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Queremos tanto a Sergio

La oficina del Procurador tiene la costumbre de contratar familiares de personajes públicos. A veces, parientes del mismo Morales; a veces de sus cercanos; a veces, simplemente, de diputados que son o que fueron.
El ex diputado Guerrero Dumani le había ofrecido vallas gratuitas para promocionar a la universidad a cambio de que se abstuviera, como director de Incidencia Pública, de hacer comentarios contra la candidatura de Morales.
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Queremos tanto a Sergio

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Sergio Morales, el Procurador de los Derechos Humanos, desea seguir al frente de la institución cinco años más. La amplitud de los grupos que se oponen a sus intenciones es grande, casi abrumadora. Pero tiene también respaldos en grupúsculos que pueden resultar decisivos: están, en buena medida, en el Congreso.

Redes-lateral

Los jueces que no son jueces. El tribunal que no es un tribunal.

El Salón del Pueblo está casi vacío. Aún son pocos los que han llegado y muchos los que deberían estar ya ahí. Quienes vinieron, puntuales, se distraen con frases fortuitas o con conversaciones ocasionales, frágiles, temblorosas. Parece que espantaran moscas esporádicas.

Pegado a la pared, tras una mesa que en comparación con él, un hombre voluminoso, rotundo, de movimientos esforzados, tiene un tamaño ridículo, Sergio Morales tamborilea con los dedos sobre el pupitre como un adolescente a la espera de un examen. Está abstraído.

A su lado, Juan Pablo Arce –otro de los examinados– lo mira y le dice algo. (Ha de ser de esos tipos que cuando están nerviosos buscan charla.)

–No. Es primera vez que se hace un procedimiento así –le responde Sergio Morales, esbozando una sonrisa sin apartar la vista de un lugar impreciso y vacío.

Él lo sabe bien. Es el Procurador de los Derechos Humanos, comisionado del Legislativo, y esta es la tercera vez que se postula para un cargo en el que lleva ya dos mandatos, diez años a sus 55, desde que fue elegido en la legislatura del Frente Republicano Guatemalteco hace una década. Sabe que ni en 2002, cuando era el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, ni en 2007, cuando ya se presentó como Procurador, la elección había tenido estas características. Aquellos fueron procesos silenciosos, casi sumarios, en los que los diputados votaban en secreto, sin dejar rastro de quién apoyaba a quién, sin apenas escrutinio público, sin la atención que se le está prestando ahora a una figura que, como han dicho todos los aspirantes con énfasis, con rimbombancia, con prosopopeya, ocupa un lugar esencial en el sistema republicano: el del que vigila, previene y censura las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, el del que protege su dignidad.

De repente, era entonces una fumata blanca y un habemus procuratorem y ya había un procurador y ahí se acababa todo.

Antes era así, ahora ya no. Ahora, después de que en 2009 se aprobara la Ley de Comisiones de Postulación, todo es mucho más público, si no es que también más transparente, más diáfano, ahora existe más participación social, ahora se permite no sólo estar presente, sino ver –o tener la ilusión de hacerlo– una parte importante del proceso. Ahora casi está disponible la información sobre los candidatos, aunque el Congreso no hace esfuerzo alguno por facilitarla. Ahora, del proceso, casi sólo se critica el perfil (por ejemplo, Pro Justicia) o la tabla de gradación, la que sirve para calificar, que según candidatos (por ejemplo, Elizabeth Palencia), diputados (por ejemplo, Orlando Blanco), y organizaciones sociales (por ejemplo, Guatemala Visible), está hecha a la medida de Sergio Morales, para que Sergio Morales puntúe en cada elemento, para que sea casi imbatible. O también la noción de reconocida honorabilidad, que tiene grados (“¿Media reconocida honorabilidad?”, se burla Marielos Fuentes, de Guatemala Visible). Ahora, también, habrá arena para los enfrentamientos y se permitirá que los gladiadores desenvainen espadas de madera.

En un rincón, los aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos.

En el otro, quienes tuvieron objeciones contra sus candidaturas.

En el palco, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, con sus catorce comisionados. El primer filtro de los candidatos. Los que deciden la terna de aspirantes que llegará al Pleno.

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En realidad, por eso deberían estar ellos ya hoy aquí, lunes 23 de abril, 8.30 am, Congreso de la República, los tachados, los impugnados, los imputados, los que a juicio de algunas organizaciones sociales no deberían ser tenidos en cuenta para el cargo. Hoy es el día de desenvainar las espadas de madera, el día en que ocho candidatos tendrán que oír los argumentos de quienes no les consideran aptos y podrán defenderse de viva voz ante La Comisión.

Por eso está ya aquí Sergio Morales, arrellanado en una silla metálica almohadillada, con una pluma fuente –¿una hélice?– en las manos, y los ojos negros, y pequeños, y lejanos, como si solo tuviera pupilas, y oscuro el traje, la camisa blanca, la corbata negra con lunares blancos, y un pelo jaspeado y lacio y con raya al medio que tiende también al blanco.

Sigue absorto pero palpa una pila de medio metro de papeles que tiene a su lado, documentos, informes, oficios, descargos, pruebas, memorándums. El gesto, un tanto mecánico, casi inconsciente, tiene algo de amuleto: un componente balsámico, tranquilizante, reconfortante. Y eso explica que cuando ya van llegando los demás aspirantes impugnados y les piden a todos que se desplacen un par de metros a tres filas de sillas que hay frente a La Comisión, Sergio Morales trague agua y aproveche a palparlos una última vez antes de encomendárselos a una trabajadora del Congreso y antes de saludar solícito a Jorge de León, uno de de sus principales contendientes en esta elección, y de decirle “Qué me alegra verte” mientras este le da la mano y pasa de largo y lo deja de pie, un poco abandonado.

De todos los aspirantes que ya han llegado, de León, de 42 años, diputado de Creo, hijo del ex Procurador de los Derechos Humanos y ex presidente Ramiro de León Carpio, es el que se mueve con mayor desenvoltura, con cierta capacidad de animar a algunos postulantes que, como acaba de señalar uno de ellos, se sentían en el banquillo de los acusados (aunque en verdad tenían más cara de presentarse ante el patíbulo).

Se quejaban también de algún debate que hubo en Canal Antigua.

–Sólo les faltó decir –dijo uno– que equis candidato se estaba peleando en una cantina y por eso no es apto. Sólo eso faltó.

Esa frase resumía su descontento y su insatisfacción. Se arropaban como si estuvieran de acuerdo en que la mayoría de las acusaciones eran chismes de comedor. Parecían resignados a que cualquiera, como establecía el proceso, tenía el derecho de tacharlos, pero se sentía que habían recibido las tachas con amargura y con rechazo. Al fin y al cabo, varias veces se les ha oído darle vuelta al asunto: “¿y quién decide si esas organizaciones que nos tachan son idóneas, si en ocasiones tienen su propia agenda?”

Antes de que llegara De León y se instalara en la primera de las tres filas de sillas, aproximadamente en el centro, los que oyeron las quejas asintieron.

Luego, en su silla, De León se giró y estirando el cuello, alzando la rala frente, les habló a todos: “Ayer tuvimos buena presencia en caricaturas, ¿vieron? En La Matraca, en elPeriódico... Tres caricaturas. Una presencia que ya quisieran los políticos.”

Todos lo comentaron, y aunque todavía tensos, parecían algo aliviados. Sergio Morales miraba hacia otra parte. Sentado atrás, en el extremo de la tercera fila, estaba más pendiente de un hombre que entraba en la sala, se instalaba a la izquierda de Luis Fernando Pérez, el presidente de La Comisión, levantaba la vista y lo saludaba desde lejos con un “¿cómo estás?” que se podía leer en sus labios. Era el diputado patriota Arístides Crespo. Después, mientras todos se acomodaban para comenzar, Crespo se acercó  y saludó uno por uno a los ocho imputados. No habló con ninguno. Tampoco con Morales. Sólo le dio una palmadita en la espalda y regresó a su lugar: unos minutos después, Luis Fernando Pérez iba a activar su micrófono, iba a explicar el procedimiento, e iba a decirles, sin ceremonia alguna, a los tachadores y a los tachados: “Esto no es un juzgado, esto no es un tribunal, y nosotros no somos jueces”.

Levemente, dieciséis hombros se destensaron.

****

De los ocho candidatos que tienen tachas, sólo Sergio Morales tiene ocho. Los demás, todos hombres, todos abogados y notarios de profesión, todos de más de 40 años, fueron menos desfavorecidos. Además, hay otros once participantes –dos mujeres– que no fueron impugnados y, desde el jueves 26, un duodécimo, por decisión y amparo de la Corte de Constitucionalidad, que entró en la liza después de que La Comisión lo hubiera excluido al juzgar que no cumplía los requisitos: el ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Óscar Cruz. Contra él se podrá presentar quejas hoy lunes.

El Ministerio Público ya entregó también los expedientes de cada uno de los aspirantes. Siete lo tienen limpio, seis registran acusaciones desestimadas y hay cinco con casos abiertos y dos archivados. Se desconoce aún qué información sobre los aspirantes le trasladará la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a La Comisión.

Con todo, en la opinión pública –y en el Parlamento–  el proceso, que ha despertado mucho interés, tiene un eje claro de polémica en el intento del Procurador de los Derechos Humanos de reelegirse por segunda vez, y la elección corre el peligro de convertirse, como intuye el analista Edgar Gutiérrez, en un referéndum sobre Sergio Morales.

Morales ha intentado resumirlo todo en una cuestión de criterios y afinidades personales (“Hay quienes me quieren en el cargo y hay quienes no”) y ha probado a minimizar el número de sus críticos y a exagerar el de sus apoyos.

Rodrigo Baires, reportero de elPeriódico, le recordó en una entrevista que en 2007 contó con el apoyo del establishment de derechos humanos, que hoy le da la espalda.

Pero no fue tanto en 2007, cuando ya había algunos recelos hacia Morales, cuanto en su primera elección, que fue respaldado por los defensores de derechos humanos. Hace una década llegó propulsado por el apoyo del Movimiento Nacional de Derechos Humanos y su trayectoria en la academia. En los primeros años, hubo conformidad con su trabajo: se le reconoce haber puesto en la agenda, durante el gobierno del Alfonso Portillo, asuntos como el hambre y los problemas de la niñez y la adolescencia, la investigación del caso Pavón, o la negociación del acuerdo en torno a la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, que luego sería la Cicig.

El parteaguas, afirma Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL) y representante de la universidad en Guatemala Visible, fue su reelección.

La reelección que ningún PDH había conseguido antes, y tras la cual se le acredita una gestión acomodaticia y marcada por el tráfico de influencias y la tibieza, un crecimiento elefantiásico y torpe de la institución, la conducción de investigaciones paralelas fraudulentas que dan con inocentes en la cárcel, como sucedió en el caso de su ex exposa, Gladys Monterroso, la incapacidad de garantizar los derechos colectivos, los económicos, sociales y culturales, y sobre todo, la mutilación del informe del Archivo de la Policía Nacional, que produjo un cisma en la oficina del PDH, y en el corto plazo supuso la retirada de fondos de cooperación internacional, la escisión del Archivo y la PDH, y la ruptura con miembros de los consejos consultivos internacional y nacional del Proyecto de Recuperación Histórica del Archivo de la Policía Nacional.

En un artículo de 2009, Claudia Méndez Arriaza enumeró los cuatro puntos que Sergio Morales había cercenado del informe, según Kate Doyle, miembro del consejo consultivo internacional del Archivo de la PN: “Primero, información relacionada al rol que jugó Estados Unidos en financiar, entrenar y equipar a la Policía Nacional desde mediados de los sesenta con el fin de conducir a la Policía a operaciones de contrainsurgencia. 

Segundo, información relacionada al control esgrimido por el Ejército de Guatemala sobre la Policía Nacional a fin de hacerla parte de la estrategia y tácticas contrainsurgentes, violentas e ilegales, liberada contra el pueblo guatemalteco.

Tercero, información de la estructura específica y de los oficiales en la cadena de mando de la Policía Nacional. Y finalmente, el Capítulo 4 del informe, removido completamente, el cual proveía un análisis profundo de nueve casos de derechos humanos, todos de relevancia nacional.”

Ese fue el momento clave, el de la ruptura irrestañable con los activistas de derechos humanos. Hasta entonces, en el consejo consultivo nacional había gente como Iduvina Hernández, cabeza de Seguridad en Democracia y activo miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos; desde entonces, la oposición fue rotunda.

Si un defensor del pueblo no era capaz de denunciar las atrocidades del conflicto armado, las que tenía documentadas y en papel, si eliminaba, en palabras de Hernández, casi el 40 por ciento del documento, ¿qué era sino un encubridor?

Morales le respondió a Baires, aludiendo a algunos grupos de derechos humanos: “Las agrupaciones políticas, digamos, no me apoyan. Unas cuatro o cinco, nada más. Nos acompañan 286 organizaciones del Foro Nacional de Derechos Humanos. Hay organizaciones que participaron en política, especialmente en el anterior gobierno, que no nos respaldan. En mi papelería, hay 2 mil 800 firmas de personas y organizaciones que me apoyan”.

El lunes, ante La Comisión, añadió: “He servido a mi patria y a quienes me lo han pedido. Habrá a quien no le guste. Pero ellos no sirven a nadie, sólo sirven para destruir instituciones”.

¿Cuatro o cinco son más que doscientos ochenta y seis? ¿Uno significa dos?

El miércoles 25, sin aportar pruebas, Guatemala Visible acusó ante La Comisión a Morales de exponer a la PDH al nepotismo, al compadrazgo, a la obstrucción de casos de violaciones a los Derechos Humanos, a la compra de voluntades y a la corrupción. En la alocución, es obvio, latía una invitación al cambio.

Julio Ligorría, al que durante las elecciones se situaba en la órbita del Partido Patriota, emitió también algunas insinuaciones similares en una columna de Prensa Libre bastante comentada en el Congreso.

El lunes 16 de abril Marco Augusto García Noriega y Andrés Castillo, presidentes saliente y entrante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), integrante de Guatemala Visible y más cercano a la candidatura de Jorge de León, afirmaron que Morales ya dio lo que podía dar y ahora la institución necesita un aire nuevo.

La Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a decenas de organizaciones y tiene a su propio candidato en Nery Rodenas, director los últimos once años de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), ha sido la principal tachadora de candidaturas y se ha opuesto, sobre todo, a la de Morales. Lo objetó, también, el Movimiento sindical indígena y campesino por no garantizar los derechos sindicales y campesinos. Y el Sinsegua, el sindicato de supervisores educativos de Guatemala, por desatender casos.

El miércoles 18 de abril, el Movimiento Pro Justicia evaluó la gestión de Morales y llegó a la conclusión de que la Oficina del Procurador no cumple como garante de la Ley de Acceso a la Información Pública y ni siquiera como sujeto obligado, que truca las cifras de atención a las víctimas para dar una sensación de eficacia que es falsa, que Morales es tibio para confrontar a los poderes del Estado, que es poco independiente, y que se autocensura en función de sus intereses y proyectos políticos.

Lo hizo, según Pro Justicia, en el caso en que se excluyó a los cooperativistas de la Junta Monetaria, que “reproducía un sistema antidemocrático”, y también con respecto a las consultas a las comunidades indígenas y con la marcha campesina; lo hizo cuando Álvaro Colom prorrogó el contrato de la petrolera Perenco contra el dictamen del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, lo hizo con la Ley de Armas y Municiones y en los desalojos del Polochic y en los procesos para elegir autoridades de Justicia, y en el tema de adopciones ilegales, y también cuando no se aceptó el principio de jurisdicción universal.

“El análisis estructural de las actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos”, dice el informe ejecutivo de Pro Justicia, “ha permitido mostrar que existen muchas deficiencias y limitaciones que les impiden tener respuestas a las principales necesidades que el contexto guatemalteco plantea en materia de derechos humanos”.

En resumen, describieron a un procurador que no procura.

En ese mismo foro, el constitucionalista Álvaro Castellanos Howell ratificó una idea que había esbozado días antes en una columna, que precisaría una semana más tarde en otra, y que estaba en la estela de lo que Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, y el abogado Alfonso Carrillo pretendían alegar en el Congreso: la reelección de Sergio Morales era inviable, prohibida.

Castellanos diría que si ya se había reelegido una vez, el error no es fuente de derecho. Recordaría la vaga expresión “un periodo improrrogable de cinco años” y subrayaría el “un”, sugiriendo que no es un artículo indeterminado, sino que expresa cantidad. Un periodo y no más. Improrrogable. Citaría artículos legales, admitiría que la prohibición no está expresamente clara, pero lo contrastaría con el hecho de que cuando la reelección es posible, las leyes lo explicitan.

Algunos candidatos presentes lo respaldaron con mayor o menor claridad. Juan Pablo Arce acotó que ningún PDH se había reelegido hasta este y los repasó uno a uno. Carlos Castillo preguntó, con evidente humorismo, si hay algún idioma en que “un” o “uno” signifiquen “dos”. Carlos Cerezo adelantó que, en derecho público, el silencio de la ley no otorga derechos. O sea, que si la ley no dice que se puede, entonces no se puede.

Rechazó esa idea, no obstante, la Asociación de Diputados Constituyentes –conocida por su oposición a la candidatura de Sandra Torres tras su divorcio– y expresó mediante un comunicado que el PDH sí es reelegible.

Últimamente, los grupos de los que Sergio Morales ha obtenido una manifestación pública a su favor, ya sea por aprecio a su desempeño o por razones de legalidad, no son muchos más.

Al Congreso llegaron a hablar indirecta o veladamente a su favor representantes de dos organizaciones: Nery Barrios, líder de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), que abogó por la reelección y justificó la debilidades de la PDH con la falta de presupuesto (Q107 millones este año) . Y Víctor Hugo Argueta, del Foro Nacional de Derechos Humanos –una organización que se creó hace poco más de dos meses y cuyos representantes fueron juramentados por Morales–señaló las debilidades de la institución para resolver denuncias rápido y llamó a fortalecerla.

“No es la primera vez que Sergio organiza un foro así para conseguir apoyos”, dice el candidato Nery Rodenas, director de la Odhag. “Ya lo hizo hace cinco años y sólo lo está repitiendo”.

Este último grupo, el grupo al que alude Rodenas, es el que, según el PDH, reúne 286 organizaciones que lo apoyan. Y uno de los que le dieron las 2 mil 800 firmas de respaldo.

Las firmas que llevaba, días antes, según dijo, entre sus papeles.

En la pila de medio metro de documentos, informes, oficios, descargos, pruebas, memorándums. El amuleto que lo tranquiliza.

A veces, cae uno

Últimamente, son pocos los que se han manifestado a favor de Sergio Morales en público. En privado, o en secreto, el número crece, pero es difícil detectarlos.

A veces, cae uno.

La oferta tenía lugar poco después de que al menos la capital se inundara de vallas publicitarias con la ambigua y plena efigie de Sergio Morales. Decenas, centenares de vallas que jalonaban las carreteras y cuya procedencia aún no está clara porque la PDH, recientemente, ha eliminado de su portal web o ha confundido o nunca tuvo la mayoría de información que debería estar publicada de oficio.

El teléfono de Carlos Guerrero Dumani timbró varias veces antes de que descolgara:

–Señor Guerrero, queremos hablar con usted sobre la elección del PDH.

–¿Podemos hablar dentro de un rato?

Hace unos meses Renzo Rosal, el director de Incidencia Pública de la URL, recibió un mensaje de un intermediario: Carlos Guerrero Dumani, el presidente de la Gremial de Vallas y ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y de Bienestar Nacional en la legislatura en que se reeligió a Sergio Morales, quería hablarle.

Tenía una propuesta entre manos.

Rosal le escuchó, y después, detalló la conversación a Plaza Pública: Guerrero Dumani le había ofrecido vallas gratuitas para promocionar a la universidad a cambio de que se abstuviera, como director de Incidencia Pública, de hacer comentarios contra la candidatura de Morales.

Un rato después, la llamada; y se pone a Guerreo Dumani al corriente del asunto, obviando quién había transmitido la información.

–¿Quién le dijo eso? Eso no es cierto –respondió molesto el presidente de la gremial de vallas. –Eso se lo dijo a usted Renzo Rosal No es así la cosa, eso es calumnia. Una persona de la gremial llegó a hablar con él para mantener una relación institucional como la que mantenemos con la muni de Mixco, Santa Catarina Pinula o el Inguat, pero son relaciones institucionales, pero no tiene nada que ver con la reelección del PDH. Tiene apoyo institucional pero no al Procurador.

–¿Tiene usted algún interés personal en la reelección del PDH?

–Independientemente de la gremial. Personalmente, me cae bien Sergio, pero como presidente de la Gremial, nada. Institucionalmente la gremial de vallas no tiene nada que ver. Y yo como persona no tengo relevancia.

El comisionado ante La Comisión

Lo han tachado ocho veces y ahora tiene cinco minutos para defenderse de cada reproche.

En esta situación ya han estado otros. El proceso es nuevo, pero no le ha tocado inaugurarlo. Antes de que él pase, a Juan Pablo Arce le han sacado a relucir unas denuncias de estafa a una hermandad religiosa. A José Alejandro Córdova, el presunto abuso de los viáticos en su paso por Migración; a Carlos Enrique Julajay, la falta de independencia, por haber sido candidato a alcalde por el partido Libertad Democrática Renovada, y lo mismo a Jorge de León Duque, por diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo). De Gabriel Girón Ortiz, han salido a relucir supuestas estafas en vehículos y bienes inmuebles registradas en el Archivo de la Policía Nacional, y Erwin Ulises Lobos Ríos ha escuchado a una ex empleada de hogar objetarlo por no haber pagado las prestaciones debidas cuando la despidió.

Después de Sergio Morales, sólo faltará Nery Rodenas, a quien el oficial retirado Juan Francisco Escobar Blas, acompañado del promotor de la asociación de familiares y amigos de exmilitares acusados por violaciones a los derechos humanos, Ricardo Méndez Ruiz, pretende imputar sesgo ideológico y la dirección de un ente paralelo: la Odhag. Y el PDH podrá oír con complacencia cómo el ex piloto del ejército parafrasea sus palabras y menciona su nombre cuando dice que el Defensor del pueblo no puede ser alguien que aliente la división, “la guerra”, como le atribuye a Rodenas. Una opinión de Rodenas, expresada en su oficina de la zona 1, matizará esa idea: el PDH tampoco puede ser “un personaje inocuo. Debe atender los derechos de la población.”

Pero ahora es su turno y le toca pensar en sí mismo, en defenderse. Pone la tonelada de papeles sobre la mesa, se sienta detrás de ellos y se pasa la lengua por la fila superior de dientes, por la encía, bajo el labio.

Frente a él, los murales del Salón del Pueblo.

Frente a él, también, La Comisión. Una comisión cuyo trabajo, exceptuando algunos detalles, hasta ahora pocos o ninguno ponen en duda. (“Todos los ojos de la sociedad civil están sobre nosotros”, dice su secretario, Julio César López Villatoro, de la UNE, “y estamos mejorando la imagen del Congreso”.)

Son catorce diputados más o menos atildados cuyas rutilantes corbatas se ajustan sin holgura al cuello de la camisa. No hay más de un comisionado por partido pero cuatro de ellos han sido figuras en algún momento del partido del caudillo militar Efraín Ríos Montt, del partido que ahora tiene un solo diputado y cabildeó por una sola sala legislativa, la de Derechos Humanos: el FRG. Luis Fernando Pérez, el que preside La Comisión; Arístides Crespo, que ahora pertenece al oficialismo; Baudilio Hichos, de la Unidad del Cambio Nacional; y Julio López Villatoro, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Antes de hacer ningún cálculo de los apoyos en el Pleno, son estos catorce los que deben estamparle una visa en el pasaporte. Ya han decidido que en la primera semana de mayo reducirán el número de candidatos de 20 a seis o a ocho, no está claro, y harán un foro con ellos. Después –cada diputado puede votar por tres aspirantes– elegirán un terna. Para entrar en ella se necesitarán ocho votos.

“Las tachas”, dice Lionel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala en La Comisión, “serán relevantes, pero no serán decisivas.”

Contratos, diputados, Agencia de Empleos, S.M.

A simple vista, Sergio Morales es el candidato con un currículo más ajustado al cargo. Diez años al frente de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos no pasan en blanco, currículo, condecoraciones, experiencias, aprendizajes. Por eso muchos otros candidatos sienten que parten con una desventaja ilegítima. Tanto que Elizabeth Palencia, también candidata, estuvo planteándose pedirle a La Comisión que de Morales se tuviera sólo en cuenta lo que había hecho antes de ser Procurador. “El 90 por ciento de lo que presenta el PDH es en su calidad de PDH”. Por ejemplo, afirma, sus 171 reconocimientos internacionales no son reconocimientos a él, sino a la institución. Otros, como el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad Juan Carlos Medina, ya aceptaron que así son las reglas.

Si se aplica la tabla de gradación, Sergio Morales debería entrar por lo menos entre los tres, concede Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Quizá por eso tantas organizaciones están haciendo hincapié en que no basta con los títulos académicos, con la experiencia laboral. “La piedra angular de la elección”, insiste Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, “debe ser la reconocida honorabilidad”. Eso que todavía nadie tiene muy claro cómo se mide, cómo se juzga, cómo se acredita.

El currículo no es su única ventaja.

–Diputado Quej, ¿cómo están los apoyos para la elección del PDH?

–Ese tema está frío. Nadie habla de eso, con la interpelación en la que andamos.

Haroldo Quej es uno de los integrantes legendarios del FRG que abandonó la agrupación, como Arístides Crespo o Iván Arévalo, para instalarse en el Partido Patriota.

–Pero La Comisión decide la terna pronto, del 5 al 7 de mayo. No me diga que no se está negociando.

–Están cabildeando. Yo diría que parte con ventaja el actual. Son ya tres campañas de hablar con diputados.

Sergio Morales conoce bien a varios de los comisionados que tiene enfrente. Después de tres procesos y del cabildeo de todos estos años, se ha rozado a menudo con los congresistas. Pero no es sólo eso. Hay otros puntos en común. Por ejemplo, familiares.

La oficina del Procurador tiene la costumbre de contratar familiares de personajes públicos. A veces, parientes del mismo Morales; a veces de sus cercanos; a veces, simplemente, de diputados que son o que fueron.

Según la lista de empleados de la PDH, Mario Lionel Monterroso Velásquez, por ejemplo, que fue su cuñado, es sub–jefe de auditoría interna. Pedro Asencio Olivet, un técnico informático, es hijo del secretario general, Pedro Asencio Ibáñez.

Juan Pablo Rodríguez Segura fue contratado en la Unidad de Acceso a la Información Pública. Es vástago de Edgar Rodríguez, ex ministro de Trabajo de Álvaro Colom, y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el año en que Sergio Morales obtuvo su reelección. Sofía Taracena Peralta, oficial en el centro de llamadas, es hija del jefe de bancada de la UNE y diputado constituyente Mario Taracena Sol. Gladys Verónica Crespo González  (auxiliar Defensoría del Medio Ambiente y Consumidor), Pablo Nelson Dávila Crespo (oficial de defensorías de Auxiliatura Departamental), y Nora Beatriz Crespo Muñoz (asistente administrativo de Auxiliatura Regional de Amatitlán), son prima, primo y sobrina del diputado y miembro de La Comisión Arístides Crespo Villegas, igual que Mónica Valeska Hichos Montes es hija de Baudilio Hichos, también integrante de La Comisión, y que fue contratada como consultora en el área de procesos de la Dirección de Tecnología e Informática.

Pero nadie le ha puesto ninguna pega de este tipo, ninguna tacha.

Nadie tampoco ha objetado que en ocho años la PDH adquiera casi todo por compra directa y sólo haya organizado 73 concursos en Guatecompras, o que su oficina le alquile una casa a Marlen de Jesús Cámbara González de Alejos, la madre del diputado que presidió el Congreso hasta el 14 de enero; que la gasolina se compre, fraccionadamente, en la Estación Tívoli; o que los contratos de mantenimiento de las sedes sean adjudicados a Suelos Prefabricados, de Marco Antonio Rivera Penagos, siempre por compra directa y casi siempre por montos muy cercanos a los Q30 mil.

O tampoco que la misma empresa –Sistemas de Seguridad– que les brinda la seguridad haya sido contratada desde diciembre de 2009 para “investigaciones especiales” sobre atención médica a pacientes con VIH/Sida, abuso de migrantes, muerte violenta de pilotos, adopciones ilegales, o muerte violenta de mujeres y trata de personas, o para rentarle pick ups de doble cabina. Y que una cifra se repita en la mayoría de los pagos: Q28 mil 375. O que pague doce veces Q28 mil por charlas motivacionales de un solo día a Gestión Humana Consultores, cuyo representante legal es Pedro Pablo Machuca Zapata.

O que la madre de su asesora Ingrid Jhoanna Castillo Rivera haya recibido en dos años 47 contratos, más de Q1 millón, por compra directa para dar capacitaciones.

Nadie le ha tachado por eso, y por lo tanto, no responderá ante La Comisión, ni responderá ante nadie, de momento, él en persona. Por falta de tiempo, por problemas de agenda. A su delegado, Rolando Yoc, le tocó la tarea:

–Nosotros hemos respetado el derecho que tiene todo guatemalteco para poder accesar a un trabajo, por lo menos, los profesionales con los que nos hemos relacionado. Nosotros no vemos que esto tenga un desempeño clientelar en el que una institución tan especializada como esta. Cada uno de los trabajadores está atendiendo su desempeño. (En una entrevista, Morales ha dicho: “No hacemos exclusión ni nos fijamos en el color político de los empleados. Lo que pasa es que gente quisiera manipular la institución para contratar a sus amigos.”)

–Pero el diputado Arístides Crespo tiene tres familiares trabajando dentro de la PDH –se le insiste a Yoc.

–Quiero contarle que no tengo conocimiento del caso que menciona. Quiero decirle que, aunque no se lo estoy afirmando, en el mejor de los casos son profesionales u oficiales. Aquí estamos sometidos permanentemente sobre nuestro desempeño, que requiere de resultados. Yo no puedo indicarle conocimiento de ese procedimiento.

–¿Y Guatecompras? ¿Por qué 73 concursos en ocho años y todo lo demás por compra directa?

–En ese procedimiento le doy el nombre de la persona con la que usted puede hablar en manera directa, aunque no estoy afirmando que lo que usted me dice es correcto. La licenciada Elvira Salvatierra, para que ella, siendo la auditora interna, pueda darle respuesta con mayor puntualidad.

Tras las primeras preguntas, Elvira Salvatierra dijo que ella no podía resolver las preguntas sobre Guatecompras y ofreció que la encargada llamaría para responder. No sucedió.

La PDH soy yo

Algo más de tres cuartos de hora ha estado hablando Morales frente a La Comisión, tratando de desvanecer las objeciones en su contra.  En los últimos minutos, ya envalentonado, ha alzado la voz y se ha sentido con fuerzas para lanzarle una puya a uno de sus tachadores: la Comisión Internacional de Juristas, representada por Ramón Cadena, un poco desmantelado tras el discurso de Jorge de León.

Antes de terminar, el Procurador ha adoptado una actitud de suficiencia que no tenía al principio de su intervención y proyectando una gran confianza en sí mismo y en sus posibilidades, ha deslizado dos ideas en los oídos de los comisionados: “Yo he acompañado más de 400 organizaciones que me avalan. Quiero felicitar a esta comisión por haber sido transparentes y por la apertura que han mostrado.” “Al ver las objeciones me he sentido con la capacidad de resolverlas inmediatamente y sin agotar los cinco días.”

Después, se ha pasado la lengua por la fila superior de dientes, por la encía, bajo el labio, y ha entregado el último de sus documentos a un ujier, el último pedazo de su amuleto.

Es extraño no sólo el baile de números. Si se comparan las cifras de la entrevista en elPeriódico y lo que dice ante La Comisión su causa ha crecido de manera fulgurante. En menos de un mes ha acopiado más de 115 nuevos apoyos. Pero es extraña sobre todo la textura del discurso de Sergio Morales. Hace un momento se ha quejado de que varias de las objeciones que hay en su contra, en realidad no son contra él, sino contra la institución. Pero ahora subraya: “yo he acompañado más de 400 organizaciones” como si en verdad lo hubiera hecho él solo. Maneja un discurso que alterna el personalismo y el culto a sí mismo y el institucionalismo. Lo hace, naturalmente, a su conveniencia.

También ha dicho, descargándose de la responsabilidad que se le atribuye por mutilar el informe del Archivo de la Policía Nacional, y al tiempo reconociendo que sí lo hizo: “Se habla del Archivo de la PN y se olvida que el que lo descubrió fui yo”. (Él, afirma, él lo encontró. Por supuesto “yo”, no quiere decir “yo”, sino la “institución que yo dirijo”. O en todo caso, si está hablando de sí mismo, si de veras dice que lo descubrió él, que él estaba allí y lo señaló, la gente del Archivo tiene una versión que lo contradice. Basta ir allí y tomar un tour y explicarán que fue uno de ellos.) “Y se asegura que mutilé el informe. El informe del PDH mutilado por el PDH. Qué contrasentido. Hay un oficio en el MP en el que consta que entregué el preliminar con todas las imputaciones penales. Publiqué lo que se podía publicar”.

Hace una pausa. Se pasa la lengua por los dientes. Resuena todavía en la sala un párrafo que es a la vez una defensa del valor de la continuidad administrativa, la carta que más ha jugado en la campaña, y un contraataque con los tachadores: “Guatemala necesita institucionalidad fuerte y hoy vemos que se trata de crear institucionalidad a través de la descalificación. Me pregunto si quienes hacen la calificación no son ellos los no idóneos. Yo les pido que valoren los éxitos.”

Luego se levanta satisfecho y saluda a sus contrincantes, que lo felicitan como si se felicitaran a sí mismos por haber escapado de la sala de torturas.

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Rolando Yoc, el empleado de la PDH delegado por Sergio Morales, ha tratado de resumir así los éxitos que merecen valoración:

  • Paso de 22 a 36 auxiliaturas departamentales para acercar la Procuraduría a la población
  • Enfoque preventivo, no reactivo;
  • Defensa de grupos vulnerables como los migrantes
  • Defensa de derechos como la salud y la educación. Se consiguió que 20 mil maestros fueran presupuestados para beneficiar a un millón de niños
  • Altos niveles de gobernabilidad en el país, fortaleciendo que los problemas se resuelvan a través del diálogo.

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El jueves 24 de abril, un día después de que Sergio Morales compareciera ante La Comisión, el Diario de Centroamérica, el periódico dependiente del Organismo Ejecutivo, tituló las dos páginas más importantes de su edición, la portada y la 3, con una frase derogatoria de tanta satisfacción: “Sergio Morales no desvanece tachas por su gestión al frente de la PDH”.

La distribución de apoyos que no se distribuyen

Esta vez, si no ocurre nada raro, las votaciones tanto de La Comisión como del Pleno serán públicas, a diferencia de ocasiones anteriores. Y la competencia para Sergio Morales, aparece posiblemente más cruda, si no irremontable. El 11 de abril de 2007, para su reeleción, obtuvo 92 votos. Ángel Mario Salazar recibió 31. Ramón Cadena, 11. Los otros 24 se repartieron entre nulos y ausentes. Si supera una comisión dominada por ex eferregistas, todavía tendrá que jugar sus cartas en el Pleno.

Ha trabajado en ello con cabildeo directo y, según su asesor Rolando Yoc, también indirecto: “Afortunadamente a nivel departamental existen organizaciones sociales de base, de comadronas, de protectores de salud, Cocodes, organizaciones locales de mujeres que beneficiadas por el cumplimiento del mandato del Procurador y han estado platicando los diputados a nivel distrital y a nivel metropolitano. Es a través de estos mecanismos que se han tenido acercamientos con los diputados.”

Cuando Edgar Gutiérrez habla del riesgo de que esta elección se convierta en un referéndum sobre Sergio Morales, parece hablar de una sensación bastante extendida en el ambiente político. Que el deseo principal de muchos es destronar al campeón. Que será menos esencial quién llegue que su salida.

De momento, se presenta como un candidato fuerte pero declinante, como un boxeador veterano que defiende un título. Un campeón que si llega al ring, “si entra en la terna, puede ganar”, según un diputado que no quiere verlo ganando.

Los aspirantes en ascenso son dos:

Jorge de León, cuyo partido, Creo, próximo al sector económico tradicional, respaldó la reforma tributaria del oficialismo hace unos meses y cuya adolescencia, como hijo de Ramiro de León Carpio, estuvo ligada al ahora presidente Otto Pérez, uno de sus militares de confianza. Pero visto con recelo en el Pleno por la posibilidad de que convierta la PDH en el pilar de la expansión nacional de su partido. De León tiene el apoyo de su bancada y de algunos diputados que integran la Plataforma Legislativa, coordinada por Roberto Alejos.

Y Nery Rodenas, el candidato de parte de las organizaciones de Derechos Humanos, que sin grandes apoyos en el Congreso, que en un principio podría entrar en la terna más como una concesión o como una forma de evitar ruido. Pero que una vez dentro, dice un miembro de La Comisión, podría favorecer una negociación entre el gobierno y la iglesia católica.

Sin embargo, estos tres son los postulantes más controversiales. Así como concitan apoyo, reúnen mucho rechazo dentro del Pleno.

Morales, por el desgaste de todos estos años.

De León, porque no todos lo ven tan independiente de Pérez Molina como él se quiere mostrar, y por miedo a que politice las auxiliaturas, un extremo al que nunca se atrevería, dice él, por decencia, por la memoria de su padre y su propio prestigio, y también porque eso sería causal de desafuero.

Rodenas, porque muchos lo ven en un polo ideológico en el momento en el que se reavivan los casos de justicia transicional.

“De manera que parece razonable pensar que surja un cuarto candidato, de menos perfil y menos controversial”, señala Edgar Gutiérrez, analista y director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

A falta de que cuajen las negociaciones y de ver si la estrategia del PP en La Comisión pasa por alinear a la UCN, el FRG y la Gana, la figura ese cuarto candidato de perfil más bajo parece corresponderle a José Alejandro Córdova, empujado por el secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Julio César López Villatoro, según un congresista de su partido y otro miembro de La Comisión, aunque negado por él.

Cuando aún hay muchas cosas por cuajar, no es el único que tiene apoyos. En el Congreso se habla también de Juan Carlos Medina, de Erwin Ulises Lobos, de Elizabeth Palencia, Marco Antonio Sagastume Gemmel. Pero en torno a su candidatura, a la de Córdova, parece estarse tejiendo una incipiente y de momento frágil alianza con la UNE, Líder, Victoria, la UCN, FRG, Pan y URNG.

Al final, coinciden todos los diputados, será el Partido Patriota, cuyas afinidades están ahora todavía repartidas, el que decida quién se erigirá como el próximo defensor del pueblo. Quién ocupará ese lugar que, como dice Nery Rodenas en una pequeña sala de la Odhag, puede perseguirse por interés genuino en los derechos humanos, o por ocupar un espacio de poder. Quién alcanzará esta posición que, en su rol de defensa, en su papel de magistrado de conciencia que juzga lo bueno y lo malo y puede censurar o silenciar problemas, tiene –en palabras de Jorge Eskenasy, el presidente de la Asociación de Gerentes– un gran poder en sus manos.

Gane quien gane, todos los postulantes, menos Sergio Morales, se aproximan bastante a una convicción unánime: el vencedor tendrá que darle la vuelta a la Oficina del Procurador.

 

Nota: para quien esté interesado en los CV y los planes de trabajo de los candidatos, la recopilación más nutrida que hemos encontrado es la de Guatemala Visible. No se encontraban en la página del Congreso.

Nota de edición: A las 9:30 del 30 de abril se añadió un dato que no había podido ser corroborado hasta ese momento: "Sofía Taracena Peralta, oficial en el centro de llamadas, es hija del jefe de bancada de la UNE y diputado constituyente Mario Taracena Sol." Además, se sustituyó este otro: “Cuatro tienen por otro lado expedientes abiertos en el Ministerio Público, según Prensa Libre", por otro más preciso ya constatado por Plaza Pública: “El Ministerio Público ya entregó también los expedientes de cada uno de los aspirantes. Siete lo tienen limpio, seis registran acusaciones desestimadas y hay cinco con casos abiertos y dos archivados”.

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