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El país de los abogados

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El mundo de los abogados gira alrededor de tres ejes gravitacionales. Ahí radica su equilibrio. Una estructura que como tal, desde hace 30 años, ha conseguido afinar formas para moverse casi por sí sola, ejercer y obtener poder. Una dinámica que se sostiene fabricando alianzas, compromisos, desde tres pilares fundamentales: el CANG, las universidades, y diversas instituciones de gobierno incrustadas en los tres poderes del Estado. Desde allí se toman decisiones para ellos y sus clientes.

Una vez que los batallones dentro de las universidades, dentro del Colegio, han cumplido su función, el siguiente paso son los puestos de administración de justicia.

“En lo que al prestigio laboral se refiere” —escribía Carlos Monsiváis— “el siglo XIX y sobre todo el XX latinoamericano comienza con ingenieros y médicos en la honrosa segunda fila, y en el centro los abogados que hacen y rehacen las leyes, determinan el proceso cultural, crean y modifican las instituciones, aprovisionan a dictadores y Presidentes de la República con discursos grandilocuentes, redactan los manifiestos subversivos y los textos oficiales, forjan los estilos del habla culta con todo y dicción, son a la vez los bohemios y los grandes burgueses”.

Tales son los recursos de los abogados. Casi todos los países de América Latina han sido moldeados por este gremio que crea grupos con intereses alrededor de diversos momentos trascendentales. En Guatemala, con la independencia de la corona española, abogados como José Cecilio del Valle, Pedro Molina, o Antonio Batres Jáuregui, se disputaron la configuración de una patria recién nacida. Unos, como da cuenta Marta Elena Casaus en el libro Las redes intelectuales de Centroamérica, buscaban una patria federativa, que incluyera otras naciones, como las indígenas. Otros —en realidad los ganadores de este debate en alto porcentaje—, únicamente planteaban la asimilación, la nación única: la exclusión favorable a sus intereses.

De los abogados es en buena parte el país y las reglas del juego político. En ellos, principalmente, recayó la responsabilidad de dar forma y función al Estado. Las leyes —su redacción, su intención— relacionadas con diversos intereses, como los económicos, lo civil, lo penal, lo fiscal, pasaron el escrutinio de este gremio. Y hoy casi nadie escapa a su poder casi ecuménico: en algún punto usted necesitará un abogado. Ya sea para defender, hacer un reclamo, disputar una pelea legal, o para presentar acusaciones.

Lo cierto, no obstante, es que muchos abogados y sus colectivos buscan otra cosa: control. Control de la justicia. Desde hace 30 años la lucha por ubicar las piezas afines a cierto grupo, posicionarlas, empezar las jugadas sobre el gran tablero de las cortes, ha sido constante. En aras de ello los abogados han creado un país conforme a sus necesidades. Andamiajes casi perfectos para sus decisiones, las políticas, además de las condicionadas por lo económico. Varios de ellos, agrupados, han construido las reglas; ellos juegan, y ellos elijen a los árbitros.

Desde entonces, en distintos momentos, los egresados de las facultades de Derecho, en lo legal, han confeccionado la cotidianidad del país —desde el documento que da validez a la empresa que produce el café de las mañanas hasta la ley de tránsito, gestionando los permisos de construcción cuando hay alguna traba del mismo sistema, inscribiendo la empresa en donde se trabaja y, claro, solventando los asuntos judiciales— a través de alianzas, fidelidades y compromisos.

Y gracias a procesos como las comisiones de postulación, el control de los que manejan la ley se ha vuelto más evidente. ¿Qué los une, qué los puede hacer formar frentes, bandos en pugna? ¿Cómo funciona este sistema? Con los años, han generado y consolidado las fuerzas. Y hay momentos clave en los que se acentuó el poder: Con las reformas constitucionales, por ejemplo. Con juicios emblemáticos, como la acusación de genocidio, en otros casos.

La Constitución que forjó su poder

Para entender el poder de los abogados sobre las Cortes, hay que acercarse a uno de los puntos de quiebre más importantes para Guatemala: la transición democrática de hace casi 30 años. Con la Constitución de 1985 un nuevo poder les fue otorgado, uno menos discreto, como el que detalla Monsiváis para Latinoamérica, más real, con más margen de decisión. El objetivo de la nueva Constitución era eliminar las decisiones arbitrarias desde lo político, los profesionales de derecho, pasaron a tener la capacidad de decidir sobre diversas instituciones y, de paso, sobre el país. Ahora podían, pueden, elegir y llevar a abogados a puestos importantes como la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones o Tribunal Supremo Electoral. Era parte de sus nuevas potestades, y otra posibilidad, otra manera de hacerlo, no fue discutida o fue obviada... Con la implementación de las comisiones de postulación, luego de las reformas constitucionales de 1993, se introdujo este filtro de intenciones democráticas, pero el debate sobre la carrera judicial quedó casi clausurado. La posibilidad de que un magistrado de Apelaciones, de Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, o un juez de Instancia, fuera electo en su puesto de forma vitalicia y por méritos, como sucede en un buen puñado de países del mundo, quedó descartada.

Las grandes catedrales de los abogados 

Lo que quedó fue: comisiones de postulación, un proceso corporativista, sin demasiada participación ciudadana más que la que se le permite como vigilante del proceso. En resumen, cada cierto tiempo el gremio —hoy 20 mil abogados— es convocado para seleccionar a otro pequeño grupo de abogados que se encargará de escoger a otro grupo de abogados y decidir si incluirlos o no en un listado, también de abogados, que es remitido al Congreso o al Presidente. Un proceso donde todo queda en familia. Y que para el que decide trabajar en solitario resulta casi imposible acceder.

“Se buscaba despolitizar los procesos de elección, antes a cargo del Congreso”. La frase es repetida hasta el cansancio. Sobre todo cuando se sabe que ocurrió todo lo contrario. Y lo político, entendido como gestión de influencias y la disputa por acceder a puestos de poder más que como búsqueda del bien común, ha carcomido las estructuras que sostienen el sistema: universidades, instituciones y colegios profesionales. Una pequeña bola de nieve que empezó a rodar y, crecida y abultada, poco puede hacerse para que se detenga.

El sistema, confeccionado por los mismos abogados, lo permite, y es válido. Fue creado así.

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El gremio se sostiene sobre tres grandes estructuras: Las universidades —una pública y 12 privadas—, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y un buen número de instituciones de Gobierno en las que es necesario un departamento jurídico. Son los espacios que tienen los abogados para poder destacar, de autopromoverse, crear redes y alianzas. Muchas veces la figura de un solo abogado puede articular cientos de personas, como piezas de un enorme engranaje alrededor de un punto de equilibrio. Este modo de operar es reconocido por más de una decena de abogados entrevistados, algunos con poder dentro del gremio, y otros, simples espectadores que deciden alejarse de los pulsos políticos, a veces molestos por recibir montones de propaganda electoral desde los sectores que operan en el interior de las universidades, el Colegio de Abogados, o las instituciones públicas. Que si elecciones para el CANG, que si decano de la facultad, que si un curso de maestría, que si diplomados, que si representantes para escoger magistrados del TSE… Todas esas planillas. Todas esas asociaciones poco rastreables para los ciudadanos que no sean abogados.

El colegio de la validación

Ya en 1988 el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, en un documento presentado durante el VIII Congreso Iberoamericano de colegios y agrupaciones de abogados, vislumbraba los problemas de una “politización interna” al centro del gremio, que producía “la concurrencia institucional del colegio (CANG) en la integración directa o indirecta de los tres más altos tribunales del país”. Una premonición, casi a modo de advertencia. Se inauguraba un nuevo campo de batalla dentro del gremio: el día que, en 1985, fue obligatoria la colegiación profesional dentro del contexto de las recién creadas comisiones de postulación. 

“Todo graduado universitario de Derecho debía inscribirse en el CANG. La intención era el control del ejercicio profesional, pero se añadía el elemento del voto”, explica hoy Orellana. “Ponía en manos de los abogados el destino de varias cortes. Le daba poder político. No fue tan ingenuo; pero entonces se creía en la academia”, agrega.

La Constitución de 1945, en cuanto a la primera colegiación obligatoria, buscaba únicamente dignificar al trabajador profesional. Luego, la de 1956, subrayaba la función cultural de estas corporaciones profesionales. Hasta entonces, el examen de los profesionales recaía sobre la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1965, otra Constituyente lo cambió: el CANG, buscando la independencia del Organismo Judicial, se encargaría del control en el ejercicio de los abogados profesionales. Y en 1985, se les otorgó participación en la designación de los magistrados a los más altos tribunales del país. Las reformas de 1993 terminaron de dar forma a este nuevo espacio de democracia corporativista.

Un allegado a la actual junta directiva del CANG, presidida por Luis Reyes, explica que las tres estructuras en las que se mueven hoy los abogados —universidades, CANG, instituciones de Gobierno— tienen sentido a partir de esta última modificación. “Se controló la academia, la colegiación y se capitalizó su cuota política, al escoger magistrados mediante comisiones de postulación”.

En el juego, en aquellos años, había pocos actores en la elección de magistrados: abogados graduados de las universidades privadas (Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez) y abogados graduados de la universidad pública (USAC). Según algunos entrevistados, en aquellos años eran unos 4 mil profesionales del Derecho en activo para 1985. “Los del centro versus los de zona 10”: una dicotomía de clase, indica el analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) Gerson Sotomayor, y que se mantuvo hasta principios de los años 90.

Luego llegó el boom de las universidades privadas. De cuatro crecieron a siete en 2004, después a nueve en 2009, hasta sumar las 13 que hay en 2014. Once de éstas poseen facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es decir, 11 decanos que, por ley, deben participar en los procesos de comisiones de postulación para escoger magistrados de Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Corte de Apelaciones. Sucede incluso si algunas de estas universidades no cuentan aún con ningún estudiante graduado, como la Da Vinci, o no llegan a 10, como la Rural.

Lo cierto es que este incremento de universidades no ha sido tan natural. Hubo circunstancias que dieron pie para su existencia o justificación. La llegada de nuevos actores, por ejemplo.

Hasta antes de la última década, las elites económicas tradicionales controlaban gran parte de los tres poderes del Estado —con abogados como operadores—. “Estado capturado”, como lo explicaba el exsecretario de Análisis Estratégico Édgar Gutiérrez a Plaza Pública. Y describía parte de lo que ha estado pasando: “Los poderes emergentes no tienen alcance nacional, pero le han ido arrebatando tajos de Estado y territorio a la oligarquía. Los aparatos de seguridad y justicia son un buen ejemplo”. 

Un abogado, operador de la asociación de abogados Ética y Derecho, con bufete propio, casos propios, otros abogados trabajando para él, es decir, con el tiempo y dinero suficiente para trabajar en política, allegado a la estructura de Abogados de Mixco y al partido político Victoria, que para hablar pone la condición de que no se le identifique, explica que el número de universidades se debe, primero, a la lucha de los poderes emergentes en pro de su participación dentro del Estado. Y segundo, que los abogados de estos nuevos actores, no se iban a quedar de brazos cruzados viendo cómo la elite tradicional, a través del gremio, seguía acaparando puestos importantes en las cortes. Es cuando aparecen nombres como el de Roberto López Villatoro, “quizá uno de los pocos que logró comprender el sistema desde muy temprano”, dice el abogado de Ética y Derecho. Es cuando también se mencionan a los abogados y magistrados de la Corte de Constitucionalidad detrás de la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial en el 2003. Es cuando empiezan nuevas batallas, más encarnizadas.

Es cuando todo, como una extraña configuración del universo, permite las condiciones políticas para aprobar una nueva Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Los abogados entrevistados dicen que hay que poner atención a esta reforma de 2001. La pelea se dio en el Congreso. La ganó el entonces poderoso Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Y obligó a que ningún abogado en Guatemala, a pesar de tener un título de Abogado y Notario otorgado por alguna de las universidades del país, pudiera ejercer su oficio sin antes estar colegiado en el CANG.

“Eso —la reforma de colegiación obligatoria para ejercer— alborotó las cosas, los grupos y asociaciones crecieron, las universidades aumentaron, todo exponencialmente. El control por el gremio se configuró en función de las cuotas de poder; se volvió rentable; cada colegiado: utilizable. Votos. La élite veía que su poder consuetudinario en el sistema de justicia peligraba”, dice el representante de Ética y Derecho. Era 2001.

Álvaro Castellanos, abogado constitucionalista, fundador de la Asociación Alternativa Independiente, aunque ya retirado de ésta, es consciente de lo que sucedió con la reforma de 2001 y ve un problema de falta de control por parte del Estado al dejar que un colegio profesional sea el encargado de regular en esta forma la carrera de Derecho. “El Colegio adquirió un poder importante. Decide quién trabaja y quién no, básicamente. En otros países, como Estados Unidos, el Estado es el responsable de examinar a los egresados, y decidir si se es capaz de ejercer o no la profesión”.

Pero para esta reforma en la que el CANG decidía quién era y quién no era autorizado para ejercer, las aguas corporativistas ya estaban agitadas.

El cambio orquestado en esencia por los abogados detrás del FRG, con mayoría en el Congreso, se pensó en función del poder que el Colegio tenía para decidir quiénes son aptos para otros puestos dentro del Estado. El FRG gobernaba no sólo el Ejecutivo sino también el hecho de elegir a la Corte Suprema de Justicia, o Salas de Apelación, para decidir sobre las jefaturas del Ministerio Público, de la universidad de San Carlos, además de otras representaciones con las que cuenta el colegio dentro de instituciones que se han creado en los últimos años, como el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Registro de Información Catastral (RIC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), o la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). “Esta es la disputa por el Colegio. El poder de decisión que tiene para el país es enorme. No sólo para el gremio, desde el gremio, sino para la institucionalidad del país”, señala Sotomayor.

Las pugnas por un colegio con tanta incidencia se han acrecentado. Asociaciones, grupos de abogados, alianzas, todo en función de controlar esta parte de la estructura. Aunque, como dice Sotomayor, las tres estructuras —CANG, universidades y puestos públicos— son complementarias entre sí. Hoy una no podría comprenderse sin la otra.

Universidades, las productoras de las bases

Ante el poder adquirido por el CANG —elegir magistrados, validar la profesión, tener representantes en diversas instituciones—, los efectos también cayeron en las universidades, en la búsqueda de futuros votos y alianzas: los estudiantes de Derecho de toda Guatemala.

Para funcionar, el colegio requiere bases.

Sotomayor, del ICCPG, explica que las facultades de Derecho pasaron a ser una especie de cantera. El recurso reproductor de las dinámicas existentes. “Desde ahí (las universidades) se coopta gente para integrarla a las asociaciones de abogados. Lo curioso, lo más curioso, es que toda la base de la estructura se consolida no en torno a una ideología, sino a otro tipo de afinidad, como la amistad, la academia y el compromiso. La lealtad es el factor fundamental para la búsqueda de apoyos. Lo que a un catedrático, o a alguien de trayectoria, puede llevarlo a puestos importantes”, expone Sotomayor.

“Si se conoce el sistema, las estructuras, su funcionamiento —agrega el analista del ICCPG— las asociaciones de abogados utilizan las dinámicas internas de la universidad y las toman como un proyecto que emulan en el CANG, también en las instituciones de Gobierno”. Es decir, las redes crecen, se expanden.

Tal es el caso que cuenta un abogado que se dedica al ramo civil. “¿Qué se necesita para que un abogado sea tomado en cuenta, por ejemplo, en una Comisión de Postulación? Si ves las tablas de gradación, importa demasiado que haya asistido a un montón de cuestiones académicas, que tenga muchos diplomas, y también que haya impartido conferencias, recibido talleres, títulos, cursos, maestrías. Esto lo han comprendido las asociaciones de abogados. Nuestros correos se llenan con la publicidad de sus cursos y conferencias. Es el anzuelo que tiran para que los abogados piquen, se la crean, y que los diplomas que ofrecen, cuya validez nadie regula, sean utilizados luego para que los asistentes intenten postularse a alguna magistratura. Mientras más diplomas, mejor abogado, supuestamente”.

Algunos entrevistados retratan este panorama. La asociación de Abogados de Mixco, por ejemplo, hoy es un grupo fuerte. Pero su fortaleza no se dio de la noche a la mañana. Acompañados por el partido Victoria, de la familia Rivera, lograron controlar hace varios años la alcaldía de Mixco. Juan Carlos Godínez, como secretario municipal, inició una campaña de posicionamiento como abogado ante todo el gremio. “Como vieron que llegaban los abogados por su diploma a cada desayuno, casi lo institucionalizaron”, dice un abogado que asistió a una de estas reuniones que se realizaban en Mixco. Abogados de Mixco, a través de esta dinámica, ha logrado llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia. Héctor Manfredo Marroquín, ex Jefe de asesoría Jurídica de la Municipalidad de Mixco, su representante.

“Hay que entender algo”, dice Sotomayor, “lo académico es fundamental para los abogados. Crea la ilusión de ser importante. Cada grupo, en cada universidad, lucha por controlar los cargos de coordinador académico. ¿Por qué? Porque nadie se gradúa sin antes pasar por este filtro, ya sea con la tesis o con los exámenes privados. Y eso repercute en votos, mayor cantidad de graduados, pero en esencia: votos”.

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Avidán Ortiz, por ejemplo, antes de ser el actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC, fue secretario académico. En su gestión, los graduados de derecho aumentaron. En el año 2007 al 17 de noviembre se reportaron 477 estudiantes graduados. Durante el segundo semestre 2006, 393 graduados.

O Luis Reyes, actual presidente del CANG, que fue Coordinador Académico dentro del Colegio de Abogados: “Las convocatorias a conferencias y diplomados aumentaron con Luis Reyes”, recuerda el abogado que se dedica al ramo civil. “El CANG también intenta cooptar abogados con lo académico. Funciona”.

Las alianzas entre ellos, o el pez que se muerde la cola

Rastrear el rompecabezas de actores en estos procesos corporativistas a través del tiempo resulta una tarea frustrante. “Al menos buscar las alianzas entre las asociaciones de abogados dentro o fuera de las universidades resulta imposible”, detallaba el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, hace unos meses. Con lo que a los abogados les gusta dejar registro notarial de todo, aquí no hay datos electorales detallados. Apenas montañas de actas. En el Tribunal Electoral del CANG, la oficial Gladys Muñoz señala que las asociaciones de profesionales no están obligadas a registrarse, únicamente inscriben un número de planilla y el nombre de candidatos para cada proceso electoral a cargo del CANG. “La única manera de tener acceso a los abogados detrás de las planillas, al menos para el público en general y la prensa, es durante la campaña o el día de votaciones”, dice Muñoz. Luego, las asociaciones no dejan rastro. Manuel Alfredo Marroquín, presidente del Tribunal de Honor del CANG, indica que cada asociación de abogados tiene el derecho, pero no la obligación, de ser registrada en el Ministerio de Gobernación —únicamente 21 asociaciones aparecen en esta base de datos—. “La libre asociación es parte del derecho constitucional”, explica. Todo el trabajo de hormiga, de las asociaciones de abogados, dentro de las universidades es reconocido por miembros de las mismas. “Es parte de nuestras funciones. No hay nada extraño en ello. Estamos conscientes de lo político que implica”, dice Pablo Calderón, de Fraternidad Universitaria. Calderón dice no recordar a los aliados que Fraternidad Universitaria (asociación que llevó a Avidán Ortiz, a la decanatura de la facultad de Derecho de la USAC) ha tenido en más de tres elecciones durante este año.

Rolando Huitz, miembro de Abogados Metropolitanos, integrante de la Comisión de Postulación que elegirá la nómina de candidatos a Corte de Apelaciones, como representante del CANG, tampoco nombra a sus aliados. ¿A qué responden?, por ejemplo. ¿Por qué se alían para la coyuntura actual de Corte de Apelaciones? ¿Qué significan las asociaciones?

“Honorabilidad”, “idoneidad”, “capacidad”, “el bien del país”, es parte de las respuestas que cada entrevistado de las asociaciones tiene preparadas.

Lo público como equilibrio y meta

La última estructura se encuentra en la función pública de los abogados. Una vez que los batallones dentro de las universidades, dentro del Colegio, han cumplido su función, el siguiente paso son los puestos de administración de justicia. En Cortes de Apelaciones, o en la Corte Suprema de Justicia, o en el Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría General de la Nación, Registro de Información Catastral…

Según un magistrado de Sala de Apelaciones, las mismas estrategias de cooptación de los otros dos espacios —asociaciones, cursos, planillas, desayunos, conferencias—, dentro de las instituciones de gobiernos, continúan. “Acaso son más difíciles de rastrear por una simple cuestión: no se invita a todo el gremio, sino únicamente a los que trabajan en las instituciones. En el Organismo Judicial, por ejemplo, son los magistrados. Es un club de Tobi. Pero claro, cada magistrado obedece a una asociación, a una universidad. Se convierten en embajadores dentro de la Corte. Según los intereses de los grupos, las llamadas son recurrentes. ¿Para qué? Para los fallos, qué más”, reconoce el magistrado.

A lo externo, sólo en el Organismo Judicial, se conoce el funcionamiento de dos colectivos registrados: la Asociación de Jueces y Magistrados, presidida por la juez del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Anabella Cardona; y el Instituto de Magistrados de Corte de Apelación, presidido por el Juez de Apelación de Mayor Riesgo, Rafael Rojas. A lo interno, las divisiones son demasiadas, grupos contra grupos, un lío.

Hoy el gremio es como una olla de presión llena de maíz inflado. Cientos de abogados se gradúan cada año. No caben. La presión es tal, que no es posible, por estrategia, trabajar en solitario. Una vez fuera de la universidad, en el mundo real de los abogados, sin haber construido alianzas y afinidades, el trabajo escasea. Hay oferta, pero la demanda es peleada. Ante un gremio de más de 20 mil abogados, Álvaro Castellanos dice que ya no es como antes. Poner un bufete en solitario es iluso. En función del trabajo, del futuro, del bienestar, las redes tejidas desde la universidad se tornan trascendentales. Al buscar un lugar dentro de las cortes, en soledad, los que se proponen una carrera dentro del sistema de justicia sin una sola alianza, como señalan algunos entrevistados, “la cosa no funciona, se pierde”. Los futuros funcionarios, aun aquellos con las motivaciones más nobles y las mejores capacidades, requieren del apoyo de otros, que pueden compartir sus mismos ideales y capacidades, pero, a fin de cuentas, requieren del apoyo de otros con más influencias en el sistema.

El gremio lo sabe. Lo aprovecha. “No sabemos qué va a pasar en los próximos cinco años. El modelo cada vez se está perfeccionando más para funcionar de esta manera”, dice Sotomayor.

El magistrado tiene capital político.

El capital político depende, asimismo, de una deuda con la red que lo llevó hasta ese punto de su carrera.

En principio, se espera que lo devuelva. Lo distribuya en las estructuras. Un poco en el CANG, en los grupos de las universidades, en las instituciones de gobierno.

Un estudiante de Derecho dice: “quiero tener una carrera de este tipo”. Se asocia, se compromete, busca a un operador político, a un padrino… Y el ciclo vuelve a su punto de partida.

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“Se buscaba despolitizar los procesos de elección, antes a cargo del Congreso”. La frase es trillada. Repetida hasta el cansancio, hoy suena aburrida, muy sosa, y hasta inútil.