Al reiterado anuncio desinformador de las radios y de los canales de televisión propiedad de Ángel González y de su esposa, ahora prófuga de la justicia guatemalteca, se sumaron otros dueños de medios impresos para poner en el mismo saco a los partidos de izquierda de América Latina, al movimiento social y a los prófugos de la justicia. José Rubén Zamora, por ejemplo, aprovechó para intentar matar dos pájaros de un tiro: atacar a González y a su prófuga esposa y, cumpliendo con lo convenido entre los grandes propietarios de medios de comunicación en el continente, en cuyo clan no participa González, atacar a todos los gobiernos y partidos de izquierda sin distingo.
Es cierto que la resolución de ese cónclave político es confusa, pero de ahí a decir, como tituló Zamora, que la «izquierda continental rechaza a la Cicig» hay cientos de kilómetros de distancia. En su nota, el dueño de El Periódico cita, como una de las 23 resoluciones, párrafos que forman parte del documento base (DB) circulado semanas antes de la realización del foro. Craso error en un periodista profesional de su talla.
Pero Zamora, como los de Radio Sonora y los canales de televisión abierta propiedad de González y de su prófuga esposa, extrae de esos párrafos conclusiones osadas, pues, leídos con estricto apego a su contenido, su sentido es muy diferente. En el párrafo 6 de la página 14 de ese DB se afirma que:
En Guatemala, Estados Unidos está aprovechando el trabajo a favor del fortalecimiento de la justicia que ha impulsado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU, originalmente a raíz de los acuerdos de paz, para desmantelar las estructuras de poder paralelo que sembraron el terror en el país entre 1954 y los primeros años de la década del noventa. En ese sentido, aunque el fortalecimiento de la justicia que se está produciendo en Guatemala es real y beneficioso para el país, la intención de Estados Unidos es crear un efecto demostración que les [sic] permita promover comisiones internacionales similares, controladas por ellos, como ya pasó en Honduras con la creación de una comisión en el marco de la OEA para intentar desestabilizar al gobierno del FMLN en El Salvador. Y probablemente intentaría hacerlo más tarde en contra del FSLN en Nicaragua [resaltados nuestros].
Nótese que lo que se señala es el temor de que en dos naciones donde gobiernan organizaciones de izquierda ya no tan semejantes entre sí se aplique algo parecido a la Cicig en Guatemala, donde Estados Unidos se está «aprovechando» (valerse de algo para su provecho) de ese trabajo. No se dice que se manipula, controla o algo parecido. Mucho menos se emite una opinión de rechazo a la comisión.
Evidentemente, el temor manifestado por los partidos aludidos es equivocado, pues, si se reaplicase el modelo guatemalteco, se tendría que contar con la autorización expresa del Congreso, que en Nicaragua es totalmente dominado por el FSLN y autorizado por el Ejecutivo. Tampoco lo aceptaría fácilmente Arena en El Salvador, pues, con fuerte presencia en el Congreso, ya el juicio al expresidente Flores, surgido sin apoyo de ninguna agencia internacional, puso en aprietos a su cúpula y a sus allegados, que solo se escaparon de él tras la muerte del acusado.
En ese mismo DB, en el párrafo siguiente, no citado ni comentado ni por Zamora ni por los canales de televisión de González, se dice:
Un conjunto de factores, incluyendo las movilizaciones que de abril a septiembre se produjeron en buena parte del país [Guatemala], pero en especial las investigaciones penales por casos de corrupción que han desarrollado la Cicig y el Ministerio Público [resaltado nuestro], han producido, además, la captura de dos expresidentes del Congreso de la República, de varios exdiputados, y la solicitud de antejuicio en contra de otros dos expresidentes del Congreso y de cinco diputados más.
En resumen, Guatemala vive una crisis de institucionalidad que afecta a los tres organismos de Estado, y en especial a varias de sus instituciones, destacando el caso de las fuerzas armadas. Esta coyuntura resulta favorable para las fuerzas de izquierda que promueven la construcción de una amplia alianza de fuerzas de izquierda y progresistas para transformar el país. La propuesta incluye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, integrada con representación de pueblos indígenas, sectores sociales y partidos políticos, para producir una nueva Constitución y la creación del Estado plurinacional (págs. 14-15).
Nada, pues, de crítica o condena a la Cicig. Se reconoció no solo la calidad e independencia del MP y de la Cicig en los éxitos conseguidos, sino que se les otorga la responsabilidad principal en esos logros por encima de las propias movilizaciones. Nada hay en esos párrafos de acusación de una manipulación imperialista o estadounidense, mucho menos de condena al ente internacional. Sí hay una visión falsa e idealista de las izquierdas guatemaltecas, pero esa ya es harina de otro costal, motivo tal vez de otra nota. Lo de la asamblea nacional constituyente, por ejemplo, es por ahora una de las banderas del grupo de Panamá, encabezado por Serrano Elías, pero aún no es una propuesta que movilice y unifique al movimiento social y político guatemalteco.
En realidad, la alharaca y el aspaviento los armaron las radios y los canales de televisión propiedad de González al conocer la declaración final del Foro, en la que sí se afirma que la Cicig es el caso emblemático del intento de Estados Unidos por arrogarse prerrogativas fiscalizadoras. La resolución en toda su extensión dice:
La izquierda impulsa la transparencia, la honradez en el uso y el manejo de los recursos públicos. Y nos manifestamos en contra de la pretensión de Estados Unidos de arrogarse prerrogativas fiscalizadoras en el enfrentamiento de la corrupción, irrespetando la soberanía de nuestros pueblos mediante mecanismos inconstitucionales [resaltado nuestro], resultado de lo cual llama la atención que no han sido señaladas ni afectadas las figuras políticas vinculadas con la oligarquía, de donde provienen los más grandes actos de corrupción, lo cual es también un engendro del intervencionismo imperialista. El caso de la Cicig en Guatemala es emblemático en ese sentido, pero el mismo pueblo guatemalteco ha demostrado que no se necesita la tutela imperial mediante organismos intervencionistas para enfrentar la corrupción, pues la garantía para eso es la capacidad de lucha de los sectores populares, siempre que se cuente con un movimiento revolucionario unido, organizado y a la altura de su misión histórica.
Como se sabe, el foro está integrado por una amplia gama de partidos políticos de la izquierda latinoamericana, del PRD dominicano al Comunista chileno, del FSLN nicaragüense al PDT brasileño, pasando por la URNG-Maíz y por Convergencia (ex-ANN) de Guatemala.
En su muro personal de Facebook, Juan Ramón Ruiz, miembro del CEN de la URNG, quien estuvo presente en el debate de aprobación de esa declaración final, afirma:
En representación de la URNG (y congruentes también con lo señalado por el movimiento político Winaq), razonamos nuestro voto después de la lectura de la declaración final aclarando […] que pedíamos respeto a los mecanismos de combate a la corrupción y a la impunidad, constituidos y solicitados libre y soberanamente como guatemaltecos/as, derivados de los acuerdos de paz (el mandato de Cicig parte del compromiso no. 4 del Acuerdo Global de Derechos Humanos), siendo dichos mecanismos constitucionales en el caso de Guatemala; que en el caso de Guatemala sí se ha sindicado a personajes vinculados con la oligarquía en casos de corrupción, tal el caso de expresidentes de juntas directivas de dos conocidos bancos del sistema, de la principal compañía farmacéutica que ha hecho negocios durante décadas con diversos gobiernos guatemaltecos y de expresidentes del Congreso también vinculados directamente a los sectores tradicionales de poder [resaltados en el original].
Sin embargo, los redactores finales no lo escucharon y dejaron el párrafo como había sido redactado por quienes no conocen la realidad guatemalteca o, conociéndola, tienen interpretaciones sesgadas por otros intereses. No reaccionó en contra la dirección de Convergencia (ex-ANN), cuya comisión política hizo pública su posición supuestamente el 20 de junio, una semana antes de la realización del foro, en un documento titulado Guatemala, país ocupado. En ella, en una confusa y trasnochada concepción del imperialismo, se intenta demostrar que la Cicig es instrumento de este, tanto para evitar que en Guatemala se amplíen las luchas sociales como para atacar a otros gobiernos de la región, y que, «con su abierta intervención, Estados Unidos busca imponer cambios al obsoleto modelo oligárquico de dominación».
Son esas ideas y esos conceptos los que se impusieron en la resolución del foro, por lo cual, más que decir que la izquierda continental critica a la Cicig, habría que decir, con base en todos los hechos, que la dirigencia nacional de uno de los partidos surgidos de la exguerrilla curiosamente coincide en el fondo, y hasta en la forma, en las descalificaciones que de la Cicig hace la ultraderecha guatemalteca para intentar esconder sus crímenes.
Los diputados de Convergencia han tomado distancia de tan descabellados, ahistóricos e irracionales comunicado y resolución. El movimiento social y las izquierdas de distinto tipo han manifestado ya su rechazo y su apoyo a la Cicig y al MP en sus acciones. Ahora será cuestión de saber si las alianzas de la ultraderecha, con esa visión ahistórica de la izquierda, se concretan o si, en su propia descomposición, ambas dan paso a nuevas izquierdas y derechas mucho más coherentes con el signo de los tiempos.
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