Era una invitación a formar parte de una de las planillas que disputan la dirección de uno de los órganos colegiados más importantes del país, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el cual tiene un valor estratégico muy importante en el proceso de nombramiento de puestos clave en instituciones como el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Registro de Información Catastral (RIC), así como incidencia política del más alto nivel gracias a la estructura jurídico-política de nuestro país.
Debido a que la Escuela de Ciencia Política empezó sus actividades en el seno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) a finales de los años 1960, los egresados de nuestra unidad académica nos colegiamos en el CANG pese a que, por la naturaleza y la función de este, nunca hemos tenido un papel preponderante en dicho cuerpo colegiado. Por ello, cuando el grupo de profesionales encabezados por Alejandro Balsells y César Conde Rada me pidió apoyo, inmediatamente acepté. He trabajado con ambos en proyectos relacionados con las reformas a la Ley Electoral, por lo que conozco de cerca su profesionalismo y su trayectoria intelectual.
Lamentablemente, en nuestro país prevalecen la descalificación y los juicios de valor hechos a la ligera, por lo que inmediatamente empezaron a surgir campañas negras para descalificar a Alternativa Independiente, la agrupación profesional con la que participamos electoralmente hablando. ¿Los argumentos? Unos decían que la planilla era un engendro creado por los grupos comunistas, mientras que otros argumentaban que había defensores de las grandes compañías y de los intereses dominantes.
Las interioridades del proceso me dejaron anonadado: un proceso de votación que no tiene el mínimo control electoral, ya que no existen regulaciones ni en cuanto al desarrollo de la campaña ni en cuanto a los montos que se pueden invertir en el proceso electoral. El resultado obvio: grupos que parecen articularse en una suerte de campaña permanente y que exhiben recursos aparentemente ilimitados en una vorágine de negociaciones oscuras y pactos de interés que apenas se comprenden.
La lección aprendida del proceso es que los profesionales afines a los del derecho, con quienes nos toca compartir ese cuerpo colegiado, no hemos descubierto aún nuestro poder ni nuestra capacidad de incidencia pese a que formalmente tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto. Para empezar, la mesa de votación de nuestras profesiones casi siempre tiene un nivel muy bajo de participación, además de que no existe un consenso sobre cuáles deberían ser las principales demandas que habría que pelear en el seno del colegio de abogados.
Más allá de esta aventura particular, de la cual no conozco el resultado al momento de escribir estas líneas, queda pendiente la articulación de los sociólogos, los internacionalistas y los politólogos para la dignificación de nuestras profesiones desde la plataforma que actualmente tenemos: un desafío pendiente muy importante porque, mientras no demostremos nuestra fuerza y capacidad de incidencia, seguiremos desperdiciando un espacio muy importante de poder desde el cual se puede ayudar a rescatar la institucionalidad de nuestro país.
Más de este autor