Así, el PP luego de ser una de las dos fuerzas políticas que bloqueó el Congreso en 2011, hoy parece controlarlo.
El presupuesto de 2012, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la “ley Antievasión II”, entre otras leyes recientemente aprobadas, constituyen demostraciones de este control. Con este ímpetu, días atrás el gobierno presentó al Congreso su propuesta de Reforma Tributaria, quizá el más desafiante elemento de su agenda legislativa.
Sin embargo, esta nueva “aplanadora parlamentaria” tiene a la vista el primer obstáculo opositor: la interpelación del ministro de Finanzas, programada para iniciar pasado mañana. Probando de su mismo veneno, ahora la alianza oficialista está emplazada y bajo presión: si no logra aprobar la Reforma Tributaria hoy martes 14, corre el riesgo de posponerla hasta los días de la Semana Santa.
Este ataque opositor obliga al gobierno a usar todos los recursos a su disposición para acelerar la aprobación de la Reforma antes de la interpelación. Recursos que, como ha sido práctica lamentable en el Congreso, no siempre son legítimos o legales.
Uno de los problemas que el oficialismo debe resolver a toda velocidad es el de la integración de la controvertida y polémica Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la cual debe dictaminar la iniciativa de ley de la Reforma Tributaria. Con el propósito de acelerar la emisión de este dictamen, de los 21 diputados que pueden integrar la Comisión de Finanzas, el pasado viernes solamente 14 se reunieron con las autoridades de Finanzas y de la SAT.
Esos 14 diputados le bastan al oficialismo para dictaminar favorablemente, y buscar aprobar la Reforma Tributaria antes del inicio de la interpelación el jueves 16 de febrero. Para ese fin, a toda costa y por cualquier medio, el oficialismo está optando por cerrar el proceso a consultas ciudadanas, aplastar cualquier oposición y asegurar 105 votos (mayoría calificada).
Y con este esquema maquiavélico es que el oficialismo está procediendo. Es anómalo que en la citada reunión del viernes pasado no participó el pleno de la Comisión de Finanzas, integrado según el método D’Hondt. Este método, si bien justifica que el PP tenga mayoría en dicha Comisión, también obliga la presencia de diputados de todos los partidos. Sin embargo, en la citada reunión del viernes fue notable (e inaceptable), la exclusión de los diputados de Encuentro por Guatemala, WINAQ, URNG o Victoria. Por muy desesperado y apremiante que resulte, no se justifica la exclusión de estas agrupaciones políticas.
Por otro lado, la Comisión de Finanzas dictaminará solo habiendo escuchado a las autoridades de gobierno. Esto no está bien ya que esta iniciativa de ley se fundamenta en la Propuesta de Modernización Fiscal que en 2008 presentó el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF), razón por la cual la Comisión de Finanzas debería, por lo menos, escuchar a este grupo. En particular, encuentro inconcebible que los diputados José Alejandro Arévalo y Carlos Barreda, ambos integrantes del GPDF, hayan estado ausentes en la reunión del viernes pasado o se les excluya de la Comisión de Finanzas.
Estoy a favor de la aprobación pronta de la Reforma Tributaria, pero no por ello debe tolerarse la manipulación de la ya cuestionada Comisión de Finanzas. Nada justifica que en esa importante Comisión se excluya de manera antidemocrática a las fuerzas políticas no alineadas al oficialismo, o las opiniones, criterios y sobre todo los votos de diputados con conocimiento técnico y experiencia en finanzas públicas.
Más de este autor