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El negocio de la justicia

Fotografía de Sandra Sebastián
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Las Salas de Apelación y la Corte Suprema de Justicia son cargos en disputa que mueven intereses, negocios y compromisos. Estos cargos, responsables de juzgar lo penal, de resolver amparos y antejuicios, de conocer procesos del ramo civil, atraen a abogados interesados en impartir justicia, pero también captan la atención de políticos, empresarios además del crimen organizado. Las estructuras de abogados alrededor de las Comisiones de Postulación aprovechan el interés de estos grupos para que la justicia se convierta en un negocio.

Un día Franz Kafka se perdió en el interior de un palacio de justicia. Buscaba a un abogado. Terminó tratando de desenmarañar las sentencias, las decisiones de los jueces, las circunstancias de los fallos, el absurdo de la justicia. Así lo escribió en su cuento Abogados: “Pero si esto era un tribunal, ¿por qué buscaba yo aquí a un abogado? (…) La vida sería imposible si se admitiera que aquí se procede con injusticia o basándose en datos superfluos; hay que confiar en que el tribunal deje su acción a la majestad de la ley misma: acusación, defensa y sentencia; la intervención aquí de una persona en forma individual sería un sacrilegio. Otra cosa muy distinta es la que respecta a la circunstancia de una sentencia”.

Ningún proceso dentro de un palacio de justicia queda resuelto por completo hasta que exista una decisión firme, irrevocable. Llegar a un fallo definitivo implica, no obstante, un camino largo, de años, de ascensos y descensos,  por el círculo de varias cortes. Un periplo que va de abogados a jueces, de jueces a magistrados y viceversa, hasta agotar todas las instancias: “Si no hallas nada detrás de las puertas, hay otros pisos; si no encuentras nada arriba, no importa; continúa subiendo. Mientras no dejes de subir no terminarán los escalones”, escribía Kafka, perdido, en el que creía un edificio donde se impartía justicia.

Son esos escalones y pisos –de las Salas de Apelación a la Corte Suprema de Justicia–, los que están en juego en Guatemala mediante los procesos de las Comisiones de Postulación. Según los periodos constitucionales, los nuevos magistrados deben asumir estas responsabilidades el próximo 13 de octubre: en sus manos quedarán las sentencias, las quejas en contra de ellas, los amparos: la justicia.

¿Y qué es apelar?, pregunta la gente de a pie. Y los abogados, sin ser demasiado formales, intentan explicarlo. Apelar significa no estar de acuerdo con la decisión de un juez. Significa buscar un tribunal superior que enmiende, confirme o modifique el fallo de un juez. ¿Y amparar?, preguntan también en la calle. Y sí, también se da el amparo, que está para quizá quejarse de todo (de alcaldes, de instituciones, de empresas, de diputados, de seguros, de juicios…), luego de sentirse el ciudadano violado en algún derecho constitucional. Apelación y amparo, ambos como dos puntos de partida para que todo el andamiaje de la justicia se mueva, se detenga, rechine, se negocie.

De un tribunal o juzgado, un proceso puede pasar a una Sala de Apelaciones, de una Sala de Apelaciones llega a la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte Suprema de Justicia el expediente puede terminar en manos de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial de Guatemala. Gladys Anabella Morfin Mansilla, abogada constitucionalista, explica que “quien controle este camino tendrá poder. El poder de negociar cada parte del entramado”. Y en las Comisiones de Postulación lo que está en juego es precisamente eso: “El camino de las sentencias”, agrega.   La abogada pinta un panorama donde las asociaciones y los grupos de colegas suyos se muestran en pleno alboroto, buscando un sitio en puestos decisivos. “Quien coloque a sus magistrados, según sus intereses, en puestos claves, tendrá la autoridad de decidir en lo laboral, lo penal, lo civil o lo fiscal. El negocio de la justicia consiste en una cosa: poner un precio a la impunidad”, dice Anabella Morfin.

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El gremio es consciente, muy consciente de lo que significa este poder. Para eso, para lo que se decide en las Comisiones de Postulación, ha servido construir un país —desde las universidades, desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, desde instituciones de gobierno— ad hoc a los intereses de los abogados. Es para eso, para escoger la lista de candidatos a magistrados, que las legiones de asociados son convocadas. Es la hora cero. El día D de los negocios. Se planta un frente. Se hacen las apuestas. Son, en palabras de Kafka, las circunstancias de todas las sentencias.

Los ramos de la justicia

Dice un exmagistrado de una Sala de Apelaciones del ramo civil, catedrático universitario, exmiembro del grupo de abogados Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis) que llevó a Luis Reyes a la presidencia del CANG, que antes de cualquier cosa, para mover un dedo y buscar un representante en las Comisiones de Postulación, las discusiones dentro de las asociaciones son arduas, largas y cansadas. “Si se quiere entender el negocio de la justicia, primero hay que entender los puestos que se están peleando, desde todos los ramos. Es la cuota que pueden ofrecer los operadores, como el trabajo que hace Roberto López Villatoro, o Juan Carlos Godínez (de Abogados de Mixco), desde cada asociación”.  Es su primera frase, pide no publicar su nombre  para proteger así su carrera de abogado ante un gremio que sabe mucho de traiciones y puñaladas  en la espalda. “En función de los ramos, los abogados compiten (y negocian) por los puestos (CSJ y Cortes de Apelaciones)”, dice. “Hay abogados que van para el ramo laboral y civil, pero lo más codiciado considero yo está en lo penal, lo contencioso administrativo, en la  Cámara de Amparos y Antejuicios, lo tributario, donde apuestan  pensando en sus clientes”.

El director del área de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Lautaro Rosal, explica e incluso amplía las palabras del exmiembro de Conamis en esto de “pensar en los clientes”. Renzo Rosal dice: “Los clientes en lo tributario, en lo laboral, son las grandes empresas, los bancos, los proyectos mineros transnacionales. Los políticos y funcionarios públicos son clientes en los casos de antejuicio (por aquello del derecho a un juicio previo a causa de los cargos que desempeñan). En lo penal, el crimen organizado tiene mucho interés. Estos ‘clientes’ son los sectores que configuran y reacomodan los procesos de postulación. Los que condicionan al gremio de abogados”. Son los que negocian con la justicia. 

Para comprender los distintos ramos, los civiles y los penales, quizá sea bueno imaginar un gran árbol, frondoso. Un árbol cuyo tronco podría simbolizar el  Poder Judicial. Una bifurcación de tres ramas, desde la base del tronco del árbol, podría representar las tres cámaras –la penal, la de amparos y antejuicios, y la civil– que forman parte de la Corte Suprema de Justicia (CJS) desde la reforma constitucional de 1993. Desde estas tres ramas, hay muchas ramillas emergentes, y hay que imaginar que estas ramas que surgen son las Salas de Apelaciones (civil y penal) que van de lo laboral, familia, niñez, femicidio hasta lo contencioso administrativo y Mayor Riesgo, todas como subalternas de las cámaras en la CSJ. Más arriba, en la copa, saliendo de todas las ramitas: ¿las hojas?, las hojas como los juzgados, los tribunales de sentencia, con los demasiados casos que caen sobre ellas como gusanos, llenos de delitos.

Así las empresas en el ramo civil; las mafias en lo penal; los políticos en los antejuicios, como señala Rosal. Los sectores que quieren controlar la justicia, y los abogados que facilitan el control. Así, de los gusanos —unos más jugosos que otros — a las hojas, de las hojas a las ramillas, de las ramillas a las ramas, de las ramas al tallo, del tallo a la raíz donde se ubica la Corte de Constitucionalidad, en el fondo.

—¿Dentro de las Comisiones de Postulación, cuál es más codiciada para los abogados? ¿Corte Suprema de Justicia o Salas de Apelación? —se le pregunta a Renzo Rosal.

—Depende. Las cuotas tienen su propia dimensión en cada una de ellas. El sector político tendrá muy en cuenta la  Cámara de Antejuicios en la CSJ, pero no descuidará la rama penal ni la civil en favor de sus financistas. Ahora bien, otra cuota para negociar en la CSJ es lo administrativo. A nivel gremial esto interesa, ya que en lo administrativo se decide el contrato de jueces en todo el país, además de las designaciones de magistrados de sala de apelaciones en todo el territorio de Guatemala. La CSJ adquiere este poder, este capital de negociación entre los abogados. Los representantes dentro de las Comisiones de Postulación tienen en cuenta este detalle para escoger y negociar los 26 nombres de candidatos a magistrados de CSJ que enviarán al Congreso.

—¿Y las Cortes de Apelación?

—En cuanto a las Salas de Apelación, el negocio, desde el gremio, radica en la búsqueda permanente que se tiene para controlar el CANG o las universidades. Las redes de abogados, antes, sólo buscaban controlar a los trece magistrados de CSJ. Pero hoy estas redes, a través de las asociaciones de abogados (en pugna en once universidades y en el interior del CANG), han crecido y se han expandido en toda Guatemala de tal forma que también se atreven a buscar el control de las 42 Salas de Apelación que existen en el país. Dependiendo de los casos, y dependiendo de los asociados que lograron colocar en distintas Salas, así los operadores de los grupos buscarán diálogo o con políticos o con empresas o con otros poderes —asegura Renzo Rosal.

 

Las Salas de los Magistrados

En el Palacio de Justicia, en la Torre Marfil, y en la Torre de Tribunales, de un piso a otro piso, escalón tras escalón, cuesta arriba, como en el cuento de Kafka, las opiniones son diferentes a las acusaciones externas.

“Nada de presiones. Eso no sucede. Fallamos conforme a derecho”, dice (defiende) Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado de Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo,  expresidente del Instituto de Magistrados.

La juez  Séptima de Primera Instancia, actual presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Anabella Esmeralda Cardona Cambara, habla en su despacho de “lo mucho que se habla y se rumora y se dice y que en su mayoría todo es falso”. Habla también de la carrera judicial, de las intenciones que tienen los jueces en su búsqueda de llegar a ser magistrados de Sala de Apelaciones o CSJ. Dice que el gremio ha sido orillado a pasar por las Comisiones de Postulación, que no queda de otra, pero que todo lo que se hace alrededor, “buscando el bien de Guatemala”, está dentro del marco de la ley. La misma ley que fue creada por abogados.

“La carrera judicial es el problema. La carrera de un abogado, en lo público, topa, tiene un límite en los juzgados de instancia y tribunales de sentencia”. Anabella Cardona, dice, le tocó un largo recorrido de 10 años antes de llegar a la Torre de Tribunales. Pasó por Retalhuleu, por San Marcos y Huehuetenango, antes de ser juez penal en este juzgado. “Subir un poco más (en la carrera de abogado) implica utilizar el sistema de Comisiones de Postulación. Hay que picar piedra antes de ser magistrado de Sala o magistrado de CSJ. Es algo que se gana”, dice.

Carlos Antonio Aguilar Revolorio es juez segundo de Primera Instancia Penal. Fue presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Insiste en el problema de los jueces para ascender de puesto, pero agrega que lo que se busca es “prestigio”. “La aspiración de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia es una máxima entre abogados”, dice. “Las aspiraciones son grandes, también válidas”.

Todos los entrevistados dentro de las Cortes dicen que “no es bueno generalizar”, que hay “abogados buenos” como ellos y niegan que la independencia judicial esté en juego: no hay políticos, ni empresas, tampoco grupos de abogados peleando por los puestos en cada sede del Sistema de Justicia. Nada de la influencia de estos grupos, según ellos, existe en las Comisiones de Postulación. “Lo malo de ser parte del problema es que no te das cuenta de cómo funcionas y en dónde estás parado. La crítica no se permite”, dice Morfin en referencia a la poca autocrítica dentro del mismo sistema.

Erick Rolando Huitz Enriquez, miembro de la asociación de Abogados Metropolitanos, integrante de la Comisión de Postulación que elegirá la nómina de candidatos a Corte de Apelaciones, como representante del CANG, lamenta que el negocio detrás de la justicia sea evidente en cada proceso electoral a cargo del gremio de abogados. “‘La justicia es una serpiente que muerde a los descalzos”,  cita Huitz al asesinado monseñor Óscar Romero. Y agrega “una mujer cae por extorsión y le dan ocho años. Eduardo Meyer, expresidente del Congreso, cae por lavado de dinero, y sale libre”, dice este penalista que para ser electo en las Comisiones de Postulación también representó a los Abogados de Mixco, asociación que logró controlar durante varios años la alcaldía de ese municipio del departamento Guatemala.

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“Nos limitamos a nuestras funciones, las constitucionales. Las Salas de Apelaciones son importantes porque significan una segunda instancia, un derecho de todo ciudadano. También estas salas son importantes porque conocen amparos, pero depende del sistema de gestión penal, que asigna estos recursos a cualquiera de las Salas en función de su competencia y jurisdicción”, dice el juez Aguilar. Indica que se refiere al acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad que vino a ordenar las cosas dentro de las salas, dentro del Organismo Judicial. Antes de este acuerdo, explica, los amparos podían ser presentados en cualquier juzgado de Guatemala. Como el caso, por ejemplo, del exfiscal general, Carlos de León Argueta que ha afrontado varios procesos por delitos penales y que ha logrado desvanecer en juzgados departamentales que no son jurisdiccionales. “Poner un amparo en otro departamento ya no se puede hacer”, dice el juez Aguilar, para  explicar la relevancia de los puestos que se disputan en las actuales Comisiones de Postulación.

El magistrado Rafael Rojas precisa que cada Sala de Apelaciones rinde cuentas a cada una de las cámaras correspondientes al ramo dentro de la CJS. En lo penal hay al menos ocho salas a nivel nacional y están supeditadas a la Cámara Penal que preside Héctor Manfredo Marroquín. Las otras salas, por ejemplo, de lo contencioso administrativo, de trabajo, civil, mercantil, niñez y adolescencia responden a la Cámara Civil, presidida por Gabriel Gómez. “En función del ramo así es la jerarquía”, señala Rojas.

Un día cada cinco años

Hay un día que todos los magistrados seleccionados esperan con ansiedad. Un día en el que ya han sorteado todos los obstáculos, y todas las alianzas, y compromisos, y negociaciones, y mucho lobby político han dado el resultado esperado: Las Comisiones de Postulación los han agregado al listado de candidatos a magistrados que enviaron al Congreso. Los operadores de los grupos han cumplido su trabajo. El Congreso, es decir los diputados, les han dado su respaldo (“No a cambio de nada, seguramente”, como se ha quejado Huitz) y están listos, por fin, para asumir. Es un día feliz. “Pero es quizás uno de los días más complicados”, dice, pesimista, el abogado exmiembro de Conamis. “Es el día de las llamadas, y llamadas. Es el mismo día en que asumen los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Sala de Apelaciones (13 de octubre cada cinco años). En un sólo día, por jerarquía, los nuevos magistrados de CSJ designarán el lugar de trabajo para todos los (también nuevos) magistrados de apelaciones. Te puede tocar Petén, o Huehuetenango, o Izabal… Te puede tocar el ramo civil, o el penal. Si las alianzas han sido buenas, te quedas en la capital, incluso puedes saber si todo ha salido bien si eres un abogado laboralista y te designan una sala de lo mercantil, aunque no sepas nada. Es el día en que se mide la efectividad de las redes de abogados”.

Es el día también en que las tres cámaras de la Corte Suprema de Justicia son disputadas. Aun  si la presidencia de la CSJ ha sido pactada antes en el Congreso, queda integrar las cámaras, la Penal, la de Amparo y Antejuicios, y la Civil.

El magistrado de la CSJ, Mynor Custodio Franco Flores, actual presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, dice que, en efecto, es un día que recuerda. Un día en el que se designan a casi cien magistrados en sus puestos de trabajo. “Nos desvelamos, no dormimos ese día. Pero en el gremio todos nos conocemos, todos sabemos cómo trabajan muchos abogados. A qué rama le han dedicado mayor dedicación. Con base a ello designamos a los magistrados, en las distintas Salas de Apelación”, sonríe Franco.

—¿Ese día no se habla de grupos o asociaciones de abogados?

—Para nada. Sólo prevalecen las trayectorias y los currículums —responde el magistrado.

Franco además explica que la actual CSJ dejará implementado un sistema de evaluación a los magistrados de Salas de Apelación. Algo que nunca se había hecho. Nadie podía medir o acreditar o respaldar el trabajo de estas cortes. O, por ejemplo, calificar o sancionar la forma de responder de las Salas de Apelaciones ante un expediente, como el caso del juicio por genocidio en el que se acusó a los generales en retiro Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez: más de 60 magistrados de sala se han inhibido de conocer el proceso, apelado por la defensa mediante un recurso que busca la amnistía.

“Se medirá la producción de las Cortes de Apelación. Y se evaluará la calidad de las sentencias”, dice el magistrado Franco. Los nuevos magistrados de Sala de Apelación serán calificados con esta medida a partir de la próxima magistratura.

Renzo Rosal desconfía, sin embargo: “es posible que esta evaluación sirva para acreditar malos magistrados. Es posible que esto perfeccione la forma en que se negocia la justicia”.

El pasado martes 16 de septiembre, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidió detener la marcha y cambiar el rumbo del proceso de selección. Iván Velásquez, jefe de Cicig, denunció que hay grupos de interés orbitando alrededor de los cuerpos colegiados que integran las Comisiones de Postulación. Operadores del crimen organizado, dijo, están teniendo éxito en su intención de incluir en las listas de aspirantes a abogados que pueden ser favorables a sus intereses. A pesar del revuelo en los medios, los comisionados siguieron con el proceso.

Morfin y Rosal no descartan que a partir del próximo 13 de octubre, cuando los nuevos magistrados asuman sus cargos, se produzcan los más oscuros escenarios:

Un diputado llamará a las Salas de Apelación o a la Corte Suprema de Justicia: “Yo voté por vos”, y condicionará a algún magistrado.

Un empresario, también, por el teléfono: “Te apoyé en toda tu campaña. Necesito un favor”.

O el crimen organizado que opera de formas más violentas.

El magistrado de Sala de Apelación, o de la Corte Suprema atenderá el teléfono. Tendrá que tomar una decisión, una sola decisión…

“Los clientes en lo civil son las grandes empresas, los bancos. Los políticos y funcionarios públicos son clientes en los casos de antejuicio. En lo penal, el crimen organizado tiene interés", Renzo Rosal.
“Hay abogados que van para el ramo laboral, lo civil, etcétera, pero lo más codiciado considero yo está en lo penal, lo contencioso administrativo, en la cámara de amparos y antejuicios, lo tributario, donde apuestan pensando en sus clientes”, Anabella Morfin.
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