El Icefi identifica por lo menos tres fuentes principales de sobrestimación:
- Se propone que, gracias a la eficacia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Gobierno recaudará 1,500 millones de quetzales (0.22 % del producto interno bruto —PIB—) adicionales a la proyección técnica resultante de acciones administrativas y de fiscalización. Sin embargo, la realidad de la SAT es comparable con la de un enfermo en estado de coma, que técnicamente funciona, pero no hace nada. Las propias estimaciones de la SAT apuntan a que la evasión del impuesto sobre la renta (ISR) es de alrededor del 80 % de su base potencial y la del impuesto al valor agregado (IVA) de alrededor del 40 %. Es decir, ¡con la SAT actual se recaudan solo 2 de cada 10 quetzales de ISR y 6 de cada 10 quetzales de IVA! Dado que la SAT no ha presentado su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 2020, no existen elementos técnicos y objetivos para considerar factible una recaudación adicional por una gestión exitosa de la SAT.
- Cuando se realizaron los cálculos del proyecto de presupuesto para 2020 en abril y mayo de 2019, el Gobierno ya reconocía que este año no alcanzaría la meta de recaudación. Sin embargo, los datos al mes pasado revelan que la situación es mucho peor de la que se estimó entonces, con lo cual la estimación de cierre para 2019 que se hizo hace unos meses resulta demasiado optimista. Al incorporar en la estimación de ingresos tributarios para 2020 el incumplimiento de la meta de recaudación actualizado a la fecha, se detecta una sobrestimación adicional de 545 millones de quetzales (0.08 % del PIB).
- El Icefi estima que, resultado de la aprobación de la ley narcoganadera, en 2020 se sufrirá una pérdida neta de alrededor de 2,000 millones de quetzales (0.29 % del PIB) como un primer resultado de una ley de privilegios fiscales aprobada vía la lubricación de diputados con sobornos del narcotráfico.
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Estos cálculos muestran que los ingresos tributarios del proyecto de presupuesto para 2020 podrían estar sobrestimados en alrededor de 4,045 millones de quetzales (0.6 % del PIB), con lo cual la carga tributaria ya no sería del 9.9 % del proyecto de presupuesto, sino de un 9.3 %, muy por debajo del 9.7 % estimado para el cierre de 2019, la más baja de los últimos 20 años.
Con esto, ¿es correcto corregir las proyecciones de ingresos a la realidad? Sí. Pero el problema es que recortar el presupuesto en dos o cuatro millardos de quetzales no resuelve nada. Es continuar alcahueteando a una SAT cara e inútil, premiando a los evasores y tramposos y, sobre todo, deteriorando a Guatemala.
Tenemos que entender que recortar el presupuesto implica menos cobertura de salud; más niños y adolescentes fuera de las escuelas, posiblemente engrosando las filas del crimen organizado y de la migración; menos infraestructura vial, que tanto demanda el sector privado, y menos capacidad de pago de una deuda pública creciente, incluyendo las flamantes alianzas público-privadas.
Si no se resuelve el problema de fondo, más vale que volteemos a ver a nuestros vecinos latinoamericanos. A ver: si Chile está perdiendo su gobernabilidad por el malestar de la gente ante las condiciones de vida de la mayoría, harto mejores que las de Guatemala, ¿qué podría pasarnos si no corregimos el rumbo?
Es correcto que las proyecciones del presupuesto sean técnicas y realistas. Pero de nada nos sirve quedarnos en cálculos que desnuden nuestra realidad vergonzosa si es para continuar siendo una sociedad negligente, que acelera el paso hacia el abismo.
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