Cerrar

Ir

Algo de cal, algo de arena, poco de oro

“¡Nunca, nunca!”, exclama Yuri Melini, director de CALAS. “Nunca hemos sido invitados a un proceso de socialización. Nunca nos pidieron nuestra opinión. Lo que hubo fue una reunión privada, junto con el Nuncio Apostólico, para hablar exclusivamente de la conflictividad en Santa Rosa. En ese momento, nos contaron que estaban elaborando una reforma a la ley. Ellos nos dieron la propuesta, pero como información, y no como consulta”, añade.
“Fue un proceso inacabado. Nuestras observaciones no fueron introducidas en el texto presentado. Hay que salir al paso de una lectura que se quiere hacer, de que la propuesta es una propuesta de la industria” explica Mario Marroquín, de la Gremiext.
Explotación minera en San José del Golfo.
Tipo de Nota: 
Información

Algo de cal, algo de arena, poco de oro

Tiempo aproximado de lectura: 23 mins
Historia completa Temas clave

El 12 de octubre pasado, Erick Archila, ministro de Energía y Minas, entregó al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de minería vigente. Inmediatamente, la propuesta cosechó el rechazo de varios sectores: ambientalistas, campesinos y empresarios mineros. Consultas populares, nuevas regalías, nuevas disposiciones ambientales, estos son los puntos más importantes y polémicos de una ley con pocos amigos confesos.

Redes-lateral

Los sectores directamente involucrados, concuerdan en que la ley actual, aprobada en 1997, necesita ser reformada, aunque este consenso tiene matices. Para organizaciones ambientalistas como CALAS (Centro de Acción Legal y Ambiental), la ley vigente debe ser abrogada urgentemente. CALAS demanda que una moratoria sobre las nuevas licencias mineras debe ser decretada de inmediato para darse el tiempo de acordar un marco regulatorio que atienda, en particular, los puntos de conflicto social. Para la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), la urgencia es menor. La Gremial opina que antes de pensar en reformar la Ley de minería, es necesario realizar el análisis riguroso de sus fortalezas y carencias. Dicho esto, admiten, que la ley, como todo marco legal, puede ser mejorada.

Desde que, bajo la administración Arzú, se aprobó la Ley de minería con el objetivo de promover y desarrollar la industria extractiva en Guatemala y atraer sustanciosas inversiones extranjeras, no menos de 28 intentos por reformarla han entrado al Congreso. Lo único que consiguieron fue una breve cobertura mediática y unos cuantos pliegos para engordar el ya voluminoso archivo de iniciativas muertas.

Algunos de estos proyectos de ley se caracterizaban por su minimalismo, como el 3988 ingresado por la congresista Rosa María de Frade, con la asesoría de CALAS: en su artículo único, estipulaba llanamente una moratoria que prohibiría por seis meses la concesión de nuevas licencias mineras o la renovación de licencias. Este tiempo sin nuevas licencias debía permitir revisar la Ley de minería. Posteriormente, en junio del 2010, la diputada, siempre con la asesoría de la organización ambientalista, propuso una reforma mucho más ambiciosa que elevaba las regalías percibidas por el Estado, prohibía la extracción en zonas de recarga hídrica e imponía, como requisito previo a una explotación minera, una consulta popular vinculante. La propuesta nunca se discutió en el pleno.

La última iniciativa de reforma, antes de la presentada por Erick Archila, fue ingresada al Congreso por la bancada Lider el 31 de enero de este año. Su único objeto era aumentar las regalías mineras del 1 al 20 por ciento. Esta suma de dinero se repartiría, según la propuesta, entre el Ministerio de Gobernación y el de Comunicaciones, dejando patente la afición de Lider por las obras de infraestructura. Las municipalidades donde se situara la extracción,  recibirían 1 por ciento de las regalías. Hoy en día, el 1 por ciento de regalías que se cobra, se reparten mitad y mitad entre las municipalidades y el fondo común.

Difícil saber si la nueva iniciativa será aprobada. En el Ministerio de Energía y Minas hay cierto pesimismo al respecto. “En general, hemos tenido oposición de todos. No tenemos amigos, sólo enemigos”, expresa Ivanova Ancheta, asesora del despacho del viceministro y coordinadora de la comisión que redactó la iniciativa de ley.  Amílcar Castillo Roca, diputado del Partido Patriota (PP) e integrante de la Comisión de energía y minas explica que están pendientes de una citación por medio de la cual el ministro Archila les explicará la reforma, y de audiencias con otras personas involucradas como los alcaldes de las zonas mineras.

¿Consultaron o no consultaron?

Públicamente, las reformas a la Ley de minería se han granjeado críticas. Ahora, un lamento común de los sectores involucrados es que el Ministerio de Energía y Minas no los consultó para redactar la propuesta. “El error desde el principio es no haber invitado a los sectores que representan el tema ambiental. Eso te da una mala idea de la ley”, afirma Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango.

Sin embargo, Ivanova Ancheta afirma que la propuesta, antes de ser entregada a los legisladores, se socializó con varias instituciones del gobierno, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Segeplan, Procuraduría General de la Nación, así como con diversos sectores sociales. Ancheta afirma que se celebraron varias mesas de negociación con organizaciones ambientales como CALAS y con la Gremial de industrias extractivas. 

“¡Nunca, nunca!”, exclama Yuri Melini, director de CALAS. “Nunca hemos sido invitados a un proceso de socialización. Nunca nos pidieron nuestra opinión. Lo que hubo fue una reunión privada, junto con el Nuncio Apostólico, para hablar exclusivamente de la conflictividad en Santa Rosa. En ese momento, nos contaron que estaban elaborando una reforma a la ley. Ellos nos dieron la propuesta, pero como información, y no como consulta”, añade.

La Gremial de Industrias Extractivas tampoco se declara satisfecha del trabajo de socialización efectuado por el Gobierno. “Fue un proceso inacabado. Nuestras observaciones no fueron introducidas en el texto presentado. Hay que salir al paso de una lectura que se quiere hacer, de que la propuesta es una propuesta de la industria” explica Mario Marroquín, presidente de la Gremial y director de Goldcorp Guatemala. No especifica cuáles eran sus observaciones. Pero, en otras palabras, las empresas mineras no aceptan que se diga que la iniciativa fue redactada para favorecerlos.  

Instancias con poca credibilidad

La impresión general que dan los comentarios, tanto de los promotores como de los adversarios de la industria minera, es que el gobierno, y en particular el Ministerio de Energía y Minas, no goza de un alto grado de credibilidad. Mario Marroquín opina: “Hubo disgusto en algunos miembros de la Gremial porque pensamos que iba a ser un tema serio. También nos causó mucho disgusto que se presentara en un momento tan inapropiado, después de lo de Totonicapán. Lo que menos quiere el país es puntos que agreguen a la controversia cuando los ánimos están a flor de piel”. 

Desde los sectores ambientalistas, se critica la cercanía entre el Gobierno y la industria minera. Tanto Erick Archila, ministro de Energía y Minas, como Roxana Sobenes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, son considerados, por algunos ambientalistas, como incondicionales de la industria extractiva. Lo mismo se puede decir de Ivanova Ancheta, quien dirigió la redacción de la ley. Antes de entrar en el MEM, esta abogada fundó, con un asociado, Ronny Patricio Aguilar, un despacho legal llamado Aguilar y Ancheta, especializado en derecho minero, petrolero y eléctrico. Entre las intervenciones que el despacho anuncia haber realizado en su página web está la “negociación y renegociación de cánones y regalías de actividades mineras”. Es decir, el bufete de Ivanova Ancheta se esforzó en obtener condiciones fiscales más favorables para sus clientes privados.

Preguntada al respecto, Ivanova Ancheta no logra contener su nerviosismo.

- Usted trabajó en un bufete, y entre sus clientes estaba la industria minera, ¿verdad?

- Eso es de lo que me acusan, pero no es así. No es que mis clientes sean de la industria minera. Yo me dedico más al derecho eléctrico.

- Pero en la página dice que su bufete negoció con el Estado las regalías y las cargas fiscales.

- Pues sí, pero no soy sólo yo en el bufete.

- Aún así, la acusación de cierto contubernio con las empresas...

- Puede existir, en esta sociedad se dan este tipo de cosas. Pero, como dicen, el que nada debe nada teme. Y yo nada debo. Los de la industria me conocen, y puedo dar fe de mi rectitud. No he estado sujeta a ningún contubernio con ellos, y creo que eso se refleja en esta propuesta.

Consultas populares

Algo que no se le puede regatear a la reforma presentada por el MEM, es su carácter integral. Contempla modificaciones en 31 de los 97 artículos de la ley vigente, y estas reformas abarcan casi todos los ámbitos de  la actividad minera. Ivanova Ancheta define así el objetivo de la iniciativa: “impulsar la industria minera conjuntamente con el desarrollo sostenible de las comunidades. Los tres temas principales eran las regalías, el mitigar la conflictividad social y los aspectos ambientales y técnicos mineros”.

En cuanto a la conflictividad social, se acusó, erróneamente, a esta iniciativa, de haber eliminado las consultas populares. En realidad, las consultas de buena fe estipuladas por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo tampoco están contempladas en la ley vigente. Es decir, el problema de la reglamentación e implementación de las consultas no es cosa nueva. “Nosotros pusimos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad por la no integración del artículo 169 de la OIT dentro de la ley de minería hace meses, y no nos han respondido. No sé si esperaban las nuevas reformas para responder,” afirma Álvaro Ramazzini.

Sectores sociales y ambientalistas piensan que la nueva ley debería incluir la obligación de realizar dichas consultas. Yuri Melini afirma: “nosotros esperábamos un artículo que dijera algo así: todo proyecto minero deberá ser sometido a un proceso de información para obtener el consentimiento libre, pleno e informado a través de un mecanismo público de consulta. Los resultados son vinculantes para la decisión de otorgar la licencia”. 

Sergio Leonel Celis, diputado de Lider y miembro de la Comisión de energía y minas del Congreso opina: “Había que encontrar la forma de que la población decidiera lo que va a pasar en su comunidad. Era el momento adecuado, por todo lo que ha pasado”.

En el MEM, se escudan en el hecho de que las consultas populares previstas por este convenio no han sido reguladas. “No es la ley de minería en donde debe de quedar esta obligación del Estado”, explica un comunicado del Ministerio, en el que responde a las críticas en contra de la iniciativa. “Las consultas no pueden ser reguladas en esta ley porque sería restrictivo a la minería, cuando las consultas son algo más general”, agrega Ancheta.

Yuri Melini rechaza el argumento. “Eso es falso. El convenio 169 es parte de la legislación. Es un convenio internacional de jerarquía superior porque es de derechos humanos, y tiene observancia inmediata. El conflicto social viene hoy de la industria extractiva y de la minería química de metales. ¿De dónde tiene que venir el paso de avanzada? De allí. Lo que vemos es que no hay la voluntad de reconocer a la gente”.

Según Ancheta, para atender el problema de la conflictividad social, se estableció un mecanismo según el cual el Ministerio de Energía y Minas y el de Ambiente y Recursos Naturales tienen la obligación de informar a los Consejos Municipales de Desarrollo sobre los proyectos mineros. Esta disposición, presente en el artículo 2 de la reforma, indica que la presentación deberá tener “pertinencia cultural”, y que los miembros del Comude tendrán 30 días para plantear dudas técnicas que el gobierno deberá contestar en 30 días. “En países con desarrollo en industrias extractivas como Chile, se lleva a cabo ese procedimiento. Ayuda mucho para que la gente deje de tener miedo. Sin información, satanizan la minería” sostiene Ancheta.

Sin embargo, parece poco probable que un mecanismo estrictamente informativo logre resolver los conflictos mineros: las comunidades que adversan la minería conocen su derecho a ser consultadas, sean las consultas vinculantes o no. “Yo esperaría que el presidente Otto Pérez Molina, aunque le apueste a la industria minera, tome conciencia de la conflictividad social. Que no se deje apantallar por el ingreso que vaya a tener. Los pueblos tienen derechos, y es una falta de prudencia no atender a la conflictividad social”, opina Álvaro Ramazzini.

Gremiext prefiere no comentar, por ahora, puntos específicos de la reforma. Aduce que todavía están en una fase de análisis de la propuesta con sus agremiados y equipos técnicos y jurídicos. Sin embargo, acerca de la conflictividad social, Mario Marroquín afirma: “hay una gestión que se debe hacer desde el Estado para arbitrar estos dilemas, y a veces éste está un poquito ausente. Todos tenemos que construir una institucionalidad para inducir y acentuar las compresiones entre diferentes grupos para que en vez de situaciones de violencia, tengamos ámbitos de diálogo”.

Medio Ambiente

Raúl Maas, del Instituto del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), afirma que la propuesta de ley contiene grandes carencias en los aspectos económicos, sociales e institucionales, pero que, en el aspecto ambiental, lleva disposiciones positivas. Una de ellas es que la reforma exige a las mineras un plan de cierre de actividades, aspecto que la ley vigente no contempla.

Es decir, con la iniciativa, se le exige al titular de la licencia minera el garantizar un retorno del terreno ocupado por la mina a su condición original, o al menos, darle uso alternativo aceptable. En su artículo 7, la propuesta agrega que esto incluye “la implementación de medidas de desmantelamiento de instalaciones, estabilización  física y química del área, recuperación y rehabilitación de suelos, la revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos”. Para Maas, “la propuesta aborda parcialmente este tema, que es uno de los que más nos preocupaban a nivel ambiental”.

Para evitar que las empresas mineras simplemente se vayan dejando una montaña de escombros, la iniciativa de ley les exigirá suscribir un seguro ambiental que “garantice al Estado recursos financieros, en caso de que incumplan sus obligaciones de cierre”. Este mecanismo se inspira en la experiencia chilena, según Ivanova Ancheta: “En Chile tienen 24 pasivos ambientales grandes, y por eso, hace dos años incluyeron este concepto. Nos felicitaron por haberlo incluido en la propuesta, ya que es un concepto muy innovador”.

Este seguro deberá ser adquirido por las mineras con cualquier empresa aseguradora. El monto del seguro, según la iniciativa de ley, deberá ser determinado a partir de los costos del cierre técnico de la mina. “Las aseguradoras deberán abrir un mercado para que se establezcan los tipos del seguro ambiental.”, explica Ivanova Ancheta, quien agrega que si las mineras incumplen con sus obligaciones, la póliza cubrirá la falta. Este sistema se sustituiría a la fianza que las mineras deben apartar y que, según Ancheta, es muy difícil de cobrar. Actualmente, la mina Marlin tiene una fianza de garantía de un millón de dólares.

Yuri Melini no parece tan convencido por el seguro minero, y lamenta que su disponibilidad sea sólo para después del cierre de la mina. “¿Qué pasa si mañana la mina incumple? Hay que esperar a que cierre. Mejor ningún seguro, pero la capacidad del MEM de dictar el cierre de la mina, o quitarle la fianza hoy, y no en 20 años”.

En Gremiext, se niegan por ahora a comentar estas disposiciones antes de haberlas analizado por completo.

Otra disposición novedosa es la obligación del Ministerio de Salud a realizar, antes, durante y al cierre de las minas, estudios epidemiológicos a los habitantes ubicados en el área de influencia de la mina. “Se ha relacionado la minería con enfermedades de la piel. Por eso incluimos esta disposición, para ver si se desarrollan enfermedades”, explica Ivanova Ancheta.

 “Yo soy el papá de este artículo”, afirma Yuri Melini, quien agrega que fue retomado de la iniciativa de ley que redactó CALAS con Rosa María de Frade en el 2010. “Antes de que una mina empiece sus actividades, necesitamos una línea base del estado de salud de las poblaciones. Así, si al año tres de explotación, la gente que no tenía, tiene cromo en la sangre, sabremos que esta actividad es responsable de la intoxicación” explica Melini. ¿Satisfecho, pues, por esta inclusión? Ni mucho menos, “Nosotros lo veíamos como un requisito necesario para la otorgación de una licencia. En la iniciativa presentada, quitaron el carácter obligatorio. Además, esos estudios son muy caros porque hay que ir casa por casa. Y para nosotros, eso caro lo tenía que pagar el inversionista. Eso no está en la propuesta. El Ministerio de Salud no tiene pisto para hacer esos estudios. Entonces, ¿de qué sirve? Sólo para llenarse la boca.”, concluye Melini.

Ivanova Ancheta indica que pensaron en la posibilidad de dejar a cargo de las empresas mineras el estudio epidemiológico. “Se descartó por la cuestión de la credibilidad. Ellos han realizados estudios, y han sido criticados porque ellos los pagan”.

A pesar de estas disposiciones novedosas, los principales sesgos a favor de las empresas mineras no son corregidos por la presente ley. Por ejemplo, los plazos para analizar los Estudios de Impacto Ambiental: el Ministerio sigue teniendo 30 días para analizar unos estudios extremadamente complejos técnicamente, y cuya extensión puede superar las mil páginas. Estos estudios están disponibles al público durante diez días, el inoperante plazo que tiene un ciudadano para analizarlo y plantear sus dudas y contraargumentos.

La iniciativa tampoco contempla zonas o regiones en donde se prohíba la explotación minera, como sí lo hace, por ejemplo, la ley colombiana. “la minería debería programarse a la luz de un plan nacional de desarrollo, bajo la lógica del ordenamiento territorial. Hoy podemos hacer minería en cualquier parte, aunque la lógica dice que no debería ser así,” explica Raúl Maas. El científico del IARNA agrega que la minería, particularmente la minería de metales, no debería realizarse en donde el territorio tenga potencialidades para hacer otras cosas. Por ejemplo, según Maas, Sanarate tiene zonas deprimidas, poco pobladas, con suelos impropios para la agricultura en donde sí se podría hacer minería. Cementos Progreso tiene allí, en San Miguel Conacaste, una planta importante. Pero otras regiones, agrega Maas, como San Rafael las Flores, tienen dinámicas productivas muy intensas que la llegada de una minera podría perturbar. 

Regalías

Las regalías y los impuestos a la actividad minera son y serán fuente de agrias controversias. La reforma actual no logrará cerrarlas, a pesar de que las regalías son más favorables al Estado que con la ley vigente. Para el oro y otros metales preciosos, éstas pasan al 5 por ciento, un punto más que con el acuerdo voluntario pactado por el gobierno y las mineras a principios de año. La propuesta además impone regalías para minerales que no contempla la ley del 97: las rocas decorativas, 2 por ciento de regalías, las tierras raras, 10 por ciento, y los materiales de construcción, 1 por ciento.

Para algunos, como Álvaro Ramazzini o Yuri Melini, estas regalías siguen siendo insuficientes si se comparan con las astronómicas ganancias que generan empresas como Montana Exploradora. “Nosotros creemos que las regalías que pagan son miserables”, afirma Melini. “El subsuelo es un bien público, y si se va a explotar, debe serlo en función del Estado en su conjunto, y no en función de élites en particular”. El obispo de Huehuetenango opina: “Para mí, el tema de las regalías no es lo más importante. ¿De qué nos va a servir tener mucho dinero si no tenemos agua? Pero si hubiese una disyuntiva, creo que las regalías deberían ser del 45 o 50 por ciento”.

En el Ministerio de Energía y Minas, comparan las nuevas regalías -también llamadas royalties- con las de otros países del área. Por ejemplo, México no cobra regalías. Colombia cobra 4 por ciento por el oro y 5 por ciento  por el hierro y el cobre. En Perú, las regalías oscilan entre el 1 y el 12 por ciento desde este año. El cobre chileno, según la producción de las empresas, paga entre 0,5 por ciento y 5 por ciento de regalías.

Visto desde este ángulo, las nuevas regalías guatemaltecas no se salen de la media latinoamericana. Pero este ángulo es engañoso: si bien las regalías pueden ser más bajas en otros países, estos tienen distintos impuestos que les brindan una mejor recaudación fiscal. Como explicó a Plaza Pública Jean Acquatella, de la Unidad de energía y recursos naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “en la mayoría de  los países que han incorporado royalties, el aporte adicional por concepto de éstas es marginal, en el sentido de que no cambia el monto grueso de recaudación tributaria que se obtiene mayoritariamente vía el impuesto a la utilidad declarada.” Guatemala no es excepción, y, salvo que una compañía se ampare en la ley de maquilas, estas aportan más por medio del Impuesto Sobre la Renta que por medio de las regalías.

Es decir, para comparar la recaudación fiscal de diferentes Estados, antes que ver las regalías, hay que analizar la tasa neta de impuestos. “Ver la regalía aisladamente sería un error. Habría que ver si toda la estructura tributaria y la recaudación conseguida por el Estado a través de ella, se compara favorablemente o no con el promedio internacional para esa misma industria y tipo de mineral” explica Acquatella. Y desde este punto de vista, Guatemala está muy a la zaga de los demás países latinoamericanos. 

Según Gremiext, esta tasa neta de impuestos se sitúa en Guatemala alrededor del 40 por ciento. La Gremial afirma que este es el porcentaje que se maneja en la mayoría de los países con industrias extractivas. Sin embargo, ese 40 por ciento está muy alejado del porcentaje que manejan estudios independientes. Por ejemplo, un documento elaborado este año por la CEPAL, afirma que el Estado de Guatemala, en el periodo 2004-2009 sólo consiguió recuperar el 12,2 por ciento de las utilidades generadas por las empresas mineras. Es decir, sumando impuestos directos y regalías, el Estado sólo recupera el 12,2 por ciento del valor de unos minerales que le pertenecen en un 100 por ciento cuando aún están enterrados. El mismo informe indica que la recaudación de Guatemala y Honduras están muy por debajo de la media latinoamericana. “Los principales países mineros de la región Chile y Perú, como también Bolivia y Colombia logran apropiar vía ingresos fiscales y participación directa, aproximadamente entre un 30-35 por ciento de la renta económica estimada del sector”, prosigue el informe. Este estudio no contemplaba aún la introducción de las “regalías voluntarias”, introducidas en enero de 2012 con el inicio del gobierno de Pérez Molina. Se desconoce aún cuánto puede haber aumentado la recaudación por este rubro.

Se le preguntó a Ivanova Ancheta en cuánto se situaría la tasa efectiva de impuestos sobre minería con la reforma propuesta, pero no pudo dar una respuesta. “La verdad, yo no soy de derecho tributario”, indicó. Sin embargo, es improbable que con las nuevas regalías, Guatemala se acerque a las recaudaciones de los países latinoamericanos citados, los cuales, por añadidura, están modificando sus legislaciones y renegociando contratos para ganar más de la actividad extractiva, y aprovechar la fiebre de las materias primas que se ha desatado en el mundo.

La iniciativa de ley estipula claramente que las empresas mineras ya no podrán beneficiar de ninguna exención del impuesto sobre la renta. Esto les niega la posibilidad de hacer uso de la ley de maquilas. En cambio, las exoneraciones de derechos de importación sobre maquinaria, materiales, explosivos y otros insumos se mantienen intactas. 

La reforma también estipula cómo se distribuirán las regalías, a través de un fondo minero. 35 por ciento será para las municipalidades en donde se encuentra la mina y 25 por ciento para las municipalidades de su departamento. 40 por ciento irá al fondo común, tres por ciento al MEM y dos por ciento al MARN. El medio ambiente, raíz de las protestas, sólo consigue migajas del pastel. El MEM, encargado de fiscalizar el desempeño de las minas y canteras, tampoco aumenta significativamente su presupuesto, y por ende, su capacidad operativa. 

Sin embargo, una disposición interesante es que se define cómo las municipalidades deberán invertir sus recursos: cobertura en agua potable, saneamiento ambiental, acceso a los servicios de salud, educación e infraestructura de sus habitantes. Yuri Melini afirma que este artículo también se inspira en una propuesta suya de hace muchos años. La idea es impedir que las regalías se conviertan en obra gris y carreteras. “Pero se comieron lo más importante de nuestra propuesta: reforestación”, indica Melini.

Una empresa minera estatal 

Algunos ven con cierta admiración las poderosas empresas estatales dedicadas a la extracción  recursos minerales o petroleros de otros países latinoamericanos: Codelco en Chile, Comibol en Bolivia son dos gigantes mineros, a los que podríamos agregar las petroleras Pemex de México y Petrobras de Brasil.

Guatemala no tiene empresas similares. Sin embargo, el artículo 5 de la reforma dice: “el Estado podrá participar en las actividades mineras a través de una empresa minera estatal. Dicha empresa podrá tener participación patrimonial accionaria de hasta el cuarenta por ciento, de toda sociedad que explote minerales metálicos”.

El diputado Sergio Leonel Celis, de Lider, opina: “Por una parte dicen que van a crear una empresa estatal, y al mismo tiempo, mire lo que pasa con la portuaria. Nos parece poco coherente, y tampoco creemos que sea la solución, porque luego pueden decidir dar en concesión la empresa minera”. 

Yuri Melini tampoco se ve convencido: “con 40 por ciento de capital no se tiene el poder de decisión en una empresa, y puede pasar lo que pasó con Exmibal: la empresa llama al incremento del capital y diluyen la participación del Estado”. En efecto, en el 2004, el Estado guatemalteco tenía el 30 por ciento de las acciones de Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (Exmibal), encargada de explotar níquel en El Estor. Pero en el 2005, con el proyecto Fenix, la empresa canadiense Skye Ressources, poseedora del 70 por ciento de las acciones, llamó a un incremento de capitales. El Estado no quiso o no pudo aportar dinero, y su participación en el proyecto cayó al 7 por ciento. 

Un consejo minero consensual

Otra disposición de la reforma que ha hecho correr tinta, es la creación de un Consejo Minero integrado por varias dependencias del Estado (MEM, MARN, Segeplan, Infom), así como por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Gremial de industrias extractivas, y, en las reuniones que se considere pertinente, los alcaldes de los municipios en donde se realiza la explotación. Su función principal sería, según la iniciativa, “formular recomendaciones para garantizar el desarrollo sostenible” de las labores mineras. En el Ministerio indican que esta función es puramente consultiva, y que de ninguna manera tiene que ver con la concesión de licencias mineras como se pudo decir en la prensa.

Pedro Prado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) opina que, si se aprueba la iniciativa “va a haber mayor participación de las instancias relacionadas. Parece positiva la coordinación interinstitucional que se plantea porque se evita desperdicio de recursos, duplicidad de funciones y ese tipo de cosas”. Sin embargo, en Asies admiten no haber estudiado la iniciativa, y basar su análisis en una presentación que les brindó el Ministerio de Energía y Minas.

Lo que desató las críticas es que se invitara a la Gremial a ser miembro del Consejo Minero, y no a representantes de organizaciones ambientalistas o indígenas, o por lo menos, universidades e instituciones académicas. “No es la composición más adecuada en un momento de tensión tan fuerte. Creo que hace falta una representación de los grupos sociales”, opina Raúl Maas, del IARNA.

La iniciativa de ley no es más favorable a la industria minera que la actual legislación. De hecho difícilmente una ley podría ser más favorable a la inversión minera que la 48-97. Pero esta propuesta no borra los sesgos a favor de la industria. Si las regalías suben, el accionista de las mineras no lo notará cuando reciba sus dividendos. Algunas disposiciones ambientales, como el cierre técnico de las minas, corrigen graves deficiencias de la actual ley, pero  la capacidad fiscalizadora del Estado, y sus medios para presionar a las empresas no aumentan significativamente.

En definitiva, de aprobarse la propuesta del ministro Erick Archila, no cambiará el rostro de la industria minera. Industria que, por su parte, sí cambiará, y en un plazo corto, el rostro de Guatemala. Según el MEM, hay 283 licencias de explotación vigentes, de las cuales 112 son para materiales de construcción, 143 para minerales no metálicos y 28 para minerales metálicos, siendo estos últimos los más polémicos. Hay además, 104 licencias de exploración, de las cuales 90 son para minerales metálicos.

En un momento crítico, las reformas siguen sin dar respuesta al clamor social, y sin abrir espacios de negociación.

Pequeños pasos en lo ambiental, algún mínimo cambio en lo fiscal o en un posible sistema de propiedad, pero muy pocos en lo social. El que aún no se hayan socializado ni discutido las reformas no es buena señal. No se observa la creación de mecanismos que permitan realmente el diálogo. Una falta que ha provocado muchos de los más ásperos conflictos socioambientales de Guatemala en los últimos años.

 

*Fe de error: En la información sobre regalías, se afirma que las municipalidades reciben un 25 por ciento de regalías, cuando la información exacta es que las municipalidades reciben un 20 por ciento de los ingresos de los royalties.  

Autor

 

 

 

 

Ver Comentarios

 

 

 

 

Autor
a
a