En este escenario, en el que algunos sectores aún consideran que existe cierta incertidumbre en el proceso, resulta indispensable repasar las facultades del TSE, como máxima autoridad en materia electoral. Su misión y visión contempla que es una entidad «independiente, no supeditada a organismo alguno del Estado, que promueve el ejercicio de la ciudadanía plena, igualitaria e inclusiva y la participación de las organizaciones políticas, para garantizar el derecho de elegir y ser electo, así como facilitar el óptimo funcionamiento de los órganos electorales temporales, con el fin de alcanzar la consolidación de la democracia», «que respeta y da garantía de la voluntad popular en los procesos electorales, transparentes e incluyentes manteniendo la confianza ciudadana en la justicia electoral».
El pasado 25 de junio, la ciudadanía guatemalteca eligió en un proceso bajo la observación de administradores electorales, representantes de los partidos políticos, sociedad civil, observadores nacionales e internacionales, quienes manifestaron su aprobación a la jornada electoral.
Resulta indispensable entonces dejar fuera estos distractores. Que la autoridad del TSE se sostenga hasta la última instancia del proceso electoral, que sea efectivamente el encargado de mitigar tensiones y solucionarlas conforme a la legislación electoral, neutra, eficaz e independientemente. Hay mucho en riesgo, la realidad nacional ha demostrado que cualquier alteración de estas etapas, desinformación u otro caso que pueda dar lugar a favorecer intereses políticos particulares, restan credibilidad al proceso, desgastan la moral del electorado y ocasionan mayor apatía y rechazo.
De acuerdo al calendario de elecciones 2023, el proceso se encuentra en la tercera fase, que corresponde a los eventos eleccionarios. Entonces, sin excusas ni atrasos, conforme a lo planificado, urge enfocarse exclusivamente en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, ya no deben existir más retrasos, ni interferencias de instituciones que parecieran rendir cuentas a estructuras corruptas y criminales más que ser instituciones al servicio público.
Es importante continuar garantizando la realización de la segunda ronda de la votación presidencial prevista para el 20 de agosto. Hasta la toma de posesión de las autoridades electas, planificada para el 14 de enero de 2024, el TSE debe hacerse cargo, según lo establecido en sus funciones, y cerrar con la tercera fase este proceso, tal como se ha hecho bajo el sistema democrático.
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Si bien se perdió tiempo valioso, aún es suficiente para que las organizaciones que compiten en la segunda vuelta tomen su lugar en la contienda y hagan un buen trabajo. No debe olvidarse lo importante que es llamar a las urnas a la ciudadanía en un entorno transparente, que las organizaciones se enfoquen a presentar sus propuestas y programas de trabajo. Los partidos políticos debieran estar trabajando para fortalecer sus planes de trabajo, en acercamientos a los territorios y a los pueblos, en organizarse, trabajando por alianzas, preparando sus propuestas de equipo de gobierno, y no entre jueces y juzgados.
Es importante destacar también a los medios de comunicación por el papel que han jugado como conductores de las propuestas electorales. La democracia los necesita como vínculos, plataformas y controladores de información, con imparcialidad. En la actualidad constituyen la forma más importante en que la gran mayoría de los partidos políticos dan a conocer sus mensajes y solicitan el voto. Sin embargo, en la realidad, puede suceder que sus mensajes se reproduzcan muy rápido y cualquier información verídica puede ser desplazada por falsedades o viceversa. Por ello, se necesitan reacciones inmediatas que eviten confusión, capaces de desmentir y denunciar.
Es responsabilidad de la ciudadanía la participación activa ante los hechos, para evitar ser víctimas de la desinformación o cómplices de este capricho que busca deslegitimar y menospreciar los resultados y la voluntad de un pueblo, la decisión tomada en urnas. Es importante también acercarse a las organizaciones políticas y las candidaturas en contienda, indagar sobre los planes de gobierno, conocer la postura y prioridades políticas. Indagar sobre las propuestas de trabajo, y si son coherentes con la realidad local y nacional. Conjuntamente con los planes de trabajo, verificar si proponen mecanismos de rendición de cuentas, las herramientas que permitirán monitorear, evaluar el desempeño de los resultados y los recursos para cumplir metas. Contemplar estas exigencias mínimas garantizará la auditoría social sobre el quehacer público de quienes resulten o ya fueron electos.
Que en esta fiesta cívica cada pieza cumpla con sus obligaciones y haga valer sus derechos. Que no se convierta en otro mal espectáculo para nuestra historia.
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