Del otro lado escuchaba en las noticias a Sandra Torres diciendo que había ocurrido un linchamiento político y mediático.
Al reflexionar sobre estos mensajes me entraron una serie de interrogantes en torno a ¿cuál es el grado de aprecio que la sociedad guatemalteca tiene por la democracia y la paz? Pues a pesar del pasado, vivimos en una sociedad poco objetiva, que se agrede, que concluye antes de pensar y sobretodo que padece de soberbia. Lo más paradójico es que aquellos que pudiesen contribuir a hacernos reflexionar sobre la situación no lo hacen.
En principio no puede desconocerse que el sistema representativo no funciona bien - representación significa tener el poder de hablar en nombre de otros- y que después del fallo 2906 de 2011, un gran grupo de ciudadanos en situación de vulnerabilidad social quedó sin una opción política que los represente. Asimismo, tampoco puede obviarse que para ellos el único vínculo que tienen con la democracia se traduce en la expresión de un voto que sólo se emite cada cuatro años. Y si bien desde alguna perspectiva puede verse como una expresión clientelar, desde las expectativas de ellos, su voto es una opción política válida.
Es aquí donde debe entenderse y resaltarse que la condición sobre la cual se edifica la democracia es el reconocimiento de la diferencia. Y que si las posibilidades de expresión de esa diferencia se condicionan, los habitantes buscarán por otras vías para manifestarla. La diferencia no significa si algo es mejor o peor, significa reconocimiento del otro, su expresión es la base para la convivencia pacífica y para construir un Estado fundado en la libertad y la igualdad de derechos.
Por eso tengo que decir que no comparto la opinión de aquellos que hablan de la brillantez del fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque quienes debiesen hacer reflexionar a la sociedad alrededor de los principios que sustentan la democracia y el valor que esta representa no lo hicieron. La Corte de Constitucionalidad se limitó a realizar un análisis de juridicidad plano, muy limitado al petitum y alejado de la función de las cortes constitucionales modernas.
La función constitucional de las cortes actuales sobrentiende que la realidad social es la fuente de donde parte el análisis del juez. Más allá del estado de derecho, las cortes observan la vinculación de este en doble vía con la democracia, pues de nada vale el estado de derecho si no existe democracia y viceversa. Si bien la Constitución traza el curso de la historia de un país, las nuevas generaciones tienen espacio para su interpretación y maniobra y los jueces deben sentar las bases institucionales que ayuden a la construcción de un sistema sostenible. Eso permite que los fallos se alejen en alguna medida de una lógica exegética y se acerquen a una razón sobre lo que es justo.
No estoy diciendo que se le debió permitir participar a Sandra Torres, pero sí creo que el problema debió abordarse considerando otras perspectivas, buscando formar ciudadanía, reflexionando en alrededor de lo que significa participar políticamente, dilucidando las implicaciones que la decisión tenía para un sistema representativo deficitario e incluso -¿por qué no?- sentado una posición sobre la responsabilidad que deben tener los dirigentes políticos –no sólo de la UNE- y los ex constituyentes en torno a la convivencia pacífica.
¿Fue un fallo justo? No lo sé, pues aún me cuestiono sobre si es justo castigar a un grupo de ciudadanos por la soberbia de sus dirigentes. Más aún cuando en ese grupo, hay muchos que escasamente han accedido a educación, salud o trabajo porque otro conjunto de artículos de la misma Constitución tampoco se han cumplido. Tal vez, hubiese sido sano que el sistema o la Corte le hubiese permitido a la UNE escoger otro candidato. Respecto a los ciudadanos afectados, no dudo que habrá algunos de ellos que fácilmente encuentren otra opción, pues cual aves de rapiña los políticos fijarán su estrategia en ese nicho, pero hay otros que se desencantarán definitivamente del sistema.
Sería conveniente que de estas experiencias se fuese conformando una cultura que dignifique el oficio de la política, que construya una sociedad caracterizada por el respeto y la tolerancia, y no por la soberbia y la intriga. Ojalá los jueces comprendan que la resolución de conflictos jurídicos es una forma concreta, directa e inmediata para reflexionar sobre el verdadero valor de la democracia y la paz. Un instrumento necesario cuando existen posicionamientos inflexibles; cuando no se respeta la diferencia; cuando no hay memoria y no se es consciente que hay grandes deudas políticas y sociales; cuando se tiene que resolver el problema de llevar el Estado a todo el territorio nacional.
Finalmente, se me hace contradictorio que ahora varios meses después de iniciado el proceso electoral se ordene el retiro de la publicidad de la UNE aduciendo la definición de la situación jurídica de la señora Torres. Me pregunto si algo tan sencillo como el limitar que la publicidad previa a la inscripción se dirigiese únicamente a la promoción de los partidos y no de los candidatos habría evitado algunos conflictos y fortalecido la participación democrática en torno a ideas y no caudillos.
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