El mito empresarial

A 150 metros del parque central de Antigua Guatemala, en la misma cuadra donde se ubican sucursales de las cadenas de comida Burger King, Taco Bell, Dunkin’ Donuts y Helados Pops, además de los bancos Reformador e Industrial, subsiste una botica de 100 años de antigüedad ante el asedio del mercado inmobiliario, la gentrificación, el escaso acceso a créditos y las condiciones desiguales de la competencia en la que las grandes corporaciones de venta de fármacos no dan tregua con su oferta.

La Farmacia Roca es una microempresa que se suma a las más de 435,000 que hay en el país, es decir, el rubro empresarial mayoritario al que pertenecen más del 90% de los negocios. La tradición familiar la inició hace 90 años Alberto Roca y Roca, un licenciado en farmacia, quien es tío abuelo del actual dueño de la botica.

Roca y Roca, compró el giro de ese pequeño negocio cuando ya tenía una década de antigüedad. A partir de 1952, el negocio lo continuó Hector Miguel Paredes, «Don Miguelito» quien tenía sobrada experiencia como trabajador de otras farmacias del sur y de la capital, lo que le permitió pulir un gran «ojo clínico» pese a solo haber terminado la primaria.

El local, ubicado en la 4 calle Poniente número 9A, aún conserva detrás del mostrador central uno de sus míticos letreros: «Farmacia Roca de don Miguelito. Antigua Guatemala. Surtido completo de medicinas puras i frescas» (sic). En esta se fabricaban fórmulas magistrales y es recordada por los lugareños por los consejos de salud dados, que aseguran llegaron a curar varios padecimientos.

La explosión turística que con los años ha situado a Antigua en el mapa de los destinos obligatorios de América Central modificó el negocio de la familia Paredes, para poder permanecer vigente. Además de medicamentos de laboratorios internacionales y locales, ahora también venden artículos de belleza, aguas carbonatadas refrigeradas, desodorantes y cremas de cuerpo, todo con tal de mantener un balance entre los lugareños y los turistas.

El entorno cambia al ritmo del mercado que demanda ganar más que el año anterior; las personas ya no son las mismas; la dinámica de la ciudad, que ha expulsado a sus residentes originales a las periferias, es otra.

A sus 76 años, Miguel Paredes, un historiador de carrera y el tercero de la familia en dirigir la farmacia recuerda melancólico a sus padres atendiendo a la clientela. De niño los acompañaba y veía esa ciudad que solo dejó para estudiar la universidad y a la que volvió para quedarse. Una ciudad antigua como su nombre, que está siendo asfixiada por un concierto de transnacionales y los diversos brazos de la élite guatemalteca, que aunque diversificada en sus posturas está constituida por las y los miembros de las mismas familias.

Los padres de Miguel murieron el mismo día de enero pero con un año de diferencia, en 2010 y 2011. Desde entonces, él lleva las riendas junto a su esposa Teresa Marín, una de sus tres hijas de nombre Luisa y cuatro trabajadores. En esta última década ha sido una constante prácticamente diaria la presión de diversos interesados en rentar alguna de sus cuatro puertas o el local completo, cuya casa adquirió su padre de manos de su tío 70 años atrás. Si la propiedad fuera alquilada, la Roca de don Miguelito habría sido desplazada o no existiría más.

Paredes asegura que los comercios internacionales que se han abierto camino a la redonda llegan a pagar 40,000 o 50,000 quetzales de renta, una cantidad que resulta imposible para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y negocios familiares tradicionales, que suelen pagar una décima parte. «Esa también es una forma de presión (para los comerciantes). Desaparecen estos pequeños negocios, desaparecen las personas que trabajan en ellos, que también son gente que estaban en esta área, que compraban y que ya no están», lamenta Paredes.

Se recuerda que hace poco un amigo llegó a decirle que «cerrara esta babosada», su tienda, que alquilara la casa y se fuera a vivir de ese ingreso. Pero, aún siente cierto capricho y espíritu de lucha interna. La enseñanza de su padre, de mantenerse hasta que el cuerpo aguante, marca su camino; aunque reconoce que si las cosas se complican, «y se ponen duras», pues podría reflexionarlo y no salir del todo quebrado.

A dos o tres cuadras de su botica hay otras farmacias que son conocidas en todo el territorio nacional. Estas cadenas también son una amenaza contra quienes no pueden competir. A diferencia de su negocio, estas grandes compañías, además de hacer compras grandes de fármacos, también son importadores, representantes, detallistas y/o distribuidores y cuentan con aseguradoras que en muchos de los casos no dan opciones a los pequeños negocios, como la Farmacia Roca, por los volúmenes de venta tan dispares, ante lo que Paredes se pregunta: ¿qué se puede hacer contra eso?

Estas condiciones también han frenado su crecimiento, las opciones de créditos son escasas, afirma, sobre todo con el surgimiento de la pandemia de Covid-19. Son «rimbombantes los préstamos a pequeñas empresas, pero cuando uno va a preguntar, ya se acabaron», dice, pues «apenas duran tres, cuatro días y tampoco es que las tasas de interés sean amigables».

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Una mipyme en el pajar

De las 481,570 empresas registradas por el Ministerio de Economía (Mineco), nueve de cada diez son microempresas como la botica de Miguel Paredes. El resto se compone por un 8.42% de empresas pequeñas, el 0.90% de medianas empresas y apenas el 0.34% son grandes, de acuerdo al último informe de situación y evolución del sector mipyme que analizaba los años 2015 a 2017.

A pesar de ser la inmensa mayoría del censo empresarial, su camino está repleto de dificultades, a diferencia de las grandes empresas que cuentan con créditos, exenciones fiscales, contratos gubernamentales y todo tipo de facilidades, incluyendo micro regulaciones hechas a modo.

Para el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, el sistema económico de Guatemala está diseñado para el fracaso más que para el éxito de las mipymes, pues considera que el país está pensado para las grandes empresas con privilegios previos, para las que participan dentro de la economía, así como para aquellas que cuentan con acceso a decisiones políticas.

Hasta el 2018 era un infierno abrir una empresa. El trámite podría demorar varias semanas, era necesario realizarlo en la capital, el monto mínimo de capital era de 5,000 quetzales y había que publicar un edicto en el diario oficial y esperar más de una semana en caso de que se presentaran oposiciones.

Ahora bastan cuatro días para abrir una, el costo bajó a solo 200 quetzales, los servicios del Registro Mercantil se descentralizaron y hay procedimientos realizables en línea.

Lo que no ha cambiado, insiste Menkos, es la «asfixia» a los emprendedores y de los empresarios de los micro, pequeños y medianos giros, además del creciente proceso de precarización de los trabajadores que, en su conjunto, dan como resultado un mayor clima de ingobernabilidad en el país.

De acuerdo a un informe del propio Icefi, basado en información del Mineco, de los más de 7.2 millones de trabajadores solamente el 53.8% de la población ocupada trabaja como asalariado, mientras que un 37.7% son independientes y otro 8.5% son trabajadores no remunerados.

En esa adversidad es donde reina el poder económico que se queda con la mayor parte del pastel, aunque este sea pequeño, pues si el 10% de la población se queda más o menos con el 40% del ingreso nacional es entonces un buen negocio, pequeño, pero negocio al fin, considera Menkos.

De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas, refrenda esa estimación de Menkos con un estudio de la desigualdad de los ingresos donde demuestra que el decil de la población más pudiente obtiene el 42.6% de los ingresos de la población, en contraste con el decil más pobre, que apenas registra el 1.2% de los ingresos.

En un escenario ideal, en el que no existiera desigualdad, cada uno de los diez deciles de la escala de ingresos per cápita de los hogares de un país debería tener un ingreso proporcional que significaría el 10 por ciento de los ingresos de la población; un extremo que obviamente Guatemala, antepenúltimo país en el índice de desarrollo humano y donde uno de cada diez habitantes sobrevive con menos de dos dólares al día, refrenda la desigualdad económica al quedar muy por debajo del promedio latinoamericano, donde el promedio del decil de mayor ingreso percibe el 35.4% del total de la riqueza y el de menor capacidad económica, el 19.4%.

Un espejismo

Para los índices económicos todo es relativo en una de las naciones más desiguales de la región.

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó y rompió récords en el primer año de la recuperación post pandemia y sorprendió incluso hasta los más acérrimos seguidores de la Escuela de Chicago. De hecho, la caída del PIB en Guatemala en 2020 fue la de menor escala en Centroamérica. Pero la desigualdad no cesó, se profundizó. Lo que demuestra la advertencia que hiciera Simon Kuznets, creador de este índice, respecto a que el PIB sirve para medir el ingreso de un país, pero no el bienestar de su población.

En agosto de 2020 el Banco Mundial avanzaba que solo el 34% de las empresas del país podrían permanecer rentables debido al impacto de la pandemia en la economía y que casi la totalidad de empresas de los sectores más afectados sufrirían pérdidas.

Además, la firma de auditoría británica Deloitte advirtió en su Doing Business que las principales industrias afectadas por la pandemia —y por las tormentas tropicales Eta e Iota— fueron las que para su operación requerían de «interacción social» y que debido a las restricciones sanitarias solo pudieron reiniciar actividades con capacidad restringida.

La industria turística, por ejemplo, tuvo una caída en 2020 de más del 48 por ciento de su PIB, seguido del sector de la construcción (-17.4%), el manufacturero (-9.9%), y el de consumo (-9.3%).

A Miguel Paredes le ayudó, en parte, que su empresa de venta de medicamentos no tuvo tantas restricciones al pertenecer al sector salud (que a nivel nacional tuvo un crecimiento del 1.7%) y que la casa donde funciona es propia, pero el hecho de encontrarse en la ciudad más turística del país la golpeó de todas formas.

Para conocer la postura oficial sobre la situación empresarial de la nación, se solicitó una entrevista con el Ministerio de Economía, pero el área de comunicación de la entidad nunca la concretó y tampoco respondió a los cuestionarios enviados.

El año pasado, debido entre otras razones a la venta de la telefónica Tigo, a la sueca Millicom, que se cifró en 2.2 mil millones de dólares, el PIB registró un crecimiento del 7.5%, en contraste con la caída de -1.5% que se reportó en 2020, durante el primer año de la pandemia de Covid-19. O sea, el PIB per cápita supuestamente pasó de 4,126 dólares a los 5,025 en un año.

El crecimiento imprevisto inicialmente también se debió al «dinamismo que reflejan las actividades productivas, las exportaciones, las remesas y la recaudación tributaria, entre otras variables», según expresó el presidente del banco central, Sergio Recinos, al analizar el comportamiento del 2021.

Pero la salud económica de un país está lejos del PIB, a decir de la tesis de la académica de Oxford Kate Raworth, descrita en su libro «Economía Rosquilla» (Paidós, 2018), donde propone contemplar la prosperidad de todos los habitantes  dentro de los medios del planeta; algo que denomina «rosquilla» o la «zona óptima para la humanidad», que incremente las posibilidades existenciales de las personas, como una alimentación nutritiva, atención sanitaria, educación, seguridad personal y participación política. Con énfasis en la dignidad, la oportunidad y la comunidad.

Un país en cautiverio

Para el exministro de Economía (2008-2010) Juan Alberto Fuentes Knight, autor del libro «La Economía Atrapada» (FyG Editores, 2022), incluso hay casos de bloqueo o desplazamiento de empresas debido a la competencia desleal del país que datan desde finales del siglo XIX, cuando surgieron los principales grupos corporativos familiares del país.

El economista asegura que estos grandes consorcios ocupan espacios que no tendrían realmente por qué ocupar, pues aunque cuenten con los recursos financieros, técnicos y de diversa índole invierten en sectores fáciles, de servicios, de comercio, inmobiliarios; lo que excluye a muchos pequeños y medianos empresarios que podrían crecer.

Es una lástima que no pueda haber una relación mucho más orgánica dirigida a invertir en bienes y servicios de alto contenido tecnológico, tomando en cuenta sus recursos, añade. A eso le llama la falta de una «destrucción creativa», pues la competencia, la iniciativa, provoca innovaciones y un capitalismo dinámico, que añora el país.

Las principales familias-empresa (los Herrera, Ibargüen, Castillo, Novella, Köng, Torrebiarte, Gutiérrez y Botrán) surgieron de actividades comerciales e industriales, donde los migrantes de origen europeo —y particularmente español— fueron determinantes. Estas familias se combinaron con la economía ya asentada del café y del banano, donde prevalecían ciertas corporaciones y familias acuñadas en la historia económica guatemalteca.

Estos consorcios evolucionaron mediante «tratos» o «acuerdos informales» con los gobiernos de la época que les concedieron lo que equivale a monopolios en su momento, que les quitan los impuestos, no dejan que haya otra competencia, les dan ciertos privilegios, les aplican impuestos a la competencia, describe Fuentes Knight.

Una característica de estas familias, explica el exfuncionario, es que limitaron la competencia y una vez que comenzaron a crecer se diversificaron aprovechando esta característica monopólica u oligopólica, lo que les permitió aumentar mucho sus ganancias. Conforme fueron teniendo control sobre los mercados empezaron a cobrar precios altos por sus productos, precios bajos por los insumos, al tiempo que impidieron la organización sindical, todo ello sin la necesidad de invertir sus ganancias, en comparación con los exportadores no tradicionales que invierten una proporción importante de sus ganancias.

El Estado no interviene en contra los principales consorcios del país, al menos no con el ejercicio de ese poder que tiene. Una muestra es la ausencia de una Ley de Competencia en Guatemala, el único país de América Latina que no tiene una, lo que se convierte en un factor de beneficio «directo» para esta élite, según Fuentes Knight.

Los entes regulatorios principalmente en materia de energía, telecomunicación y particulares son muy débiles, agrega, por lo que estos grupos operan con libertad y abusan de su poder de mercado, a lo que se suma una capacidad de veto a la política fiscal.

Este grupo, organizado en las principales cámaras empresariales del país englobadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), tiene una política monetaria muy restrictiva en general, macroeconómica, limitada a bajar la inflación y no centrarse en el tema del empleo, en particular, que está totalmente olvidado en la agenda, concluye Fuentes Knight.

Sobre la escasa competencia también razona otro economista, José Luis Moreira, quien en su ensayo «Microrregulaciones y barreras no arancelarias a la competencia. La economía de la regulación y la captura regulatoria: tres estudios de caso de Guatemala», en donde describe que hay reglas, disposiciones y dictámenes que pueden llegar a restringir la competencia en determinados mercados, lo que da pie a una captura regulatoria que favorece a grupos de poder con el abuso de entidades reguladoras del mercado a través de distintas modalidades denominadas «microrregulaciones».

Moreira advierte que estas «microrregulaciones» favorecen los intereses de los sectores regulados si los reguladores en funciones perciben que con ello benefician al grupo con el que se identifican.

Uno de estos intereses que subraya el autor del ensayo es «el estatus», cuyas características se basan en «estereotipos más que en calificaciones relevantes», lo que afecta «la creencia sobre las categorías sociales y, por lo tanto, afectan las relaciones entre las personas», lo que resulta en que las personas, en este caso quienes se encuentran en los entes reguladores, se comporten de una manera «más favorable con otras personas que perciben de un estatus más alto».

El estatus también condiciona a que los reguladores no solo adopten «actitudes más permisivas hacia los sectores liderados por personas que perciben de un estatus más alto, sino también es posible que adopten sus ideas y posiciones ideológicas al diseñar de regulaciones, o al evitar hacerlo».

Moreira advierte que, incluso, algunos de estos reguladores influenciados terminan en un efecto de «puerta giratoria», donde «al terminar el ejercicio de su cargo obtienen puestos dirigentes en el sector privado, activando de inmediato preocupaciones del público por potenciales conflictos de interés».

Además, si en caso estos funcionarios no trascendieran al sector privado, «sus concepciones y visiones están alimentadas por la imagen que quieren proyectar en su comunidad profesional», apunta.

¿Menos Cacif?

La última semana de octubre de 2022, el partido de centro izquierda Movimiento Semilla presentó una iniciativa de ley denominada «Más empresas, menos Cacif», con el fin de regular la participación del principal músculo del empresariado organizado en las juntas directivas del Estado.

El diputado y exsecretario general de Semilla, Samuel Pérez, indicó en ese momento en una rueda de prensa que la iniciativa era «un paso importante para dejar de gobernar por privilegios, procurar una auténtica competencia en la economía y dejar de pagarle a Cacif para que mantenga el mismo modelo económico fracasado», pues además de cooptar espacios gubernamentales también cobran las dietas por su participación en estas.

«Los auténticos empresarios, empresarias y comerciantes son quienes arriesgan su capital, quienes no tienen cuello para trámites o sacar licencia; quienes no tienen al alcance de una llamada a los presidentes, a los jueces, a los magistrados; quienes no tienen privilegios fiscales para existir, quienes no sacan información privilegiada de las juntas directivas del Estado, quienes no viven de dietas que pagamos de los impuestos. Son quienes compiten con otras empresas y, sobre todo, quienes no financian de manera opaca a los políticos del régimen para que luego les devuelvan los favores», subrayó Pérez.

El Cacif tiene presencia en tres tipos de juntas directivas del Estado: por mandato constitucional, por decreto legislativo y por acuerdo gubernativo, por lo que la iniciativa de ley propone que no sea exclusivo de esa patronal sino que sea a través de una elección entre las empresas que se adhieran a un censo o un a registro nacional.

En entrevista, el congresista sostiene que para lograr una real economía de libre mercado es necesario que existan condiciones de competencia perfecta o algún tipo de condición de competencia, pero en Guatemala pasa todo lo contrario, pues los sectores con mayor aporte a la producción nacional, todos están vinculados con las elecciones.

Esta élite evita y socava la competencia pues no hay empresa que pueda competir con gigantes como Tigo, Claro, la Cervecería, Multi Inversiones, o Progreso. En cambio, Pérez prevé el surgimiento de mercados pequeños que podrían arruinar la economía, que sufre una captura dentro de un «Estado corporativista» que obliga a los presidentes a negociar con cámaras empresariales si quieren impulsar cualquier reforma, dice, pues estas grandes corporaciones familiares «tienen sillas en todos lados».

Depende del cristal con que se mira

Desde el noveno nivel del emblemático edificio de la zona 4 donde cohabita el Cacif con la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) y otras organizaciones gremiales, la visión es otra. Es una de resiliencia, garra, pilas, responsabilidad y compromiso con su entorno.

La directora de Cacif Mujer e integrante de la junta directiva de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), Maria José Nichols, quien también dirige Abitare Inmobiliara, comenta que el verdadero significado de «ser empresario» es liderar el desarrollo de una entidad con fines lucrativos y que busca proveer de un bien o servicio a una determinada clientela dentro o fuera del territorio, que además vela por no solo las necesidades propias, sino también la de los colaboradores con quienes cuenta, generando oportunidades de trabajo.

Es un compromiso que va mucho más allá del desarrollo individual, añade, e insiste en que los empresarios guatemaltecos se distinguen porque son «resilientes, decididos, aguerridos y con un amor al país que nos inspira todos los días a no descansar, a no darnos por vencidos».

Todas las empresas, dice la directora de Cacif Mujer, son equivalentes, pues al «empresario de corazón» no le define el tamaño de su empresa, sino el talante que le respalda y su capacidad de adaptarse a las diversas circunstancias, salir de su zona de confort y la visión que tenga de su actividad comercial.

En general, a los empresarios de Guatemala les preocupa preservar el porcentaje de riesgo controlado, en el sentido de tener un marco regulatorio estable, que vele por el Estado de Derecho y que las instituciones de Gobierno cumplan con su función de garantizar certeza a sus ciudadanos. Además, les preocupa la división de poderes, la institucionalidad y la República, en palabras de María José Nichols, cuyo padre, Jorge Leonel Nichols López, fue directivo de la versión guatemalteca de la transnacional estadounidense de bienes raíces Coldwell Banker y viceministro Administrativo del Ministerio de Trabajo durante el Gobierno de Berger (2004-2008).

En su edición de octubre de 2022, la revista Forbes Centroamérica presenta la visión empresarial de Guatemala «global» y «renovada», con «nuevos aires» que imprimen a la economía, pero no cuestiona la política interna ni la precarización de las mipymes.

El especial presenta las voces de los líderes de ocho organizaciones diversificadas y en el control histórico de la economía nacional, desde el propio Cacif, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Corporación Multi Inversiones, la Cámara de la Industria, la Asociación de Exportadores, así como de las principales azucareras, licoreras, inmobiliarias y financieras.

Los presuntamente renovados grandes empresarios coinciden en esa «resiliencia» del país, del que destacan su posición geográfica, el crecimiento de las remesas, de la variedad de sus «soluciones rentables», con un tipo de cambio estable los últimos 20 años; aunque con la tarea pendiente de trabajar más en la competitividad, como sugirió el presidente de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), Guillermo Montano.

Por su parte, la ingeniera agrónoma María Fernanda Rivera, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial (CNE), que supone ser un contrapeso del Cacif en el espectro empresarial organizado del país, si bien coincide en que la economía en Guatemala está «sostenida por remesas», también se afianza en «esos sectores de bienes no transables, que no necesitan mayor cosa para crecer porque están ligados a consumo no crean tanto empleo».

No hay ni siquiera una herramienta que obligue a las empresas a «ser competitivas», lo que ha permitido duopolios, como el de las telecomunicaciones que en realidad actúa más como un monopolio que pone barreras a terceros, subraya Rivera.

Un empresario, dice, es la persona que está dispuesta a tomar riesgos y mientras más riesgos en teoría, más audacia y mayores ingresos, además de ser innovadora y con disciplina, pero siempre consciente de que para algunos empresarios es más difícil que para otros. Y más en un país en donde el recurso más importante debería ser el humano y no la mano de obra, los cerebros, las ideas, la innovación.

También influye que el país tenga a uno de cada dos niños con desnutrición, a lo que se suma una educación precaria, una corrupción generalizada, el acceso a créditos insuficiente y la fuga de capitales de las grandes empresas.

El futuro está detrás

Este contexto empresarial también se observa en la calidad de vida de la población guatemalteca, cuyo salario mínimo mensual se registra en 2,704 quetzales en actividades de exportación y de maquila; en 2,872 quetzales en actividades agrícolas; y en 2,959, para no agrícolas.

Montos que contrastan con el costo de la canasta básica alimentaria de cada mes, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para noviembre pasado ascendía a 3,618 quetzales; y que quedan muy por detrás del costo mensual de la canasta ampliada, que supera los 8,355 quetzales.

Jonathan Menkos, del Icefi, considera que el mercado laboral nacional está «completamente desenlazado con variables y con metas que estén relacionadas con el bienestar de las y los trabajadores». Sostiene, además, que solo en el primer año de la pandemia aumentó la informalidad, que pasó del 65.3% de la población trabajadora en 2019, al 70.8% a octubre del año pasado, según la encuesta nacional de empleo.

Encima, el mercado laboral en los últimos 30 a 40 años observa una generación de apenas «30,000 empleos formales al año, en una sociedad que tiene cerca de ocho millones de personas dispuestas a trabajar y en edad de hacerlo»; además que el salario mínimo se ha «deteriorado» y representa cada vez «un menor porcentaje de la canasta básica de alimentos y de la canasta amplia»

El proceso electoral del 2023, polarizado y tenso, es un escenario «positivo» que el economista observa en el horizonte para lograr una transformación, pero en realidad, con base en la cercanía de la élite económica y el Gobierno actual, ve un total desinterés por arreglar y tener una reestructuración de la economía que la haga más sostenible en su crecimiento, más inclusiva y que permita que se inserte mejor a nivel centroamericano y global.

Menkos asegura que si Guatemala cumple con ese pronóstico nefasto de llegar a convertirse en una nueva Nicaragua «para entonces las élites habrán sacado sus recursos del país y los habrán invertido en sociedades donde estén más cómodos, donde les guste caminar en las calles y sentir que están seguros. Un extremo cuando menos factible al observar a esa élite carente de responsabilidad en algún proyecto de nación que reconstruya las bases económicas que mantienen desde hace décadas una desigualdad notable, en pleno siglo XXI».

Sin embargo, Mariajosé Nichols, del Cacif, enfatiza que las generaciones tanto de millennials como de centennials «se les presentan mejores oportunidades, puesto que los cambios en nuestras sociedades se están realizando, tales como el fomento al ahorro» y un «mayor y mejor acceso a tecnología» que se ha desarrollado a su vez «gracias a que se va ampliando infraestructura y permitiendo mayor cobertura».

Para cambiar una realidad y futuro desalentador, el exministro Fuentes Knight recomienda «una renegociación del contrato social en materia económica para que se beneficie más a los sectores que invierten más», lo que propiciaría mayor crecimiento y daría mayor solidez a lo que llama «la infantería», es decir, a los importadores no tradicionales que se componen de los pequeños productores que venden en el mercado nacional, donde «prevalece la competencia», pues a pesar de que tienen «ganancias pequeñas», invierten «una proporción mayor que esos grandes gestores del poder», asegura.

Miguel Paredes, dueño de la Farmacia Roca, tampoco lo ve muy claro. Se acerca ese momento en que no tendrá opción. Su trabajo «es un poco sacrificado», dice. Todos los días abre a las 8 de la mañana y cierra 12 horas más tarde, salvo los domingos, que prefiere tener toda la tarde libre para ir a leer o escuchar algo de música.

La Roca «es parte de la memoria de la ciudad», menciona antes de recordar emocionado que hay quienes aún se recuerdan de su padre, su viejo, ese mito que bastaba con tocar en el área afectada a una persona para tranquilizarles o hasta curarles, según las lenguas que mantienen viva a esa leyenda. Pero las presiones son difíciles de sortear y Paredes se cuestiona hasta qué punto podrá seguir así, con las ventas en aprietos. «A no ser que hubiera una transformación total en Guatemala y se comenzara a implementar todo este tipo de cosas, como la ley de competencia, no va a cambiar. Y cada día lo veo más difícil».

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Este reportaje forma parte de la serie sobre microrregulaciones Capitalismo a la Chapina.