Los actores que hasta inicios del mes de marzo se consideraban los dueños del salón, de las cartas y de las ganancias de sus juegos han perdido vertiginosamente el poder. Y aunque no se logre la renuncia del presidente, mucho menos la renuncia de diputados y magistrados, los días de su alienante control de la vida social, política y económica del país están contados.
Para furor y rabia de magistrados surgidos de grandes bufetes empresariales, así como de agrupaciones terroristas, oficiales militares en retiro vinculados estrechamente a las mafias, dirigentes sindicales coludidos con el autoritarismo y el clientelismo y sus intelectuales orgánicos, las clases medias urbanas han comenzado a ver su futuro con otros ojos, han perdido el miedo a salir a las calles y crean cada día novedosas formas de protesta y movilización. Ya no son solo los grupos de izquierda, radical o moderada, los que protestan y critican. Las derechas moderadas, de distintos tonos y tendencias, también han salido a las calles a clamar por un país diferente, en el que el cumplimiento de las normas y el respeto al bien público sean el punto de partida para el diálogo y el debate. No son solo los canchitos los que detrás de sus computadores y celulares convocan, cuestionan y proponen. Nuestro mestizaje comienza a mostrarse conscientemente en todos los actos y eventos. Se reúnen para protestar y exigir cambios tanto locatarios de mercado como oficinistas de alto rango. Y en medio de su alegría por entender lo que en realidad significa la libertad cívica, comienzan también a comprender que convertirlo todo en mercancía o bien sujeto a relaciones clientelares y patrimoniales nos hunde a todos en la dependencia y el infradesarrollo.
Fue por la denuncia de un diputado orgullosamente indígena, líder de una agrupación política indígena, que la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra el presidente de la República, del mismo modo que fue por una demanda suya y por otra del dirigente de un nuevo partido de izquierda que se dio trámite al antejuicio contra la exvicepresidenta. Fue el discurso de uno de los más grandes millonarios de la región, masivamente difundido por televisión e internet, lo que movilizó a empresarios y a sus dirigentes para mostrar a los políticos corruptos y a sus cómplices que el país del gobierno patrimonialista y clientelar está llegando a su fin. Fueron las convocatorias por las redes sociales de desconocidos jóvenes las que han llenado las plazas de gente de todas las clases sociales. Fueron líderes indígenas los que movilizaron a campesinos de varios puntos cardinales para exigir la renuncia. Y fueron jóvenes artistas los que, sin detener el tránsito, realizaron una novedosa encuesta que dio como resultado que la demanda de la renuncia presidencial es casi unánime.
Hoy los representantes de los grandes bufetes, «los jueces del establishment» como los llama Nómada, lanzan chalecos salvavidas a un presidente más que desposeído de poder y legitimidad bajo el falaz argumento de que su enjuiciamiento hace peligrar la institucionalidad del país, con el cual asumen una función paternalista que el sistema jurídico nacional no les ha concedido. Renunciando a su función de hacer respetar el texto constitucional, esos jueces sueñan con reponer hojas en el calendario y con volver todo a cuando bajo los mismos argumentos impidieron participar en elecciones a una candidata o enredaron el juicio por genocidio para salvar a sus patrones. Un juez no puede fallar según las circunstancias y los intereses, sino con coherencia y apego a la ley. Si en 2011 esa misma corte rechazó un pedido similar de la licenciada Karen Fischer contra el entonces presidente, precisamente porque no estaba directamente implicada, resulta evidente amiguismo y confabulación que esta vez esos mismos jueces acepten, de esa misma abogada, un pedido amparado en las mismas circunstancias, ahora para proteger no la institucionalidad del país, sino a su amigo y posible patrón.
En el intento desesperado de restituir el orden, que a partir de las denuncias de la Cicig se ha modificado, los diplomáticos manipulan, junto con estos jueces, apoyos internacionales a cambio de votos, dirigentes sindicales movilizan sus bases con el engaño de que sus incrementos salariales peligran y sus supuestos intelectuales acusan a la Cicig de ser un brazo mecánico del colonialismo americano, todos asustados porque sus beneficios y prebendas peligran y porque el país ya no es el que ellos creían suyo.
Guatemala ha cambiado significativamente. Tal vez nuestros logros no alcancen los de Túnez o ni siquiera los de Egipto, como atinadamente nos lo advierte Bernardo Arévalo, pero lo ganado nadie nos lo quita. Y si en 2013 los turcos defendieron con sangre una plaza y consiguieron muy poco, pero dos años después lograron remover el régimen conservador, los guatemaltecos bien podemos pensar que, si ya logramos el retiro de la vicepresidenta y buena parte de la cleptócrata corte del militar Pérez Molina, bien podremos conseguir, si seguimos adelante, modificaciones profundas a nuestro sistema político, que necesariamente deberán ser hechas por los futuros legisladores, y no por quienes durante cuatro años ni siquiera lo han intentado, de modo que desde ahora debemos iniciar una renovación estratégica de ese poder público, lo que pasa necesariamente por una participación activa en el proceso electoral que se avecina.
Más de este autor