Con estupor vemos repetirse una vez más, como ha venido ocurriendo por más de dos décadas, la historieta de compras sobrevaloradas o contratos anómalos en esa suerte de cloaca gubernamental que ostenta el nombre de Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Resulta que esta vez se trató de una compra de pupitres sobrevaluados, hace muy poco fueron láminas, esto solo en la administración actual, bajo el muy relajado director y exdiputado Armando Paniagua.
En todos los casos, los beneficiarios de estos contratos sobrevalorados son empresas y empresarios, igualmente corruptos, que financiaron la campaña electoral del partido oficial. Una danza perfectamente sincronizada entre corruptos, tanto del sector público como del privado. Corruptos que siguen danzando en la amplia pista de la impunidad.
Esto no es un escándalo solo de esta administración. Tiene una larga historia de directores que pasa por políticos hoy activos como Enrique Godoy, Edgar Ajcip o Haroldo Quej, pero también con personajes oscuros y muy controversiales como Obdulio Solórzano (a quien se le vinculó con el narcotráfico y posiblemente pagó con su vida por ello). El caso es que el Fonapaz es hoy una institución retorcida y corrupta que funciona como una suerte de “caja chica” de los politiqueros y sus financistas. Es una suerte de emporio del derroche y la malversación de los fondos públicos.
Esta “caja chica” es muy útil para actividades proselitistas -por cierto ilegales y prohibidas para los funcionarios de turno, en la que los gobernantes suelen visitar pueblos y otras localidades, luciéndose “generosos” al entregar bienes sobrevalorados y comprados a quienes financiaron sus campañas. En junio pasado, en el escandaloso caso de las láminas sobrevaloradas, la misma vicepresidenta Baldetti quien, junto a Armando Paniagua, fue la que realizó su gira de “generosa” repartición, replicando exactamente la práctica que con tanta ferocidad ella, siendo diputada, censuró a Sandra Torres.
Caso más que indignante, porque precisamente se supone que es a través de la flamante -inoperante e inefectiva- Secretaría de Control y Transparencia, la vicepresidenta es la funcionaria de más alto rango con facultades dentro del Ejecutivo para erradicar la corrupción que campea en el Fonapaz. En varias y repetidas ocasiones se ha solicitado cerrar el Fonapaz, solicitud que encuentro más que justificada, pero a la que el Gobierno solo responde con evasivas o excusas ligeras.
El Fonapaz fue creado mediante el Acuerdo Gubernativo 408-91, el cual el Presidente puede derogar o modificar sin necesidad de aprobación del Congreso de la República. Pero, ¿por qué no lo hace? Ciertamente no es un asunto fácil de hacer, ¡hasta la propia vicepresidenta continúa promocionándose con el cóctel de corrupción del Fonapaz!
La realidad es que si el Presidente eliminara el Fonapaz (y otros fondos sociales inútiles e inefectivos), estaría dándole un golpe severo a la forma sucia y corrupta de hacer proselitismo y campañas electorales en Guatemala. Una forma de hacer política que se ajusta casi perfectamente a lo que puede entenderse por una mafia, que quizá sea el punto focal de por qué nuestra democracia no funciona bien -de hecho, tenemos una plutocracia.
Así, formalmente se requiere solo una decisión del Presidente para corregir este mal, pero en realidad, eliminar al Fonapaz requiere vencer a la mafia. Y entonces el tema cae en el oscuro y tenebroso inframundo del poder real. Del poder que mata (como trágicamente lo demostró Obdulio Solórzano), y que en trágica gran medida nos tiene sumidos en la desnutrición infantil, violencia, pobreza y subdesarrollo.
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