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El gobierno disfraza las muertes de mujeres por abortos inseguros
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El gobierno disfraza las muertes de mujeres por abortos inseguros

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Es un hecho que en Guatemala existen sitios clandestinos donde se practican abortos. Es un hecho también que a los hospitales llegan mujeres en estado de gravedad por las condiciones insalubres en que éstos fueron practicados y algunas de ellas mueren esta causa. ¿Cuántas mujeres son atendidas en los centros asistenciales por estas causas? ¿Cuántas fallecen? Nadie lo dice con certeza. El Ministerio de Salud tampoco registra con claridad las cifras de interrupciones de embarazo por motivos terapéuticos. Nadie habla, nadie cuestiona, nadie suma.

Las cifras que contabilizan las muertes de mujeres como consecuencia de abortos inseguros están ahí, a la vista de todos. También las de complicaciones por interrupciones de embarazos; y las de abortos terapéuticos practicados en los hospitales públicos de Guatemala. Engrosan los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPSAS). Las primeras, las muertes, también se encuentran en las bases del Registro Nacional de las Personas (Renap). Están ahí, pero nadie las ve. Porque para definirlas, rara vez se utiliza el término médico exacto. El tabú: “Aborto”.

Los números se esconden detrás de eufemismos. Para los registros del MSPAS, una mujer que entró a consulta como consecuencia de un aborto practicado en condiciones poco higiénicas, fue atendida por una “infección pelviana”. La mujer que fallece después de que otra persona introdujera por su vagina una varilla de paraguas, murió por “ruptura del útero”. Y si a una mujer con cáncer se le practica un aborto terapéutico porque el embarazo supone un riesgo para su vida, se anota únicamente que “se comenzaron los procedimientos anticancerígenos”.

Las cifras exactas para tomar decisiones de políticas públicas y de salud, las cifras que alertarían sobre la posible gravedad y la dimensión del problema de salud pública que expone la vida de mujeres que se practican abortos en lugares clandestinos, son una incógnita.

En busca de una cifra

Desde 2003, todos los informes, estudios y reportajes realizados sobre la temática del aborto inseguro utilizan los mismos datos base. Los recogidos en el Informe Final: Línea Basal de Mortalidad Materna para el año 2000, un documento producto de un estudio realizado por el MSPAS a partir de la información recopilada durante ese año por medio de encuestas, y de cifras que manejaban los establecimientos de salud.

En el documento se indica que se investigaron 5,076 muertes de mujeres de entre 10 y 49 años. De 651 muertes maternas identificadas, al menos 62 se dieron como consecuencia de un aborto, es decir el 9.5% de las muertes maternas. A través de este análisis de casos se concluyó que la primera causa de mortalidad materna es la hemorragia. La siguen las infecciones, la hipertensión inducida por el embarazo, y en el cuarto lugar, el aborto.

Según los cálculos del Ministerio, al comparar las muertes maternas reportadas y registradas oficialmente por el Ministerio con las cifras consignadas en el estudio paralelo, se concluyó que existía un subregistro del 44%: de 651 muertes identificadas, sólo 364 estaban registradas en el sistema de salud.

El estudio fue utilizado años después para nutrir otro de los informes clave para entender el tema. Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala: causas y consecuencias, que fue publicado por el Guttmacher Institute en 2006. En este se complementan las cifras de la Línea Basal con el resultado de dos encuestas realizadas por el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva (Ciesar), dirigido por el médico Edgar Kestler: la Encuesta a Profesionales de la Salud (EPS) y la Encuesta a Instituciones de Salud (EIS).

Este documento recopila una serie de datos, pero recuerda las complicaciones para verificar la información, debido a la falta de cifras oficiales. Por ejemplo, indica que en 2003, aproximadamente 27,014 mujeres recibieron tratamiento en hospitales por complicaciones resultantes de abortos. De estas, 21,625 se debieron a abortos inducidos. El informe no da cifras sobre las muertes que pudieron ocurrir como consecuencia de una complicación de un aborto clandestino.

En la EPS, el equipo de Kestler solicitó a las personas entrevistadas que estimaran la proporción de abortos realizados por cada proveedor de salud, la proporción de mujeres con probabilidades de sufrir complicaciones, y de éstas, las que podrían recibir atención en una institución de salud. Según el informe, el porcentaje que obtuvieron fue similar al que recogen otros estudios realizados en Latinoamérica: el 33% de las mujeres que se someten a un aborto inducido reciben tratamiento por complicaciones en un hospital. Este 33% corresponde a las 21,625 mujeres. Multiplicado por tres, el dato estimado de abortos inducidos en un año,  subiría aproximadamente a 65 mil casos.

Kestler realizó desde entonces otros estudios para tratar de actualizar las cifras de su informe. Por ejemplo, el documento First Level of Reference and Post Abortion Care, uno de los más recientes, se centra en 14 centros de atención situados en diferentes comunidades del país. En él se menciona que entre abril de 2014 y marzo de 2016, 247 mujeres llegaron por abortos incompletos (en los que partes del feto o del material placentario permanecen dentro del útero).

Sin embargo, y a pesar de tener una década de antigüedad, las cifras obtenidas en el informe inicial del Guttmacher Institute se mencionan en cada conversación sobre el tema. Aunque se volvieron a realizar estudios, todos utilizan la misma cifra base: 65 mil abortos inducidos al año en Guatemala. Pero los eufemismos que usan las instituciones oficiales para contabilizar tanto los fallecimientos como las mujeres atendidas,  impiden tener una panorámica real.

***

En la actualidad, los números de mortalidad materna relacionados con el aborto difieren mucho de los que presentaron los estudios. Según los datos facilitados por el Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), en 2005 se registraron nueve muertes. En 2009 la cifra subió a 15 y en los primeros seis meses de 2016 se contabilizó únicamente un fallecimiento por “aborto no especificado”.

“Aborto espontáneo”, “aborto incompleto” o “aborto retenido”, son otros de los diagnósticos que se documentaron. En ninguno de los 189 registros de los últimos diez años se especifica que estas mujeres fallecieron como consecuencia de haber sido sometidas a un aborto inseguro o clandestino.

En el Registro Nacional de las Personas (Renap), las cifras son aún menores. En los últimos diez años, el aborto aparece mencionado en sólo 115 casos, como primera, segunda o tercera causa de muerte.

Se consultó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) acerca de los resultados de sus peritajes y las estadísticas de abortos encontrados. La respuesta de la Unidad de Información Pública fue la siguiente: “Por no ser de nuestra competencia la tipificación de delitos como lo es el aborto, no se cuenta con datos estadísticos del mismo”.

Sin embargo, Roberto Garza, vocero de la entidad, asegura que sí emitieron algunos dictámenes relacionados con abortos, “aunque las cifras son mínimas”, y únicamente hay datos de 2013, 2014 y 2015. Según las estadísticas de evaluaciones en el área clínica de la institución, el año pasado se dictaminaron 21 abortos provocados, uno espontáneo y 20 bajo la categoría de “abortos (otros)”. “Sólo podemos hacer estos peritajes por solicitud del Ministerio Público o de un juez”, recordó Garza. No hay registros en el Inacif de muertes de mujeres por complicaciones con abortos inseguros.

Los datos de mujeres atendidas como consecuencia de un aborto, tampoco aclaran las dudas. El MSPAS hace una clasificación de 80 variables por las que las mujeres ingresaron a urgencias o a consulta médica. Entre los diagnósticos se encuentran categorías como “otro aborto”, “otros intentos fallidos de aborto” o “aborto no especificado”. Las causas de los mismos, son una incógnita.

Sin embargo, Héctor Fong, ginecólogo obstetra de práctica privada y exdirector del Hospital General San Juan de Dios, da algunas luces acerca de cómo relacionar las causas de atención de las pacientes con la práctica de una interrupción de embarazo en condiciones no seguras.

“¿Qué signos me van a decir a mí que la paciente viene manipulada? Una infección interna, no sólo a nivel del útero sino que pelviana, mucha hemorragia, perforación del útero, rasgadura del cuello o una infección generalizada. Si yo encuentro eso en una paciente, aunque no me lo diga, yo casi puedo asegurar que el aborto fue manipulado”, explica Fong. Según este planteamiento, de las 83,348 mujeres atendidas entre enero de 2005 y junio de 2016 en los diferentes establecimientos de salud, 1,106 llegaron con causas que se podrían relacionar estrechamente con los abortos inseguros.

El MSPAS entregó a Plaza Pública dos bases de datos. Una del registro de mortalidad materna (con 3,693 fallecimientos en los últimos diez años) y otra, con las mujeres que dentro de ese listado fallecieron “por abortos”: 189. Se repitió en ambas bases el ejercicio de analizar las causas de la muerte.

De las 189 mujeres del registro de mortalidad por abortos, 55 tuvieron un diagnóstico que podría vincularse a abortos inseguros entre 2005 y 2016. Si se repite el análisis tomando en cuenta todas las muertes maternas registradas en ese período, la cifra sube a 85.

Según el informe Unsafe abortion, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las muertes relacionadas con abortos inseguros correspondían en 2008 al 9% de las muertes maternas de Centroamérica. Si este porcentaje se aplica a los registros del Ministerio, el dato llegaría a los 332 fallecimientos entre 2005 y 2016. En la primera mitad de 2016 se pasaría de un fallecimiento, registrado, a seis. Esto, siempre tomando sólo las cifras del Ministerio de Salud.

En busca de los abortos legales

Ocurrió una madrugada, hace siete años, en el Hospital Regional de Cobán. La mujer, de 20 años, embarazada, llevaba más de 20 días ingresada en el hospital, con constantes hemorragias. La acompañaban su madre y su pareja, que miraban con ojos suplicantes a cada doctor que se acercaba a su camilla, para controlarle las constantes y hacerle trasfusiones de sangre.

—Doctor, ¿qué se puede hacer? La niña se me muere. —Suplicaba su madre.

—Nada seño, aquí es de esperar. A ver cómo evoluciona. —La respuesta se repetía cada día.

“Se desangraba, era demasiado”, recuerda la doctora que la atendió esa madrugada, y que al contar la historia solicita anonimato. “Yo hacía turno cada cuatro o cinco días en el hospital”, comienza su relato. “Leyendo el expediente de esta joven, cuando pasé de visita, vi que estaba demasiado mal. Pregunté a las enfermeras y me dijeron que iba para un mes de estar ingresada”.

“Era una placenta previa sangrante (una complicación en la que la placenta crece en la parte más baja del útero y cubre la abertura hacia el cuello uterino, provocando sangrado vaginal). Eso no lo podés parar con nada. Transfusión. Observación. Transfusión. Yo dije: ‘No. Esta niña se va a morir’. No había otra salida. Hablé con la mamá y con ella y le expuse la situación. Había dos opciones: o ella se salvaba, o el feto y ella se morían.”, cuenta.

El Código Penal tipifica diferentes tipos de aborto como delito. Las penas van entre uno a 12 años de prisión, tanto para la mujer como para la persona que se lo practica (con consentimiento o no). Pero en el artículo 137 también se menciona el aborto terapéutico como una práctica no punible, siempre que la mujer lo autorice. “Previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el sólo fin de evitar un peligro”.

Le practicaron una histerotomía, una incisión quirúrgica del útero, para retirar el feto. “Es como hacer una cesárea”, resume la doctora. Ella se apoyó en la consejería de la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas para hacerlo. La doctora escribió en el expediente el diagnóstico: “aborto terapéutico”. El Ministerio de Salud nunca lo registró como tal.

A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del MSPAS se solicitaron las estadísticas de abortos terapéuticos realizados en los últimos diez años. Esta fue la respuesta de la Unidad de Difusión de Datos del Sigsa: “No se cuenta con registros de abortos terapéuticos”.

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En zona 11, detrás del Hospital Roosevelt, se ubica la oficina del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Es un pequeño cuarto en el que una lámpara halógena arroja una luz blanca intermitente. Afuera llueve, y el agua se cuela entre algunas rendijas del techo, mojando una de las mesas del despacho con pequeñas gotas dispersas. El doctor Helmonth Herrera Orozco hace espacio en su mesa, se sienta y espera las preguntas.

—¿Por qué el Ministerio no registra abortos terapéuticos?

—Desconozco los números reales de aborto terapéutico. Creo que probablemente el porcentaje es bajo, por situaciones de reporte. La clasificación del aborto está en el Sigsa. Hay una codificación CIE:10. Está desglosado y codificado.

—Pero el aborto terapéutico como tal no se registra. ¿Por qué?

—Creo yo que si es información del Sigsa debe generar un porcentaje. Ahora… el porcentaje de abortos terapéuticos es bajo. Pero debería estar ingresado. Puede ser que operativamente haya un poquito de complicación en que haya ese adecuado reporte. Si no se codifica adecuadamente, puede dar un subregistro.

Edgar González, viceministro administrativo de Salud, da la clave para encontrar la información. “Es probable que no se registre como aborto terapéutico, sino con otro nombre: aborto médico”, explica. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE:10), el aborto médico está recogido bajo el código O:04.

Bajo este parámetro se volvió a revisar la base de datos de morbilidad (personas que se enferman en un determinado lugar) por abortos. De las 83,348 mujeres atendidas en los últimos diez años, sólo 38 aparecen registradas con el código O:04, y únicamente fueron registradas entre 2010 y 2016.

Además hay otras nueve clasificaciones a partir de este código que indican si el aborto fue completo, incompleto o con complicaciones. La suma al tomar en cuenta estas variables asciende a 1,891 en los últimos seis años.

Aun así, Linda Valencia, cirujana, ginecóloga obstetra y miembro de Planned Parenthood Global asegura que los abortos terapéuticos no siempre pasan de la acción al papel. La organización estadounidense para la que trabaja facilita servicios de atención a la salud reproductiva, educación sexual e información a millones de personas en todo el mundo.

“Yo me formé en el (Hospital General) San Juan de Dios. En el diagnóstico de una paciente, los médicos decían: ‘Tiene el cuadro de tal cosa y pone en riesgo su vida. Hay que resolver el embarazo independientemente de la edad gestacional. Esa era la orden. ¡Eso era un aborto terapéutico! ¿Crees que alguna vez algún jefe iba a llamarlo así? No. El estigma es muy fuerte”.

En la mayoría de los casos, continúa, en el expediente lo resolvían de la siguiente manera: “Paciente expulsó espontáneamente”. “Claro, después de haberle puesto los medicamentos que sabías que iban a causarlo. Pero no tienen el valor de escribirlo, aunque esté en ley”.

Lograr que el personal de salud ofrezca a las mujeres la posibilidad de practicarles un aborto terapéutico, es otro reto. “Los doctores no se plantearon siquiera la posibilidad de practicar un aborto terapéutico a la mujer. Todo el mundo se tiraba la chibolita, nadie quiso animarse”, reconoce la doctora de Cobán, al terminar su relato. “La mayoría de veces es así. En un hospital regional hay muy poco especialista. La mayoría de médicos que pasan visita son médicos generales. No están facultados. O no saben, o no quieren saber que hay esa posibilidad”.

 “Si las mujeres no lo piden como un derecho, no se practica”, añade Valencia, quien cuenta la reticencia de muchos colegas a ofrecer a una mujer la posibilidad de abortar cuando su vida corre peligro, aún y cuando está permitido en ley. “Y aunque se pida, no siempre lo hacen. Si te toca un médico antiderechos, no lo va a ofrecer”, indica. “No sé cuántas generaciones de médicos tienen que pasar para cambiar esta ruta de que las decisiones son de las mujeres, no de los hombres”.

Fong admite el estigma que existe, pero asegura que, en sus 30 años como ginecólogo en el sector público, tanto él como sus compañeros escribieron las palabras “aborto terapéutico” en más de un expediente. Al médico le cuesta dar una cifra de cuántos procedimientos efectuó. “En mi último año de residencia, quizás… unos ocho o diez abortos terapéuticos en el hospital en el que trabajaba. Autorizados y registrados”.

“Creo que a lo largo del tiempo ha ido reduciéndose la práctica de abortos terapéuticos. Aquí entra la moral, los factores religiosos… y hay mujeres que prefieren seguir el embarazo”, añade Fong.

Herrera Orozco insiste en que en todos los centros los médicos tienen indicaciones de proponer el aborto terapéutico a las mujeres que están en riesgo. En sus 20 años de carrera como ginecólogo, asegura, nunca se encontró con un caso así. Y por lo tanto nunca se vio en la obligación ni de practicarlo ni de registrarlo.

Hace cinco años, en 2011, el MSPAS con la colaboración de varias organizaciones, publicó la Guía para la Atención Integral de la Hemorragia del Primer y Segundo Trimestre y del Post-aborto y sus complicaciones. En su introducción, Ludwig Werner Ovalle Cabrera, entonces Ministro de Salud, recuerda que “el aborto en condiciones de riesgo y sus complicaciones ha sido la cuarta causa de mortalidad materna durante los últimos diez años”, y señala que “es prioritario que los servicios de salud cuenten con personal sensibilizado y capacitado en el abordaje integral de esta urgencia obstétrica”.

En 45 páginas, el documento da las indicaciones de las que habla Herrera, que los profesionales deben de seguir en caso de que la vida de la mujer embarazada esté en riesgo.

En el mismo también se legitima el uso del Misoprostol, un medicamento utilizado para inducir las contracciones uterinas, estigmatizado por algunos grupos por su relación con los abortos clandestinos. Fong hace hincapié en la necesidad de dejar de satanizar el uso del Misoprostol, que inicialmente se utilizaba para tratar úlceras, pero que en la actualidad es uno de los medicamentos clave para parar las hemorragias postparto de la paciente. “Tiene un uso similar al de la oxitocina, pero no necesita refrigeración, así que es muy útil en lugares que todavía no llegó la electricidad”, recuerda.

Además, en la guía se documenta un listado de 17 indicaciones por las que sería viable un aborto terapéutico, recogidas en el Protocolo para el manejo de la interrupción legal del embarazo, elaborado por el gobierno regional de Arequipa (Perú).

Melissa Mejía, quien se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Salud Reproductiva en el período anterior a Herrera, asegura tajante que los abortos terapéuticos no se realizan en todos los hospitales del país,  sólo en los hospitales escuela practican. Según el programa de postgrado de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) son hospitales escuela los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios, Regional de Occidente, Nacional de Cuilapa, de Salud Mental, Nacional de Zacapa, Nacional de la Antigua Guatemala, Regional de Escuintla, los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y del Instituto Nacional de Cancerología.

strong>“El médico de los abortos”

Existen dos temores entre el personal médico relacionados con el aborto. El primero, tiene que ver con la práctica y el reporte de los abortos terapéuticos. “Los médicos no quieren ni hablar del tema, porque hay gente que va a pensar que el que lo aborda es porque lo practica”, cuenta el Fong. “Es una cuestión rutinaria, como cualquier otra cuestión del embarazo, pero los temas se han satanizado”.

Mónica Montañez Martínez es trabajadora social en Oriéntame, una fundación colombiana que acompaña a mujeres con información responsable en el momento de tomar una decisión en asuntos reproductivos. “Aquí nadie quiere convertirse en el médico de los abortos”, secunda. En Colombia la Corte de Constitucionalidad (CC) despenalizó el aborto en 2006, en una histórica sentencia en la que permitió la interrupción del embarazo en tres casos: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando existe malformación del feto y en caso de violación.

Montañez, acompañada de Silvia Plana Subirana, parte de otra organización colombiana llamada la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, asegura que la situación de Guatemala también se vive aún ahora en su país, a pesar de la despenalización del aborto.

“Las técnicas de desistimiento se dan desde que las mujeres entran al hospital por la puerta hasta que salen de consulta”, explica Plana. “Les hacen tres, cuatro, cinco ecografías para que escuchen a los bebés. Les dicen: ‘Mire, este es su hijo’. Sólo para que no aborten”.

Además, añade Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), “el Código Penal está redactado de una manera que dificulta que se lleven a cabo abortos terapéuticos”. En la última frase del artículo 137 se especifica que las interrupciones del embarazo sólo podrán realizarse “después de agotados todos los medios científicos y técnicos”. “Tal y como está redactado, es inviable, casi no deja oportunidad a practicarse, porque lo deja como la última opción después de un largo proceso”, dice Barrios.

La abogada María Eugenia Solís, quien trabaja como asesora jurídica de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) —aunque asegura que su visión es radicalmente opuesta a la de la institución— lamenta que “la burocracia para realizar un aborto terapéutico es muy compleja”. “Es un trámite largo. En lo que yo encuentro a un médico, y el dictamen, y que me lo van a hacer, ya el niño hizo la primera comunión”. “Hay mucha vigilancia para que no hagan abortos”, continúa Solís, quien relata su propia experiencia: “Yo hace 31 años tuve el único embarazo en el que me atendieron en el Hospital Roosevelt. Me iban a hacer un aborto terapéutico, pero hicieron lo imposible por no hacerlo. Llegaron los genetistas y me aseguraron que no era necesario. Lo que no querían era sentar precedente, que hubiese un aborto en ese hospital”.

“En Colombia, el ministerio reporta menos abortos incluso de los que se hacen a través de nuestra organización. La pregunta es: ¿por qué? Es un tema de invisibilización, de no dejar ver la situación”, asegura Montañez.

Para Olga Villalta, del Grupo Multidisciplinario por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el del aborto “no es un tema complicado. Nosotros lo hacemos complicado”. “Los abortos terapéuticos se practican, claro que sí. Si una mujer de 40 años llega con preeclampsia (complicación del embarazo asociada a la hipertensión arterial), le practican un aborto. Porque la preeclampsia te mata. Y mata al embrión. Pero el médico tiene pánico de practicarlo, registrarlo y que luego lo llamen a declarar de por qué lo hizo”.

El viceministro Edgar González explica que, a pesar de que el aborto terapéutico esté en ley, es muy complicado para un médico ofrecerlo. “La vida de la mujer tiene que estar en riesgo inminente. Es muy complicado para un médico ofrecer eso. Si no tiene el suficiente respaldo, hasta podría ser procesado”, expone. González asegura que no está al tanto de que exista o no un subregistro de abortos legales y tampoco conoce cifras de mujeres que hayan fallecido por no ofrecérsele un aborto terapéutico, aunque indica que posiblemente haya casos. En el ministerio todavía no hay seguridad de que vayan a implementar alguna acción para lograr documentar con cifras exactas el número de interrupciones de embarazos realizadas.

El segundo temor de los médicos, está relacionado con los aspectos legales y la reticencia a involucrarse en un proceso penal a la hora de registrar a las pacientes que llegaron a los hospitales por haberse expuesto a un aborto inseguro o clandestino. El doctor Fong recuerda que “legalmente, lo tienen que reportar ante la institución para la que trabajan. Y luego la institución, se encarga de llevar el expediente al Ministerio Público (MP)”.

El MP registra entre enero de 2005 y septiembre de este año, 1,896 denuncias por aborto, 118 sólo en lo que va de 2016. Los delitos que se documentan son: aborto, aborto agravado, aborto calificado, aborto con o sin consentimiento, aborto preterintencional, aborto procurado y tentativa y aborto culposo. Según la información del MP, 41 de las casi 2 mil denuncias terminaron en sentencia (aunque en la base de datos no se especifica si fue condenatoria o absolutoria, y tampoco se consigna quiénes fueron los acusados –mujer embarazada o quien hubiera practicado el aborto-).

Linda Valencia, explica que hace poco más de diez años, se trató de concienciar al MSPAS de que el aborto era causa de muerte materna y había que analizarlo desde el tema de salud pública y de derechos humanos. “El MSPAS empezó prácticamente a esconder el tema de los abortos. Se repartían circulares que decían que el aborto había que clasificarlo como hemorragia en el primer trimestre. Entonces subió la estadística de hemorragia y los abortos pasaron a ser el 1% de los casos”, explica. El viceministro González admite que no tiene conocimiento de ninguna circular, aunque se comprometió a buscarla y analizar si es necesaria alguna aclaración.

“Yo no le puedo garantizar que se esté haciendo bien, pero debería hacerse un análisis de mujeres en edad fértil”, explica González. “Las áreas de salud deben investigar todas las muertes de mujeres entre 15 y 49 años, y probablemente ahí se encontraría más mortalidad por abortos, que no está siendo registrada en las estadísticas de mortalidad materna, ya que las mujeres nunca llegaron a hacerse un primer control de embarazo y por lo tanto no aparecen inscritas como embarazadas”. “Se hace algún tipo de vigilancia y de supervisión, pero no sé si esto está funcionando. Es parte de lo que hay que ir levantando”, concluye el funcionario.

Valencia recuerda que “en 2002 se implementó el programa nacional de atención postaborto”. El programa actualmente está trabajando en todos los hospitales de Guatemala que ofrecen asistencia gineco-obstétrica, asegura el doctor Edgar Kestler. Valencia explica que “se empezó a sensibilizar al personal de salud en atención de mujeres, porque había discriminación y además mucha violencia institucional. Interrogatorios abusivos hasta que las mujeres los convencieran de que no se habían practicado un aborto. Si llegaban sangrando y con un aborto, era una intimidación constante”.

Zulma Calderón, supervisora de hospitales del PDH, asegura que la institución no cuenta con denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres que abortaron. “Hay más que todo denuncias por negligencia médica”, señala.  “En 2015 se presentaron 19, y para el 30 de septiembre de 2016, llevamos 29”.

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A través del programa se busca, además de dar una respuesta psicológica a las mujeres, ofrecerles también educación sexual y métodos de planificación familiar. “Es una oportunidad de bajar las tasas trabajando la prevención”, expone Valencia.

El peligro del tabú y la incógnita del futuro

El informe del Guttmacher Institute señala que la evidencia recabada “confirma que las leyes altamente restrictivas de Guatemala no han tenido éxito en impedir la práctica del aborto”.

“Realmente el procedimiento, como un procedimiento obstétrico, es uno de los más sencillos y con menos riesgo. El problema es cuando se hace por personal que no tiene condiciones, o se hace en condiciones de insalubridad. Esos son la causa de muerte materna”, aclara Linda Valencia.

María Eugenia Solís lo secunda: “El aborto es un asunto de clase y étnico. Yo tengo plata y resuelvo el tema porque sé dónde están los médicos y sus clínicas, con toda su cobertura legal y las medidas higiénicas y buenas prácticas. Y hasta puedo pagarme una buena psicóloga que me ayude a digerirlo todo. Quienes van a los abortos clandestinos porque es ilegal, son mujeres sin recursos y en muchos casos provienen del interior”.

En la mesa está ahora la posibilidad de despenalizar un porcentaje de los abortos ahora punibles, con el fin de que no sea ilegal practicarlos, evitando así la clandestinidad e insalubridad.

En el Congreso de la República organizaciones sociales e instituciones públicas afinan una “política pública de reparación digna y transformadora por violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada para niñas y adolescentes”. El objetivo es finalizar la discusión en noviembre, y presentar a finales de ese mes la propuesta en el pleno del Legislativo.

Entre los múltiples puntos que se tocan en la política, uno de ellos, el que menos discusión ha tenido, es precisamente el que más polémica ha causado: la despenalización del aborto para menores de 19 años que han sido violadas. El rango de edad se amplía, pues toma en cuenta a jóvenes a las que pudieron embarazar con 18 años.

Paula Barrios, de MTM, precisa que ésta es sólo una arista, no la principal, de la política, y no buscaría en principio reformar ninguna ley. Según Barrios, puesto que el Código Penal permite el aborto terapéutico si la vida de la mujer corre peligro, el artículo podría aplicarse a las menores de edad, “ya que su vida y su salud emocional están en riesgo”.

Por ahora se han llevado a cabo tres reuniones, en las que tres grupos de trabajo discuten simultáneamente las acciones que concretarán. Desde mediados de julio el aborto únicamente se puso sobre la mesa en dos ocasiones. En una de ellas, el tema se mencionó sin dar lugar a discusión. En la otra, según las memorias recogidas por MTM, sólo el representante del Inacif, Segio René Rodas Muñoz, se mostró contrario a la aprobación de la medida. Según su postura, si la vida de una menor no corre riesgo, deberá continuar con su embarazo y el Estado podrá ofrecerle la posibilidad de retirarle a su hijo o hija y mantenerlo en un hogar público hasta que sea adoptado. La diputada de Convergencia, Sandra Morán, y las representantes de MTM y de la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO), recordaron a Rodas las condiciones de los hogares estatales y las bajas cifras de adopción. Al 31 de agosto de este año, según el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), había 354 menores pendientes de ser adoptados en los hogares privados de Guatemala. La discusión se zanjó en ese punto. La próxima reunión de las mesas será el miércoles 19 de octubre.

Si lograra despenalizarse la práctica del aborto en este extremo, surge la duda de qué sucedería en los establecimientos de salud pública. Los expertos consultados ponen en duda que los médicos estén a favor de llevar a cabo la interrupción de los embarazos.

“Hay cuestiones de objeción de conciencia. Pero si el aborto está en ley y la persona trabaja institucionalmente, está obligado a practicarlo. En lo privado, ya cada quien ve si lo hace o no. Y nadie los puede obligar”, explica Fong. María Eugenia Solís añade que en Colombia varios médicos trataron de apelar a la objeción de conciencia, pero la CC del país rechazó su postura y les obligó a acatar la ley.

Por ahora, en Guatemala la interrupción del embarazo, un tema de derechos humanos y de salud pública, continúa siendo un tabú para el sistema de salud. 

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