Durante las últimas semanas la población guatemalteca se ha enfrentado a una enorme cantidad de contenido mediático, principalmente por el rumbo que ha tomado el proceso electoral. Las actuales autoridades de gobierno poco o nada han manifestado sobre esta crisis, manteniéndose prácticamente herméticas.
En cuanto a cómo se están ejecutando los recursos públicos, las cifras oficiales en el Sistema de Contabilidad Integrada permiten conocer el panorama financiero y el destino de la inversión (ver cifras agregadas en la tabla). El presupuesto total vigente del Gobierno central al 30 de junio 2023 se ha incrementado en Q2,716.0 millones respecto al presupuesto inicial. Este incremento tan significativo estuvo motivado principalmente por la programación de nuevas obras de infraestructura vial, por subsidios y programas sociales. Mientras que la ejecución de algunas entidades se ha quedado retrasada, como ha sucedido cada 4 años, la gestión actual del gobierno pareciera influenciada por el proceso de elecciones.
Sobre la planificación y uso de estos recursos públicos es importante enfatizar las variaciones más significativas:
· Los mayores incrementos entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente al cierre de junio se asignaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, en programas destinados al desarrollo de la infraestructura vial, que incluye la construcción de puentes, el mantenimiento de la red vial, la atención de los desastres asociados a fenómenos naturales y calamidades públicas, y para el subsidio a la energía eléctrica.
Si bien la inversión pública en infraestructura es indispensable, estos grandes proyectos, muy costosos y poco planificados, frecuentemente constituyen espacios para malversaciones o la manipulación con fines políticos electorales. En este caso, la inversión pública desproporcionada en infraestructura vial pareciera que en 2023 tenía la intención de favorecer a los políticos que buscaban reelegirse.
· En orden de importancia, se evidencia, además, un incremento en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual está dirigido, casi en su totalidad, al programa de aporte económico al adulto mayor; en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a las transferencias monetarias del programa temporal de desarrollo integral; y, en el Ministerio de Energía y Minas, para el subsidio temporal al gas propano.
La crítica al incremento presupuestario para el subsidio al gas propano es porque no es universal y es poco efectivo, ya que no llega a la población con menores posibilidades económicas. Las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de hogares en condición de vulnerabilidad, dependiendo del territorio, no utilizan gas propano, dado que su principal medio para cocinar alimentos es la leña. En el caso del subsidio a la electricidad, también hay evidencias de que un alto porcentaje de los hogares en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad no tienen acceso a servicios de electricidad, por lo que no fueron beneficiados. En ambos casos, los montos millonarios dirigidos para estos subsidios quedan en manos de unas cuantas empresas.
Históricamente, los programas de aporte económico para el adulto mayor y de transferencias monetarias para las personas beneficiarias del programa de desarrollo integral en el Mides, también han sido manipulados con propósitos políticos, en muchos casos condicionando maliciosamente los beneficios, o desviándolos a sectores de la población que no son los que más los necesitan.
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En conclusión, no es cuestión solamente de inflar los presupuestos, sino, además de los incrementos en las asignaciones presupuestarias, se debe seguir una estrategia, logrando herramientas efectivas de desarrollo, que trasciendan el corto plazo. Sin embargo, en ocasiones anteriores estos paquetes presupuestarios temporales, como la construcción de obra pública o la entrega de programas sociales han sido manipulados y tergiversados como formas de persuadir al electorado, generalmente a favor de las candidaturas oficialistas o aliadas al oficialismo.
Por otra parte, en contraste, al cierre del primer semestre del año se redujeron las asignaciones presupuestarias de algunas entidades, principalmente en programas importantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como el de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica o el de prevención de la mortalidad materna y neonatal. Los recortes más serios en el Ministerio de Educación incluyen los sufridos por las asignaciones presupuestarias para la provisión de textos escolares, para la innovación tecnológica y para becas.
La inversión en educación y salud constituyen herramientas críticas para el bienestar de la ciudadanía, por lo que deberían ser la prioridad. El gobierno debe facilitar los bienes y servicios que benefician a la gran mayoría, principalmente a sectores de la población que el sistema económico margina.
Rechacemos estos recortes presupuestarios en entidades o programas de alto impacto, por las consecuencias negativas para el desarrollo del país. Y ante el hermetismo político, que la distracción mediática no impida exigir resultados y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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