A veces, dicho arreglo intenta homogenizar a la sociedad por medio de diversos métodos, que van desde el genocidio hasta la asimilación; mientras que en otras ocasiones se reconoce la necesidad de acomodar las diferencias culturales. Sólo el Estado multinacional que, como complemento necesario, se basa en una democracia multicultural logra así ganar legitimidad, lealtad y obediencia por parte de los distintos grupos nacionales o pueblos que habitan en su territorio. En contraste, cuando el Estado es dominado por un solo grupo en detrimento de los otros, se cometen abusos y las probabilidades de la ingobernabilidad aumentan. Las rivalidades étnicas eventualmente se convierten en odios interétnicos que son fácilmente manipulables hacia la violencia.
El Presidente del Organismo Ejecutivo ha propuesto al Congreso de la República modificar la Constitución Política en varios temas importantes pero, posiblemente, el que tendría más consecuencias en el largo plazo es el reconocimiento de los Pueblos Indígenas que habitan dentro del territorio que el Estado pretende dominar.[i]
Dicha propuesta presidencial retoma, en parte, el espíritu del infructuoso intento de reforma en 1998, cuando en base a los Acuerdos de Paz se estableció la necesidad de reconocer a Guatemala como una nación multicultural, pluriétnica y multilingüe. Digo que lo hace parcialmente porque en aquella oportunidad no se quedaba en simple declaración de buenas intenciones, sino que se daba un paso más al reconocerse el derecho consuetudinario y a las tradicionales autoridades indígenas, así como la necesidad de una legislación específica para consultas en decisiones administrativas que pudieran afectar a los Pueblos Indígenas.[ii]
En la consulta popular de 1999, el bloque de reformas constitucionales relacionadas con los pueblos indígenas fue el que más votos favorables recibió, llegando a un 47 por ciento del total de votos válidos para esa pregunta. Ganó la negativa, con un raquítico porcentaje respecto al total del padrón electoral de un 9 por ciento –equivalente a unos 661 mil votantes en el padrón del 2011, es decir, menos de los votos movilizados por el candidato presidencial de CREO en las elecciones recién pasadas. El voto capitalino inclinó la balanza por el NO.[iii]
En la actualidad la apuesta es modesta, aunque siempre hay quienes la ven con suspicacia y pronostican un conflicto interétnico, sin especificar las circunstancias en las cuales se incubaría dicha visión apocalíptica. Hay otros que la ridiculizan sin fundamento, como el CACIF, al afirmar que los menús de los restaurantes tendrían que estar en más de 20 idiomas. Desde la izquierda se le califica como intrascendente, trivial, es decir, sin ningún efecto concreto para mejorar la vida de la población indígena guatemalteca.
Yo, sin embargo, la veo como un cambio simbólico importante. Es cierto que los indígenas no dejarán de ser pobres con esta reforma. Y bien sabemos que el racismo interpersonal no “se cura” con simples declaraciones de principios. Pero el que ahora la nación guatemalteca se reconozca a sí misma como diversa es un paso en la dirección correcta. Es una invitación a la tolerancia, al respeto del Otro, a quien concebimos como diferente en términos culturales, pero al que también entendemos como igual en derechos y obligaciones, de cara a una comunidad imaginada que trasciende credo, etnicidad y condición económica.
Recuerdo que en la época de la privatización de GUATEL se repetía hasta el cansancio que el teléfono más caro era aquel que no se tenía. El mismo argumento podría darse a quienes se oponen hoy a esta reforma en términos de los costos que representaría para el Estado el reconocimiento oficial de los idiomas indígenas. En realidad es más costoso lo que no se ve, lo que no se ha cuantificado, en cuanto al vacío institucional existente y por medio del cual se excluye a la otra mitad de la población.
Finalmente, hay quienes afirman que el tema indígena se ha incluido por el mero interés de facilitar la movilización de la población ante una eventual consulta popular y así alcanzar los votos necesarios para la aprobación de los otros temas. Nadie sabe, hasta el momento, si esta propuesta llegará a la instancia de consulta pero, para evaluar la autenticidad de las intenciones del partido en el Gobierno, sería bueno que se cumpliera en el Congreso con un mandato constitucional que está pendiente: Artículo 70. Ley Específica [sobre Comunidades Indígenas].Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.
Más de este autor