Según la publicación, firmada por Dina Fernández, directora de ese medio, el presidente del Grupo Financiero Bantrab, Sergio Hernández; el gerente general, Ronald García; y el integrante de la Junta Directiva, Eduardo José Liu Yon, y el empresario venezolano, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, pactaron en la ciudad de Miami (Estados Unidos), el 14 de mayo de 2012, un “Acuerdo de entendimiento”, en el que estipularon la forma para apropiarse del 80% de las acciones de Bantrab.
Esta operación, que no llegó a concretarse, hubiera perjudicado a más de medio millón de accionistas del Bantrab, entre ellos el Estado de Guatemala y miles de trabajadores que capitalizaron esa entidad mediante aportes de su salario, en las décadas de 1960, 1970 y 1980.
El pacto entre los ejecutivos de Bantrab, que se identificaban como "G3", y Socorro Urdaneta, habría permanecido oculto de no ser porque forma parte de un proceso judicial que se ventiló en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde Bantrab fue acusado y condenado por un impago a un consultor financiero. La juez Ursula Ungaro, a cargo del proceso, ordenó una requisa electrónica de las computadoras de Bantrab y gracias a este procedimiento, fue encontrado el documento.
El acuerdo, según Soy502, establece que Bantrab acepta realizar una emisión de US$20 millones de acciones preferentes —más de Q156 millones, cerca del 80% del capital autorizado del banco que es de Q200 millones— sin voto, perpetuas y con un dividendo garantizado de 12% o “la proporción de los dividendos declarados anualmente, lo que sea mayor”.
También señala que para suscribir las acciones se utilizará una compañía denominada “Vehículo de Inversión Especial o VIE”, y que el lote accionario debe cancelarse en un solo pago, aportado por Socorro Urdaneta. Así como que tanto el G3 como el inversionista venezolano tendrán participación por partes iguales (50/50) en el VIE,” inmediatamente después de ejecutar la adquisición de acciones preferentes”. De esta forma, Hernández, García y Liu Yon, se apropiarían de un lote accionario equivalente al 40% del total del capital autorizado del banco, y el venezolano se quedaría con el otro 40%.
Por su participación en el negoció, el G3 se comprometió a pagarle 10 millones de dólares al venezolano, en un máximo de cuatro años, con “los flujos provenientes de su participación accionaria”, es decir, del mismo dinero que van a recibir por el trato.
Aunque el documento establece que las acciones que adquiriría el “G3” con Socorro eran preferentes, sin derecho a voto, en uno de sus considerandos, señala que “en el momento en que las condiciones legales lo permitan, procederán a la conversión de acciones preferentes a acciones comunes, con los mismos privilegios que a éstas últimas les pueda proporcionar su ley de creación o pacto social”. De ahí que se sospeche que existía un plan de transformar las acciones preferentes, sin voto, a acciones comunes, con voz y voto. Esta intención se refuerza en la cláusula quinta, donde se indica que “mientras las acciones preferentes no sean convertidas a acciones comunes, Hidalgo Socorro tiene el derecho de participar, cuando lo considere necesario, a través de un delegado que en su calidad de asesor podrá ser invitado a la sesión las sesiones de Junta Directiva de Bantrab”.
Un año después de suscrito el “Acuerdo de entendimiento” secreto, la SIB autorizó una emisión de acciones preferentes de Bantrab a favor de la entidad registrada en Panamá DHK Finance Inc., por medio de la resolución 401-2013, fechada el 27 de mayo de 2013. El inversionista venezolano es el representante de esa empresa, la cual invirtió los US$20 millones en acciones preferentes Serie B del Bantrab, equivalentes a más de Q165 millones, adquiridas a Q10 cada una. Fuentes oficiales allegadas a la investigación, que solicitaron el anonimato, aseguraron a Soy502 que además de ejecutar esta operación, DHK Finance Inc., recibió dividendos por varios millones de quetzales en 2013 y 2014.
El 17 de mayo pasado, el presidente Jimmy Morales destituyó a Hernández de la Presidencia de Bantrab. El mandatario no explicó los motivos de la remoción, pero fuentes oficiales ligadas a la investigación aseguran que la esa negociación fraudulenta motivó su decisión. Un mes después, el 8 de abril, el lote accionario fue embargado por el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda. Las autoridades creen que esta inversión es el resultado del “Acuerdo de entendimiento” que el “G3” de Bantrab realizó con Socorro Urdaneta.
El Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, aseguró que la posición financiera de Bantrab es sólida y que no debe verse afectada por lo que individuos puedan haber hecho a título personal. "Corresponde al Ministerio Público y los tribunales determinar si hay responsabilidad de los firmantes", indicó.
En el transcurso del proceso en la Corte del Distrito Sur de Florida, los banqueros guatemaltecos fueron interrogados respecto del “Acuerdo de entendimiento”, relata Soy502, y tanto Hernández como García indicaron no recordar que lo habían firmado y no reconocieron sus firmas. Sergio Hernández, presidente del Bantrab, negó haber firmado dicho acuerdo y señaló que las acusaciones son parte de una conspiración con alcance internacional. Sin embargo, Liu Yon, reconoció ante la Corte de La Florida la autenticidad del documento, de su firma y la de sus compañeros. También recordó haberlo suscrito, haber hecho una copia física del mismo, que los tres ejecutivos guatemaltecos se hacían llamar G3, así como haber recibido más correos electrónicos sobre la sesión en la cual “el Acuerdo de entendimiento” se pactó y firmó.
La juez Ursula Ungaro, a cargo del proceso, condenó a Bantrab a pagar su deuda, y emitió contra el banco y los tres ejecutivos una sanción inapelable de US$161.911 dólares, por haber actuado de mala fe y causado retrasos significativos en el proceso.
Hernández aseguró a Soy502 que su registro migratorio comprueba que él no estuvo en Miami el 14 de mayo de 2012, fecha que encabeza el "Acuerdo de entendimiento", e insistió en que no firmó el documento y que jamás podría haberse comprometido a realizar una transacción ilegal y contraria a la ley orgánica de la entidad.
En el expediente judicial que se encuentra en la Corte del Distrito Sur de Florida, obra un correo electrónico fechado el 10 de octubre de 2013, que habría sido enviado por Ronald García, gerente de Bantrab, a Sergio Hernández, donde le advierte que “la alianza” se llevó a cabo sin tener la venia de la Superintendencia de Bancos, así como en la imposibilidad de convertir las acciones de preferentes a comunes. Por lo que le propone dejar sin efecto el “Acuerdo de entendimiento” suscrito en el año 2012.
Una estructura para burlar la ley
El exministro de Finanzas, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, y exdirector del Banco Centroamericano de Integración Económica, Edgar Balsells Conde, señaló en Soy502 que “sería gravísimo que los ejecutivos de Bantrab hayan firmado y ejecutado este acuerdo”, porque ello implica varias violaciones a las leyes bancarias del país, a la Ley Orgánica del Bantrab, y a las regulaciones internacionales. “El capital de un banco jamás se podría modificar en un convenio confidencial, privado o escondido, menos en un banco como éste que tiene carácter público”, precisó.
Por su parte, el abogado mercantil y tributarista Mario Archila, indicó que “el artículo 26 de la Ley Orgánica de Bantrab prohíbe que una persona individual o jurídica pueda poseer más de 2 mil acciones comunes”, y que las acciones preferentes “jamás” podían ser convertidas a comunes. “Sospecho que no hubo revelación suficiente, ni a los accionistas ni a la SIB. Cuando entra un accionista nuevo, hay protección de minorías, no se puede diluir así a los demás”, el documento revelaría que se construyó una estructura para burlar la ley, añadió.
En una entrevista con la revista ContraPoder, publicada el pasado 22 de abril, Socorro Urdaneta reveló que “alguien se quiere quedar con ese banco y no soy yo”, sin proporcionar mayores detalles.
El 24 de abril, la calificadora de riesgo Moody´s bajó la calificación de la perspectiva de Bantrab de “estable” a “negativa” por el embargo de las acciones de DHK Finance, Inc. Pese a ello, el titular de la SIB, José Alejandro Arévalo, asegura que la posición de Bantrab es sólida, pues éste es un problema de personas, no de la institución.