Pero por muy desgastada que esté, la demanda ciudadana por transparencia no solo sí es válida, sino además vigente. Exige acciones concretas ¡ya!, sin demora.
Nadie con sentido de pragmatismo político se atrevería a ir o manifestarse públicamente en contra de una agenda de transparencia real y efectiva. Todos, especialmente los políticos, saben que es parte de su “capital”. Al final de cuentas es una demanda ciudadana, y la ciudadanía incluye a los votantes.
Sin embargo los “apóstoles” de la transparencia y el combate a la corrupción son especialistas en discursos repletos de retórica vaga e imprecisa. No proponen ni hacen nada efectivo.
Estamos a pocos días de una nueva oportunidad para renovar nuestra demanda por la transparencia. En esta semana, el Ejecutivo debe presentar al Legislativo su proyecto de presupuesto para 2013. Con ese acto formal, arranca una de las negociaciones políticas más intensas, un pulso por el poder para decidir el destino de nuestros impuestos y demás recursos públicos.
El sector privado y la gran mayoría de ciudadanos se oponen a elevar el presupuesto, aún y cuando sabemos que es necesario en educación, salud, seguridad e infraestructura, y en casos urgente. Esta oposición se basa en la percepción de corrupción y mal manejo de todo el presupuesto. Aunque esta percepción unas veces es justificada y otras es por puro pretexto para no pagar impuestos, la solución a la tensión es una agenda de medidas efectivas y verificables contra la corrupción y la opacidad.
Aunque no parezca, hemos logrado avances importantes, en particular en legislación nueva. Uno es la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, sin mutilaciones o excepciones (iniciativas de ley 4450 y 4462). La segunda es la regulación del secreto bancario para fines de fiscalización del pago de impuestos (iniciativas de ley 4326 y 4537), un estándar internacional en materia de transparencia tributaria. Y finalmente, las reformas a las Leyes Orgánicas del Presupuesto, de la SAT y de la Contraloría General de Cuentas (iniciativa 4461). Todas a un paso de ser aprobadas.
Pero, ¿por qué el Congreso no las aprueba? Todos fuimos testigos del vergonzoso escándalo en junio, cuando por una supuesta “falla” del tablero electrónico en el Congreso no se aprobó de urgencia nacional la ley contra el enriquecimiento ilícito. La iniciativa 4461 ya fue dictaminada por la Comisión de Transparencia, pero no por la de Legislación, porque algunos diputados no quieren… ¿quiénes? Y la ley para regular el secreto bancario enfrenta oposición fiera del sector privado, alegando riesgo de fuga de capitales en la banca fuera de plaza (offshore). ¿Será porque la banca offshore es un corredor de alta velocidad de evasión de impuestos, lavado de dinero y otros ilícitos? ¿De qué guatemaltecos serían las ganancias no reportadas a la SAT que aparecerían en la banca offshore?
Al imponer la condición de la aprobación de estas leyes, la oposición resultante podría, por fin, revelar qué “apóstoles” de la transparencia son en realidad falsos profetas. Y es que a quienes se oponen a estas tres leyes de transparencia (corruptos, evasores, narcos, financistas tramposos de campañas electorales… con un “etcétera” de personajes demasiado grande y fétido), no les gusta la luz pública. Son como alimañas nocturnas y rastreras que actúan bajo la cubierta del anonimato.
Si todos exigimos la aprobación de esas tres leyes, cuando se opongan podremos verlos salir a luz y mostrar su verdadero rostro podrido en corrupción y enriquecimiento ilícito y cruel. Ese que ya no queremos más en nuestra sociedad.
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