La nube de impunidad que cubre al sistema de justicia, busca favorecer a criminales condenados por graves violaciones a derechos humanos. Pese a que los tratados internacionales obligan a Guatemala a sancionar dichos delitos, los perpetradores procuran librarse de sus condenas.
Debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la sala de apelaciones de mayor riesgo dictaminó en favor de ex jefes militares condenados por crímenes de lesa humanidad. El nueve de junio, tres de los cuatro sentenciados en 2018 por el caso de los hermanos Molina Theissen, fueron favorecidos con prisión domiciliar La disposición de la sala de apelaciones se produce en virtud de una orden de la CC que requirió ejecutar una disposición legalmente inejecutable, en virtud de compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos.
Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), Manuel Callejas y Callejas, jefe de la Direccion de Inteligencia Militar (D2), Francisco Luis Gordillo, Comandante de la Zona Militar de Quezaltenango (ZMQ) y Ramiro Zaldaña Rojas, Oficial de Inteligencia Militar de la ZMQ (S2), fueron condenados a 80 años de prisión. A los cuatro se les sentenció por la desaparición forzada de Marco Antonio y la detención ilegal, tortura y violencia sexual contra Emma Molina Theissen. Los cuatro han estado en privación de libertad en el Centro Médico Militar (CMM) por referir quebrantos de salud.
Tras siete años detenidos en el hospital militar, Lucas, Gordillo y Callejas podrían ir a sus domicilios mientras se resuelven los pendientes, a fin de que la sentencia quede en firme. Sin embargo, solamente Gordillo tendría posibilidades de salir en tanto que Callejas y Lucas deberán permanecer en el CMM o ir a una instalación penitenciaria pues, están en prisión preventiva por otros casos de violaciones a derechos humanos. Zaldaña, entre tanto, como no adhirió a la petición de sus compañeros deberá seguir privado de libertad.
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El 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente en un retén en la ruta hacia Quezaltenango. Fue trasladada clandestinamente a la ZMQ y sometida a violencia sexual y torturas físicas y psicológicas. A los ocho días de su captura logró escapar del sitio donde la retenían. En represalia por dicha fuga, el seis de octubre de ese año, un comando a cargo de Zaldaña Rojas secuestró y desapareció a Marco Antonio, luego de ingresar violenta e ilegalmente a la casa de sus padres.
Desde esa fecha y sin descanso, la familia Molina Theissen ha procurado justicia por Marco Antonio. Durante años recorrieron todo espacio posible, hospitales y cementerios incluidos, en busca del pequeño de 14 años. Un niño, el Niño de Octubre, con sueños y aspiraciones y la luz que hacía brillar a su familia, fue arrebatado de sus brazos en una forma brutal y llena de crueldad.
Los responsables, llevados a juicio en 2016 y sentenciados dos años después, han puesto en marcha diversas acciones en procura de impunidad. Algunas, como el afirmar que Marco Antonio está vivo y, por ello requerir pruebas de ADN de la familia, incluido el esposo de una de las hermanas, pues insisten es Marco Antonio, rayan en la infamia más atroz. Son acciones que revictimizan a un núcleo familiar que lleva cuatro décadas pidiendo saber dónde están los restos del niño que escribía en el aire, montaba bicicleta y jugaba béisbol.
Con estas acciones y con los hechos más que probados en los tribunales, los cuatro criminales y sus cómplices, muestran su catadura moral. Quedan evidenciados como lo que son y, al final de cuentas, cargan con la condena social porque, hagan lo que hagan y vayan a donde vayan, son ya y para la memoria, condenados sociales y prisioneros de la historia.
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