En el objetivo 10, «reducir la desigualdad en y entre los países», se plantea lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40 % más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Para ello se propone adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, así como lograr progresivamente una mayor igualdad.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Guatemala el 40 % más pobre tuvo una participación del 12.8 % en el ingreso total de 2006, en contraste con el 10 % más rico, que participó con el 39.8 %. Además, la Cepal indica que se estima un aumento de 1.9 % en la bipolarización del ingreso, lo cual se traduce en una disminución de los sectores medios en la distribución.
La desigualdad en el ingreso impacta en realidades que se pueden describir con otros rostros: 6 de cada 10 niños y niñas indígenas menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, 5 de cada 10 diez madres que mueren dando a luz no tuvieron educación, 7 de cada 10 adolescentes varones mueren a causa de la violencia y los accidentes... La lista podría continuar.
En países desarrollados es posible encontrar evidencia de que políticas de gasto social enfocadas a reducir la inequidad pueden tener resultados positivos, incluso con mayores efectos que las medidas dirigidas a mejorar la progresividad en los sistemas impositivos. Por ejemplo, un incremento del 1 % en el gasto público o en el gasto público social estuvo asociado con una baja del 0.3 % en la desigualdad en países de la OCDE.
Para Guatemala, recientes publicaciones indican un escenario diferente. De acuerdo con Cabrera M. y otros, aun cuando el gasto público social intenta dar cobertura al sector rural e indígena, la política fiscal logra resultados muy magros en materia de lograr una mayor igualdad de oportunidades. Los autores indican que una «baja carga tributaria como la de Guatemala es y continuará siendo un factor que limite el uso de la política fiscal como una herramienta efectiva para promover una sociedad más igualitaria» (la traducción es mía).
Esto implica que, si queremos abordar con responsabilidad el compromiso que los ODS imponen, debemos replantear la conducción que la política fiscal ha tenido, esto con la finalidad de acercarnos a una mejora en el bienestar de la población. Al respecto, los últimos acontecimientos en el país ponen de manifiesto que una agenda de transparencia, que cierre espacios a la corrupción, es urgente. Para llegar a buen puerto, esta agenda necesita la indispensable participación de la sociedad en el seguimiento y la exigencia del buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo, es necesario meditar que, aun cuando lográramos extinguir el monstruo de la corrupción, requerimos lograr un financiamiento para el Estado que sea congruente y suficiente para el cumplimiento de su fin supremo: el bien común. Estimaciones del Icefi y del Unicef indican que, para dar los primeros pasos hacia un sistema de protección social para la niñez y la adolescencia, se deben incrementar las inversiones públicas hacia 2021 en 4.8 % del PIB.
Una Guatemala nueva es posible, una en donde todos y todas logremos aceptar nuestra diversidad, pero en igualdad de oportunidades. Nuestras diferencias no deberían promover la división, sino, por el contrario, propiciar el encuentro que nos haga abrazarnos como hermanos en igualdad y sentir que este país es ante todo nuestro hogar.
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