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Estamos llegando a un punto decisivo de la guerra de posiciones
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Estamos llegando a un punto decisivo de la guerra de posiciones

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¿Es la crisis el resultado de una pugna dentro de la oligarquía, y nada más? ¿Qué papel desempeña la sociedad civil? ¿Hay alguna solución radical y estable? El profesor y ensayista Marco Fonseca cree que el momento actual, arrancado en 2015, supera con creces las interpretaciones más habituales y considera que estamos cerca de llegar a un momento clave en la batalla, no tanto por el Gobierno o sus instituciones, sino por la hegemonía.

Desde que, el 27 de agosto, el presidente Jimmy Morales declaró a Iván Velásquez «persona non grata» y ordenó su salida inmediata del país hasta el Paro Nacional del 20 de septiembre el Estado neoliberal de derecho nos ha suministrado toda una serie nueva y extravagante de pruebas fehacientes no solo de la corrupción y cooptación de sus instituciones y representantes más altos sino también de por qué lo que Gramsci llama la «guerra de posiciones» entre el poder constituyente y los poderes constituidos ha llegado a un punto decisivo –aunque todavía no final–, ampliando el espacio y estimulando el imperativo de luchar por una transformación profunda y estructural del Estado.

Poco de todo lo extravagantemente corrupto que se ha dado al interior de los distintos actores ilegítimos del Congreso puede ser explicado simplemente a partir de «negociaciones espurias» en torno a «obras en el Presupuesto de Gastos para el próximo año, así como pagos de deuda flotante» como lo pusieron miembros/as del partido Convergencia y también el aislado representante de Winaq. Este tipo de negociaciones no son algo excepcional en la sociedad política de Guatemala. Son, de hecho, la norma y las izquierdas mismas no serían capaces de resistir la tentación de estas prácticas ampliamente aceptadas en la cultura e instituciones políticas de Guatemala de no ser que las sujeten – legalmente y en base a una nueva LEPP – controles directos e institucionalizados por parte de la ciudadanía.

Hablar de la crisis del presente requiere ir más allá de las explicaciones usuales, de los arreglos institucionales y de las formalidades e irregularidades legales. Es preciso recordar que el trasfondo de todo esto está determinado por una guerra de posiciones en torno, por un lado, el proyecto restaurador como un todo y, por otro, el modelo existente de dominación y hegemonía de oligarquías conservadoras y burguesías neoliberales. Hay que explicar las escenas de extraordinaria estupidez e incompetencia en el patriótico mes de Guatemala como un intento, planeado desde la interioridad claroscura del proyecto de restauración conservadora y neoliberal, de desplegar un nivel más desnudo de recuperar la ilegalidad misma haciéndola pasar técnicamente –con base en razonamientos legalistas– como algo estrictamente legal y soberano. Si esta «negación de la negación» –una negación que niega la negación de lo ilegal y por tanto busca legalizarlo– no hubiera profundizado la crisis de hegemonía y desatado una nueva, simultánea y mucho más peligrosa reacción ciudadana masiva, el proyecto de restauración (como un todo y su visión de la clase de país que es Guatemala) continuaría, sin mayor cuestionamiento contra-hegemónico, muy bien en marcha.

Por esto, también, hay que explicar exactamente el significado y posible alcance de la renovada militancia de la indignación y la esperanza, de esas «redes de esperanza» de las que nos habla Manuel Castells, y preguntarnos cómo se diferencia de la tradicional protesta popular, cómo no es expresión de la «sociedad civil» permitida, cómo encarna un espíritu de escisión más profundo que ahora ha logrado adquirir como expresión, más avanzada y mejor articulada que en 2015, no simplemente una nueva subjetividad ciudadana (cuya condición de posibilidad parece ser su propio fracaso cíclico) sino una más clara articulación, al mismo tiempo necesaria y contingente, de un poder destituyente/constituyente rupturista. Por supuesto, nada de esto se está dando sin contradicciones de clase y obstáculos ideológicos internos dentro de esas redes de esperanza. Pero se está dando.

Aquí proponemos que el nuevo ciclo de movilización ciudadana no puede ser bien captado con el lenguaje tradicional y reduccionista de «capas medias» y «sectores populares» liderados por las capas medias. Tampoco puede ser bien captado con el lenguaje de la «sociedad civil» que quiere llevar su «auditoria social» de los espacios oficiales –donde mucho se habla para que nada ocurra– a los callejeros –donde, hasta ahora, mucho ha ocurrido, pero poco se ha hablado–. Se trata, más bien, de una nueva concatenación o red de grupos sociales heterogéneos; algunos nuevos y otros ya veteranos, algunos rizomáticos y otros bien estructurados, algunos producto de formas desnudas de explotación en la base social y en otros producto de las coyunturalmente exacerbadas contradicciones superestructurales del «Estado ampliado».

Cuando decimos «Estado ampliado» nos referimos, por supuesto, al Estado neoliberal de derecho, con el soporte, primero, de lo que Harald Waxenecker llama «poderes regionales» o «redes de poder y violencia» que operan por todo el país y a todo nivel (AVEMILGUA, ex-patrulleros civiles, ex-comisionados militares, etc.). Pero es un Estado que también se apoya, en segundo lugar, en organizaciones civiles de base desde asociaciones municipales (Asociación Nacional de Municipalidades), organizaciones magisteriales (Joviel Acevedo y el Sindicato de Trabajadores de la Educación), organizaciones civiles (Movimiento Cívico Nacional, Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal), hasta organizaciones campesinas, sindicales y comunales (la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la Unidad de Acción Sindical y Popular y, a pesar de obvios clivajes y tensiones muy públicas, 48 Cantones de Totonicapán).

Esta combinación de sociedad política y sociedad civil es, precisamente, lo que Gramsci entiende como un Estado ampliado. Y es lo que hace también que buscar la Refundación del Estado ampliado sea una tarea imposible a no ser que se busque, al mismo tiempo, la desarticulación de sus redes regionales de poder y sus bases civiles de hegemonía.

Así es también como históricamente los vencedores de la lucha de clases y los perpetradores del genocidio establecieron en el 85, todavía durante el conflicto armado interno y antes de la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado neoliberal de derecho y su democracia altamente tutelada y limitada.

Se trata de un Estado criollo-mestizo con una democracia de cartón cuyos aparatos de poder ideológico, administrativo y de seguridad y violencia y cuyos mecanismos electorales se han venido disolviendo en creciente corrupción y cooptación al servicio del cacifismo extractivista y neoliberal a cambio de las coimas y financiamientos respectivos.

Con la expansión desenfrenada del cacifismo neoliberal extractivista desde Arzú hasta Pérez Molina, este sistema de dominación y hegemonía llegó a su clímax al mismo tiempo que, a causa de las revelaciones hechas por la Cicig y el Ministerio Público en abril de 2015, entró en crisis tanto de Estado como de hegemonía.

La «elección» del régimen de la restauración conservadora y neoliberal de Morales y su llegada al poder a principios de 2016 representó, así, el momento más reciente en el proyecto tanto oligárquico como burgués de rescatar y relegitimar el modelo de dominación y hegemonía como un todo, reteniendo, por razones de cultura política y diseño institucional, una clase política acostumbrada a las formas extra legales de procurar su rápido ascenso social trabajando paralela y clandestinamente no solo para sí sino también para el mejor postor. El reciente intento de normalizar el crimen mismo, por medio de reformas al Código Penal, puede verse, por tanto, como un renovado esfuerzo por negar abierta e impunemente lo que la ciudadanía ha venido denunciando en los últimos años y lo que la Cicig ha venido investigando en su esfuerzo titánico por transparentar y legitimar la institucionalidad del Estado ampliado. Y esto es lo que ha desatado, precisamente, el más reciente ciclo de movilización y contestación ciudadana.

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Algo que ya es más discernible en estas redes sociales es que, por un lado, entre los colectivos urbanos ya hay gran cantidad de actores muy politizados que se mueven de acuerdo a los imperativos de una praxis contra-hegemónica más sistémica. También es discernible que, por otro lado, entre los movimientos sociales mayoritarios existe una orientación creciente a no descontar a sus complementos urbanos por continuar defendiendo las consignas del 2015. Lo que ha venido pasando, en ambos casos, es que con el desenvolvimiento de la guerra de posiciones también se ha venido dando una dinámica interpeladora a partir de la cual se desarrolla la propia conciencia de estos actores y de sus redes y los empuja a adoptar posiciones más receptivas a posibilidades de cambio que no se vislumbraban como posibles en 2015. Por supuesto que perduran las dudas, los cuestionamientos y las inseguridades dentro y entre estas redes colectivas y sociales. Esto no puede desaparecer solo porque haya un deseo de que existan o se construyan formas de conciencia y organización ya subjetivamente adecuadas para la objetividad de la Refundación. Ese modelo de conciencia y de acción política ya no tiene sentido. Guatemala está condenada a buscar su Refundación, usando una idea de Gramsci, «contra El Capital».

Se trata entonces, como también lo proponemos aquí, del desarrollo de una guerra de posiciones que, aunque por un lado siga dándose sobre la base de las consignas iniciales de 2015 y el rechazo a la economía moral de la corrupción y por otro siga también profundizando los proyectos refundacionales y las críticas a la economía política del extractivismo que surgen de los movimientos sociales mayoritarios, ya no puede reducirse o contenerse en una mera depuración del Estado o una mera lucha contra la corrupción sobre todo en el sector público.

Claro, esto es lo que hasta hoy ha mantenido, ha requerido y ha autorizado la narrativa cacifista y restauradora sobre cómo componer la crisis del momento actual.

Esta narrativa, tal y como la dinamiza internamente el proceso hegemónico, se ha universalizado y ha sido ampliamente adoptada desde el ala «reformista» del cacifismo mismo hasta el comunitarismo tradicional (48 Cantones), pasando por supuesto por varias expresiones del extremo centrismo (por ejemplo, activistas, organizaciones, ONG, centros de pensamiento, iglesias y partidos de corte «socialdemócrata» o demócrata-cristiano).

También la encontramos ampliamente diseminada en el discurso, instituciones y prácticas de la llamada «sociedad civil» cuyo grado de consolidación en Guatemala ha sido objeto de enormes inversiones de capital tanto moral como material, desde el Estado y la cooperación internacional, desde que la misma surge como «actor» estratégico en la conformación tanto del consenso como de la desobediencia permitida.

Las condiciones están dadas. A pesar de las aparentes insuficiencias en el desarrollo de un poder constituyente articulado, a pesar de que la descomposición de la realidad parece haber rebasado al desarrollo del espíritu de escisión, estamos llegando a un punto decisivo de la guerra de posiciones dentro y contra la restauración conservadora y neoliberal.

Por un lado, el Congreso se ha convertido en un pararrayos que predeciblemente atrae la ira creciente de una ciudadanía irreversiblemente indignada, pero mejor organizada y más articulada que en 2015.

Por otro lado, todo el disfraz de comediante que el presidente trajo consigo en los meses tempranos de su gobierno ha sido reemplazado ahora, en el otoño prematuro de su término, por la perversa transparencia de su desnudez. Si la crisis del 2015 ya había dejado desnudo al Estado neoliberal como un todo y el trabajo de la restauración conservadora y neoliberal ha consistido, precisamente, en recubrirlo y de nuevo legitimarlo, la crisis de agosto-septiembre de 2017 retrocedió su cronómetro político y, al mismo tiempo, dejó desnudo al presidente mismo al punto que ni siquiera los ya bien conocidos caricaturistas de la prensa nacional pueden fácilmente satirizar la marioneta áspera y burda, de chirivisco barato, que ha quedado expuesta.

Que se haya quedado al desnudo, sin trono propio y sin poder legítimo, es más que una simple cuestión de un acto trágico-cómico. Creemos que se trata de un proceso, producto inmediato de un pésimo cálculo legislativo, que por primera vez desde enero de 2016 ha puesto en peligro a todo el proyecto restaurador porque ha amplificado el clivaje o la contradicción entre su ala conservadora y su ala neoliberal.

De ahí que el ala neoliberal del Cacif, legal y públicamente contra la corrupción a pesar de su ilegal y anónima vocación cooptadora, haya decidido por el bien de sus relaciones públicas, sus ganancias y sus grandes socios internacionales tomar cierta distancia pública tanto del Congreso como de Morales.

Pero todo esto es solo el punto de partida inmediato de esta crisis.

Se ha dado también una crisis ministerial en el gobierno de la restauración. Y no toda esta crisis puede explicarse como resultado del retiro de las piezas cacifistas del gobierno de Morales.

Ya su calculada y pre-negociada decisión de declarar al comisionado de la Cicig Iván Velásquez como «persona non grata» el 27 de agosto, anunciado en Twitter al estilo Trump, precipitó las salidas de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus viceministros, Adrián Chávez, Juan Carlos Verdugo Urrejola y Édgar Rolando González Barreno, que renunciaron en protesta por la decisión de Morales.

Y por las contradicciones entre las declaraciones del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y las intenciones no realizadas de Morales durante su visita al Secretario General de la ONU en Nueva York, Morales se vio obligado a destituir a su canciller y reemplazarlo con alguien con alguna experiencia acreditada en actos de corrupción (falsificación de documentos en proceso de adopción de un menor) como es Sandra Jovel Polanco.

A las renuncias de Mack y su equipo también se unió Enrique Godoy, el Comisionado de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica y miembro de la junta directiva del Instituto de Fomento Municipal. Esta ya era, entonces, el principio de la crisis ministerial que, como todo mundo sabe, no se quedó allí.

Algo más serio y más profundo es lo que ha ocurrido con la salida del gobierno de Morales, el 19 de septiembre, de tres ministros claramente alineados con el cacifismo (el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario). Esto ya no representa una mera protesta, basada en algún tipo de conciencia moral, contra el intento de expulsar al comisionado Velásquez de Guatemala, algo ante lo cual el Cacif se quedó oficialmente en silencio demostrando con ello su tacita aprobación. Esto representa, más bien, un distanciamiento pragmático del ala reformista del cacifismo del gobierno de Morales ante la posibilidad del colapso total de su gobierno. Aunque ahora tenemos indicios de que Julio Héctor Estrada había de hecho participado semanas antes en las negociaciones que llevaron al Pacto de la Corrupción, públicamente el Cacif mismo afirmó de modo oficial en un comunicado de prensa que el gobierno no había consultado sobre las implicaciones de legalizar el crimen del financiamiento ilícito por medio de reformas al Código Penal y que el gobierno se había «apresurado» en la toma de decisiones.

En otras palabras, el Cacif no asumió una posición pública de principio sino de estrategia y eso le costó al gobierno de Morales el retiro simultáneo de tres ministros, pero sin un rechazo abierto y explícito de la burguesía.

Por si la renuncia de tres ministros cacifistas del gabinete de Morales no fuera ya algo crítico, encima de todo esto se da también el retiro de Williams Mansilla, ministro de la Defensa y hombre de confianza de Morales, por cumplir 33 años de servicio junto con el resto de oficiales de la promoción 103 de la Escuela Politécnica. Esto se da a conocer oficialmente solo días después de que saliera a la luz pública que su ministerio le había hecho a Morales nueve pagos de Q50 mil cada uno –con el aval de Morales mismo– como parte de un llamado «bono de responsabilidad» y en el mismo día que la Contraloría General de Cuentas denunció a Mansilla ante el Ministerio Público por «abuso de autoridad en virtud de haber aprobado beneficios para una persona que está por encima jerárquicamente del señor Ministro de la Defensa». La confirmación de estos pagos ha llevado también a que el MP presente un segundo antejuicio contra Morales.

Todo esto representa, como mínimo, una crisis ministerial sin precedentes.

La crisis ministerial que se ha dado con la renuncia de representantes cacifistas («eficientes» les llaman algunos, «lo mejor» les llaman otras) es solo un síntoma de una crisis más profunda que hemos llamado una crisis de legitimidad y de hegemonía.

Hay comentaristas en Guatemala que solo ven en la crisis ministerial el peligro de una interrupción en la ejecución de programas y en la ejecución presupuestaria. A eso se reduce, para estos grandes expertos, la «auditoria social» de las políticas públicas.

Sin embargo, las dimisiones tienen que ser vistas como expresión coyuntural de algo más profundo, y aquí proponemos que se trata de una ruptura, precipitada por un acelerado pacto de corrupción no solo dentro del Congreso sino entre el Congreso y el presidente.

Se trata de una ruptura que se da por la falla del plan del gobierno de sostenerse recurriendo, primero, a la expulsión del jefe de la Cicig, segundo al blindaje no solo del presidente sino del delito electoral mismo y, tercero, a la negación de la realidad misma, es decir, descontando una posible reacción masiva y muy articulada de la ciudadanía que ahora pone en peligro, de nuevo, al proyecto como un todo.

Aunque todo esto ha sido aplaudido por el ala oligárquica, conservadora y corrupta del proyecto restaurador, nada de esto encontró soporte político en su ala neoliberal y cooptadora, es decir, en el cacifismo convenientemente reformista que hasta ahora ha apoyado, más o menos, la campaña depuradora de la Cicig y el MP.

Estamos en una coyuntura en la cual, por un lado, el ala más reaccionaria de la restauración conservadora y neoliberal, respaldada por los sectores cacifistas o privados más implicados en la corrupción y cooptación del Estado, como la Cámara del Agro, la Cámara de Construcción y el sector ganadero, decidió sacar el conflicto con la Cicig a la esfera pública nacional e internacional. Es un conflicto interno a la restauración, en el claroscuro de los laberintos del poder, que se había estado gestando desde tiempo antes por la supuesta «politización» de la justicia y una supuesta «selectividad» en los casos. No hay duda alguna de que en la planeación y ejecución de su hasta ahora máxima obra ilegítima las fuerzas más reaccionarias de la restauración dieron por supuesto que su caudal electoral de 2 millones de votantes ha permanecido hasta el presente sustancialmente intacto, que el cacifismo como un todo iba a por lo menos mantener una relación de entendimiento y conveniencia mutua con el gobierno y que quizás la ciudadanía indignada del 2015 no iba a poder movilizarse con la misma rapidez y en la misma escala que lo hicieron contra el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP.

El relevo de liderazgo en la embajada de Estados Unidos, con la salida del demócrata Todd Robinson y la llegada del republicano (de origen guatemalteco) Luis Arreaga, en un contexto global de hostilidad hacia la ONU y felicidad con gobiernos autócratas y autoritarios que Trump ha demostrado abiertamente en sus discursos, nombramientos y recortes presupuestarios, sirvieron de aliento extra para toda esta maniobra.

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Pero también estamos en una coyuntura de despliegue de la guerra de posiciones en la que el proceso de articulación del poder constituyente ha encontrado nuevo ímpetu. La respuesta contra-hegemónica ha adquirido, en el nuevo ciclo movilizatorio, un más claro «espíritu de escisión» –como lo llama Gramsci– que tiende hacia «la progresiva conquista de la conciencia de la propia personalidad histórica» y que «debe tender a prolongarse de la clase protagonista [algo que hoy solo es producto de alianzas y acuerdos mínimos] a las clases aliadas potenciales [todos los proyectos refundacionales y afines desde abajo y desde la izquierda]».

Este proceso de articulación del poder constituyente –con todo y lo lento, contradictorio, incierto y dudoso que es– se anima y se orienta no solo en contra de los poderes constituidos (las fuerzas de la corrupción y la cooptación del Estado) sino también en contra de la sociedad civil constituida –entre otras organizaciones– por el Foro Guatemala y sus organizaciones afiliadas: Alianza Evangélica de Guatemala, Conferencia Episcopal de Guatemala, Asíes, Cacif, Convergencia Cívico Político de Mujeres, Foro Maya, Fundación Myrna Mack, Grupo de Apoyo Mutuo, Usac y Universidad Rafael Landívar.

La ruta hacia una nueva constitución plurinacional, popular y multisectorial es una ruta «sin padres», y es la ruta de articular un poder constituyente de modo diferente. Como lo pone Martínez Dalmau:

A medida que el poder constituyente marca sus diferencias con el constituido, con todo lo que ello conlleva de replanteamiento de conceptos como el de legitimidad o representación, cada uno se refugia en su naturaleza: el poder constituido en la institucionalidad y el orden de pretensión inalterable, y el poder constituyente en la legitimidad primera y la creación. En términos de Negri, “el paradigma del poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, quebranta, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad. El poder constituyente está ligado a la idea de democracia como poder absoluto. Es, por consiguiente, el del poder constituyente, como fuerza impetuosa y expansiva, un concepto ligado a la preconstitución social de la totalidad democrática. Esta dimensión, preformativa e imaginaria, tropieza con el constitucionalismo de manera precisa, fuerte y durable”.

Construir el poder constituyente en medio de una guerra de posiciones, en medio del colapso Estatal, requiere entender no solo la crisis de hegemonía que subyace a la presente coyuntura crítica de la restauración sino también cómo se traduce esa crisis al interior de ese «formidable complejo de trincheras y fortificaciones de la clase dominante» que es la sociedad civil y todos sus tentáculos ideológicos e institucionales.

No es casualidad que esta sociedad civil sea la caja de resonancia de todas las reformas propuestas hasta el momento por los poderes constituidos (tomando en cuenta algunos insumos de la misma sociedad civil) incluyendo las reformas al sector justicia, al sistema electoral, etc. Pues hay una circularidad ideológica entre la sociedad civil y los poderes constituidos que hace que las reformas, desde su concepción hasta su negociación, aparezcan como reformas «consensuadas» pero que, en realidad, nunca pasen de los términos y los marcos determinados y requeridos (y, encima de eso, con «actitudes positivas y transparentes») por la narrativa dominante.

Por esto es que el momento presente de la guerra de posiciones es también un momento de confrontación con la sociedad civil permitida y la narrativa que parece salir de la misma. De no coordinar esfuerzos ideológicos y contra-hegemónicos no solo contra la restauración sino también contra la sociedad civil, la restauración va a explotar más efectivamente las divisiones y los intereses inmediatos que existen no solo entre los movimientos sociales mayoritarios todavía divididos y en competencia entre sí, sino también dentro y entre los colectivos urbanos progresistas a quienes se les va a ofrecer un espacio para que envíen «expertos/as» representantes – aunque solo les haya crecido conciencia política dos años atrás – para «dialogar» por aquí, una entrevista en los medios corporativos por allá, una consultoría por aquí, un financiamiento por allá, una plaza por aquí y una beca por allá a efecto de absorberlos/as y cooptarlos en el proceso. Pues los términos y los plazos de la narrativa dominante sí ofrecen algunas «soluciones» institucionales, por el momento, que resultan mucho más posibles y atractivas que el esfuerzo que requiere demandar lo que dicen que es imposible y luchar por la Refundación.

La dinámica hegemonizante del momento presente convierte en algo muy significativo, aunque fácilmente pueda pasar desapercibido en el flujo interminable de noticias, el hecho de que, después de 16 años de participación en el Foro Guatemala, cinco organizaciones de la sociedad civil permitida (Fundación Myrna Mack, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, Grupo de Apoyo, Organismo Indígena Naleb’ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala) hayan anunciado públicamente su retirada «por discrepancias con las posturas de las cámaras empresariales en abierta oposición al reconocimiento de la justicia indígena dentro de la iniciativa de reformas constitucionales, las recientes descalificaciones al procurador de los Derechos Humanos –Jordán Rodas–, por pretender la participación de todos los sectores sociales y las declaraciones ambivalentes con respecto al trabajo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el país no corresponden con la agenda de cambios profundos que el país demanda».

Las contradicciones dentro del Foro Guatemala son significativas. Pero lo más importante es que dicha instancia de «diálogo», así como otras, ya ha sido categóricamente rechazada como un todo –incluyendo la participación de esas organizaciones mismas– por la ciudadanía indignada. Lo que las organizaciones civiles que lo han abandonado no reconocieron en su comunicado es que el único diálogo serio, legítimo y representativo en el momento presente de la guerra de posiciones, como fue planteado en la plaza misma, no es el que se puede dar entre los tecnócratas experimentados de dicho Foro sino solamente el que puede darse en el contexto de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectorial.

Es predecible que el desorden dentro del Foro Guatemala no será permanente y que seguramente dará lugar a nuevos reclutamientos y recomposiciones en su interior. Pero cualquier ruptura dentro de las trincheras de la hegemonía en sociedad civil es un buen augurio político. Y esto puede ser muy fructuoso.

El resultado de la crisis presente ha sido desastroso no solo para el plan corrupto de una restauración de la ilegalidad dentro de la restauración conservadora y neoliberal sino también para el Estado ampliado como un todo. Aunque en las protestas ciudadanas del 14 y 15 de septiembre hubo horas decisivas en las que todo estuvo en las manos de la ciudadanía; aunque las demandas ciudadanas han sido ahora desarrolladas a tal punto que no parece haber otra salida en el presente para Morales y su gobierno más que la renuncia, así como la auto-disolución del Congreso, a nuestro parecer el momento decisivo de la lucha de posiciones está apenas por venir. Aunque los poderes constituidos predijeron que el Paro Nacional estaba siendo organizado por «20 tuiteros» amplificados por 200 perfiles falsos en las redes sociales, y aunque los representantes de la Fundación contra el Terrorismo declararon el Paro Nacional como un rotundo fracaso, las 200,000 mil personas que se expresaron en la ciudad y en los departamentos constituyó solo una muestra de lo que es posible y de lo que todavía puede estar por venir.

Estamos marchando hacia un combate decisivo. Las crisis simultáneas de Estado, legitimidad y hegemonía que azotan no solo a Morales en lo personal sino a todo el régimen de la restauración conservadora y neoliberal así como al modelo ampliado del Estado neoliberal de derecho nos hacen pensar que la restauración siente que llega el momento de dar la batalla final. No es solo una batalla contra la Cicig o contra el ala reformista del Cacif que apoya el trabajo de la Cicig. Es también una batalla contra la ciudadanía y la posibilidad de la Refundación. Y la respuesta ciudadana hasta el momento, a pesar de lo que han expresado incluso críticos de supuesta izquierda, ha sido correcta.

Críticos desconectados de las luchas y demandas ciudadanas como Mario Roberto Morales caracterizan al renovado ciclo de protestas de un modo profundamente equivocado y desorientador. Él escribe:

«La movilización urbana del 15 parecía pues innecesaria, ya que los diputados habían dado marcha atrás y hasta dijeron que “se habían equivocado”. ¿Por qué entonces ocurrió y además se vio infiltrada por alborotadores y guarimberos? ¿Y por qué los rosa-lilas convocaron a un “paro nacional” para el 20 de septiembre empujando las reivindicaciones más allá de Jimmy, hasta la renuncia de los diputados y el colapso del gobierno?».

Nada de la protesta del 14 y 15 de septiembre fue innecesario, aunque los diputados hayan dado marcha atrás, con la cola entre las patas, y se hayan declarado arrepentidos o ignorantes de la fechoría que habían cometido. ¿Desde cuando aceptamos como un hecho verdadero el discurso de la corrupción y lo valoramos por encima del proceso de verdad que surge de la protesta ciudadana? Fue el mismo gobierno de Morales, así como sus diputados del FCN-Nación y otros como Linares, amplificados por la extrema derecha, quienes proclamaron la protesta ciudadana como una protesta «violenta» e «infiltrada de alborotadores y guarimberos». Es una desgracia política leer al «doctor honoris causa» de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos repetir no solo sin crítica sino con malicia estas acusaciones maliciosas e infundadas. Y, para terminar, el «crítico de todos» desde una supuesta «posición autónoma» se alza de modo auto-enaltecido para pintar a quienes convocaron al Paro Nacional, desde la nueva Asociación de Estudiantes Universitarios hasta JusticiaYa y los movimientos sociales mayoritarios como Codeca, CUC, CCDA, CPO y Waqib’ Kej, de «rosa-lilas».

Estas acusaciones al movimiento ciudadano que van de calificarlo ya sea como espontaneísta y voluntarista y, en lo esencial, convocado por call centers (como se dijo en 2015), hasta la nueva acusación de que el Paro Nacional no solo fue convocado por «rosa-lilas» sino que está infiltrado por «alborotadores y guarimberos» emanan de una posición ideológica y política no solo fuera de contacto con lo que está pasando sino que también, como se dijo arriba, maliciosa e incluso cómplice con los poderes constituidos.

Para entender la renovada ola de protestas ciudadanas como expresión de una guerra de posiciones es preciso recurrir a una idea central de Gramsci. Como él escribe:

«La acusación contradictoria muestra, una vez analizada, la fecundidad y la justeza de la dirección que se le dio. Esa dirección no era abstracta, no consistía en una repetición mecánica de las fórmulas científicas o teóricas; no confundía la política; la acción real, con la disquisición teorética; se aplicaba a hombres reales, formados en determinadas relaciones históricas, con determinados sentimientos, modos de concebir, fragmentos de concepción del mundo, etc., que resultaban de las combinaciones espontáneas de un determinado ambiente de producción material, con la casual aglomeración de elementos sociales dispares. Este elemento de espontaneidad no se descuidó, ni menos se despreció: fue educado, orientado, depurado de todo elemento extraño que pudiera corromperlo, para hacerlo homogéneo, pero de un modo vivo e históricamente eficaz, con la teoría moderna. Los mismos dirigentes hablaban de la espontaneidad del movimiento, y era justo que hablaran así: esa afirmación era un estimulante, un energético, un elemento de unificación en profundidad; era ante todo la negación de que se tratara de algo arbitrario, artificial, y no históricamente necesario. Daba a la masa una conciencia teorética de creadora de valores históricos e institucionales, de fundadora de Estados. Esta unidad de la espontaneidad y la dirección consciente, o sea, de la disciplina, es precisamente la acción política real de las clases subalternas en cuanto política de masas y no simple aventura de grupos que se limitan a apelar a las masas.».

Que no nos confundan: el conflicto esencial no puede reducirse a ser una simple expresión de una «pugna intraoligárquica», como esto se entendía en Guatemala en los 60s y 70s, aunque sea obvio y evidente que hay fuerzas pro-reformas y anti-reformas dentro del cacifismo. Tampoco es una expresión de una mera lucha coyuntural entre fuerzas más amplias que amamantan en la corrupción y las fuerzas que enarbolan las banderas de la indignación que, al mismo tiempo que las «manipula la acción geopolítica» buscan también la tierra liberalmente prometida del Estado de derecho depurado.

El conflicto esencial está dándose, a nuestro criterio, como una guerra de posiciones crecientemente articulada en la esfera pública, entre los poderes constituidos de la restauración conservadora y neoliberal y el Estado ampliado y el poder constituyente de la ciudadanía que se está articulando a partir de movimientos sociales mayoritarios, colectivos urbanos progresistas y un número creciente de ciudadanos cada vez más convencidos de que la solución yace en un proyecto de Estado alternativo que todavía no pueden definir pero que ya empiezan a prefigurar.

Es esta guerra de posiciones, esta articulación del poder constituyente, lo que está dándole a la ciudadanía «una conciencia teorética de creadora de valores históricos e institucionales, de fundadora de Estados». Este argumento difiere sustancialmente de las posiciones que quieren ver el conflicto esencial como uno en el cual la «sociedad civil» debe plantearse «hegemonizar sobre la sociedad política».

No estamos simplemente ante el nacimiento de una «nueva subjetividad ciudadana» al estilo de lo que ocurrió en los 90s, cuando se consolidó la nueva sociedad civil durante las negociaciones de paz y de la cual surgieron las luchas permitidas por los derechos humanos (incluyendo los de etnia y género), el multiculturalismo, el desarrollo y la sostenibilidad. Eso fue un cierto avance, pero como un proceso más profundo de reforma moral e intelectual fue un gran fracaso y lo evidencia la elección de una sucesión ininterrumpida de gobiernos corruptos, desde Berger hasta Morales, una derrota sucesiva de todo intento de formas de «convergencias», «frentes» o «movimientos» unidos de las izquierdas, la conversión de la «sociedad civil» en un cinturón de transmisión de las agendas del «desarrollo» con «promoción democrática» –lo que hemos llamado en otros lugares el «pnudismo»– a la esfera nacional a cambio de financiamiento internacional y empleos vitalicios para los dueños de las ONG. Todo esto ha sido insuficiente también para prevenir o contrabalancear el desborde de la corrupción pública y privada que llegó a su clímax en la administración criminal de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. Y hoy toda esa «cultura de ciudadanía» que supuestamente han venido forjando los donantes internacionales con sus «partners» nacionales ha sido también insuficiente para prevenir, incluso después de las grandes protestas ciudadanas del 2015, la elección por parte de dos millones de personas de un gobierno de restauración conservadora y neoliberal que hoy, cuando apenas empezaba a gozar de un modesto nivel de consolidación, ha buscado legalizar la corrupción a plena luz del día.

No nos equivoquemos: la convocatoria a articular el poder constituyente no proviene del deseo ardiente de defender la constitución neoliberal o el Estado neoliberal de derecho. La convocatoria viene, en primer lugar, de la idea revolucionaria de que podemos construir un nuevo país de modo digno y realmente democrático. Por ello es que, aunque sea con ellos con quienes constitucionalmente resida el poder soberano de la ciudadanía, la plaza no reconoce ni otorga legitimidad al Congreso corrupto que ha usurpado ese poder soberano y originario, que ha vendido esa soberanía al mejor postor cacifista o al ejecutivo cooptado y que ha buscado blindar la impunidad buscando –como cuestión de «urgencia nacional»– la legalización del crimen mismo. El Congreso presente, por tanto, ya no se guía por los principios básicos que se consagran en la Constitución neoliberal que todavía contiene –de modo contradictorio– algunos elementos que garantizan el bien común y social (Art. 44, «El interés social prevalece sobre el interés particular») y que reconocen el poder constituyente como poder originario (Art. 45, «es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución»; Art. 141, «La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial»).

Al contrario, han comercializado la soberanía que radica en el pueblo y han abandonado su deber constitucional para volcarse a favor del «pacto de la corrupción y de la impunidad». Por eso es que la plaza demanda que por lo menos los 107 diputados que votaron por la corrupción en el presente Congreso de por terminadas sus funciones y agotado su mandato. Y por eso, también, la plaza espera que los diputados restantes o suplentes (con demostrada voluntad de gobernar y legislar obedeciendo a la ciudadanía soberana) procedan a aceptar una por una «las renuncias que presentaren sus miembros» (Art. 170, inciso C).

Pero no nos hagamos ninguna clase de ilusiones: Este Congreso va a buscar perpetuarse, sobrevivir y prevalecer, con todo y un renovado esfuerzo por repetir, de otras formas y por otros medios, lo que en el último mes han fracasado en legislar, dando con ello al traste no solo con mucho de lo hasta ahora investigado y revelado por la Cicig sino que también, y de modo más esencial, con las demandas centrales que surgieron de la ciudadanía en las ultimas semanas y el anhelo generalizado porque florezca de raíz otra Guatemala. Y si logran socavar de una vez por todas con el derecho originario de la ciudadanía de revocar el poder delegado del Congreso y del ejecutivo también retrasarán el reloj de un reformismo no extremo centrista y, de paso, decretarán una ley electoral con base a las propuestas más superficiales y más propicias para reproducir los males que engendraron a la clase política del presente.

Las demandas ciudadanas que salieron tanto de las protestas masivas del 14 y 15 de septiembre así como del Paro Nacional del 20 de septiembre expresan claramente lo que espera la ciudadanía crecientemente articulada en un poder constituyente y refundador: 1) la renuncia de Morales; 2) la renuncia de los/as 107 diputados/as que votaron por la corrupción; 3) reformas estructurales y profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; y 4) preparar las condiciones para una Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectorial. Aunque los medios de comunicación corporativos y dominantes han reportado, con mayor o menor veracidad, lo que demanda la ciudadanía, ha sido con máxima entereza que han sistemáticamente ignorado la cuarta demanda arriba indicada.

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El sistema reacciona con un nuevo llamado al «diálogo». En lugar de responder directamente a las demandas ciudadanas lo que han enfatizado es el llamado a un «diálogo» que han hecho los poderes constituidos (el Cacif, el llamado G4, el Foro Guatemala) en los términos que esos grupos imponen y en base a una agenda que no es la que ha surgido de la ciudadanía. La verdad, sin embargo, es que no existen condiciones para el diálogo si los interlocutores son las ONG no representativas, los organismos empresariales del cacifismo y representantes de la corrupción y la cooptación del gobierno a quienes fundamentalmente se dirigen las demandas ciudadanas.

Si realmente les interesa el diálogo, lo que no es así por la misma naturaleza de la guerra de posiciones en la que Guatemala está pasando, entonces deben por empezar reconociendo que el único diálogo posible en la Guatemala del presente es el que puede darse en el contexto de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectorial. Por ello es que dicha ACPPM representa la demanda más rupturista y al mismo tiempo más democratizante de todo lo que ha surgido de la presente coyuntura. Pues es, en suma, la demanda de la Refundación.

Creemos, en conclusión, que el nuevo momento en la guerra de posiciones representa, por un lado, una obvia continuidad con el discurso indignado de 2015, pero, por otro lado, también representa un desarrollo de la praxis y nuevo nivel de articulación rizomático-organizado, mucho más rupturista, pluralista, participativo y democrático, encaminado más explícitamente no solo hacia la «depuración» y simultánea transformación del Estado ampliado sino también hacia la más audaz configuración de un poder constituyente que el concepto y la práctica de la sociedad civil no puede ni captar ni enarbolar. Vemos claramente que, con todo y sus tensiones internas, está surgiendo un discurso contra-hegemónico irreductible al discurso anti-corrupción, mucho más ampliamente compartido y articulado que en 2015, encaminado hacia el rediseño o refundación de la institucionalidad estatal como un todo. Y vemos, como parte de la guerra de posiciones, que el cacifismo ya está haciendo esfuerzos por querer capturar, cooptar y hegemonizar esta alternativa con su discurso aparentemente incluyente e incondicional de un nuevo «diálogo nacional».

Hay una circularidad ideológica entre la sociedad civil y los poderes constituidos que hace que las reformas nunca pasen de los marcos requeridos por la narrativa dominante.
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