O sea que era cierto. Es decir, que queremos decir que ya sabíamos que lo era pero que al final uno duda: tanta propaganda, tanta publicidad, tanta maledicencia y lobby apilados así como quien bota una tonelada de basura sobre un río cristalino lo ponen todo turbio y uno duda: la digna Cámara del Agro y la proba Anabella de León, entonces registradora de la Propiedad por la Gracia de Otto, hablaron tan mal pero tan mal de la magistrada María Cristina Fernández, en periódicos, en radios, en los pasillos con eco de las Cortes, la vilipendiaron tanto que uno duda de si tanta saña y vehemencia pueden ser producto solo de los clásicos intereses personales o gremiales o si de veras se estaba violando terriblemente y para siempre el sagrado asunto, el Principio Mayor, Base de Todo Orden Cósmico y Vital, conocido como Propiedad Privada del Todoteniente. Porque uno veía a los agroligarcas tan enconados y a Anabella tan rugiente, tan leonina, y acostumbrados como estamos a que los dueños del asunto siempre tienen la razón, pues parecía raro que no la tuvieran, y además con aquella furia. Y al mismo tiempo uno veía a la jueza tan contra las cuerdas y sin apoyos, y a esos pobrecitos indígenas nuestros de Izabal, como diría Roxana Baldetti, ahí, tan desamparados reclamando derechos sobre las tierras, y a Sergio Beltetón, el abogado del CUC, echándoles la mano, con buenos argumentos e información, claro, pero la cosa es que uno ya sabe, por tradición, que los indígenas nunca tienen la razón, y menos en los tribunales. De modo que es que parecía increíble, así: increíble de verdad, con aquel aire de irrealidad y júbilo como cuando te encuentras un billete viejo en el bolsillo. Pero luego lo pensás bien y todos lo sabemos: que la única certeza (¿jurídica?) es que buena parte de la tierra de este país le fue robada al Estado o a los indígenas, hace bastante más de cien años o hace 30, y a menudo con militares de por medio, como en este caso, y que ahora hablar de registro o catastro es una catástrofe o, cómo les podría decir yo, un gran despelote, porque cómo se les devuelve a los saqueados y cómo se le quita al que después de tanto tiempo y tantas transferencias lo ha obtenido en buena lid, o quizá en mala. Y la pobreza, ay, la pobreza, buff, crece y crece. Entonces lo que pasó es que estas comunidades llevaban un montón de tiempo, hasta décadas, pidiendo que les acreditaran unos terrenos del Estado y de repente resulta que había gente que se los había adueñado con estrategias que son un lío y que ya te contamos una vez en detalle (con exministro metido y todo), y lo llevaron a juicio y ganaron pero todos los que ya hemos dicho montaron en cólera con la magistrada y los muy santos presionaron para que ya no quedara de magistrada la magistrada Fernández, quien por cierto apoyó a Claudia Escobar cuando ella denunció la corrupción de las comisiones de postulación, si se acuerdan, y ahora casi dos años después la CC dice que siempre sí, que la magistrada Fernández tenía razón y que la comunidad tenía razón y que Anabella de León y la Cámara del Agro no tenían razón pese a su vehemencia y su inescrupulosidad. La magistrada ya no es magistrada y Anabella de León ya no es registradora pero la Cámara del Agro nunca deja de ser la Cámara del Agro. E imagínense, si a Fernández le hicieron lo que le hicieron habiendo sido jurisprudentísima y siendo graduada de la Marroquín y con estudios en Harvard y habiendo sido su familia hasta hace poco copropietaria de Prensa Libre… Lo que podría haberle pasado a cualquier otro es pufff, buenóóó… Como al diputado Amílcar Pop, que ganó el amparo de la alcaldía indígena de Chichicastenango contra Telgua y luego le hicieron la vida imposible no por eso, sino por todo su trabajo sobre tierras y comunidades indígenas, que prácticamente lo acusaron de los asesinatos de trabajadores de Cementos Progreso. Recordarán que la CICIG propuso la ley de extinción de dominio para las propiedades mal habidas y el coro angelical de terratenientes solo se quedó tranquilo cuando se aseguraron de que nadie revisaría pecados antiguos. Entonces sí era cierto lo que ya sabíamos, que era que las comunidades tenían las pruebas y la razón, pero así ha sido tantas otras veces antes y el sistema de justicia falló en su contra (“falló”, del verbo “equivocarse”) y ¿por qué ahora no?, se preguntarán ustedes. Y quién sabe, nosotros también nos lo preguntamos, pero ya no es la primera vez, ya cada vez hay más, y quizá cada vez sea más insostenible tomar decisiones guiñando un ojo. Lo mismo y les dio un arrebato como el que nos dio a todos hace unos meses, que dejamos de hacer por unos días como si no pasara nada y empezamos a decir que aquello no era ni medio normal, porque no lo era. Quizá les pasó también: de repente les dio cosa (un prurito, vergüencita) seguir fingiendo que esas propiedades eran legales. O sea, para ir terminando, que los medios no le hemos dado tanta importancia a esta decisión, porque no se la hemos dado, pero estas cosas, si van en serio, y hay que ver si duran, ponen un poco patas arriba el centro de acumulación del viejo poder en el país, la propiedad de la tierra, y de algunas formas del nuevo. Aunque no te lo creás.
