Me parece que este proceso de facto de reapertura económica era inevitable. Pese a sus esfuerzos, el Gobierno no fue capaz de responder con rapidez y contundencia al clamor popular de salir a trabajar y de obtener ingresos resumido en el reclamo: «A mí no me va a matar el coronavirus. Me moriré de hambre». Generalmente, las personas que sobreviven en la economía informal, la gran mayoría de la población, adquieren alimentos y otros bienes y servicios con los ingresos que logran cada día. Un día sin salir a trabajar es sinónimo de un riesgo muy alto de no comer.
Para prolongar la cuarentena y el aislamiento social era imprescindible que hacia finales de abril, o a más tardar este inicio de mayo, el Gobierno empezara a ejecutar los programas de ayuda que le aprobó el Congreso de la República. Sin embargo, el Gobierno no pudo acelerar los procedimientos y las formalidades administrativas y fue hasta el jueves 30 de abril cuando el Ejecutivo empezó a cargar en el presupuesto las ampliaciones aprobadas casi tres semanas atrás, apenas el primer paso para iniciar el proceso de ejecución presupuestaria. Ahora la responsabilidad está en las unidades ejecutoras, especialmente en los ministerios de Economía, Desarrollo Social y Salud y en el Crédito Hipotecario Nacional.
Sin embargo, esas son entidades caracterizadas por la deficiencia y la tardanza administrativa, además de por señalamientos de corrupción. Estas condiciones justifican las dudas razonables en cuanto a que el Gobierno pueda corregir el atraso y sobre la efectividad de los programas de ayuda, que habrían tenido que ser urgentes. En todo caso, hoy lo importante es que el presidente Giammattei procure que sus ministros logren, aunque tarde, ejecutar correctamente esos programas y entregar la ayuda, pues sigue siendo necesaria.
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Conforme las medidas de aislamiento social van relajándose y el Gobierno continúa cediendo a las presiones del sector privado empresarial, el riesgo de brotes masivos de covid-19 se incrementa peligrosamente. Si ha de hacerse, esta reapertura económica debe ser gradual y observar medidas muy estrictas. Creo que eso ocurrirá en los centros comerciales capitalinos y en algunas empresas formales y con recursos para cumplir las normativas. Sin embargo, temo que esas medidas no se observarán en la gran mayoría de los casos y que reinará la irresponsabilidad.
Creo que un peligro mayúsculo es permitir el reinicio del transporte público. Reabrir la economía exige que la fuerza laboral se transporte, por lo que no es realista permitir la apertura gradual de negocios sin transporte. El problema es que las empresas de autobuses y el transporte en general se caracterizan y son muy bien conocidas por un menosprecio agresivo de las leyes y de los usuarios. Si antes no cumplían la ley, ¿lo harán ahora que las normas serán más exigentes y complejas? Yo no lo creo.
Así, la reapertura de la economía puede salirnos terriblemente mal. Con el Gobierno demostrando lentitud e inefectividad en la entrega de las que debieron ser ayudas urgentes para mantener la cuarentena y el aislamiento social, no hay mucho para creer que ejercerá control estricto en el cumplimiento de las medidas que requiere la reapertura gradual de la economía. Si nadie controlaba ni sancionaba los gravísimos abusos y desmanes de los autobuseros, ¿lo hará ahora el Gobierno? Solo por poner un ejemplo.
El presidente Giammattei tiene un enorme y muy grave problema: la situación actual no admite más errores. Sin embargo, en su gabinete y equipo de trabajo hay personas —no todas— que están demostrando ineptitud y corrupción.
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