De esa manera, el solo hecho de que anunciara su disposición a competir por la presidencia de la república dio paso a la conspiración más grande de los últimos años en Guatemala, una conspiración de tal magnitud que únicamente es superada por aquella que en 1954 destruyó las aspiraciones de progreso en paz y democracia. Esa conspiración empezó con las acciones emprendidas por el sector empresarial coludido con actores políticos a fin de minar la credibilidad de la lucha contra la impunidad y mermar los respaldos internacionales a esta. La siguió la acción del Ejecutivo para primero expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y luego buscar por todos los medios deshacerse de la misión en pleno, al extremo de que, pese a ser una misión internacional, carece de seguridad por parte del Estado de Guatemala: una falla gigante en los convenios a los que este se obliga según el derecho internacional.
El último tramo de la ruta para retomar el camino de la impunidad, emprendido por el Pacto de Corruptos y la Alianza Criminal, es impedir la candidatura presidencial de Thelma Aldana, promovida por el partido político Movimiento Semilla. Para ello hubo acciones tramposas que incluyeron objeciones absurdas como la del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que aplazaron el registro de Semilla innecesariamente. Así, un conjunto de hechos terminó por cancelar la posibilidad de participación de Aldana como aspirante a la presidencia.
Pero la alineación astral que permitió tal circunstancia está muy lejos de responder a la casualidad. Son varios los cuerpos visibles dentro de la operación. A la cabeza de esta aparece la jefatura del Ministerio Público (MP), conducido por Consuelo Porras, quien operó por medio de la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, a cargo de Melvin Medina. También se observa la arquitectura corrupta de impunidad en el Organismo Judicial, representada en este caso por el juez Víctor Cruz, quien ha recibido vehículo blindado y protección de la mismísima oficina de seguridad presidencial. Parte fundamental del guion es el titular en funciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Fernando Fernández. La guinda del pastel llega con el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart.
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Por órdenes de Porras, la unidad que dirige Medina operó, incluso en fin de semana, con tal de tener lista la denuncia contra Thelma Aldana. Sin que se lo solicitara el MP, Cruz emitió una orden de captura que fue tramitada de forma expedita por Degenhart. De este modo, la ausencia de Aldana fue convertida en fuga judicial para documentar la campaña de desprestigio. En el ínterin, Fernández, con base en una norma de menor rango a la Ley Electoral, resolvió de oficio anular el finiquito extendido a Aldana. Cabe recordar que este último funcionario fue fortalecido en la CGC durante la administración Carlos Mencos, hoy aspirante al Congreso por el distrito de Escuintla con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
No todos los nombres y rostros de la estructura que conspiró son visibles, ya que no todos son funcionarios públicos. Hay otros que aparecen tras bambalinas y que han sido parte activa y patrocinadora de la acción encaminada a destruir el avance obtenido en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esos otros nombres y rostros son los que tradicionalmente se han beneficiado de los privilegios que el control económico y político les ha dado a lo largo de la historia. Son los grandes titiriteros, que ahora no tienen a los conspiradores con nombre y rostro conocido como sus empleados, como fue otrora, sino como sus socios y compinches de pleno derecho, pues se sientan a negociar y a repartirse el pastel de las riquezas nacionales y los recursos estatales.
El que Thelma Aldana no pueda participar como candidata presidencial es un hecho gravísimo que puede ser de fatales consecuencias para este empobrecido país, a menos que una claridad electoral borre, voto a voto, las carcajadas de la corrupción.
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