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Tras las pistas de una finca de orígenes dudosos
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Tras las pistas de una finca de orígenes dudosos

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“Nosotros cuando compramos el terreno pedimos a un abogado que hiciera un estudio para comprobar que todo era legal. Hicimos una compra de buena fe”, Carlos Meany Valerio, empresario y exministro de Energía y Minas.
“Por gestionar ese terreno fueron masacrados nuestros padres. Ellos estaban haciendo viajes a la capital, y en los años ochenta, los militares estaban a favor de los finqueros, no les dejaban a los pobres tener tierras, solo a los finqueros”, Héctor Ico Choc, representante de las ocho comunidades que presentaron el amparo ante la CSJ.
La Sala Tercera de Apelaciones declaró en suspenso el título de inscripción de 246 caballerías ubicadas en la Sierra Santa Cruz, a dos horas de El Estor, actualmente en manos de empresarios madereros, por considerar que es falso.
Este terreno de vocación forestal alberga actualmente a 20 comunidades q'eqchíes que reclaman al Estado los títulos de propiedad que llevan gestionando desde los años setenta.
Las comunidades que viven en Sierra Santa Cruz no tienen agua potable ni luz, tampoco un camino trazado, solo cultivan maíz y cardamomo.
Carlos Meany Valerio, empresario y exministro de Energía y Minas, es el accionista de Tableros de Aglomerado S.A., una de las sociedades anónimas que cuenta con 87 caballerías de esa finca.
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El título de propiedad de una finca de 246 caballerías en Sierra Santa Cruz, Izabal, está en pugna. Las inscripciones actuales indican que está en manos de sociedades anónimas relacionadas al negocio de la madera. Una de ellas tiene como accionista al exministro de Energía y Minas, Carlos Meany Valerio. Pero, el origen de la propiedad es dudoso. Si la Corte de Constitucionalidad corrobora la sentencia, las sociedades perderían 83 caballerías, que pasarían al Estado, para finalmente ser entregado el título a comunidades q'eqchíes que llevan reclamándolo desde los años setenta. Este caso ilustra la situación de muchos más, la poca certeza sobre la propiedad.

En noviembre del año pasado la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, recibió una serie de acusaciones por parte de la Cámara del Agro (Camagro) y de la registradora de la Propiedad Anabella de León, en que culpaban a los jueces de despojar a “propietarios legítimos” para entregar los terrenos a las comunidades.

Estas acusaciones hacían referencia a una leer más

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