Este artículo articula algunos elementos de conocimiento público que podrían contener la clave para comprender lo que sucede.
Sin entrar al análisis detenido de los grupos que niegan y afirman el genocidio, digamos que en el primero se encuentran los subscriptores de la Doctrina de Seguridad Nacional, que incluye a sectores militares, militaristas, políticamente conservadores y de grandes intereses económicos. Pertenecen al grupo, además, personajes estelares de la época, gentes que tienen mucho que perder en lo personal y como grupos.
Con ellos está también el “General de la Paz”, nada menos que actual Presidente de la República. Alguien que contribuyó decididamente a la finalización del conflicto por la vía política, nadando a contracorriente. Puede que ello nos guste o no, pero eso es una externalidad.
La posición del Presidente viene a ser la tranca detrás de la puerta para que el asunto no se abra al debate positivo y, mucho menos, se ventile en algún tribunal independiente.
El frente opositor también es variado, si bien carente de vínculos claros con los grandes intereses económicos y redes/grupos tradicionales de poder formal e informal. El lenguaje ideológico que utilizan algunos de sus miembros contribuye al estancamiento de la discusión. Son internamente débiles en comparación con su opositor.
El punto toral de este artículo es lo que no se quiere decir durante la discusión, y la fragilidad del argumento de la Defensa.
Si nos imaginamos dos abogados contrarios en una corte, la escena podría ser algo así: la parte acusadora llama a testigos presenciales y victimas, que hacen largos relatos a través de documentos como el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), apoyado por la jerarquía eclesiástica. Tras semanas de crudos testimonios, la Acusación llama a un testigo independiente nombrado por el Secretario General de la ONU (Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico). Luego da un golpe magistral, que hace sangrar las úlceras a la Defensa: testimonios auto-acusadores, como el Archivo Militar. Luego, se da el lujo de presentar prueba científica contenida en estudios forenses actuales e independientes.
El equipo de la Defensa aburre con “protesto, Señoría” e intenta desacreditar los testimonios.
Los testigos de la Defensa insisten en que genocidio es “Exterminio parcial o total por pertenecer a una raza”. No es una definición jurídica ni académica, es propia. Se habla de Hitler y los judíos, Ruanda, Bosnia y otros casos que “lógicamente” no se pueden comparar con Dos Erres. Sin embargo, admiten que "Durante la guerra lo que ocurrieron fueron muertes, excesos y hasta masacres, pero no genocidio…” (Siglo Veintiuno, 26 mayo 2012).
La Defensa, por tanto, se atrinchera en la semántica y límites de su definición propia. No se ordenó exterminar a algún grupo étnico como tal. Es decir, hubo genticidio, pero no genocidio. El genticidio no es un delito de lesa humanidad, no está definido jurídicamente y se arropa con tibieza bajo la amnistía. La Defensa solicita que la acusación se declare sin lugar, se cierre el caso y se multe a la Acusación, por pueril.
La curiosidad lleva al diccionario de la Lengua Española: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”. ¡Vaya! La definición se amplía a grupo social y motivos políticos. Ese es el punto que ningún entrevistador ha abordado a la fecha.
Y bien, como el escenario hipotético del tribunal parece bastante verosímil, lo mejor para la Defensa es que el asunto no llegue a ese fuero, mucho menos si es internacional (ahora sí estamos como en Ruanda, Kenia, Sierra Leona o Bosnia). Por ello, instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humamos deben inhibirse. El asunto no debe pasar de la guerra de palabras en los medios de comunicación local.
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* En su vida profesional es asesor internacional, especializado en desarrollo rural y seguridad alimentaria. Como acción de ciudadanía, ejerce de analista en asuntos socio-económicos y ambientales.
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