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Voluntarios de la ONG Open Arms trasladan personas mayores de una residencia del centro de Barcelona a hospitales de la ciudad durante la trigésimo tercera jornada del estado de alarma sanitaria decretada por el Gobierno. EFE/ Quique García

Cinco lecciones sobre la política y la epidemia que podemos aprender de España

Esta actitud de tregua general muy pronto ha evolucionado hacia una intensa acritud acerca de las circunstancias
Pronto se sabrá el resultado de esta decisión de vuelta parcial a la normalidad con la incorporación al ritmo económico de sectores no esenciales
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Cinco lecciones sobre la política y la epidemia que podemos aprender de España

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El balance global que deja el primer mes en el que España, respondiendo a la epidemia del Covid-19, ha vivido bajo el estado de alarma que fue declarado por el Gobierno el 14 de marzo, resulta ciertamente duro para el país, su población y su economía, perfilando un futuro inmediato lleno de datos negativos y sin precedentes.

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Todo esto, pese a la evolución favorable de las cifras conocidas mediado el mes de abril. Los primeros casos de contagio en España aparecieron a finales del mes de enero y correspondían a turistas extranjeros; antes de cumplirse un mes se produjo el repentino aumento de casos, y hacia el 25 de marzo la cifra de fallecidos superaba a las de China e Italia. Los días finales de marzo vieron cómo los servicios hospitalarios de cuidados intensivos llegaban a la saturación, próxima al colapso.

Ni siquiera el carácter de la pandemia, ajeno en principio a la política y sobrevenido de forma imprevista desde que se empezaron a importar casos de personas contagiadas que venían de China o de Italia, ha suspendido la lucha política, tras unos primeros días de desconcierto. Esta actitud de tregua general muy pronto ha evolucionado hacia una intensa acritud acerca de las circunstancias y, sobre todo, la evolución, de esta epidemia, que la oposición ha convertido en arma arrojadiza contra el Gobierno. Así, la derecha conservadora (Partido Popular), la ultraderecha (franquistas de Vox) y grupos independentistas catalanes (los vascos han mantenido un actitud mucho más suave y constructiva) han ido afilando sus invectivas y criticando todos los aspectos de las iniciativas y políticas surgidas desde el Gobierno central.

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Retardo

La primera causa de ataque y controversia ha sido la del retardo que, según estos grupos políticos, ha caracterizado la actitud del Gobierno, viendo cómo se extendía la pandemia ya en la segunda mitad de febrero, con la evidente proliferación de los contagios en el propio país, pero adoptando las primeras medidas cuando el avance vírico ya era imparable. «A toro pasado», es fácil reconocer que no surtió demasiado efecto la «estrategia sanitaria de contención» en que las autoridades sanitarias justificaron no adoptar esas medidas drásticas, que hubo que acabar imponiendo finalmente.

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La malevolencia de la oposición de derechas, antifeminista, ha inspirado la acusación al Gobierno de que la cuarentena no se implantó antes para permitir las populosas manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer, a las que se atribuye el inicio del contagio masivo. Quiere ignorar que ese mismo día se celebraron en el país 4.000 partidos de fútbol y otros 2.000 encuentros de diversos deportes, más 18.000 misas… ¡y hasta el congreso de los ultras de Vox!

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El Gobierno argumenta que, en todo momento, ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque la semana anterior a la drástica decisión gubernamental pudo ser en efecto la de mayor incidencia en la expansión del virus.

Son comprensibles las dudas ante tan dura medida, que obligaba a paralizar casi por completo la actividad económica productiva, de los centros de enseñanza, etcétera, lo que implicaba confinar casi 47 millones de personas de todas las edades.

Imprevisión

La segunda causa es la imprevisión con la que se enfrentó el veloz contagio que condujo, como consecuencia, a una evidente falta de medios. Todo ello es verdad, ya que el mundo –se trate de países, se trate de sistemas sanitarios– no estaba preparado para una pandemia de esta agresividad y envergadura. Por ello, pronto se llegó a la saturación de los hospitales y a la insuficiencia del material necesario. Esta circunstancia, la de la escasez de mascarillas, guantes y vestimenta de protección y, sobre todo, respiradores para los casos graves, así como el desbordamiento del personal sanitario, ha sido el aspecto más dramático, aun teniendo en cuenta que el sistema sanitario español es público y gratuito, y acoge a todos los ciudadanos (incluso los emigrantes), siendo considerado uno de los sistemas mejores del mundo.

Algunos líderes de los partidos de izquierda (que respaldan la acción del Gobierno) han recordado a la oposición de derechas que, durante los años anteriores, en que gobernaron estos conservadores, el sistema sanitario público sufrió un acoso permanente, reduciendo todos sus efectivos materiales y personales y apoyando financiera y políticamente al sector privado con el mayor descaro. He ahí una seria responsabilidad política del “espíritu liberal” en cuanto a la sanidad pública se refiere, ya que cuando gobierna esta derecha liberal, sea en el Estado, sea en las Comunidades autónomas, apenas puede disimular su intención de demoler el sistema público.

Cuando pase esta epidemia no será posible evitar una investigación a fondo de la terrible mortandad de ancianos habida en las residencias de personas mayores, con un terrorífico saldo de unos 6.000 ancianos fallecidos (hasta el momento: algunos cálculos elevan esta cifra hasta el 50 por 100 del total, lo que ha hecho que Vox acuse al Gobierno de “eutanasia feroz”), muchos de ellos sin la menor asistencia médica, en soledad y sin poder ser auxiliados por los familiares. Esto deberá investigarse con rigor.

Desprotección de los profesionales sanitarios

La tercera causa, la desprotección de los profesionales sanitarios, resulta muy evidente, y se enfrenta a un aprecio generalizado desde todos los sectores sociales hacia el trabajo entregado y muy eficaz de todos los sanitarios (a los que, de modo especial, se dedica el aplauso general diario de las 20:00 horas).

Es muy verdad que las escaseces citadas, que han confluido en las dos/tres semanas siguientes al 14 de marzo poniendo en serios apuros al sistema sanitario en su conjunto, han contribuido, sin duda, al alto número de muertes (más de 18.000 en el primer mes) y a que los contagiados pertenecientes al personal sanitario supongan una parte muy significativa de afectados, en estos momentos más de 26.000 personas, de un total de 172.000 contagiados.

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Al cumplirse el primer mes de estas medidas, y comprobarse la evolución favorable de las grandes cifras (contagiados y decesos siguen aumentando, pero en porcentajes que se reducen día a día), la normalidad sanitaria parece instalarse en todos los aspectos, habiéndose reducido, singularmente, el déficit de camas para los casos más graves: las personas que necesitan cuidados intensivos.

Insuficiencia del confinamiento

Cuarta causa, la insuficiencia del confinamiento, ya que, comprobada la eficacia de la cuarentena generalizada, y cuando el Gobierno anunció que tras la Semana Santa se iniciaría la recuperación de la actividad económica, la oposición se ha lanzado a pedir la continuación de este confinamiento e incluso de endurecerlo (lo que no impide que discurran por la red las más agrias acusaciones, de matiz radical-izquierdista, considerando el confinamiento innecesario o excesivo, y denunciando la restricción de libertades fundamentales).

Pronto se sabrá el resultado de esta decisión de vuelta parcial a la normalidad con la incorporación al ritmo económico de sectores no esenciales, en concreto, la industria y la construcción. Sigue paralizada la principal actividad del país, la turístico-hotelera (que incluye bares, restaurantes y hoteles), lo que por sí solo ya asegura un shock sin precedentes en la economía española.

Inadecuación de las medidas socioeconómicas

Quinta causa, la inadecuación de las medidas socioeconómicas, tanto en protección al ciudadano que ha quedado sin trabajo momentáneo o sin empleo definitivo, como de las consecuencias del cese de actividad de todo tipo de empresas, muy especialmente las pequeñas y medianas, amén de los autónomos…

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En un mes, los expedientes empresariales de reducción temporal de empleo (ERTE) han alcanzado los 450.000, que afectan a 3.500.000 trabajadores. Pero queda clara la voluntad del Gobierno de enfrentar esta crisis de una forma radicalmente distinta a como se hizo en la anterior crisis, iniciada en 2008, en la que se optó por “salvar bancos, no personas”, con la depresión generalizada de los salarios, que llevó a la caída de la demanda y la prolongación de la crisis, con aumento de la pobreza.

La coalición de Gobierno actual, formada por los socialistas del PSOE y los izquierdistas de Unidas-Podemos (con apoyo puntual de los nacionalistas), asume expresamente que son las políticas por las que se optó en la anterior crisis, y que tanto dolor produjeron en España, las que no se van a repetir.

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En esta ocasión, se han multiplicado las medidas de tipo socioeconómico, en forma de decretos-ley, con el objetivo de que nada ni nadie –negocios, personas– quede bloqueado o desamparado. El Gobierno prohíbe, por otra parte, que las empresas puedan enviar al desempleo por causa del coronavirus, y deberán conceder la baja médica a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo (detectados como positivos, con patologías respiratorias, mujeres embarazadas…).

Así, las instituciones financieras del Estado han de conceder créditos y avales sin interés a las empresas en general, con atención centrada en las pequeñas y medianas, y medidas especiales para los autónomos (moratoria en las cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamiento de deudas e impuestos, créditos sin interés a seis meses para pagar los alquileres…). Para el ciudadano que quede sin ingresos, el Gobierno prevé la concesión de una Renta mínima vital que superaría los 600 euros mensuales y que habrá de entrar próximamente en vigor.

El Gobierno viene advirtiendo de los esfuerzos que habrá que desplegar en la recuperación, tras la catástrofe sin precedentes, en producción, consumo y desempleo, en la que se ha visto envuelto el país, y para ello cuenta con las políticas de relanzamiento de la Unión Europea y, más todavía, con un gran Pacto nacional entre partidos, empresas y sindicatos, teniendo en cuenta que esta crisis no tiene origen político y que debe aunar los esfuerzos de todos, sin excepción. A este respecto, se rememora el acontecimiento que en 1977, con motivo de la transición del franquismo a la democracia, supuso acuerdos básicos político-económicos entre todas las fuerzas políticas, en los llamados Pactos de la Moncloa, que sirvieron para fundamentar el texto constitucional aprobado el año siguiente.

Una ¿tímida? Unión Europea

La Unión Europea, por su parte, ha demostrado que no es una institución para salvaguardar la salud de sus ciudadanos (tampoco, por cierto, el medio ambiente, o la cultura), y se ve contenida –una vez más– tanto por su inflexible burocracia como por el control a que la someten los países más ricos como Alemania y Holanda (escasamente afectados por la epidemia, casualmente). Por eso aparece como paralizada, ante tan grave crisis general, y se ha resistido cuanto ha podido a aumentar su gasto y, por encima de todo, a “mutualizar” la deuda pública –asumiéndola en su tratamiento y resolución como un problema común–, que aumentará en buen número de los países miembros, especialmente Italia y España. Es decir, que se ha negado tenazmente a habilitar los “coronabonos”, el instrumento financiero de compra de deuda púbica nacional por parte del Banco Central Europeo.

La iniciativa que se abre paso –y que la obliga a “reconceptualizar” su ideología del presupuesto encorsetado y, a ser posible, menguante– es un Fondo de Recuperación de 500.000 millones de euros destinados, casi en exclusiva, a financiar los costes excepcionales de la sanidad.

Esta actitud de la Unión Europea ha hecho que varios líderes comunitarios hayan advertido que, de no responder adecuadamente a esta crisis, será su propia existencia la que peligre.

La timidez en la Unión Europea ha de vincularse a los miedos de las derechas en todo el mundo, estén en el poder o en la oposición, ante la evidencia de que sin el reforzamiento del sector público –por supuesto en servicios sociales como la sanidad, pero también en las finanzas y en ciertas áreas productivas– no es posible enfrentar ninguna crisis grave, sanitaria o de otro tipo. Y esto implica el cuestionamiento radical de principios liberales tan míticos como la prevalencia de la iniciativa privada o la globalización a ultranza de la economía y el comercio.

En España, ya antes de que la epidemia nos muestre su final, este debate está planteado y en desarrollo: el país entero está comprobando cómo sólo desde lo público –el control político y el sistema público de salud, en estos momentos– sus derechos esenciales pueden quedar garantizados. Y por eso asistiremos a un reforzamiento de la sanidad pública, ya considerada, por muchos, como excelente.

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