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ConPruebas – Las falsedades y engaños de Jimmy Morales en su discurso ante la ONU
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Jimmy Morales, previo a pronunciar su discurso en la Asamblea General de la ONU / EFE

ConPruebas – Las falsedades y engaños de Jimmy Morales en su discurso ante la ONU

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Lo dijo: Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República
25 09 18
Plaza Pública verificó el discurso pronunciado por Jimmy Morales ante la ONU el pasado martes. Falsedades, engaños y aseveraciones sin pruebas, el resultado.
No se rompieron los tres anillos de seguridad presidencial, porque el personal de la SAAS abrió las puertas, y tampoco se ingresó de manera violenta.

El pasado martes 25 de septiembre, el presidente Jimmy Morales ofreció un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Durante su intervención de 27 minutos, el mandatario se enfocó primordialmente en atacar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al comisionado Iván Velásquez Gómez. Plaza Pública verificó el discurso del mandatario, y encontró al menos seis aseveraciones falsas.

Se le preguntó al secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, sobre las fuentes que utilizó Morales para fundamentar su discurso, pero el funcionario dijo no contar con esa información. “Es un discurso elaborado por él, y es él quien tiene esos datos”,explicó.

1 - “Con la frente en alto, puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción; por el contrario, desde la Presidencia de la República he liderado la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas”.

Esta aseveración de Jimmy Morales es falsa. El 12 de septiembre 2017 se dio a conocer un documento, firmado y autorizado por el mandatario, donde aprobó de manera anómala la emisión de ocho cheques a su favor provenientes del Ministerio de la Defensa Nacional, cada uno por Q50.000. La Ley Orgánica del Presupuesto estipula que se deben publicar “los documentos que respalden bonos o beneficios salariales derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares”, pero este fue publicado hasta que los cheques fueron filtrados a los medios.

Tras conocerse ese caso, el Ministerio Público inició una investigación para determinar la supuesta responsabilidad de Morales por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y estafa. Para profundizar en las pesquisas, la fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad a Morales por medio de un proceso de antejuicio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición el 18 de septiembre de 2017, por considerar la solicitud “espuria y política”, lo cual impidió continuar con la investigación.

Además, la Sala Tercera de Apelaciones clausuró de manera provisional el caso conocido como “Bono Militar”, a favor del exministro de la Defensa, Williams Mancilla, quien fue ligado a proceso por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. Mancilla aseguró que los bonos pagados al presidente le habían sido otorgados en su calidad de comandante general del Ejército. La Contraloría General de Cuentas de la Nación refutó ese argumento al señalar que según el Acuerdo Administrativo Interno 10-2016, Morales no formar parte permanente del personal del Ministerio de la Defensa, por lo que no podía ser beneficiado con un bono de esa naturaleza. El presidente fue obligado a reintegrar el monto de los bonos recibidos.

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Por otra parte, investigaciones periodísticas publicadas en enero de este año, demostraron cómo el presidente Morales utilizó fondos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) para adquirir, entre otros bienes suntuosos, objetos de jade, tenis, lentes y licores para su uso personal. Una investigación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación determinó que los gastos no justificados ascendieron a más de Q300.000, y obligó a la SAAS a devolver al menos Q113.000 de estos.

El Ministerio Público y la Cicig vincularon al presidente Jimmy Morales con dos casos diferentes pero vinculados de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015. A finales del año pasado, el Congreso protegió al mandatario al rechazar la solicitud de antejuicio presentada en su contra para ser investigado. En la actualidad, una comisión pesquisidora de diputados analiza otra solicitud para retirarla la inmunidad para que pueda ser investigado por el segundo caso. Se prevé que la petición sea conocida por el pleno del Legislativa a principios de noviembre próximo.

En enero pasado, la entonces Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana, aseguró en una rueda de prensa que el Presidente de la República no era “un aliado en la lucha contra la corrupción”. El martes, después del discurso del mandatario en la ONU, Aldana publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señaló que “Guatemala no merece un presidente mentiroso” 

Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) indicó que con el discurso pronunciado en la ONU, Jimmy Morales evidenció que “ha dejado de representar los intereses del pueblo guatemalteco”, y que sus acciones evidencian el interés de Morales por proteger a sus familiares y allegados vinculados en casos de corrupción. Con este fin, agregó Martino asegura que el presidente “se ha avocado a desmantelar la lucha contra la corrupción y con un discurso carente de cualquier contacto con la realidad, pretende esconder lo que en verdad ha hecho, que es romper el orden constitucional e irrespetar la independencia de poderes y desconocer una decisión del más alto tribunal guatemalteco”.

2 - “(La CICIG) violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso”.

La afirmación de Morales es engañosa, ya que la Cicig, según su mandato, en los procesos penales en que participa lo hace como querellante adhesivo. La comisión colabora con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que es a la que por ley le corresponder sindicar y acusar, y es a los tribunales a los que, con base en las evidencias de la fiscalía, a los que les corresponden decidir en las diferentes fases del proceso. La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos constitucionales. El presidente Morales, a lo largo de su discurso, no precisó los casos u actos específicos en los que supuestamente la Cicig había incurrido en los señalamientos hechos. Sus apreciaciones fueron generales, y por lo tanto engañosas, porque no las sustentó.

En el Ministerio Público no han sido presentadas de denuncias en contra de la Cicig ni del comisionado Velásquez relacionadas con ese tipo de señalamientos. En caso fuesen ciertos, y al presidente le constaran los mismos, según el artículo 457 del Código Penal, estaría obligado a denunciar los hechos ante la fiscalía y sustentarlo con pruebas, para no incurrir en el delito de omisión de denuncia.

Los señalamientos de Morales también son contradictorios con su posición oficial anterior respecto a la Cicig, la cual modificó a partir del segundo semestre del año pasado, cuando su hermano e hijo fueron implicados en un caso de corrupción investigado por la comisión y luego de que él mismo fue señalado de haber incurrido en supuestos delitos de financiamiento electoral ilícito. En abril de 2016, Morales pidió a la ONU la renovación del mandato de la Cicig al argumentar que “el apoyo la comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en el país”.

La subdirectora Cejil asegura que “se requiere un nivel particular de cinismo, para pretender en su discurso pretender defender la legalidad y la constitución del país, cuando es él quien la esta violentando y cuando es él quien se niega a acatar una orden judicial”.

3 – “En el allanamiento ilegal de Casa Presidencial, el 2 de noviembre de 2016 (…) además de romper los tres círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma de nuestro país”

Esto según las propias palabras del presidente Morales, en noviembre de 2016, es falso. En esa ocasión el mandatario aseguró que “en Casa Presidencial no hubo allanamientos; había una orden para poder hacer algunos allanamientos en Guardia Presidencial, la dirección que llevaba la orden no correspondía, sin embargo, nosotros abrimos las puertas para que pudieran entrar, entonces entraron a las oficinas de SAAS”.Por lo tanto, lo asegurado en su discurso en la ONU, no tiene sustento.

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Según la Cicig en esa diligencia no se rompieron los tres anillos de seguridad presidencial, como afirmó el mandatario, ya que el mismo personal de la SAAS abrió las puertas, y tampoco se ingresó de manera violenta, como consta en los vídeos que el mimo gobierno difundió en las redes sociales. Tampoco se puede calificar de ilegal dicha diligencia, pues la misma respondía a una orden emitida por un juez contralor.

El analista jurídico de la Fundación Myrna Mack, Andy Javalois, considera que hay una “tergiversación de los acontecimientos”. Explica que el presidente expone esto como si fuese ilegal y sin las garantías necesarias, cuando la diligencia se realizó en cumplimiento a una orden de juez competente. Javalois añade que el discurso falso de Morales, “es parte de una estrategia mediática para poder trasladar a la población a que ellos han sido víctimas y sujetos de una persecución selectiva, lo que es algo carente de sustento”.

4 - “Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder, que llegaron a llamarse publicitariamente “los jueves negros de Cicig”.

Esa aseveración de Morales también es falsa. El nombre que se le daba a la presentación de los casos de manera pública es “jueves de Cicig” o #JuevesDeCICIG y no incluía la palabra “negro” como aseguró el presidente. Ese término no fue usado por la comisión al referirse a la presentación de los casos investigados; la expresión empezó a usarse en las redes sociales a partir de que en varias ocasiones los operativos de allanamientos y capturas se realizaron los días jueves. La consigna cambió invariablemente, según el día en que ocurrieran, a #LunesDeCICIG o #MartesDeCicig. El término se convirtió de uso común, luego de que fuera adoptado por los medios de comunicación. No existe ningún documento oficial o comunicado de prensa de la Cici donde se refiera de esa manera a sus diligencias.

Un dato curioso: en el discurso de Morales divulgado por la Presidencia no está escrita la frase “jueves negro de Cicig”, como la pronunció el mandatario, sino simplemente “Jueves de Cicig”.

Martino, del Cejil, considera que es contradictorio que el presidente hable de uso de la fuerza de parte de la Cicig cuando es él quien está militarizando su gobierno al hacerse rodear del alto mando militar y ordenar la salida de soldados y kaibiles para generar temor entre la población.

Javalois añade que “si vamos al uso excesivo de la fuerza, los patrullajes del Ejército y la policía podría ser interpretado en ese sentido”. El jurista dice sobre el tema que los kaibiles patrullando las calles con fusiles de asalto, es realmente uso excesivo de la violencia, que no se da desde los años 80. Los procedimientos que utilizan el Ministerio Público y la CICIG son normales en cualquier procedimiento penal en el mundo, agrega.

5 - “Debe considerarse también el excesivo uso de prisión preventiva, que debió ser una excepción, la CICIG la ha convertido en regla en Guatemala”

Esto también es falso. En julio pasado, la CICIG emitió un boletín temático sobre arresto domiciliario, donde asegura que “más del 60 % de las personas ligadas a proceso en casos adelantados por CICIG gozan de medida sustitutiva (arresto domiciliario)”

Además, según la legislación guatemalteca no es a la fiscalía (y por lo tanto tampoco a la Cicig) a la que le corresponde decidir sobre qué procesado es enviado a prisión preventiva y cuál es beneficiado con una medida sustitutiva. Esa disposición es exclusiva de los jueces de garantía que conocen los procesos. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece una serie de delitos que no aplican a medidas sustitutivas. Estos están descritos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República y Ley contra la Narcoactividad; entre los delitos contenidos está el lavado de dinero, delito que es frecuente en las sindicaciones que hace la Cicig y la fiscalía.

El Ministerio Público suele oponerse a que se conceda ese tipo de medidas a las personas procesadas cuando, según sus investigaciones, considera que existe peligro de fuga o de obstaculización de la justicia.

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El exministro de gobernación y analista del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), Francisco Jiménez, explica que el Ministerio Público opta por pedir prisión preventiva en los casos en general, no solamente en los que la Cicig esta adherida. “Extrapolar eso a la Cicig es una afirmación retórica y no encuentro ninguna vinculación de una con la otra”. Explica que según una investigación del CIEN “la mayoría de los casos que tienen prisión preventiva, son por que el juez no tiene otra salida”, pues hay delitos que no tienen posibilidad de medidas sustitutivas, de alrededor de 15 delitos, entre ellos lavado de dinero y delincuencia organizada, por ende “de cajón” se solicita esta medida. Comenta que para cambiar esto, se debe de reformar la ley.

Javalois dice que esta frase de Morales “es una falacia por donde se vea”. Explica que no es el Ministerio Público ni la Cicig (que actúa como querellante adhesivo), quienes deciden la prisión preventiva, “sino los jueces, el denominado juez contralor y el juez de garantías”. “Morales muestra un total desconocimiento total del sistema procesal penal guatemalteco”, indica.

6 - “Hay un caso denominado Pavo Real en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España, con las pruebas presentadas por Cicig no fueron suficientes y se les declaró inocentes”

Lo dicho por Morales es falso.De las doce personas procesadas en Guatemala por los casos Pavón y Fraijanes, que se desprenden de la operación Pavorreal, realizada por las fuerzas de seguridad en 2006, cinco fueron condenadas, seis absueltas y una sobreseída. Entre los absueltos se encuentra Edwin Rivera Gálvez, hermano de Kamilo José Rivera Gálvez, actual viceministro de Gobernación.

De los tres exfuncionarios que se dieron a la fuga para no ser procesados en el país por estos casos, dos fueron absueltos: Javier Figueroa en Austria, y Carlos Vielmann, en España. El mandatario prefirió no mencionar el caso de Edwin Sperisen, a quien un tribunal suizo condenó a cadena perpetua en primera instancia y en un nuevo juicio le sentenció a 15 años de prisión.

El analista de la Fundación Mack, explica que Jimmy fue selectivo e intentó enmarcar la labor de la Cicig en unos cuantos casos de los más de cien que lleva esta comisión. Dice que si no fuese por la CICIG “no habría una sola imputación por casos de corrupción”.

7 - “Hoy lamentamos cinco muertes por ese abuso de prisión preventiva en donde la presión de Cicig sobre los jueces influyó para que no les otorgaran medidas alternas a privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado, y quiero hacer constar que ese trato inhumano no se le da ni siquiera a los criminales y narcotraficantes más peligrosos”

La supuesta presión de Cicig sobre los jueces, no es posible comprobarla, por lo tanto en este ejercicio de verificación es calificada como una aseveración “sin pruebas”. No existen evidencias, pruebas ni denuncias de ello. Ni el Ministerio Público ni en la Corte Suprema de Justicia existen denuncias de ese tipo en contra de la comisión. El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Marlon Arnoldo López Najarro, dijo que respeta lo señalado por Morales, pero aclaró que desconoce sus razones y justificaciones para asegurar ese extremo.

Respecto tratamiento médico de los reos, es falso lo asegurado por el mandatario. Garantizar servicios médicos dignos a los privados de libertad es una obligación de la Dirección General del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Salud, no del Ministerio Público ni de la Cicig. Son los jueces, a petición de la defensa de los procesados los que deben autorizar la hospitalización de éstos cuando lo considere conveniente, con base en los informes médicos que a su vez le deben proporcionar los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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Jiménez explica que entre los casos que menciona el presidente “hay algunos en los que se pudo haber hecho algo” para evita el fatal desenlace, pero aclara que ello le correspondía al Sistema Penitenciario, que debió informar al juez competente para que este ordenara la atención médica inmediata.

Según Andy Javalois, el supuesto trato inhumano que señala el presidente Morales, “es un defecto sustancial de nuestro sistema penitenciario, el cual está bajo el mando del Ministerio de Gobernación, y en el que nada tiene que ver la fiscalía ni la CICIG.

8 - “La misma comisión Helsinki, del senado de los Estados Unidos de América, le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones”

Esta afirmación también es falsa. La comisión Helsinki, que investigó el denominado “caso Bitkov”, nunca pidió cuentas a la Cicig. El portavoz de la comisión, Matías Ponce, explicó que en su momento se “recibió una invitación a asistir a la comisión”Helsinki. Esta fue declinada, en una carta dirigida al congresista estadounidense, Will Hurd, donde se le explicó que debido a que el proceso caso Bitkov continuaba abierto, no podían exponer públicamente sobre ello. Explicaron también en la carta que los procesos no están a cargo de la comisión sino de las instituciones guatemaltecas.

Según Jovois, la comisión Helsinky no tiene ninguna potestad sobre la CICIG por lo que no tenía porqué pedir cuentas como lo asegura Morales. La Comisión, agrega, está bajo el mando de las Naciones Unidas, y es única y exclusivamente al Secretario General de esta a quien esta debe rendir cuentas.

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"Más del 60 % de las personas ligadas a proceso en casos adelantados por la Cicig gozan de medida sustitutiva (arresto domiciliario)”