Este jueves 6 de agosto, nueve años y un mes después de la última vez que fue vista con vida, se da la noticia de la muerte de Roberto Barreda, principal sospechoso de la presunta muerte de Cristina. ¿Un hecho real la muerte de Barreda? Faltará tiempo para comprobarlo a cabalidad. Si suponemos que no es así (en Guatemala todo es posible, lo sabemos), nos queda la confianza de que el agresor tarde o temprano volverá a las andadas y de que, por mucho que escape, a su pesar, no podrá huir de sí mismo. Hay que esperar.
En todo caso, lo que la muerte de Barreda supone, de ser cierta, es la confirmación de cómo operan las leyes en nuestro país. Han transcurrido nueve años desde la desaparición de Cristina y, pese a tener a un sospechoso en prisión, el sistema de justicia ha sido incapaz de llevar al presunto culpable a un juicio en el que se resuelva dicho crimen de una vez por todas.
¿Qué nos muestra ello? Pues, como pasa con el resto de las instituciones del Estado, nada más y nada menos que el Organismo Judicial y lo que este implica en su conjunto no solo no funcionan, sino que están marcados por el resto de los vicios de los cuales están impregnados los otros poderes: corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y un gran etcétera.
Hace nueve años Cristina fue víctima de violencia dentro de su casa. De eso sí se tiene constancia por los testimonios que se han recabado a través de los años. ¿Qué pasó después? Para el gran público, la incógnita y solo las suposiciones. Cuando se dieron los hechos, en 2011, la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer apenas se estaba implementando. Vemos que, nueve años después, en la práctica, lo poco que se había avanzado de unos años para acá, en lugar de afirmarse o al menos mantenerse, ha retrocedido con la actual administración del Ministerio Público, por mencionar una sola instancia.
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Hace nueve años la violencia doméstica provocó que una mujer, una guatemalteca, una madre de familia, una hija, una hermana, una amiga, una persona honrada que cumplía con su rol ciudadano, por no mencionar las cualidades personales que quienes la conocieron ponderan, perdiera la vida. Nueve años y un mes después, el Estado de nuevo vuelve a desaparecerla al morir, por covid-19, el presunto responsable de su presunto asesinato.
Por ello, Cristina ha sido doblemente asesinada: por la violencia en el ámbito de lo privado, por la violencia en el ámbito de lo público.
En un país donde la ley se ejecuta, cuando se puede, solo en la inmediatez de lo acontecido, el caso de Cristina se empantanará tanto que será imposible darle seguimiento. Sin el cuerpo del delito, sin el presunto responsable, será solo cuestión de días o meses para que todo pase al olvido.
Sin duda, todos perdemos con ello. Su familia, para la cual estos años han sido una verdadera y continua tragedia, quienes la conocieron y quienes nos hermanamos con ella estamos de nuevo de luto.
Hace nueve años Cristina desapareció víctima de la violencia dentro de casa. Hoy la posibilidad de tener un descanso justo le fue arrebatada de nuevo. Hace nueve años el Estado, primero, fue incapaz de proporcionarle los medios seguros para que tuviera la confianza de denunciar la situación y de sentirse protegida, no vulnerada. Luego, fue incapaz de llevar a cabo un juicio rápido y efectivo en contra del presunto sospechoso de su desaparición pese a contar con los elementos para hacerlo. Finalmente, ahora, nueve años después, el Estado es incapaz de resguardar la vida, la salud y la integridad del principal sospechoso de la desaparición de Cristina.
Si esto ha sucedido en un caso en el que se han invertido tantos recursos para lograr que la verdad se conozca y se haga justicia, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos?
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