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Elites que se fotografían en un hotel, o cómo pasar de la justicia transicional a la justicia transformativa
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Elites que se fotografían en un hotel, o cómo pasar de la justicia transicional a la justicia transformativa

¿Captura la foto una alianza en construcción? ¿Quién faltó en ella?
Cualquier proceso de transformación demandará uno o varios grupos de empresarios con la capacidad de negociar con sus homólogos más reaccionarios, y de presionarlos.
Presentación del Frente Ciudadano contra la Corrupción
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Tiempo aproximado de lectura: 10 mins

La justicia transicional se ha convertido en el enfoque dominante de los estados para lidiar con los legados de un pasado violento. Donantes y ONGs han diseminado la idea como parte de la difusión global de normas de derechos humanos y la construcción de democracias liberales. En círculos académicos se lo critica porque los mecanismos de reparación derivados han tenido un impacto limitado, ambiguo y, en muchos casos, decepcionante. Ahora que Guatemala empieza a hablar de justicia transicional para delitos centrales en el mal funcionamiento del sistema político y económico del país, es buen momento para discutir otras posibilidades. La iniciativa la ha tomado un grupo de empresarios.

Al principio la idea de justicia transicional tuvo un enfoque legalista dirigido a las violaciones a los derechos humanos cometidas por regímenes del pasado, pero con el tiempo se ha ensanchado para incluir, además de juicios y procesos legales, comisiones de la verdad, reformas institucionales y procesos de reparación. En Guatemala se pretende que acoja, asimismo, delitos que vinculan lo económico y lo político. Pero la experiencia nos ha enseñado que nada de esto garantiza transformaciones profundas que atiendan las causas y no solo los síntomas.

Una forma alternativa de pensar estos procesos es la justicia transformativa: más allá de lo legal, deberían ponerse en marcha procesos que tengan un impacto en la transformación de relaciones en la sociedad, así como en las estructuras e instituciones de la misma. La justicia transformativa está constituida por cuatro elementos: la verdad y la memoria histórica; la justicia legal; la justicia política, y la justicia socioeconómica.

La justicia transformativa también hace hincapié en la agencia y recursos locales, en darle mayor prioridad a los procesos que a los resultados preconcebidos, y en impugnar relaciones desiguales de poder y estructuras de exclusión que se intersectan en las escalas local y nacional (y global).

La justicia transformativa requiere un diálogo con participación amplia desde el que se definan los marcos y los límites de lo que será posible discutir y cómo. A través de la historia el sector privado ha entorpecido dichos espacios. Baste un ejemplo: durante las negociaciones de paz, en vez de sumarse a la Asamblea de la Sociedad Civil, formó su propia comisión que saboteó el proceso una y otra vez.

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Los casos por los que se está hablando de justicia transicional en 2018 han sido desnudados por el trabajo de la CICIG y el Ministerio Publico en los últimos años; y revelan la complicidad entre políticos y empresarios en el saqueo del Estado y el mantenimiento de diversas formas de violencia. Las revelaciones de la CICIG y el MP y el trabajo de los medios nos han ayudado a entender la textura de los hilos con los que se teje la violencia estructural.

La violencia estructural es otro concepto que se ha criticado por “no mirar a ningún lado”, porque con su vaguedad hace invisibles a los responsables de múltiples formas en las que se expresa la violencia: hambre, desempleo, falta de acceso a la educación, muerte por enfermedades previsibles, desnutrición, discriminación, racismo.

Pero los procesos abiertos, concretos, nos permiten preguntarnos: ¿Cómo afectan estos casos nuestra capacidad de ver el efecto de ciertas acciones en la constitución de la violencia estructural? ¿cómo visibiliza a los responsables?, ¿cómo cambian lo que consideramos criminal?

No sólo los de la foto

A veinte años de la firma de la paz, Guatemala ofrece resultados mixtos, pero el ámbito en el que menos se ha avanzado es en la justicia socioeconómica. Entre los responsables de esta deuda se encuentran el Estado y un segmento del empresariado. Este está representado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que continúa siendo un legado de la guerra fría y la guerra contrainsurgente. Después de todo, el CACIF surge como una iniciativa de la cooperación estadounidense en 1957 y su participación en la guerra civil es difícil de ignorar.

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La semana pasada se publicó una foto de un evento inusual en el Camino Real. Posaron para ella un grupo de empresarios (algunos organizados en el CACIF, otros no); autoridades mayas, entre ellas un ex preso político; el rector de la Universidad Rafael Landívar; la presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios; periodistas, académicos, y otros. Se reunieron para expresar su apoyo a la CICIG y al Ministerio Publico (MP).

Los orígenes de la corrupción están claros, la defensa de la CICIG y el MP es fundamental en este momento, pero no es suficiente para transformar las condiciones de posibilidad de procesos más complejos.

¿Captura la foto una alianza en construcción? Y de ser así, ¿quién más hizo falta en ella? Ante la ambigüedad del evento tengo que reconocer que la agudeza de mi análisis es, en este momento, limitada. Pero hay un par de cosas que puedo decir.

Desmitificando a las elites

Una de las cosas que se pueden leer de la foto es que dentro del sector empresarial hay una disputa sobre la representación: ¿quién es y quién puede representar al sector privado? Y esta disputa no inició en 2018. Es una disputa que involucra una transición generacional, distintas posiciones ideológicas y consideraciones tácticas.

En segundo lugar, las elites son un grupo diverso y heterogéneo con intereses a veces contradictorios. No son un grupo monolítico que actúa siempre de forma coordinada. En Guatemala estos grupos se están disputando constantemente el poder. El CACIF no los representa a todos, y a algunos de ellos esto los tiene sin el menor cuidado. Por ejemplo, entre los “legales” Mario López Estrada y Dionisio Gutiérrez, el BANRURAL y algunas cooperativas. Y por supuesto, ninguno de los “ilegales” pertenece a cámara empresarial alguna (por ejemplo, narcotraficantes y traficantes de otro tipo de mercancía ilegal). Como lo demuestra el estudio que publicó la CICIG sobre financiamiento electoral, la disputa sobre el control de los recursos del estado involucra ahora también a los capitales que no están representados en el CACIF. De hecho, los mismos mecanismos y estructuras que le permitieron a una facción de la elite mantener el control sobre el Estado han facilitado la penetración de otros actores en el mismo juego. Y que, por lo tanto, estos otros actores estén en la posibilidad de disputarles el poder.

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En tercer lugar, el efecto que las elites tienen sobre otros grupos sociales se negocia a través de procesos complejos de reciprocidad y resistencia. Un ejemplo de ello es la participación de los empresarios en la huelga general de 2015. En un principio no solo se negaron a participar sino demandaban que se cancelara, al final terminaron uniéndose. No son simples relaciones de sumisión y dependencia. Por lo tanto, estas relaciones de reciprocidad/resistencia contribuyen tanto a la modernización de ciertos segmentos de las elites locales, como a la exacerbación de posiciones más reaccionarias en otros. Esto es fundamental para entender las posibilidades que pueden abrirse y las alianzas y grietas que se den dentro del sector empresarial.

En cuarto lugar, las elites y el sector privado guatemalteco no existen en un vacío geográfico o geopolítico. La mayoría de los capitales más grandes son transnacionales y operan en más de una docena de países. Washington ha recibido con los brazos abiertos a un grupo de empresarios que en un estudio académico que está cerca de publicarse llamamos “Modernizantes 2.0”. Con esto queremos distinguirlos de los modernizantes de los 90 (por ejemplo, Arzú), quienes no pudieron trascender sus propias limitaciones estructurales y están involucrados en las mismas dinámicas que quienes ellos consideraban en su momento retrógrados (o más bien estorbos para la transnacionalización de sus capitales). Los más jóvenes (ellos y ELLAS) entre estos nuevos modernizantes se han educado en Europa y los Estados Unidos y han estado expuestos a otras formas de ver el mundo y sobre todo de ser en el mundo. Finalmente, muchas compañías guatemaltecas dependen de estándares internacionales para competir en mercados europeos y estadounidenses en los que ni la corrupción ni los delitos ambientales son populares.

¿Cómo se puede aprender?

Hay pocos ejemplos de cómo poner en marcha la justicia transformativa. La misma implica un cambio en el enfoque, de lo legal a lo social y lo político y de las instituciones del Estado a las comunidades y las preocupaciones cotidianas. Pero buscar estos ejemplos es necesario.

A veintidós años de la firma de la paz se abre la posibilidad de escribir los capítulos que hicieron falta en los informes de las comisiones de esclarecimiento histórico y de iniciar procesos que siguen pendientes para construir las avenidas que lleven a la justicia socioeconómica.

Viendo la foto de nuevo, pienso que cualquier proceso de transformación demandará uno o varios grupos de empresarios con la capacidad de negociar con sus homólogos más reaccionarios, y de presionarlos. Si lo lograrán, o si dentro de veinte años ellos serán los nuevos Arzú(es), es algo que todavía no podemos saber. 

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