Por Karin Slowing
Ciertamente, quedaron por fuera medidas tributarias más fuertes que aplicar a ese pequeño grupo ubicado en la cúspide de la escala de ingresos del país y a las empresas; pero al menos, se le mantiene el nivel tributario a aquellas capas o estratos de ingreso medio que generan ingresos menores a los Q30,000 mensuales. En un tema históricamente tan álgido, un gana-pierde drástico, es peor que un gana-gana, aunque no ganemos los distintos segmentos y grupos de interés todo lo que queríamos.
Indudablemente, es una gran victoria política para un gobierno que inicia, mostrar que va cumpliendo algunas de sus principales promesas. El mensaje de independencia relativa y haber honrado la palabra del Presidente en su discurso de toma de posesión es gratificante, aunque siempre habrá grupos y sujetos descontentos que intentarán cobrar la factura más adelante.
Indudablemente también aportará en los próximos años, algo de oxígeno adicional a la gestión financiera del Estado. Los compromisos de deuda interna, externa y flotante son tan grandes, que Q4,500 millones adicionales que se estima recaudar con esta ley para el 2015, pueden ser engullidos con extrema facilidad, que me queda duda de en cuánto este nuevo sacrificio fiscal a los ciudadanos (como es "impuesto", no podemos decir, a diferencia del "diezmo" religioso, que lo damos "con alegría") contribuye realmente a lograr un mejor resultado de desarrollo que los que hemos tenido hasta ahora.
En ningún momento, durante el breve lapso de discusión que tuvo esta iniciativa, se clarificó cuál será el destino de esos recursos adicionales, y cuánto realmente podremos esperar de "mejoras" o "avance" en los indicadores. Para comenzar, no se ha hecho explícita la "línea de base", es decir, el punto de partida desde el cual mediremos el avance de los resultados que se propone alcanzar la nueva administración. Con excepción de la reducción de la desnutrición crónica en un 10% de la última cifra oficial dada por la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, y consignada en el tercer Informe de Avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cabe preguntarse, ¿cuáles son las metas de desarrollo a alcanzar en estos cuatro años?
A mi parecer, una vez más, la carreta va antes del buey, pero el gobierno patriotista tiene la gran oportunidad todavía de usar el arranque de gobierno y su fortaleza política en el Congreso, para consensuar internamente sus metas y explicitar su estrategia de intervención y de gestión para alcanzarlas. También es la ocasión propicia para fortalecer la capacidad interna del Estado para monitorear y reportar los avances y promover el establecimiento de un ente independiente que evalúe.
Por ello es tan importante en este momento, poner suficientemente en claro para qué se quieren y mucho menos, cuánto cuesta lo que se quiere. Los enunciados genéricos de que servirán para la seguridad, para quitar el hambre ya no son suficientes. Sería bueno saber pronto si la ley de "Actualización Tributaria" explicita para qué servirán en concreto los recursos, cómo se asignarán entre instituciones y qué se tiene pensado hacer para introducir y fortalecer las regulaciones y mecanismos de control que se requieren para que esos ingresos adicionales vayan realmente a lo que se ha dicho que van y a lo que se necesita y que como ciudadanos, podamos verificarlo con facilidad. Caso contrario, existe una alta probabilidad de que esos nuevos ingresos corran los mismos riesgos de desperdiciarse, diluirse o malgastarse que todos los demás ingresos fiscales con que ya contamos.
Varios aspectos deberían aclararse más.
Primero, quisiera saber si se etiquetaron los nuevos ingresos para que su destino sea específico a priori (institución, programas, partidas presupuestarias) y no decidido discrecional o coyunturalmente. Mientras revisan a fondo la estructura y organización del presupuesto para convertir lo que tenemos en la actualidad (un presupuesto por programas e instituciones) en un presupuesto para resultados de desarrollo (que no es lo mismo que resultados a secas tampoco), me queda la duda si se etiquetaron o no esos recursos.
Segundo, a la fecha con excepción de las cifras mencionadas para "Hambre Cero", hay poco indicio acerca del costo estimado de los distintos programas y estrategias que se quieren implementar. Aquí más bien, será al revés: ¿para qué alcanzarán los millardos adicionales que se recauden? Algunos ejemplos del tamaño del reto: Solo para comenzar a recuperar la masa boscosa del país, se estimó que es necesario invertir Q3 mil millones más cada año y otro tanto más, durante un lustro, para reparar los daños causados por Ágata y otras tormentas semejantes. La estrategia nacional para VIH/sida requiere, por su parte, Q500 millones. El programa Hambre Cero, se estima que podría llegar a costar más de Q2 mil millones (¿al año?)
En otras palabras, los Q4,500 millones que se espera llegar a recaudar adicionales para el 2015, apenas llenarán el "hoyito de la muela" de lo que requiere el desarrollo nacional y ello, si no compite con el pago de la deuda externa e interna. En suma, esos recursos servirán aún de menos si no se reordena el conjunto del presupuesto y se cambia la manera en que se formula y ejecuta.
Tercero, ¿se previó en la ley evitar que las asignaciones constitucionales y otros compromisos inscritos bajo "obligaciones del tesoro" no engullan su parte de los recursos adicionales que se recauden? Por ejemplo, las autoridades municipales o las entidades autónomas que tienen fijados porcentajes en ley, como el situado constitucional. ¿O es que nuevamente, del total de esos ingresos adicionales, solo quedará como el 30 por ciento para asignarlos a las prioridades que ha establecido el Ejecutivo y el 70 restante se diluirá entre obligaciones preanunciadas? Es decir, de Q4 mil 500 millones, el Ejecutivo realmente podrá disponer como de Q1 mil 350 para sus programas. Lo demás, ¿deberá reasignarlo? Esperemos que no.
En términos de seguimiento, sé que será difícil para los ciudadanos asociar el incremento en el recurso con el logro de algún resultado, simplemente porque los sistemas de control del Estado no están diseñados para que el ciudadano de a pie, por mucho que le pongan una columna de indicador de resultado al presupuesto de la nación, o acceda al SIAF, pueda realmente, entender qué pasa con los procesos y su relación o no, con los resultados.
Los ciudadanos debemos ser más exigentes en cuanto a saber a qué en concreto se asignarán los recursos y qué podemos esperar a cambio. Todo ello era posible mejorarlo desde la iniciativa de ley que se discutía en el Congreso. Pero siendo que esta ya pasó, como un relámpago en noche sin luna, tomemos ahora la tarea de no seguir llenando un odre viejo y agujereado, con recursos frescos. Finalmente, la mayoría de nosotros tendremos que seguir pagando de nuestro bolsillo, salud y una buena parte de la educación de nuestros hijos.
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