El 20 de mayo de 2019, Francisco Calmo de León, supuesto líder de la «Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa», grupo que no está formalmente constituido ni tiene personería jurídica, espetó en el Salón del Pueblo del Congreso de la República: «Los soldados que están en el Congreso tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el Ejército. No les vamos a temer a sus policías. Si nos toca morir, como morimos en las montañas, lo vamos a hacer en las calles, peleando nuestros derechos». Cinco días antes, este mismo grupo manifestó en la zona 1 capitalina en contra de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral que revocaron la inscripción de Zury Ríos como candidata presidencial (al mejor estilo del denominado Jueves Negro de 2003) y pronunció una amenaza: «Sin resarcimiento no habrá elecciones».
Deberían resultar evidentes los delitos que este grupo está cometiendo. El Centro para la Defensa de la Constitución pidió al Ministerio Público (MP) investigarlos, mientras el fiscal de delitos electorales del MP informó que ya han sido citadas ocho personas en calidad de testigos, que se han identificado a dos de los instigadores y que se considera la posibilidad de realizar capturas conforme las investigaciones avancen.
Además de la evidente ilegalidad de las acciones de este grupo, salta a la vista el carácter imposible, si no risible y ridículo, de sus exigencias. Primero, dicen ser alrededor de 1.7 millones, cuando el Ejército de Guatemala no ha tenido más de 100,000 efectivos ni siquiera en el período más cruento de la guerra. Pero, suponiendo que este grupo sí tenga ese número de integrantes (con lo cual deviene muy dudoso que hayan estado de alta en el Ejército), la exigencia de un resarcimiento de Q85,000, una casa y un seguro médico para cada uno es imposible.
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Suponiendo una vivienda sencillísima de Q200,000, incluyendo terreno (un supuesto heroico), y un seguro médico con una póliza de hasta Q100,000 más el resarcimiento de Q85,000, suman Q385,000 para cada uno. Por los 1.7 millones que dicen ser, el costo fiscal de cumplir sus exigencias ascendería a 654,500 millones de quetzales. ¡Casi siete veces y media el techo presupuestario total vigente en 2019, de 87,963.7 millones! Esto, sin tomar en cuenta la enorme estupidez que supondría darles gusto a estos exmilitares extorsionistas y convertirlos en una prioridad superior a las urgencias nacionales legítimas en términos de salud, educación, infraestructura, seguridad, y la solución a los gravísimos problemas que padece Guatemala.
De verdad, considero que los 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo o la mitad de los niños que padecen desnutrición crónica son prioritarios. ¿Existirá algún estúpido criminal capaz de darles gusto a estos exmilitares extorsionistas antes que a la millonaria niñez y juventud guatemalteca sin salud ni educación? Por desgracia sí: una vez más, casi de manera infalible, existe uno en el gobierno de Jimmy Morales.
Se trata de Sergio Alejandro Flores Cruz, quien ostenta el cargo de comisionado presidencial del Diálogo y quien, en vez de hacer ver a los exmilitares extorsionistas lo ridículo de sus exigencias, se mostró obediente y se dispuso a trabajar para encontrar la forma de satisfacerlos. E incluso fue más allá: los defendió diciendo que la verdadera amenaza a las elecciones son los «grupos que cortan energía eléctrica», refiriéndose a agrupaciones campesinas.
Repudio un gobierno al servicio de exmilitares extorsionistas y que menosprecia a los niños y a los jóvenes.
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