Hace dos años advertí acá las circunstancias asquerosas en las que Jimmy Morales, presidente de la república, y Alfonso Alonzo, entonces viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, impulsaban este adefesio legislativo. Durante una reunión con un grupo de ganaderos en Los Amates, Izabal, Jimmy Morales y su acólito Alonzo escucharon con actitud rastrera y servil los discursos de los ganaderos, quienes con descaro reclamaron impunidad. Y hasta hubo quien pidió la cabeza de Juan Francisco Solórzano Foppa, entonces superintendente de Administración Tributaria, por izquierdista y por querer cobrarles los impuestos que por ley lo ganaderos tienen que pagar.
Por el carácter descarado y abusivo de sus propuestas, la aprobación de la iniciativa de ley de privilegios fiscales e impunidad para los narcoganaderos se pudo frenar durante dos años. Pero, lamentablemente, la semana pasada esa propuesta nefasta fue aprobada en el Congreso de la República junto con la comisión creada para perseguir a quienes integraron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el inicio de la aprobación de la alteración de la Ley de la Carrera Judicial para revertir lo logrado en una de las reformas apoyadas justamente por la Cicig.
Pero ¿qué pasó la semana pasada que no había pasado en dos años para que esas propuestas nefastas contaran con más de 80 votos para su aprobación en el Congreso? Ya crece el convencimiento de que para esas aprobaciones fluyeron sobornos a la vieja usanza parlamentaria, en lo que parece ser una renovación del Pacto de Corruptos, ahora liderado por personajes oscuros y peligrosos como Gustavo Alejos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sufrió un cisma luego de que siete diputados, liderados por José Estuardo Vargas, deliberadamente desobedecieron la instrucción de su jefe de bloque de abandonar el hemiciclo y votaron de modo favorable a esas aprobaciones durante la sesión de aprobación.
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Esta ley de privilegios e impunidad para los narcoganaderos es muy dañina. Premia abundantemente a los delincuentes, a los evasores de impuestos y a los que han hecho negocios con ventaja ilícita, a la vez que castiga al contribuyente honesto y cumplido, al emprendedor de verdad que genera empleo y ganancias sin hacer trampa. Por algo la Cámara de Comercio de Guatemala expresó públicamente su rechazo enérgico y le pidió al presidente de la república que la vetara. Otras entidades como el Icefi reiteraron su rechazo y sus argumentos en contra de una ley tan injusta y promovedora de impunidad, con vicios claros de inconstitucionalidad por violentar los principios de justicia tributaria e igualdad ante la ley.
¿La Cámara de Comercio de Guatemala rechaza esta ley porque sea una entidad promotora del pago de impuestos? No, por supuesto que no. Me parece que se están oponiendo a una injusticia inmensa y a medidas que la perjudicarán económicamente. Creo que su posición es muy sencilla: al otorgar impunidad y privilegios fiscales abusivos, se generará un agujero en el presupuesto que obligará al Gobierno a castigar gastos como el abastecimiento de hospitales u otros gastos esenciales o a incrementar la tasa del impuesto al valor agregado, gravamen que recae mayoritariamente en el sector comercio.
Lo que tenemos que tener claro es que la lógica que parece motivar a la Cámara de Comercio de Guatemala se aplica a todas y todos. Los privilegios fiscales y la impunidad para los narcoganaderos es muy cara y no la pagarán las diputadas y los diputados que la aprobaron. La vamos a pagar todas y todos.
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