Los discursos, los aplausos y la adrenalina de la campaña electoral se disipan en las realidades financieras del presupuesto. Por muy buenas intenciones y muy buena voluntad que se tengan, sin plata un gobierno simple y llanamente no puede hacer nada. Según el proyecto de presupuesto para 2020, los ingresos tributarios financiarían el 73 % del techo presupuestario; los ingresos no tributarios, el 5 %; la colocación de bonos del tesoro, el 19 %, y los préstamos externos y los saldos de caja, el 3 % restante.
Esto, si las proyecciones del proyecto de presupuesto fueran realistas. La carga tributaria de Guatemala viene cayendo en picada, de un 10.4 % en 2016, entonces ya una de las más bajas de Latinoamérica y del mundo, a un 10.2 % en 2017, a un 10.0 % en 2018 y, según estimaciones, a un 9.7 % al cierre de 2019, caída que coincidiría con la de 1998. Es decir, un retroceso de la capacidad fiscal y de pago de Guatemala de más de 20 años. El proyecto de presupuesto para 2020 ofrece una recuperación milagrosa, ya que proyecta una carga tributaria de 9.9 %. ¿Tiene algún sustento técnico esta proyección de una recuperación tan esperanzadora? En realidad no.
La proyección de ingresos tributarios del proyecto de presupuesto para 2020 supone que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) logrará, vía medidas administrativas, recaudar 1,500 millones de quetzales adicionales o recuperar la carga tributaria en 0.22 puntos porcentuales. Sin embargo, la realidad es que hoy la SAT está en trapos de cucaracha, y es difícil creer que logrará esa recaudación adicional. Además, cuando se elaboraron las proyecciones del proyecto de presupuesto, el Gobierno todavía decía que alcanzaría la meta de recaudación de 2019, pero a la fecha ya aceptó que ello no ocurrirá. Así pues, si se actualiza la recaudación de 2019, que es base de cálculo para la de 2020, resulta que la proyección de ingresos del proyecto de presupuesto para 2020 está sobrestimada en 545 millones de quetzales o un 0.08 % de carga tributaria. Restando la recaudación adicional que no se logrará porque difícilmente ocurrirán milagros y actualizando la base de cálculo, la proyección de ingresos realista no es de una carga tributaria de 9.9 %, sino de 9.6 %.
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Pero, como si la cosa no estuviese ya suficientemente difícil y complicada para el nuevo gobierno, se estima que la ley narcoganadera recientemente aprobada por el Congreso generará una pérdida fiscal en 2020 de alrededor de 2,000 millones de quetzales, equivalente a una caída en la carga tributaria de 0.3 puntos porcentuales. Es decir, si al 9.6 % se le resta la pérdida por la ley narcoganadera, la carga tributaria caería a un alarmante 9.3 %, con lo que el nuevo gobierno enfrenta ya un agujero fiscal de 0.6 % del producto interno bruto, equivalente a más de 4,000 millones de quetzales. De verdad es un escenario para preocuparse, no para celebrar.
Esta es una advertencia de buena fe para el nuevo gobierno: los números no mienten. La crisis fiscal severa que el gobierno de Jimmy Morales les está heredando es tan real como que el sol sale por las mañanas y se oculta por las noches. Es mentira que arrancarán su gestión con holgura financiera cuando recibirán una SAT en una crisis institucional severa, con la moral de los contribuyentes honestos y cumplidos por los suelos, golpeada por los premios de la ley narcoganadera para los evasores, morosos y tramposos.
La realidad suele golpear en lo más duro de la resaca posterior a la celebración de la victoria electoral.
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