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Una escalada peligrosa
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Una escalada peligrosa

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Tipo de Nota: 
Opinión
20 07 17

Read time: 4 mins

Justo el día que el pueblo xinca, liderado por su Parlamento, recorre las calles de la ciudad capital en demanda de reconocimiento, aparece la amenaza abierta.

Una manta de lado a lado en una de las calles de San Rafael Las Flores conmina a dos defensores de derechos humanos, Yuri Melini y Rafael Maldonado, a no llegar a dicho territorio. Se los declara no bienvenidos. Es el corolario de la campaña en contra del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) y de sus miembros. Es también, peligrosamente, el preámbulo de un eventual ataque directo en contra de ellos o de las comunidades opuestas a la mina San Rafael.

Anteriormente hubo una campaña en medios, redes sociales y publicaciones de prensa, al igual que con el Calas, en contra del Colectivo Madre Selva, de sus integrantes y de las comunidades con que trabajan en las Verapaces. En particular, en contra de las comunidades que resisten la instalación de hidroeléctricas cuyo funcionamiento anárquico, mediante licencias otorgadas ilegalmente, vacía las cuencas hídricas de la región.

Asimismo, el liderazgo de las comunidades de la zona del Polochic, afectadas por los monocultivos extensivos, de palma africana especialmente, ha sido protagonista de campañas de difamación e incluso de procesos penales ilegales. Años atrás el mismo método se empleó contra la población de San Juan Sacatepéquez opuesta a la instalación de una sucursal de Cementos Progreso.

De igual forma, defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan procesos de justicia transicional, las víctimas, personas peticionarias en dichos procesos, periodistas y personal del sistema de justicia o de persecución penal han sido blanco de ataques mediante campañas de agresión mediática. En estos casos también ha habido criminalización por la vía de la difamación o del uso indebido del derecho penal.

Pero ¿cuál es el común denominador de las campañas? Quizá podríamos considerar más de uno. En primer lugar, los elementos centrales del discurso que apela al método de generar confusión mediante la alteración de la realidad. No se trata de exponer falsedades evidentes, sino, mediante la ambigüedad, de sembrar la duda. A esto le sigue la construcción de un enemigo social, al que se le cargan las culpas del actor verdaderamente responsable de los hechos cuestionados. En el peor de los casos, el propagandista se presenta incluso como víctima, cuando es en realidad el agresor. El discurso, al final de cuentas y aunque en distintos ámbitos, resulta ser el mismo al imponer etiquetas y calificativos estereotipados en contra de figuras a las que se les carga cada elemento negativo para aislarlas socialmente.

Otro factor en conjunto son las vocerías del discurso. Actores o actoras operan como orquesta en medios de comunicación corporativos para sostener e imponer las ideas centrales del contenido. Personas desde perfiles múltiples en redes sociales e incluso desde cuentas robotizadas que se emplean para atacar.

Elementos en común que no son meras casualidades. De esa suerte, al parecer, responden a un mismo mecenas o grupo de mecenas. El gasto no es pequeño. Si bien arrancó hace aproximadamente cuatro años, ha dispuesto de varios millones, en forma sostenida, para el pago de sus acciones. Desde la difusión de insertos en medios impresos hasta la producción de videos antes esporádicos y hoy semanales en varios espacios, la obtención de información que luego es falseada y la contratación de abogados para criminalizar y eventualmente defender a cualquier agresor denunciado penalmente.

Es, dadas las características y el alcance en tiempo y espacio, así como en diversidad, un esfuerzo millonario que persigue como fin crear el entorno sociocultural que tolere e incluso justifique una agresión de mayor gravedad en contra de un defensor o una defensora. De esa manera, la manta amenazante en San Rafael Las Flores no es un hecho aislado. Es una muestra palpable del nivel de escalamiento de la intención, del rédito que conlleva la inversión millonaria hasta ahora impulsada y del riesgo gravísimo para quien defiende derechos humanos. Una práctica que en años oscuros de la contrainsurgencia significó incluso oprobiosos actos de genocidio. Una práctica que como sociedad debemos señalar, denunciar y rechazar. El derecho a defender derechos humanos no puede seguir siendo estigmatizado ni perseguido.

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