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Los dos entierros y el funeral de Martina Rojas
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Los dos entierros y el funeral de Martina Rojas

Sobrevivientes de esta masacre se refugiaron en el caserío Los Encuentros, el cual fue atacado por el ejército el 14 de mayo. Todas las casas fueron incendiadas. 79 personas perdieron la vida. El ejército secuestró también a más de 15 personas adultas y 40 niños, trasladándolos en un helicóptero hacia el Norte, con destino desconocido. En ese helicóptero iba Martina Rojas.
“No tiene sentido que el ejército haya transportado a una mujer en helicóptero desde Río Negro hasta Cobán. Esta persona de la que me habla, una madre de familia, de 50 años, que seguramente no hablaba castellano, ¿con qué fin habría sido transportada? ¿Con qué fin, el ejército habría trasportado a 60 niños? ¡No tiene sentido!”, dice Méndez Ruiz.
Los restos de Martina Rojas fueron encontrados en el antiguo destacamento militar de Cobán, hoy Creompaz.
Martina Rojas, enterrada en una fosa común junto a otras personas, fue velada y llevada a una tumba con su nombre.
Los huesos de Martina Rojas. Su osamenta no fue encontrada completa.
Durante toda la noche, familiares y amigos velaron a Martina Rojas.
Mario Chen Rojas, entonces de 25 años, estaba en su casa cuando el ejército secuestró a su madre. Al escuchar los disparos, subió a un lugar elevado, desde donde pudo contemplar, impotente, la masacre y el plagio de su madre.
Mario Chen encontró a su madre, Martina Rojas, luego de buscarla por varias décadas.
El guía espiritual recita los nombres de las personas masacradas en Río Negro.
Las víctimas de Río Negro.
Las notas del violín acompañan el féretro de Martina Rojas que se encamina a una tumba con su nombre.
Los rostros de personas masacradas durante el conflicto armado interno en Guatemala.
 Una vez el ataúd fue introducido en la sepultura blanca cubierta de flores, Mario Chen, hijo de Martina Rojas, dijo: “Al menos ahora sé que mi finada mamá está aquí, y puedo visitarla cuando quiera”.
La familia Chen Rojas dignifica la memoria de su madre Martina Rojas.
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Tiempo aproximado de lectura: 24 mins

Una caja de cartón viaja de las bodegas de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala hasta el asentamiento de Pacux, a unos kilómetros de Rabinal, Baja Verapaz. La caja contiene los restos de una persona, que permanecieron escondidos en una fosa clandestina de la base militar de Cobán, junto a los de otras 63 personas, mujeres y niños en su mayoría, que fueron secuestradas por el ejército en 1982, cuando el coronel Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser dirigía las operaciones militares en Alta y Baja Verapaz

La caja donde se lee “FAFG 1433-XV-40 Creompaz Cobán” contiene también un enigma relacionado con uno de los capítulos más crueles y tristes de la historia reciente de Guatemala: La masacre de Río Negro.

Los familiares de Martina Rojas, sobrevivientes de la masacre, reciben la osamenta. Puede empezar el velorio y al día siguiente un entierro, y una manifestación a favor de los derechos de las víctimas civiles del conflicto armado.

¿Una masacre con motivos industriales?

Según el informe Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la aldea Río Negro, Rabinal, departamento de Baja Verapaz, era, en los setenta y ochenta, una comunidad próspera, bien organizada, asentada en la orilla del río Chixoy. En 1975, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) escogió esta zona para la construcción de la que en ese tiempo sería la mayor represa de Centroamérica, y que inundaría alrededor de 50 kilómetros a lo largo del río. Tres mil 500 personas deberían ser desplazadas y reubicadas para concretar la obra.

El gobierno de Romeo Lucas García decidió realojar a la población en la aldea Pacux, en casas construidas con financiamiento del Banco Mundial. Los habitantes de Río Negro, de la etnia Maya-Achí, se negaron: esta área no era tan fértil como la de Río Negro, las casas no correspondían a sus necesidades y tradiciones, y además, le tenían un apego de generaciones a su tierra y a sus sitios ceremoniales. El conflicto empezó a tomar forma. Tanto el Comité de Unidad Campesina (CUC), como combatientes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) se hicieron presentes en la aldea, y empezaron su labor de concientización. Estos últimos llamaron a la población de Río Negro a tomar parte en la lucha armada. Los asesinatos selectivos de líderes de Río Negro, cometidos por las fuerzas del Estado, empezaron en 1981.

A las ejecuciones extrajudiciales en el área siguieron las masacres, en 1982. La primera ocurrió el 13 de febrero en la aldea Xococ, vecina de Río Negro. Los habitantes de esta última fueron citados allí por el ejército, y una vez en Xococ, fueron masacrados. 74 personas murieron ese día, según el informe de la CEH

Un mes después, patrulleros y soldados irrumpieron en la aldea Río Negro, en donde sólo encontraron mujeres y niños. Los hombres armados obligaron a las mujeres a subir a un cerro, junto con sus hijos. La saña con que fueron asesinados desafía la imaginación más tenebrosa. 70 mujeres y 107 niños murieron. Además, 18 niños fueron secuestrados y tuvieron que convivir con los patrulleros, soportando maltratos y vejaciones durante tres años.

Sobrevivientes de esta masacre se refugiaron en el caserío Los Encuentros, el cual fue atacado por el ejército el 14 de mayo. Todas las casas fueron incendiadas. 79 personas perdieron la vida. El ejército secuestró también a más de 15 personas adultas y 40 niños, trasladándolos en un helicóptero hacia el Norte, con destino desconocido. En ese helicóptero iba Martina Rojas.

Una cuarta masacre, ocurrida el 14 de septiembre en el caserío Agua Fría, Quiché, golpeó a los sobrevivientes de Río Negro refugiados allí. 92 personas murieron quemadas y acribilladas dentro de una escuela en donde fueron concentradas por el ejército.

Apenas unos meses después de las masacre, con todos los sobrevivientes de Río Negro huyendo desperdigados por las montañas, el INDE empezó a llenar el embalse y terminar lo que se llamó, “la obra más grande del hombre en Centroamérica”.

Según los sobrevivientes de Río Negro, las personas asesinadas en Los Encuentros, yacen hoy en el fondo de este lago artificial.

La misteriosa fosa XV de Creompaz  

El 27 de febrero de 2012, fiscales del Ministerio Público, antropólogos forenses y miembros de la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), iniciaron el allanamiento de la base militar Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz), antes Zona Militar 21, situada en Cobán. Ese mismo día, se encontraron las primeras fosas clandestinas.

Los arqueólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), han encontrado hasta la fecha 535 osamentas, en 83 fosas diseminadas en el frondoso bosque que cubre esta enorme base militar. Según los testimonios recabados por FAFG, así como los objetos encontrados con las osamentas, el periodo de tiempo en que fueron cavadas va de 1979 a 1992. La mayoría son de 1981 y 1982. La mayoría de las osamentas corresponden a hombres jóvenes. Muchos cuerpos tenían las manos atadas y los ojos vendados, lo que delata ejecuciones.

Una de las fosas era diferente a todas las demás. Era la número 15. En esta se encontraron 63 cuerpos, de los cuales 18 eran mujeres y 43 eran niños. Los objetos (collares de cuentas, pulseras para el mal de ojo) y las vestimentas (cintas rojas, celestes o anaranjadas para amarrar el pelo, fajas decoradas con bricho blanco, amarillo o celeste, blusas de tela de seda sintética) encontradas con las osamentas también sorprendieron a los investigadores: No correspondían al área Cobán. Eran, sin lugar a dudas, de Baja Verapaz, del área de Rabinal.

Fredy Peccerelli, director de FAFG, explica: “Por un lado, teníamos esta fosa de gente del área de Rabinal. Por el otro, teníamos ese testimonio que había sonado por 30 años, sobre los niños y las mujeres de Río Negro que se llevaron en helicóptero. Se pensó: ‘de repente pueden ser los niños y las mujeres capturados en Los Encuentros’”.

Los indicios eran fuertes, pero faltaba una prueba definitiva, y la FAFG decidió darle prioridad a este caso. Por una parte, sus antropólogos sociales se acercaron a los familiares de las víctimas de Río Negro para extraerles una muestra de ADN, frotando un hisopo sobre la parte interna de la mejilla. Por otra, en el laboratorio de ciudad de Guatemala, los genetistas se esforzaron en extraer ADN de unos huesos en pésimo estado de conservación. La idea era comparar estas muestras para determinar qué personas habían sido enterradas allí. Los resultados tan esperados, llegaron en mayo de 2013, con la identificación de una única osamenta.

Martina Rojas, secuestrada el 14 de mayo de 1982 en la aldea Los Encuentros, trasladada en helicóptero con rumbo desconocido, estaba entre los cuerpos exhumados en la fosa XV de la base militar de Cobán, hoy llamada Creompaz.

“The smoking gun”

La coincidencia del ADN de los familiares de Martina Rojas con el ADN recuperado en la osamenta, comprueba el testimonio de los sobrevivientes, explica Fredy Peccerelli. “Esto es muy importante ante los ojos de los propios familiares: demostrarle al mundo que ellos no son mentirosos. Durante 30 años, han sido acusados de inventar todo lo que pasó, de ser guerrilleros, de ser cualquier cosa. Y ahora, siquiera por medio de una persona, pueden mostrar que lo que llevan 30 años diciendo es cierto”, afirma el director de FAFG.

“En un juicio, los acusados tendrán que dar razón de por qué estas personas estaban en una fosa clandestina, dentro de una zona militar. Esta exhumación vincula a individuos específicos con crímenes claros y personas en el mando del ejército. Constituye una evidencia física. En inglés se diría, 'the smoking gun'," prosigue Peccerelli.

Quien comandaba la base militar de Cobán ese 14 de mayo, era el coronel Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser. Este militar que hoy tiene 79 años dirigió la Zona Militar 21 del 1 de julio de 1981 al 9 de junio de 1982*, día en que asumió el cargo de ministro de Gobernación en el gabinete de Efraín Ríos Montt. Plaza Pública intentó ponerse en contacto con él a través de su hijo, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien contestó que su padre no daba declaraciones a la prensa, “en especial en este caso en el que ha habido mucha manipulación”.

Sin embargo, el coronel Méndez Ruiz, en su libro de reciente publicación, Crónica de una vida, editado por Artemis Edinter, dedica un cortísimo capítulo de dos páginas y media a la masacre de Río Negro. En éste, afirma que la masacre ocurrida el 13 de marzo sucedió por “históricas y graves diferencias entre dos aldeas”. Diferencias que fueron exacerbadas por “la polarización política provocada por la guerra civil”, puesto que la aldea Xococ era afín al ejército mientras que la aldea Río Negro, “era un lugar conflictivo por su relación con la guerrilla”.

“Me dolió Río Negro, como también me dolió Chococ (sic), que se dejó provocar”, escribe el militar. Enseguida añade: “Asumo la responsabilidad de mis decisiones y de sus consecuencias, y en este penoso caso, me corresponde responsabilidad por haber ocurrido este en la jurisdicción territorial militar a mi cargo”.

Sin embargo, Méndez Ruiz Rohrmoser no detalla en qué consiste su responsabilidad, puesto que atribuye la masacre exclusivamente a los pobladores de Xococ y no a elementos militares. Tampoco habla de los ataques subsecuentes contra población de Río Negro, ni del traslado de mujeres y niños por helicóptero que narran con insistencia las víctimas sobrevivientes. En ningún momento menciona la presencia de prisioneros civiles en la base militar que comandaba, ni de fosas clandestinas en ésta.

Ricardo Méndez Ruiz, el hijo, aceptó, sin embargo, hablar sobre la identificación de Martina Rojas. El presidente de la Fundación contra el Terrorismo descalifica el trabajo pericial de la FAFG. “Su director, Fredy Peccerelli, está completamente parcializado. Él se ha pronunciado abiertamente a favor del genocidio y en contra del ejército de Guatemala. Además, fue simpatizante de la ORPA. No se puede ser juez y parte”, afirma Méndez Ruiz.

Acerca de la prueba de ADN que permitió la identificación, Méndez Ruiz opina: “Sin haber estudiado los procedimientos de la FAFG, le podría asegurar que el ADN corresponde a la señora, pero lo que no se puede asegurar es que estaba enterrada allí”. Agrega que la FAFG fácilmente podría haber implantado pruebas, un hueso por ejemplo. “Qué casualidad que todo esto de Cobán haya salido a la luz pública exactamente a partir del momento en que yo salgo a la luz pública. Esto es una gran coincidencia en un país donde no existen las coincidencias”, declaró.

Cabe mencionar que las exhumaciones en Creompaz se han realizado, desde el primer día, bajo estricta supervisión del Ministerio Público y de la asociación Famdegua. En el terreno, siempre hay un fiscal presente, que verifica que las evidencias recogidas en la escena del crimen, sean debidamente selladas.

Méndez Ruiz, quien considera conocer bien este caso, niega que el ejército haya transportado personas de Río Negro hacia la base militar de Cobán. “No tiene sentido que el ejército haya transportado a una mujer en helicóptero desde Río Negro hasta Cobán. Esta persona de la que me habla, una madre de familia, de 50 años, que seguramente no hablaba castellano, ¿con qué fin habría sido transportada? ¿Con qué fin, el ejército habría trasportado a 60 niños? ¡No tiene sentido!”. Añade que las fosas descubiertas en la base militar, eran parte de cementerios antiguos que existían antes de que el ejército se instalara en esa área.

La idea de los cementerios antiguos ha sido una línea de defensa común a los militares retirados acerca de Creompaz. Sin embargo, ésta no logra explicar por qué muchas osamentas presentaban los ojos vendados y las manos atadas. Tampoco explica las siete identificaciones obtenidas por la FAFG. Además de la osamenta de Martina Rojas, se han reconocido a seis personas, víctimas de desaparición forzada, originarias la mayoría de San Cristóbal Verapaz. Identificaciones que Méndez Ruiz también rechaza: “qué casualidad que todas estas osamentas son del periodo en que mi padre fue comandante de la base”.

Se consultó también al general César Augusto Cabrera Mejía, quien en mayo de 1982 era oficial de inteligencia (S2) en la misma base militar, según documentos publicados por el National Security Archive. Hoy, Cabrera Mejía es el representante legal de la empresa de seguridad Grupo Élite, la cual, según el portal Guatecompras, ha recibido más de Q36 millones en contratos con el Estado en los últimos ocho años. Preguntado por teléfono al respecto de los hallazgos de la base de Creompaz, Cabrera Mejía, con evidente enojo, contestó que no tenía ningún comentario qué hacer.

El hijo de Martina Rojas

Mario Chen Rojas, entonces de 25 años, estaba en su casa, a dos kilómetros de Los Encuentros, cuando el ejército secuestró a su madre. Al escuchar los disparos, subió a un lugar elevado, desde donde pudo contemplar, impotente, la masacre y el plagio.

La violencia de 1982 golpeó con furia a la familia de Mario. “Murió mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis sobrinos. Me lo quitaron todo”, expresa con calma este hombre delgado, de 55 años, que se dispone ahora a enterrar a su madre. “El tiempo era difícil, mataron a 440 de nosotros. Éramos pocos los que quedábamos. Sentíamos que faltaba poco para que nos terminaran. Tomamos la decisión de salir a las montañas con los sobrevivientes y los niños huérfanos”.

Los sobrevivientes de Río Negro pasaron varios meses huyendo del ejército que los acosaba, hasta que en marzo de 1983, el gobierno de Efraín Ríos Montt decretó una amnistía que permitió a la población refugiada en las montañas entregarse. Así lo hicieron los de Río Negro y por medio de la Iglesia católica y del INDE, fueron trasladados a Pacux.

Una nueva etapa se abrió para ellos, en la lotificación preparada con los fondos del Banco Mundial. Esto no les hizo olvidar sus tierras en Río Negro. “Empezamos una vida dura, las mujeres pelando pepita, haciendo petates, y nosotros buscando trabajo, pero acá en el pueblo no nos querían dar. La gente nos tenía miedo, y nos acusaban de ser guerrilleros”.

“La vida aquí es difícil. Aquí compramos todo, la leña, el ocote, el maíz, porque no tenemos suficiente terreno para sembrar milpa. Si vamos a cortar leña a la montaña cerca de Rabinal, nos tratan de ladrones o guerrilleros. Y es cierto que las montañas son del pueblo, pero a nosotros, por la represa, nos quitaron lo nuestro. Sólo estas casitas nos dejaron. En verano, no podemos vivir dentro porque son muy bajas y se calientan demasiado. Los lotes son sólo de quince por treinta”, lamenta Mario Chen.

El hijo de Martina Rojas se queja de la falta de respuesta del Estado, de los sucesivos gobiernos, ante sus demandas. “Siete caballerías de tierra nos compraron, y se inundaron 22. ¿Y las 15 caballerías que faltan? Eso es lo que nosotros manifestamos. Si no quieren comprarlas, está bien, pero que abran la represa de Chixoy, y nosotros con gusto nos volvemos a nuestras tierras sin pedirle nada al gobierno”.

Mario Chen también exige justicia. Pide que los jefes militares que ordenaron la masacre sean enjuiciados, y en especial, el jefe de la base militar de Cobán, cuyo nombre desconoce.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 4 de septiembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por las masacres de Río Negro y por las “posteriores violaciones en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los hechos”.

La sentencia obliga al Estado de Guatemala a realizar varios tipos de reparación hacia las víctimas, como realizar obras de infraestructura y servicios básicos a favor de la comunidad de Pacux, implementar un plan de rescate de la cultura y el idioma Achí, y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.

Además, debe otorgar una indemnización a los sobrevivientes que oscila entre los $15 mil y los $65 mil, según hayan tenido familiares víctimas de desaparición forzada, hayan sido sometidos a actos de esclavitud y servidumbre o a violaciones sexuales.

El Estado de Guatemala, agrega la sentencia, debe continuar la investigación para juzgar a todos los responsables de la masacre. En mayo de 2008, cinco patrulleros de la aldea Xococ que participaron en la masacre fueron condenados a 780 años de prisión. Anteriormente, en 2003, las investigaciones llevaron a una orden de captura en contra del jefe del destacamento militar de Rabinal, José Antonio Solares González, quien permanece prófugo de la justicia. “Irónicamente, Solares González aún cobra mes a mes su pensión de retirado militar, y por lo tanto, cada año debe dar constancia de su supervivencia”, afirma el abogado Edgar Pérez Archila, asesor legal de Famdegua, quien llevó el caso judicial por esta masacre. Ningún alto mando del ejército ha sido perseguido, como tampoco lo han sido los jefes de la base militar de Cobán. El caso de las exhumaciones de Creompaz aún está en reserva y no hay acusaciones formales. Está siendo conocido por Orlando Salvador López, de la Fiscalía de derechos humanos del MP. 

Mario Chen Rojas lamenta que el gobierno no haya cumplido con lo ordenado por la Corte IDH. “Para el gobierno es fácil destruir, sólo le toma un día, pero cumplir con la reparación, le cuesta mucho”, manifestó en los actos públicos celebrados antes del entierro de su madre. El abogado Tomás Alonso, de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), confirma que el Estado no ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos de la sentencia. Incluso, afirma, la sentencia no ha sido publicada en el Diario de Centroamérica, acción que sirve para demostrar que el Estado reconoce la sentencia, paso previo para empezar a acatarla.

Por otra parte, el Programa Nacional de Resarcimiento apoyó a Mario Chen Rojas con el entierro de su madre, pagando la comida que se repartió, la caja mortuoria y la construcción del mausoleo en donde la mujer fue inhumada.

Ceremonia maya, ceremonia católica

A la sombra de una casa de Pacux, se ha vaciado una caja de cartón y, ahora, un pequeño ataúd abierto contiene lo poco que queda del cuerpo de Martina Rojas. Sobre los restos, han colocado una manta blanca, y sobre la manta, un pequeño canasto donde se puede dejar una donación. Alrededor, muchas flores y dos grandes coronas obsequiadas por dos organizaciones sociales, Famdegua y CALDH. Decenas de velas iluminan este pequeño altar resguardado por un hombre mayor que ha asumido el rol de padrino del entierro. Unos 30 o 40 vecinos han acudido a velar a Martina Rojas.

Hay una marimba cuyas notas se alternan con la de un violín rústico. Las nietas de Martina, hijas de Mario Chen, se cuelan entre los presentes para ofrecerles café. A las personas mayores les ofrecen también cigarros. No hay tristeza en el ambiente, pero sí solemnidad.

A las ocho de la noche, el padrino inicia una ceremonia en compañía de otros cinco ancianos de la comunidad. Él lleva el incensario del que se desprende una densa nube de humo, y los demás, velas encendidas. La ceremonia es una mezcla de costumbres indígenas y de rito católico. Cada anciano reza murmurando en achí. Se arrodillan cuatro veces, hacia cada uno de los puntos cardinales. El humo del incienso, la luz vacilante de las candelas, la intensa mirada de las ancianas que los rodean, crean una intensa atmósfera de fervor religioso.

Más tarde, inicia una ceremonia maya en la que un guía espiritual lee la interminable lista de todas las víctimas de la masacre de Río Negro. Alrededor de una fogata, se ha juntado toda la familia de Martina Rojas, incluidos sus nietos y bisnietos.

Al día siguiente, antes del sepelio que conducirá el ataúd de Martina Rojas hacia el cementerio de Rabinal, hay una acto de “dignificación a las víctimas” organizado por el Programa Nacional de Resarcimiento. Participan Lucrecia Jerónimo, representante del PNR, quien afirma que el acto demuestra que el Estado reconoce los crímenes del pasado, y que está haciendo lo posible por resarcir a las víctimas. Admite que el resarcimiento no avanza al ritmo que quisiera, y culpa al escaso presupuesto otorgado por Finanzas.

También acude Rutilia Reyes, representante de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), quien afirma que Antonio Arenales Forno, el Secretario de la Paz, se solidariza con los familiares de Martina Rojas.

Después del almuerzo, pinol de gallina, los dolientes parten a pie hacia la catedral de Rabinal. Los familiares se turnan para cargar el ligerísimo ataúd. Se celebra una misa. El cura, en su homilía, dice que la búsqueda de víctimas del conflicto es un asunto controvertido, pero que no debería serlo, puesto que es un acto de humanidad. Lo compara con el momento en que José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura.

Bajo una lluvia fina, medio centenar de personas conduce la caja hacia el cementerio. Frente al mausoleo, situado a un lado del monumento a las víctimas de Río Negro, Mario Chen se despide de su madre. Las nietas de Martina Rojas lloran por una abuela a la que nunca conocieron.

Una vez el ataúd fue introducido en la sepultura blanca cubierta de flores, Mario Chen dice: “Al menos ahora sé que mi finada mamá está aquí, y puedo visitarla cuando quiera”. 

 

 

 

*Fe de errata: En un inicio, el texto consignaba que el coronel Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser dirigió la Zona Militar 21 del 1 de julio de 1981 al 9 de junio de 1983; sin embargo, lo correcto es que dejó la Zona Militar en junio de 1982. Para evitar confusiones hemos hecho la corrección en el mismo reportaje.

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