura escolar abarca no solo a establecimientos del área rural, como en Setaña, en donde la mayoría de familias sobrevive a base de la agricultura.

A casi tres horas de Setaña, en la zona urbana de Cahabón, el profesor Miguel Ángel Prado lleva años luchando para transformar su centro educativo, la Escuela Oficial Urbana Mixta Juan Véliz Juárez, que atiende a unos 900 alumnos.

«Es la escuela más importante del área urbana, debería estar en mejores condiciones», dice Prado. Sin embargo, el acceso a agua potable también es un tema que preocupa, en especial, cuando el Mineduc sugiere un regreso a clases presenciales para municipios en alerta naranja, amarilla o verde; y exige condiciones adecuadas para evitar los contagios por COVID19.

Miguel Ángel se acerca al grifo que abastece a una pila junto al sanitario de niños. Sale un chorro de agua turbia, que viene directamente del río Actelá, que pasa por la periferia del municipio. El director hizo algunas gestiones con la Municipalidad de Cahabón para solicitar un tanque de agua que garantice el suministro de agua todo el día, porque por ahora el agua cae solo a ciertas horas.

«Aquí no nos podemos dormir», dice Prado, refiriéndose a que aquel director o docente que se cruza de brazos, no consigue insumos, ni pintura, ni escritorios. Hay que moverse para pedir apoyo por todos lados.

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Hay presupuesto, pero no el suficiente

Mientras docentes como Faustino y Miguel Ángel tocan puertas en distintos lugares para conseguir poco a poco los insumos básicos para reanudar las clases, en las arcas del Mineduc hay millones de quetzales asignados al rubro de remozamiento. El problema es que los recursos no se ejecutan como se necesita.

Plaza Pública consultó el presupuesto ejecutado en concepto de remozamiento de centros educativos, por departamento, en los últimos tres años. Los datos son alarmantes porque reflejan cómo en muchos departamentos, los recursos disponibles para mejorar las condiciones de escuelas no son suficientes o no fueron utilizados, pese  a las miles de necesidades de los establecimientos.

En Alta Verapaz, hay 1,477 establecimientos con necesidad de mejoras. En 2020, habían Q12.2 millones disponibles para los centros a nivel primario, 75,000 quetzales para el nivel pre primario, 500,000 quetzales para básicos y 1 millón 50 mil quetzales para diversificado.

En 2021, la cantidad de recursos bajó a Q5.4 millones. La ejecución de esos recursos fue nula en pre primaria y diversificado. En básicos, apenas alcanzó un 2.8%, mientras que en primaria llegó al 47.48%. Ese mismo año, la asignación se redujo a Q5.4 millones, de los cuales se gastaron el 91.4%. Para este año, se destinarán Q30.2 millones para remozar establecimientos de nivel primario.  La cifra, sin embargo, puede variar con modificaciones presupuestarias a lo largo del ciclo escolar.

El segundo puesto en el ranquin de departamentos con más escuelas en mal estado lo ocupa Petén, en donde 808 establecimientos no cuentan con condiciones mínimas de agua y saneamiento.  A pesar de eso, en los últimos dos años Petén no figura como los departamentos con mayor asignación de recursos para el remozamiento de escuelas. Tampoco refleja altos índices de ejecución. En 2021, ejecutaron cerca del 60% de recursos para los centros de preprimaria y primaria.

En tanto, en Huehuetenango, donde hay 633 centros precarios, el año pasado se destinaron 11.4 millones de quetzales para centros educativos de todos los niveles, excepto el preprimario. De 2020 a 2021, el monto se redujo en 4 millones de quetzales a pesar de que es el tercer departamento con más abandono en infraestructura.

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El monto de la asignación presupuesto debe ser acorde a la necesidad real de cada departamento.

«No se puede juzgar solo por el porcentaje de ejecución sino también hay que revisar si la asignación cubre las necesidades por departamento», aclara el economista y analista de la Universidad Rafael Landívar, Erick Coyoy.

De lo contrario, añade Coyoy, habría una gran brecha en ese rubro si los recursos no están focalizados de forma adecuada o no responden a evaluaciones o criterios técnicos. «Estos son datos que el Mineduc debería tener a la mano para hacer sus asignaciones presupuestarias de forma coherente», asegura.

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Cuando, en 2020, los estudiantes abandonaron las aulas por el riesgo de contagios por COVID19, docentes y directores esperaban una oportunidad para mejorar las condiciones de los establecimientos y garantizar un retorno seguro y adecuado a las clases presenciales. Sin embargo, en casi 9,000 centros educativos las condiciones no cambiaron, siguen con las mismas precariedades.

El 21 de febrero, los estudiantes del sector público regresaron parcialmente a las aulas. Según el Tablero de Alertas Sanitarias COVID19; del 19 de febrero al 5 de marzo, 224  municipios están en alerta roja, 112 en naranja y cuatro en amarilla.

Las escuelas ubicadas en los municipios en alerta naranja y amarilla deben recibir clases en modalidad híbrida. Para volver, el Mineduc ordenó en el acuerdo ministerial 6-2022  a los centros educativos que mantengan medidas como el uso de mascarillas, distanciamiento y condiciones de higiene. También exige que tengan estaciones de higiene de manos con agua y jabón o de gel con alcohol, por aula.

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La tragedia de Campur

Hace dos años, a la población de Campur, una comunidad ubicada en el municipio de San Pedro Carchá, le llovió una serie de tragedias. Todo el lugar quedó sumergido bajo el agua durante casi dos meses. Casas, negocios, plantaciones y escuelas fueron soterradas porque las lluvias generadas por las tormentas Eta e Iota desbordaron la capacidad del nacimiento de agua que abastece a las familias.

A los pobladores de Campur les llovió sobre mojado. El agua se fue después de dos meses, pero lo que quedó debajo fueron los escombros de lo que antes era una comunidad de agricultores y comerciantes. El agua se fue, es cierto, pero en Campur nada volvió a verse como antes. Se fue el agua, pero se fue también la presencia del Estado. Pareciera que al gobierno se le olvidó toda aquella comunidad.

Las pocas casas que lucen recuperadas, cuentan los pobladores del lugar, están construidas a costa de endeudamientos con bancos y de familiares que tuvieron que emigrar a Estados Unidos en los últimos dos años. No había otra forma de costear la reconstrucción de los bienes de toda una vida.

El centro educativo más grande de Campur es la Escuela Oficial Rural Mixta Domingo Beltetón García, en la que reciben clases estudiantes de preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

«Dios bendiga a Campur», dice un graffiti pintado sobre el muro principal de la escuela. Adentro, desde el patio grande sobre el que va naciendo algo de césped, es difícil pensar que todas esas instalaciones estuvieron sumergidas en agua estancada.

Pero eso explica por qué los ventanales están oxidados y las paredes llenas de humedad y un color verdoso. El óxido es apenas la punta del iceberg de los destrozos que el agua hizo en la escuela y que, dos años después, siguen sin haber sido reparados.

La directora Josefina Choc tiene a su cargo la formación de 85 estudiantes del nivel diversificado. A Josefina no le alcanzan las manos para señalar todo lo que hace falta reparar en la escuela. Corre hacia los baños y señala una estructura vieja y sucia, con dos baños que han quedado inservibles. Están bajo llave, clausurados.

Luego se mueve hacia las aulas del primer corredor. Y señala los interruptores de luz. «No tenemos ni siquiera energía eléctrica», añade.

Los estudiantes de la maestra Josefina deberían, de acuerdo al pensum de estudios, recibir computación. Sin energía eléctrica, imaginar una computadora dentro de esas instalaciones es imposible. Al cruzar la calle, hay otros dos edificios que también forman parte del establecimiento. Tres salones amplios deberían ser los tres laboratorios de educación para el hogar, artes industriales y computación. En cambio, se asemejan más bodegas llenas de desechos electrónicos, estufas en mal estado y muebles podridos.

Una de las aulas ahora funciona como bodega para los cientos de escritorios que quedaron inservibles pero que no pueden ser desechados por controles administrativos.

«Estas no son condiciones ni siquiera para un animal», dice Nelida García, otra de las directoras del establecimiento.

Las autoridades de Campur ya han tocado varias puertas. Las del Mineduc, las del Ministerio de Comunicaciones, las de la Municipalidad de San Pedro Carchá y ninguna se ha abierto.

Una a una, las instituciones se han lavado las manos para distanciarse de la responsabilidad de reparar la escuela. Quienes sí han atendido los llamados y se han convertido en el principal respaldo para el establecimiento, son las organizaciones sociales e iglesias. Son las iglesias las que han donado escritorios, insumos para las aulas y pintura para intentar reparar el daño en las ventanas y puertas.

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La caridad como principal recurso

Uno de los ingresos que las escuelas tienen a inicios de cada ciclo escolar, es la cuota de gratuidad que el Mineduc les traslada. El monto es de 40 quetzales por alumno inscrito y, hasta hace dos años, la gratuidad era utilizada para hacer mejoras a las aulas. Por ejemplo, para la adquisición de pintura, reparaciones en iluminación, ventanas o escritorios. Pero desde la llegada de la pandemia, esos recursos ahora son destinados, por instrucción del ministerio, para la compra de mascarillas, gel y termómetros para los estudiantes.

Sin ese recurso, ahora es más difícil para los directores y docentes reparar las deficiencias que presentan las aulas que durante años no han sido remodeladas.

«Nosotros tratamos de buscar las formas de gestionar, aquí todo es a pura gestión, ese cielo falso, la librería, porque si uno no se mueve no hay nada en los establecimientos, se trata de una gestión propia… Así ha sido, acá tengo solicitudes de pintura, estoy pidiendo que me regalen escritorios», dice Miguel Ángel Prado, mientras organiza algunos documentos sobre su escritorio.

Todas esas hojas, dice, son solicitudes que está a punto de enviar a organizaciones e iglesias que estén en disposición de hacer alguna donación.

Además de hacer gestiones para su centro educativo, el profesor también apoya a otros establecimientos que se encuentran aún en condiciones más difíciles. Los directores de las escuelas ubicadas en Santa Mónica, El Progreso, Tuila y el caserío Sepur son algunos que se han acercado a solicitarle apoyo para gestionar muebles e insumos para las escuelas.

Si los directores y docentes, dice Prado, canalizaran sus esfuerzos en solicitar el apoyo del Mineduc, pasarían hasta dos o tres años a la espera de una respuesta. «He hecho solicitudes que me han llevado años sin que me den una respuesta», relata. Es por eso que resulta más accesible solicitar el apoyo de organizaciones o grupos religiosos para solventar algunas necesidades básicas.

En la escuela del profesor Miguel Ángel, un maestro gana cerca de 4,000 quetzales. Muchos de ellos, destinan un porcentaje de su sueldo a comprar pintura para que al volver a las clases, los estudiantes se sientan motivados.

«¡Qué diferencia sentarse en un escritorio así, mire!», señala Prado, mientras muestra los 120 escritorios nuevos que recibió como donación para este ciclo escolar.

Antes de ser director fue Coordinador Técnico Administrativo del municipio de Cahabón. Por eso entiende bien lo tediosas y complejas que resultan las gestiones dentro del Ministerio. «No entiendo en dónde está el problema. Más bien son los hilos que se mueven allá arriba», dice en relación a las dificultades para acceder a proyectos de remozamiento con fondos públicos.

«El problema está allá arriba porque los directores hacen sus gestiones y no hay respuesta. Y luego vemos que un aula de dos ambientes termina valiendo medio millón», agrega.

El Mineduc es el ente rector en materia de educación. Cada año, se asigna un rubro específico para el remozamiento de centros educativos.

En una citación realizada a inicios de febrero, las autoridades del Mineduc se excusaron de la necesidad de inversión en infraestructura para centros educativos. «Nosotros como Ministerio de Educación somos el ente rector, nosotros le notificamos al Ministerio de Comunicaciones nuestras necesidades mayores de remozamiento y ellos de acuerdo a sus recursos hacen las programaciones anuales de lo que pueden ejecutar pero nosotros como ente rector solicitamos la intervención en edificios y emitimos un aval al expediente para que pueda ser publicado», explicaron.

Sin embargo, cada año, el Ministerio recibe recursos para proyectos de remozamiento en escuelas con necesidad de mejoras en agua y saneamiento. En 2020, se destinaron 139 millones 912 mil 851 quetzales, de los cuales se ejecutó el 70%. Pero en departamentos como San Marcos y Alta Verapaz la ejecución fue nula para los establecimientos del nivel preprimario y primario.

El año pasado, la disponibilidad era de 93 millones 656 mil 477 quetzales pero solo se ejecutó el 64.73%. Y en departamentos como Izabal, Baja Verapaz y El Progreso la ejecución fue nula en los primeros niveles educativos.

Plaza Pública solicitó una entrevista para consultar la razón de la baja ejecución y las negativas a las solicitudes de remozamiento realizadas por docentes y directores; sin embargo, al cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Según la viceministra Edna Portales,  en una citación realizada en el Congreso, cuando las escuelas requieren un aporte mayor a 75,000 quetzales es cuando se necesita la intervención de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE). Sin embargo, los niveles de ejecución de la cartera de Comunicaciones también han estado por debajo de las necesidades.

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A más de una hora de la escuela urbana más grande, en Cahabón, las necesidades son mayores mientras más distancia separa a las comunidades del casco urbano. Ludwin Ico es el director de la escuela ubicada en la aldea Santa Mónica. Una comunidad entre las colinas de Alta Verapaz, en medio de fincas y terrenos destinados al cultivo de cardamomo y café.

Mientras en las arcas públicas, los recursos que deberían ser utilizados en infraestructura reposan sin ser ejecutados, Ico y las 114 familias de la comunidad sueñan con tener un edificio digno para la escuela.

La comunidad se asentó en diez caballerías que adquirieron en 2015 y se instalaron de tal forma que una porción de terreno fue apartada para la construcción de la escuela. El establecimiento alberga a 77 estudiantes de  primaria pero solo cuenta con tres ambientes para recibir clases.

La estructura se asemeja a una cabaña rústica que hasta hace una semana no contaba ni siquiera con techos, mucho menos con energía eléctrica. Han sido los padres de familia quienes se han organizado para levantar una escuela en medio de un terreno olvidado por el Estado.

«Estamos haciendo las gestiones para que el terreno esté a nombre del Estado porque el Mineduc dice que no puede construir en un terreno que no sea público. Vamos a ceder esa tierra al gobierno para que ya nos pueda apoyar con una escuela formal», dice Lucas Ayu, un padre de familia de 32 años. Su hijo mayor está por cursar el primer grado, por segunda ocasión. Los dos más pequeños pronto tendrán que integrarse al sistema educativo y lo que Lucas espera es que tengan una escuela en donde puedan estudiar sin que el sol o la lluvia les interrumpa.

Según la viceministra Portales, muchos establecimientos enfrentan dificultades administrativas para optar a un proyecto de remozamiento.

«Entiendo que todas las escuelas tienen sus particularidades», responde la diputada Sonia Gutiérrez, quien recientemente realizó una citación para cuestionar la falta de atención a escuelas con necesidad de mejoras. «Pero lo que me pregunto es cómo ustedes van a resolver esas necesidades, qué es lo que están haciendo», interpeló.

Lucas Ayu también se lo pregunta mientras relata con orgullo que hasta hace unos días, lograron techar las aulas. Cuando el semáforo epidemiológico lo permita, los niños de Santa Mónica volverán a sus pupitres con cuadernos y libros de trabajo en las manos. También tendrán que llevar una botella con agua porque la escuela no cuenta con un suministro de agua, excepto el de las lluvias.

Pero es mejor que no llueva, porque en cuanto caigan las primeras gotas, las aulas tendrán que ser desocupadas y las clases quedarán suspendidas porque no cuentan con paredes de concreto sino de tañil.

Ico y el resto de comunitarios en Santa Mónica están conscientes de que lograr su propósito les tomará años y que tendrán que luchar contra una serie de impedimentos administrativos y burocráticos para algún día tener una escuela en condiciones dignas, en donde unas gotas de lluvia no sean suficientes para detener el aprendizaje de los niños.

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