El artículo 161 de nuestra Constitución indica con incontestable claridad que los diputados son representantes del pueblo. Sin embargo, desde hace mucho esto suena a una suerte de chiste, algo similar a la reacción de la pequeña Mafalda al leer la definición de democracia. El caso MDF, “fallas” en el tablero electrónico, bloqueo a la aprobación de las leyes de transparencia, reyertas y hasta cohetillos no son precisamente lo que el pueblo espera de sus representantes.
Cada septiembre, el Ejecutivo entrega su proyecto de presupuesto para el año siguiente, despertando todo tipo de expectativas, incluyendo los planes y estrategias para robar, extorsionar y hacer “feria” el erario público. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda es el epicentro de la tragedia anual del presupuesto. Un cártel de hasta 21 diputados que tienen prácticamente potestad ilimitada para modificar, o mejor dicho manosear, el proyecto presentado por el Ejecutivo. Este grupo integrado con tan pocas personas y con tanto poder, debería ser una institución transparente a toda prueba y abierta al escrutinio ciudadano. Deberíamos lograr que integrar esta Comisión implique una extraordinaria disposición a rendir cuentas y a mantenerse cercano a los ciudadanos que supuestamente representan. Los integrantes de esa Comisión debiesen ser los dignatarios de la nación más estricta y constantemente fiscalizados.
Nada más alejado a nuestra realidad. Una Comisión íntegra, legítima y digna hubiese garantizado, como mínimo, que el dictamen del presupuesto para 2013 se mantuviera independiente de la negociación política para la integración de la junta directiva del Congreso, y de la decisión de colocar entre Q.3.5 y Q.4 millardos adicionales de bonos para pagar la mal llamada e ilegal “deuda flotante”.
Pero lo que está aconteciendo es precisamente lo contrario. Anuncian el dictamen favorable precisamente el día que se conoció la elección de la nueva junta directiva del Congreso. Sin embargo, la Comisión no lo ha publicado, y seguramente se conocerá horas o minutos antes que inicie la sesión en la que el Pleno aprobaría el presupuesto.
La opacidad y cerradura de la Comisión de Finanzas son extremas. Incluso, tiene el descaro de informar que ha recibido a más de 50 entidades que han solicitado más presupuesto, y de seguro también, acompañando su solicitud con un óbolo o “gratitud” para los diputados. Sobornos que son los que al final terminan determinando la conformación del presupuesto de inversión pública en infraestructura (el tristemente célebre listado geográfico de obras).
Un sistema perverso en el que cada año a puerta cerrada los diputados se venden (prostituyen) al mejor postor. Postores que pujan como si se tratara de una subasta, y que siguiendo las reglas tácitas de un mercado agresivo e inmoral, diseñan y ejecutan estrategias para capturar la cuota más grande posible del poder legislativo. Cuotas que por supuesto incluyen la integración de instancias como la junta directiva o la comisión de finanzas del Congreso.
No puede haber “urgencia nacional” para aprobar un presupuesto en medio de negociaciones políticas por cuotas de poder legislativo o más deuda para pagar compromisos ilegales. El presupuesto debe debatirse con apertura y transparencia.
La única salida a semejante estado de cosas es más participación ciudadana, activa y enérgica. Por ello, insisto y reitero que todos debiésemos estar exigiendo que antes del presupuesto deben aprobarse las leyes de transparencia. En tanto continuemos siendo una ciudadanía apática y pasiva, incapaz de por lo menos asegurarnos eso, las soluciones a nuestros problemas permanecerán fuera de nuestro alcance.
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