En una democracia funcional, la Constitución establece y regula el poder tributario del Estado. Considera como deber cívico contribuir a los gastos públicos y obliga al Estado a rendir cuentas. Es decir, el poder tributario del Estado es legítimo en tanto el gasto público que financiarán los impuestos logre con efectividad el bien común. Cuando el gasto público no es transparente y los recursos públicos son malversados, entonces el poder tributario del Estado pierde legitimidad.
Por errores técnicos, previsiones excesivas sobre el desempeño de la SAT, la devolución de seis millones de líneas a la SIT y posibles inconstitucionalidades, en 2015 el Gobierno y todos los de la administración del presidente Pérez Molina ya enfrentan un agujero fiscal por cuarto año consecutivo. Por lo menos en este 2015 la diferencia es que las autoridades lo reconocen. No como en los años anteriores, en los que incluso protagonizaron verdaderos circos mediáticos defendiendo presupuestos y metas de recaudación inalcanzables. Las opciones del Gobierno son tres: recortar el gasto, incrementar o crear impuestos o contratar más deuda pública.
Los últimos meses de 2014 demostraron que la contención del gasto tiene un límite: es saludable en rubros superfluos, pero es un detonante para la ingobernabilidad si toca rubros esenciales como la educación, la salud o la seguridad. La solución no puede ser continuar con autopatrullas sin combustible, centros de salud desabastecidos y centros educativos sin libros u otros insumos.
El mismo Pérez Molina ha sugerido que esta no será la ruta y evalúa incrementar impuestos. Bueno, para no repetir las metidas de pata de lo que se aprobó junto con el presupuesto de 2015 (por ejemplo, haber presupuestado un incremento en las regalías mineras, cuando la Ley de Minería dice que se podrán recaudar hasta 2016, o calcular la previsión presupuestaria del impuesto de telefonía con base en el número incorrecto de líneas activas), más le vale al presidente que, para su política tributaria, esta vez escuche a su ministro de Finanzas, y no al líder de la oposición política.
Sin embargo, a menos que veamos al PP y a Líder en connivencia descarada acordando una nueva componenda para aumentar estos impuestos específicos o elevar la tasa del IVA, lo que seguramente le deparará al Gobierno y a estos dos partidos políticos es el rechazo enérgico de la ciudadanía y del empresariado. El Gobierno carece de la legitimidad para ejercer el poder tributario en el marco de un contrato social equilibrado.
La ciudadanía percibe, con lamentable acierto, que los tributos que paga no están siendo bien usados y que si Líder gana las elecciones no habrá diferencia. Por un lado, en 2014 el gasto en salud y en seguridad se restringió severamente, pero, por otro, el Gobierno despilfarró 95 millones de quetzales en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y 100 millones más en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia para promover la imagen y la seguridad de Pérez Molina y de Baldetti. Y con esto, una lista interminable de abusos y escándalos de corrupción. ¿Para esto quieren subir la tasa del IVA el PP y Líder?
La necesidad del Gobierno de cerrar el agujero fiscal y el proceso electoral son una coyuntura propicia para exigir una reforma fiscal integral. Es decir, empezar por discutir la transparencia y el combate de la corrupción, las prioridades del gasto público y, entonces, la posibilidad de ingresos adicionales.
Sin esto, las modificaciones tributarias que impulse Pérez Molina son ilegítimas.
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