El chiste reflejaba la percepción social sobre la gravedad de la violencia, especialmente la homicida, que tenía como contexto lo que Carlos Figueroa Ibarra caracteriza como la primera gran ola del terror contrainsurgente.
Muy lejos estábamos de imaginar en aquellos años la magnitud demencial a la que podía llegar la violencia. Todavía debía ocurrir la “segunda ola” del terrorismo de Estado y debía llegar, paradójicamente, la postguerra interna para asomarnos a la realidad de la frase que un entrañable compañero de luchas solía repetir, haciendo gala de nuestro humor negro: “nunca se está tan mal que no se pueda estar peor”.
A la vuelta de por lo menos medio siglo, no hay lugar a duda en un trágico diagnóstico: Guatemala es un país crónicamente enfermo de violencia. Las causas de esta enfermedad deben rastrearse en la historia económica, social y política nacional. El acotado espacio y la naturaleza de este blog obligan a dejar para otro momento, y para mejor pluma, la tarea de hacer ese rastreo.
Por lo pronto apuntemos la hipótesis de que la sociedad guatemalteca crea patologías que se manifiestan de forma particularmente aguda en la violencia extrema con que se cometen algunos crímenes. Decapitaciones, desmembramiento de cuerpos, linchamientos y otras expresiones de brutalidad se han convertido en hechos frecuentes, en medio de una cultura de violencia extendida, cuyas huellas vienen del conflicto armado interno.
[frasepzp1]
Siguiendo a Edeliberto Cifuentes Medina, anotemos que
la ampliación de la violencia sólo indica la existencia de procesos y factores perversos y patógenos que no son de origen biogenético sino de carácter económico, social, político, moral e ideológico, propias, de las formas de producción capitalistas exacerbadas, que generan emociones, ansiedades y neurosis, que al no encontrar su cauce de expresión derivan en diversas formas de afrontamiento perverso (Cifuentes, 2004: 18).
Los síntomas de esta grave enfermedad son diversos. Sin embargo, y esto es parte del problema, el Estado marcha rezagado en la recopilación de la información dura y confiable necesaria para seguir la evolución del mal. No por casualidad, hace más de cinco años, en el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia se consignó el compromiso de “crear un sistema estadístico que defina fuentes de información e indicadores de seguridad y justicia, que integre las informaciones del Inacif, el MP, el OJ, la IDPP, el Sistema Penitenciario y la PNC, debiendo rendir informe periódicamente” (ANASJ, compromiso 49).
Aunque ese compromiso (como todo el Acuerdo) quedó en el olvido, persiste la necesidad de disponer de información que oriente la toma de decisiones para hacer frente a nuestra enfermedad crónica. La buena noticia es que, sin aspavientos mediáticos, se ha empezado a dar pasos en la dirección correcta: bajo el liderazgo del Ministerio de Gobernación y articulado al Sistema regional de indicadores Estandarizados de convivencia y Seguridad ciudadana (SES), auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, hace poco más de un año se creó y funciona una Mesa Técnica Interinstitucional (MTI), desde la cual se inició ya la producción de información “oficial” en esta materia.
De acuerdo con los promotores de la MTI, su objetivo es fortalecer las capacidades de las instituciones fuente de información de seguridad ciudadana y estadística criminal para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad ciudadana, a través de un Sistema de Indicadores Estandarizados que permita la medición y el seguimiento de eventos relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana.
Participan el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Estadística, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación.
El desafío que tiene la MTI, más allá de cumplir con los compromisos asumidos en el marco del SES, es de la mayor importancia. Y así como en los años 70 se atribuía con ironía al censo el propósito apuntado al inicio de esta nota, ahora podría decirse que este esfuerzo interinstitucional debe producir información que hurgue en nuestras miserias hasta que duela.
Los primeros resultados, correspondientes al año 2013 completo, apuntan en esa dirección.
Alguna de esta información es relativamente conocida, pero tiene la importancia de ser el resultado de un trabajo paciente de depuración y estandarización que, de persistirse en el empeño, dará posibilidad de hacer seguimiento confiable a la evolución de este mal crónico.
Probablemente el indicador más elocuente del grado de violencia que aqueja a la sociedad guatemalteca es el de muertes violentas, que alcanzó niveles preocupantes en escala nacional, y sigue siendo muy grave. El fin del conflicto armado interno despertó grandes expectativas sobre el inicio de un período de reducción de la violencia, lo cual, hacia finales de la última década del siglo pasado, parecía en vías de concretarse.
Sin embargo, el curso de los acontecimientos en el país terminó por desmentir esas esperanzas, con una tendencia dominante de elevado número de muertes violentas por año, que no alcanza a revertirse del todo.
Fuente: elaboración propia con datos de PNC y PDH para 1995-2012, y PNC para 2013
Como puede apreciarse en el Gráfico 1, luego de un repunte en el primer año de la postguerra (1997), los casos de homicidio declinaron notoriamente en el bienio siguiente hasta llegar al nivel más bajo en 1999. Pero, con el inicio del nuevo siglo arranca también una escalada que habría de llegar a sus puntos más altos en 2008 y 2009, con más de 6 mil homicidios por año. Esa tendencia parece haber entrado en retroceso a partir de 2010 para cerrar 2013 en un nivel inferior al de 2005, pero todavía por encima de la cota de 5 mil casos anuales.
Pese a la señal positiva implícita en la reversión de la tendencia de los homicidios, no cambia el hecho de que en el país siguen siendo altos los promedios diarios de muertes violentas y la tasa de homicidios por cien mil habitantes. Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, la tasa nacional de homicidios se mantuvo en 2013 ligeramente por debajo de los niveles observados en el bienio 2003-2004, con 34 casos por cada 100 mil habitantes.
Fuente: elaboración propia con datos de PNC/PDH e INE, 2003-2012, SES, 2013
Uno de los problemas que tiene este último indicador es que el dato de homicidios, contado fallecido por fallecido, se confronta con proyecciones de la población total hechas por el INE a partir del censo de 2002. Solamente un nuevo conteo de la población permitiría ajustar esta tasa, admiten los coordinadores de la MTI, quienes con justificada razón se preguntan qué pasaría con este dato si resulta que somos menos que los 15,438,384 habitantes estimados para 2013.
Pero la posibilidad de un nuevo censo de población luce lejana, pues parece evidente que en tanto no se modifique la Ley Electoral y de Partidos Políticos no se hará el necesario recuento nacional de habitantes.i
Si bien disponer de un dato confiable sobre la tasa de homicidios por 100 mil habitantes no es asunto menor, lograrlo escapa a las posibilidades y la buena intención de la MTI, cuyo reporte al SES ofrece otra información que confirma la gravedad de la violencia que aqueja a Guatemala.
[frasepzp2]
Apuntemos algunos de sus hallazgos para 2013, de esos que hurgan hasta donde duele:
Las víctimas de homicidio fueron 5,253, de las cuales 654 del sexo femenino y 4,599 del masculino.
Entre estas víctimas se contaron 105 niños, niñas y adolescentes, menores de 15 años de edad.
A ellos se agregan 648 jóvenes entre 15 y 19 años de edad.
La suma de ambos rangos etarios permite establecer que el 14.3% de las víctimas de homicidio en el año de referencia provenía de las nuevas generaciones.
La tendencia a que la juventud es la principal víctima de la violencia homicida se confirma con el dato siguiente: el 34.8% de las víctimas (1,828 entre hombres y mujeres) fueron adultos jóvenes de entre 20 y 29 años de edad.
En estos días, cuando abundan los desgarres de vestiduras por la emigración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, basta con argumentar esos datos para explicar de qué huyen.
Fuente: elaboración propia con datos de PNC
Hay otros datos del informe de la MTI al SES que es del caso citar:
Las horas de mayor incidencia de homicidios son de 18:00 a 23:59, en las cuales ocurre el 40% de los hechos.
Los homicidios ocurren con más frecuencia los días domingo: 19% de los casos registrados en 2013, seguido por los días sábado, con el 17% del total de homicidios.
La combinación de variables día y hora, da como resultado que los días sábado entre las 18:00 y las 23:59 es cuando más homicidios ocurren.
En el registro mensual el mes con más alta prevalencia fue enero y el que menos reportó fue diciembre.
El escenario en donde más ocurren los homicidios es la vía pública, con el 94% de los hechos registrados en el año de referencia. Muy de lejos siguen: el lugar de residencia (1.7%); campo o finca (1.26) y lugar de trabajo (1%). El 96% de los homicidios perpetrados con armas de fuego también ocurrió en la vía pública.
En los homicidios el arma de fuego fue la más utilizada, con un 81%.
El móvil más frecuente de los homicidios es, según esta fuente, el ajuste de cuentas/venganzas. (Ministerio de Gobernación, 2014: 24-37)
Los resultados ofrecidos por el trabajo inicial de la MTI merecen encomio, reconociendo que aún falta camino por recorrer. Este incluye los pasos hacia la institucionalización de su trabajo, más allá de la temporalidad de los liderazgos de las entidades que la integran.
Referencias bibliográficas y documentales
Asamblea Nacional Constituyente (1985) Ley electoral y de partidos políticos. Decreto 1-85, Guatemala: Congreso de la República. Accesible en http://old.congreso.gob.gt/Docs/tse2014/Ley%20Electoral%20y%20de%20Partidos%20Politicos.pdf
Cifuentes Medina, E. Los linchamientos como forma singular de violencia colectiva en Guatemala después de la firma de los Acuerdos de Paz: una perspectiva desde el sociopsicoanálisis. Guatemala: Universidad de San Carlos. Tesis de Maestría. Escuela de Ciencias Psicológicas.
Figueroa Ibarra, C.(2011) El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala.Guatemala: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, BUAP / F&G Editores.
Gobierno de la República, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público (2009) Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia. Guatemala: Gobierno de Álvaro Colom (edición digital)
Ministerio de Gobernación (2014) Unidad de análisis estratégico y estadísticas criminales. Guatemala: Ministerio de Gobernación. Presentación digital power point, agosto 2014.
iEl Artículo 205 de la Ley electoral y de partidos políticos establece, entre otras normas, que cada distrito electoral tiene derecho a elegir un diputado por el hecho mismo de ser distrito y a un diputado más por cada ochenta mil habitantes. También obliga a que el número total de diputados que integren el Congreso de la República esté “de acuerdo con los datos estadísticos del último censo de población” (Asamblea Nacional Constituyente, 1985: 30).
Más de este autor