Sin embargo, de acuerdo con expertos, las empresas podrían ampararse en una prohibición constitucional para revelar el monto pagado en impuestos a fin de no entregar la información requerida.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, afirma que esta iniciativa serviría si las empresas estuvieran dispuestas a entregar voluntariamente su información fiscal.
Ronald Ochaeta, coordinador de transparencia de Acción Ciudadana, organización que firmó la iniciativa coincide con Barrientos y la calificó como “un mecanismo de buenas voluntades” porque “la ley de minería, fiscal y la Constitución no permiten que exista un mecanismo adecuado de transparencia”.
El objetivo de la iniciativa es transparentar el pago de impuestos y regalías que hacen las empresas extractivas al Estado. Verónica Taracena, secretaria de Control y Transparencia, dijo que esperan que una empresa independiente verifique si hay correlación entre lo que las empresas reportan pagar y lo recibido por el gobierno.
Las empresas mineras pagan del 1 al 3% en metales no preciosos y el 4% por oro y plata de sus ventas brutas, en concepto de regalías al estado.
Maria Castro, viceministra de Finanzas Públicas, informó que se contratará a una firma independiente para hacer la conciliación de los datos entregados. El pago a esta empresa se hará con el aporte de $150 mil entregado por el Banco Mundial, hasta ahora solo una empresa ha mostrado interés.
El primer informe que entregue esta firma contará únicamente con información de Perenco y GoldCorp. Taracena dijo que se pretende que “las industrias extractivas no paguen lo que ellos calculen, sino lo que deben pagar con base a un estudio previo y consensuado” entre las empresas extractivas y el Estado. Esta iniciativa no tiene como fin modificar las tasas de regalías que pagan las empresas.
El artículo 24 de la Constitución Política de la República indica que es punible publicar información sobre impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades.
Barrientos explicó que “las relaciones entre un ente privado y el Estado no se pueden manejar bajo acuerdos voluntarios y menos cuando se trata de patrimonios”
