Ministerio Público: ¿el vaso medio lleno o medio vacío?

Hasta octubre de 2012 (última fecha de actualización de los datos), el MP reportaba 4,287 funcionarios y empleados, de los cuales 3,216 personas (el 75%) estaban directamente vinculadas a la actividad sustantiva de la institución.

Aunque el MP ha venido creciendo en cuanto al número de su personal fiscal, como se aprecia en el gráfico 1, todavía presenta una tasa baja en relación con la población (tabla 1) y no se corresponde con los altos índices de criminalidad que aquejan al país.

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Fuente: Elaboración propia con datos de MP, PNUD y ASIES.

El personal fiscal aumentó un 84% entre 2004 y 2012, pero la variación es poco significativa cuando el número de funcionarios se relaciona con el total de la población. Mientras en el primero de esos años había 7 fiscales por cada 100 mil habitantes, en 2012 la proporción apenas aumentó a 10 fiscales por cien mil.

Tabla 1: Personal fiscal del MP por 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de MP, PNUD, ASIES e INE.

El MP tiene 23 fiscalías distritales repartidas por todas las cabeceras departamentales, a las que se agregan fiscalías o agencias fiscales en otros 33 municipios. De este modo el MP tiene presencia directa e inmediata en 56 municipios, equivalentes al 16.5% de los 338 municipios del país. Además, cuenta con 17 fiscalías especializadas o de sección radicadas en la ciudad de Guatemala, algunas de las cuales tienen fiscalías adjuntas en ciertas cabeceras departamentales.

La ausencia del MP en el 83.5% de los municipios del país reproduce el patrón característico del conjunto de las instituciones del Estado, que, según la evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiende a ser departamental (PNUD, 2010: 125).

Esa debilidad general del Estado incluye al sistema de justicia, del cual forma parte el MP. Un sistema que “padece limitaciones en cuanto a la satisfacción de su capacidad de punir”, según lo caracteriza el PNUD (2010: 129).

A la limitada presencia territorial cabe agregar una justificada duda sobre la adecuación del MP a la realidad multicultural, multiétnica y plurilingüe de Guatemala. A este respecto un dato simple: en 2013 el MP contaba únicamente con 54 intérpretes o traductores de 14 idiomas (de 13 idiomas mayas y garífuna).

El insuficiente desarrollo del MP se aprecia no solo en relación con su presencia territorial, con el número de habitantes del país o con su pertinencia cultural. Se hace también evidente su “subdesarrollo” y la necesidad del fortalecimiento institucional cuando se conectan los datos esgrimidos con las dimensiones de la criminalidad en el país.

Durante 2013 el ente responsable de la persecución penal procesó 327,654 casos, de los cuales cerca del 95% se referían a denuncias de ocho tipos de bienes jurídicos afectados. La tabla 2 muestra los hechos delictivos más frecuentes en el país e ilustra la magnitud del trabajo que tiene a su cargo el MP.

Tabla 2: Denuncias de hechos delictivos presentadas al MP, según bienes jurídicos afectados. Año 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos de MP, 2013: 64.

Al visualizar la magnitud de la tarea, se está en condiciones de valorar la urgencia de extender territorialmente a la institución y aumentar el número de su personal fiscal y otros funcionarios que dan soporte a su actividad sustantiva.

Al MP se le puede ver como un vaso medio vacío o medio lleno, según la tónica pesimista u optimista del observador, deseablemente desembarazada del encono desatado por el recién finalizado proceso de nombramiento de la nueva autoridad máxima de la institución.

Es el caso, por ejemplo, que el comportamiento observado por las denuncias recibidas a lo largo de los últimos ocho años sugiere que la institución ha llegado a un techo, probablemente determinado por los límites de su presencia territorial actual.

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Fuente: Elaboración propia con datos de MP, 2013 y ASIES, 2009.

Este comportamiento remite de nuevo a la limitada presencia territorial de la institución.

¿Cuántas denuncias más podría recibir el MP si tuviese presencia directa en por lo menos el doble de municipios en los cuales hay actualmente agencias fiscales?

Con razón, se podría argumentar que una cobertura del 100% no necesariamente tendría que ser un objetivo estratégico del MP, dado que puede haber lugares donde los hechos delictivos sean tan poco relevantes que lo racional es dirigir los recursos hacia municipios donde la criminalidad tiene más incidencia.

Sin embargo, parece claro que la falta de expansión territorial del MP está determinada no por una consideración estratégica de ese tipo, sino por la reproducción inercial de los patrones de presencia-ausencia de un Estado débil, precario, desentendido de sus responsabilidades básicas, en este caso la justicia.

En contraste con ese techo con el cual parece haber topado el MP, en los últimos seis años hay una evidente tendencia a la mejora de los resultados de su trabajo, medida por el número de casos llevados a juicio, los cuales crecieron un 147% entre 2008 y 2013, como se aprecia en el gráfico 3.

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Fuente: elaboración propia con datos de ICCPG, 2014.

Esa tendencia positiva parece corroborada por el aumento notorio (158%) de las sentencias condenatorias obtenidas por el MP durante ese período, según se aprecia en el gráfico 4.

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Fuente: elaboración propia con datos de MP, 2013.

Sin embargo, junto al aumento de las personas llevadas a juicio, creció también el número de personas de las cuales el ente fiscal no logró demostrar su culpabilidad y fueron absueltas: una variación del 270.5%.

Puesto de otra forma, durante el período bajo consideración se verifica una caída de la relación personas condenadas/absueltas: de 6 seis condenadas por cada absuelto en 2008, a 4 condenadas por cada absuelto en 2013.

Por eso, del aumento del número de condenas, admitiendo como inevitable el crecimiento de su contrapartida: las absoluciones, no debe sacarse la conclusión sobre un MP que avanza “viento en popa”.

Ese es el problema de únicamente ver el vaso medio lleno, ya que un análisis más fino de los datos necesariamente debe encender una luz de alerta: el grado de la eficacia de la institución ha venido decreciendo.

Dicho de otra manera, mientras en 2008 de cada 100 personas acusadas por el MP en los tribunales 86 eran condenadas, en 2013 el porcentaje cayó a 81, como se ilustra en el gráfico 5.

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Fuente: elaboración propia con datos de MP, 2013.

Referencias bibliográficas y documentales

ASIES (2011) Justicia: avances y debilidades. Desafíos actuales de la justicia penal. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Ministerio Público (2013) Memoria de Labores 2013. Guatemala: Ministerio Público. Accesible en http://www.mp.gob.gt/wp-content/uploads/2012/06/Memoria-de-Labores-2013.pdf . Visitado el 13 de mayo de 2014.

Muñoz Elías, J.P. (2014) “Ministerio Público, estado de situación 2014”, en El Observador Judicial. No. 92, año 14. Guatemala: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

PNUD (2010) Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010. Guatemala: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.