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La nueva ofensiva de Morales para deshacerse de Velásquez: una lluvia de recursos y un discurso incendiario
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El presidente Jimmy Morales, se aproxima al estrado para hablar durante el debate de la Asamblea General de ONU / EFE/Justin Lane.

La nueva ofensiva de Morales para deshacerse de Velásquez: una lluvia de recursos y un discurso incendiario

Las acciones se presentaron desde el viernes pasado, pero se hicieron públicas hasta el martes.
Morales acusó a Velásquez de entrometerse "en asuntos internos del país politizando la justicia y judicializando la política”.
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El Gobierno de Jimmy Morales lanzó el martes una doble ofensiva en su guerra contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por un lado, por medio de una lluvia de recursos legales, la Presidencia y varios ministerios tratan de revocar el fallo de la Corte de Constitucionalidad que permite el regreso del comisionado Iván Velásquez Gómez al país. Por otro, el mandatario arremete contra la ONU en su Asamblea General. Mientras, los magistrados piden que el Ejecutivo explique en 48 horas si le ha obedecido.

Jimmy Morales y sus ministros demostraron el martes que están dispuestos a alargar las tensiones con la Organización de Naciones Unidas y su Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Alargarlas hasta lograr el objetivo de deshacerse del comisionado Iván Velásquez Gómez, y por consiguiente, debilitar las capacidades de investigación y de esa instancia hasta reducirla a su más mínima expresión.

Lo hicieron a través de una avalancha de recursos jurídicos para que la Corte de Constitucionalidad de marcha atrás en el amparo provisional otorgado el pasado 16 de septiembre, en el que ordenó al gobierno retroceder en su disposición de prohibir el ingreso del comisionado al país, y luego de que tres días después, ante la ambigüedad del fallo inicial, aclarara que el comisionado de la Cicig es Iván Velásquez Gómez.

Las acciones se presentaron desde el viernes pasado, pero se hicieron públicas hasta el martes. Se supo de casualidad, por una pregunta de un periodista al vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, que se encuentra en funciones mientras el mandatario Jimmy Morales participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Se le preguntó a Cabrera si acatarían la orden del tribunal constitucional y dejarían que Iván Velásquez entrase a Guatemala, en caso de que el comisionado regrese. “De momento no se le va a permitir el ingreso. Hay una recusación que se le hizo a la Corte y en ese proceso jurídico estamos”, respondió el vicemandatario.

EFE/Justin Lane

Después de la resolución del recurso de ampliación, el miércoles 19 de septiembre, el Ejecutivo guardó dos días de silencio. El viernes por la noche, a última hora, emitió un breve comunicado en el que indicaba que habían sido notificados, por lo que harían uso “de las facultades y recursos que la ley les otorga para defender la Constitución Política de la República de Guatemala”.

En realidad, según la Corte, el Gobierno ya lo había hecho. Ese mismo viernes ingresó la primera solicitud de revocatoria de amparo provisional. La presentó la Presidencia de la República.

Al día siguiente entraron otras tres peticiones. Una solicitud de revocatoria de parte del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar; y dos acciones del Ministerio de Gobernación: un memorial de aclaración y un recurso de nulidad.

El lunes, la Corte recibió otras cuatro peticiones más. A las dos acciones de Gobernación se sumó una tercera, una anulación de actuaciones, e ingresaron otras tres revocatorias de amparo provisional, una del Ministerio de Relaciones Exteriores; otra de Carlos Emilio Morales, Director General de Migración; y otra más de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.

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Ni la Corte ni las instituciones hicieron públicas las acciones. En conferencia de prensa, Cabrera solo dijo que la que planteó la Presidencia responde a que “ellos (los magistrados) actuaron fuera de ley porque la resolución que hicieron en mayoría de cinco la cambiaron después”.

El vicepresidente se refería a que en la sentencia de amparo provisional emitida por la Corte el 16 de septiembre, los cinco magistrados titulares fallaron de manera unánime que el comisionado podía entrar en el país. Sin embargo, el miércoles 19, en el dictamen del recurso de ampliación que buscaba aclarar la ambigüedad de la primera sentencia, los magistrados Dina Ochoa y Neftaly Aldana razonaron su voto disidente.

Ochoa dijo en su exposición que no estaba de acuerdo con aceptar la ampliación. El abogado Alfonso Carrillo, quien promovió el amparo para que se permitiera el ingreso de Velásquez y quien solicitó la ampliación del fallo inicial, alegaba que en la primera resolución no se había incluido la notificación a los ministros de Gobernación y Defensa ni al director de la Policía Nacional Civil, para que se cumpliera con lo ordenado por el tribunal constitucional. Según la magistrada, la resolución debía ser la que determinara la Corte y no necesariamente lo requerido en la solicitud.

Además, Ocho indicó que no había necesidad de tal ampliación, pues en el primer dictamen quedó evidenciado que la intención del fallo era agotar la vía diplomática. El hecho de que el auto tenga un carácter impersonal —dijo Ochoa, con relación a que no se mencionara el nombre de Velásquez— “no es una mera casualidad”, y el efecto que se perseguía era brindar una situación interina dejando a salvo las negociaciones entre la ONU y el Gobierno guatemalteco, que se establecen en el acuerdo de creación de la Cicig. Esto fue, precisamente, lo que entendió el Gobierno y lo que motivó que hiciera una interpretación diferente del acuerdo.

EFE/Justin Lane

En el razonamiento de su voto disidente, el magistrado Neftaly Aldana dijo que no se incluyó el nombre de Velásquez porque el carácter de comisionado “no es perenne ni está nominado” en el acuerdo de creación de la Cicig.

Aun así, ambos magistrados aseguraron que el auto “no adolece de los vicios de obscuridad, ambigüedad o contrariedad”.

Ganar tiempo

La intención de presentar en la Corte las ocho solicitudes pareciera obvia. Ya el vicepresidente dio algunas luces al decir que “de momento” no se permitirá el ingreso de Velásquez al país, a pesar de que el amparo provisional que ordena lo contrario se encuentra vigente. El gobierno busca ganar tiempo, retrasar la ejecución de la sentencia de la Corte. Estas horas o días extras podrían servirle a Morales para convencer a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, de que acceda a nombrar a un nuevo comisionado, como lo viene pidiendo desde hace un año cuando declaró non grato a Velásquez.

De hecho, en su discurso en el debate de la Asamblea General de la ONU, el mandatario, que cargó contra la Cicig y contra el mismo Guterres, le solicitó públicamente que pudieran nombrar “de común acuerdo” al nuevo comisionado o comisionada.

Esta petición se hace después de que la semana pasada, la canciller Sandra Jovel enviara una nota diplomática al mismo secretario conminándolo a mandarle propuestas de titulares de la Cicig para que el gobierno de Guatemala las evaluara. Guterres se negó a dicha petición, ratificó a Velásquez como cabeza de la Cicig, le autorizó a seguir dirigiendo la comisión desde el extranjero, así como que nombrara a un comisionado adjunto para que le representara en el país. Es decir, un revés para el Gobierno.

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En su exposición ante el pleno del máximo organismo internacional, el mandatario aseguró que su gobierno no tiene ningún señalamiento de corrupción, a pesar de las investigaciones en su contra y las solicitudes de antejuicio. La Cicig, dijo Morales, violó la Constitución, las leyes de Guatemala y el acuerdo con Naciones Unidas, “excediéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Además, señaló que Velásquez “se entrometió en asuntos internos del país politizando la justicia y judicializando la política”, lo que, según él, ha creado una atmósfera de inestabilidad que vulnera la seguridad nacional.

También se quejó de supuestos abusos de poder de la comisión, “que llegaron a llamarse jueves negros de Cicig, que incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza, haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre”. No deja de resultar paradójico que Morales haga estas afirmaciones cuando el mismo gobierno de Guatemala desplegó a agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército en manifestaciones pacíficas. Varios de estos agentes realizaron visitas sospechosas a defensores de derechos humanos y periodistas en las últimas semanas.

Morales incluso culpó a la Cicig de haber “convertido en regla” la prisión preventiva en Guatemala, a pesar de que las personas encargadas de dictarla son los jueces y juezas, y no personal de la Comisión.

El mandatario llegó a deslizar la posibilidad de que los fondos de la Comisión no se hayan utilizado correctamente, al sugerir al secretario general que informe del detalle de los recursos desde su establecimiento.

Sergio Reyes Mendoza

Un último apunte: Morales llegó a considerar que la Cicig ha provocado mayor polarización que el conflicto armado de 36 años que padeció Guatemala. Es decir, que compara la actual disputa entre élites acusadas de corrupción y defensores de los trabajos contra la impunidad con una guerra que dejó más de 200.000 muertos y que fue calificada de “genocidio” por la ONU en 1999.

El tono del mandatario contrasta con el que guardó en los anteriores discursos frente a Naciones Unidas. En 2016, definía a la Comisión como “una de las herramientas más eficientes de cooperación multilateral en la lucha de las redes criminales y la corrupción que han cooptado redes estratégicas del Estado”. El año pasado, seguía mencionando las bondades de la Cicig, pero hacía hincapié en uno de los puntos que tocó en esta última intervención: la supuesta injerencia de Iván Velásquez en la administración de justicia.

Después de su encendido discurso, Morales se reunió en privado con Guterres. La cita no prometía mucho después de que el mandatario utilizara buena parte de su conferencia para menospreciar, en el tono autoritario que ha caracterizado sus comunicaciones en las últimas semanas, el trabajo de Velásquez y los anteriores comisionados y la pasividad del secretario de Naciones Unidas.

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Al finalizar la reunión con Guterres, a las ocho de la noche del martes, el Ejecutivo circuló en redes un corto vídeo de la canciller Sandra Jovel, en el que la ministra aseguraba, en un tono optimista, que el presidente había dialogado con el secretario general con el fin de “buscar una solución definitiva a las preocupaciones del gobierno”. “Veo que hay muy buena voluntad por parte de la Secretaría, que espero que se vea reflejada en los próximos días con alguna notificación…”.

“Lo veo positivo —concluyó Jovel—. Teníamos un año de estar enviando comunicaciones y se habían llevado (a cabo) muy pocas reuniones. Estamos trabajando en relación artículo 12, de controversias del acuerdo”.

Sergio Reyes Mendoza

Naciones Unidas emitió un comunicado todavía más escueto. Tres líneas en las que señalaron que “el Secretario General y el presidente Morales destacaron el buen nivel de cooperación entre las Naciones Unidas y Guatemala en una amplia gama de actividades. También intercambiaron puntos de vista sobre el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”.

Tono diplomático después de la arenga de Morales, que dedicó la mayor parte de los 27 minutos que duró su intervención a desglosar las acusaciones contra la Cicig.

A pesar de los esfuerzos de Morales y Jovel en Nueva York, mientras Guterres no diga lo contrario, Iván Velásquez sigue siendo el comisionado de la Cicig, y el Gobierno tiene una orden expresa para dejarle entrar al país, a pesar de los múltiples recursos que presentado para revertir la disposición de la Corte de Constitucionalidad.

La desobediencia

Entrados en el campo de las interpretaciones jurídicas, los expertos consultados por Plaza Pública no terminan de ponerse de acuerdo sobre si los ocho recursos presentados ante la Corte son procedentes o espurios. Independientemente de que sean viables o no, es probable que la Corte de tramite a las acciones, aunque después sean rechazadas. La encargada de hacerlo es la magistrada presidenta, Dina Ochoa, que se ha mostrado afín al gobierno de Morales desde su designación.

El abogado Mario Fuentes Destarac, por ejemplo, asegura que la petición de anulación de actuaciones se plantea cuando se cree que existen vicios en el proceso, así que podría ser procedente, si así lo considera alguna de las partes. Además, añade, si no están de acuerdo con el fallo, también pueden presentar una revocación del amparo provisional.

Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público, disiente. La revocación de un amparo provisional está contemplada en el artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. “Antes de dictar sentencia y a petición de parte o de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para revocar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio el mantenimiento de la medida no se justifique”, señala la ley.

Monterroso lo aterriza en el caso actual. “La revocatoria se da cuando las circunstancias que provocaron que se diera el amparo provisional han cambiado. Por ejemplo, si Iván Velásquez entrara al país y no se lo impiden, o si él renunciara, ya no tendría sentido el amparo”. Pero estas dos situaciones no se han dado. El vicepresidente dijo claramente que el comisionado no podrá ingresar a Guatemala, y, por ahora, Guterres mantiene su apoyo a Velásquez.

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Lo que está claro es que el Gobierno busca recuperar un margen de actuación. Un último intento de que Iván Velásquez deje de fungir como comisionado. No lo tiene tan fácil. Los juristas coinciden en que el hecho de que se hayan presentado estas acciones no suspende ni detiene la resolución de la Corte.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells asegura que “los recursos del Gobierno no son recursos realmente, son gestiones que no suspenden la ejecución de lo resuelto, simples peticiones”. Monterroso lo comparte, y añade que “día que pasen sin cumplir el dictamen, día que siguen incurriendo en desobediencia”.

Volvemos así al debate sobre si el Ejecutivo está o no en desobediencia cuando reitera que no va a permitir que Velásquez regrese a Guatemala. Y aquí tiene un papel importante la solicitud de debida ejecutoria que formuló la semana pasada Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos. En ella, Rodas pedía la remoción de la canciller Sandra Jovel y del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart. También que se ordenara el encausamiento, certificando lo conducente a las autoridades en materia penal, en contra de ambos y del presidente Jimmy Morales. Esto, precisamente, por no haber acatado la resolución del tribunal constitucional.

La Corte de Constitucionalidad conoció la acción el viernes 21 de septiembre y concedió audiencia al presidente Morales, a Jovel, a Degenhart y al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, para que en un plazo de 48 horas, a partir de que sean notificados, rindan informes circunstanciados. Según Rodas, este martes fueron notificadas las partes.

“La Corte necesita evidencia de si se cumplió o no lo que ella resolvió. Los informes que requirió son para constatar si está cumplida la orden. Es lo lógico”, dice Balsells, que recuerda que “el Ministerio Público ha dicho que no hará nada hasta que la Corte le se lo diga. Esto es lo que procede, tener la evidencia de cumplimento o desobediencia”. Es decir, que lo afirmado en prensa no es prueba. Debe ser incluido en el expediente.

Por ahora, las cosas están así. Nada impide que Velásquez ingrese a Guatemala. Se desconoce si António Guterres le pedirá que regrese. El vicepresidente reitera que el comisionado no entrará al país. Los ministros de Exteriores y Gobernación podrían ser apartados de sus cargos y el presidente investigado por el Ministerio Público por desobedecer una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. El Tribunal debe resolver esto y las solicitudes de revocatoria planteadas por el Ejecutivo.

La tensión continúa.

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