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Dudas y expectativas sobre las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación
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Dudas y expectativas sobre las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación

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Pedirá al Congreso modificar el Código Procesal Penal para tipificar a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla Barrio 18 como organizaciones terroristas.
“Yo soy enemigo de darle a los funcionarios el beneficio de la duda. Quien asume un cargo debe tener las competencias", dice Mérida.
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La designación de un nuevo ministro de Gobernación y dos nuevos viceministros, el administrativo y el de seguridad, fue inesperada. Ocurrió cuando parecía haber quedado en el olvido que Francisco Rivas Lara, el ministro saliente, había presentado su renuncia en septiembre y que el presidente Jimmy Morales no la aceptó, hasta ahora, cinco meses más tarde. Las primeras acciones de los nuevos funcionarios ya han generado temores.

Enrique Antonio Degenhart Asturias no es conocido por su experiencia en seguridad ciudadana, pero sí por sus gestiones administrativas en Migración. Entre 2010 y 2012, durante el gobierno de Álvaro Colom, se desempeñó como Interventor de la Dirección General de Migración (DGM). Desde que dejó ese cargo no había aparecido en la luz pública. Hasta el pasado 26 de enero, cuando sorpresivamente relevó a Rivas por disposición de Morales. Degenhart llega al Ministerio de Gobernación (Mingob) acompañado de Kamilo José Rivera Gálvez, viceministro de Seguridad, quien en el pasado formó parte de la misma fuerza de tarea que hoy dirige la Policía Nacional Civil (PNC); y Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, viceministro Administrativo, empleado administrativo del Congreso de la República hasta julio de 2017.

Lo intempestivo del cambio, el contexto en el que se produjo y las primeras acciones del nuevo ministro han despertado dudas entre diversos sectores sociales, principalmente en lo relacionado con la estrategia de seguridad ciudadana y el apoyo de las fuerzas de seguridad a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Cuatro días después de asumir el cargo,Degenhart dijo que su plan de trabajo estará orientado hacia la prevención del delito. También anunció que pedirá al Congreso modificar el Código Procesal Penal para tipificar a la Mara Salvatrucha y a la Pandilla Barrio 18 como organizaciones terroristas, para poder combatirlas con más fuerza. Expertos en el tema de pandillas, como el salvadoreño José Miguel Cruz, y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, han afirmado varias veces que la mano dura —como única política para controlar las pandillas— solo contribuye a propagarlas.

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El ministro también habló de controlar a las pandillas en las cárceles, particularmente en aquellas donde son un significativo porcentaje de la población reclusa. Precisamente este, según según Mario Mérida, coronel retirado y exviceministro de Gobernación en 1994, es un tema que Rivas dejó pendiente: el Sistema Penitenciario, que se volvió un centro de planificación criminal. “Rivas habría cerrado su gestión con broche de oro si le hubiera entrado a la reforma del Sistema Penitenciario, que debió anteceder la reforma policial”, afirma Mérida.

El nuevo ministro agregó que contempla ampliar la presencia del Ejército en las calles. Respecto a esto matizó que no se ha cambiado la fecha para retirar a los militares de los patrullajes, programada para el 31 de marzo próximo. La decisión de ampliar ese plazo, explicó, recaería en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Esto, dice Carmen Rosa De León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (Iepades), sería un retroceso. “Es una decisión que proviene del Consejo Nacional de Seguridad, que es manejado por exmilitares, asesores del Ejecutivo, pero que va en contra incluso de algunas opiniones dentro del Ministerio de la Defensa, que se habían manifestado en favor de retirar al Ejército de las calles”.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación en la misma época en la que Degenhart estuvo en la DGM, dice que, entonces, el nuevo funcionario demostró la capacidad necesaria para agilizar los procesos de compra de nuevos pasaportes y renovó los sistemas de operación, que no prosperaron porque no tuvieron seguimiento después de su gestión. La capacidad de Degenhart para gestionar procesos administrativos es una ventaja que tiene sobre Rivas, asegura Menocal.

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Respecto al plan de trabajo de Degenhart orientado hacia la prevención del delito, el exministro cree que finalmente se otorgará mayor apoyo al viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito, Axel Romero, y se empleará un abordaje integral contra la criminalidad. Esta es la misma línea de trabajo que se espera del nuevo viceministro de Seguridad, Rivera Gálvez, y los altos mandos en la PNC, el director Nery Ramos y el jefe de la Subdirección de Investigaciones, Stu Velasco, los que según diversas fuentes tienen la misma visión de seguridad ciudadana y de prevención del delito.

Sin embargo, una semana después el Congreso aprobó en segunda lectura una iniciativa de ley, promovida por el diputado Luis Hernández Azmitia, para crear una Secretaría de Coordinación de Prevención de la Violencia, que despojarían al Ministerio de Gobernación de esa responsabilidad. Además, devolvería al Ejército la facultad de hacer inteligencia civil, como durante el conflicto armado.

Por qué Degenhart

Diversas fuentes de la sociedad civil refieren que Degenhart llegó con la misión de entorpecer el trabajo del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Ello implicaría disminuir el número de policías asignados a la seguridad de colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como conocer su ubicación y la de los allanamientos y la identidad de los sujetos con órdenes de captura en casos clave.

El pasado 2 de febrero el juez Miguel Ángel Gálvez advirtió por escrito al ministro Degenhart que los colaboradores eficaces en casos de alto impacto no podían ser trasladados a otra prisión, y que las medidas de seguridad ordenadas para los colaboradores del MP deberían continuar como hasta ahora. Gálvez extendió la advertencia a los viceministros y dijo que el incumplimiento de las disposiciones conlleva responsabilidades administrativas y penales.

Según De León, las acciones del juez Gálvez parecen una respuesta a presiones. Tres días después, Degenhart negó los señalamientos. “Vamos a aprovechar para desmentir el hecho de que a mí me interesa saber la localización de los testigos protegidos, porque no es cierto”, expresó durante una conferencia de prensa. “No me interesa saber específicamente en dónde están, ni me interesa tener ningún tipo de situación adicional a mi responsabilidad de cumplir con la protección de la integridad física de dichos colaboradores eficaces”. También dijo que investigará las “cuentas falsas” en las redes sociales donde se filtró ese tipo de informaciones.

El nuevo ministro hacía estos anuncios sólo días después de inesperadamente sustituir al exministro de Gobernación Rivas, quien a su vez fue removido del cargo sólo horas después que el exministro de la Defensa, Williams Mansilla, fue capturado.  La detención obedeció al “bono de responsabilidad” que el Ministerio de la Defensa pagó ilegalmente al presidente Morales. Mansilla quedó ligado a proceso, pero con arresto domiciliar. La captura, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción, ocurrió sin que el mandatario estuviera enterado.

“La Cicig y el MP han sido muy reservados en el tema de las capturas”, señala Mérida. “Hay un grupo de policías que los apoyan específicamente en esa actividad, lo cual ha sido positivo a la larga porque no involucra al Ministro de Gobernación, o al director de la PNC; bajo esa reserva han realizado las capturas y es una manera en que el mismo ministro de Gobernación se protege”. Se protege porque no tiene acceso a información comprometedora para personas que podrían estar políticamente relacionadas con la administración. No obstante, la salida de Rivas se atribuyó extraoficialmente a que no informó al presidente Morales de la orden de captura contra Mansilla.

“Los nombramientos causaron sorpresa por cómo se dieron”, reconoce Carmen Rosa De León. “Pareciera una reacción hepática a la captura del ministro de la Defensa, aunque por la celeridad con la que ocurre pareciera que ya lo habían trabajado a nivel del Ejecutivo (es decir, ya habían decidido previamente a quiénes se nombraría)”.

La activista Iduvina Hernández habló de la salida de Rivas como un “coletazo”, una reacción inmediata a la captura de Mansilla. La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, dijo que podría ser otro indicio de un posible plan para quitar piezas claves, como Juan Francisco Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que impulsó investigaciones y procesos judiciales en contra de evasores de impuestos y colaboró con el MP y la Cicig en los casos relacionados con estructuras criminales incrustadas en aduanas, puertos y la misma SAT.

De León agregó que compartir información de las órdenes de captura y los testigos refleja una intención del Ejecutivo de tener un mayor control sobre las acciones del MP y la Cicig. Además, hay leyes específicas que prohíben la divulgación de la identidad de los colaboradores eficaces, como la Ley de Protección a los Sujetos Procesales, así como el artículo 314 del Código Procesal Penal, que limita el manejo de información sensible a los fiscales, abogados defensores y el juez encargado. Una fuente del MP indicó que ni los fiscales encargados de los casos con colaboradores eficaces saben cuál es su paradero, información que es manejada con reserva por la Unidad de Protección al Testigo del MP.

Degenhart, a juzgar por un artículo en la revista digital ProPublica, sabe en carne propia qué significa correr peligro. El texto, publicado en junio de 2016, describe un tiroteo que sobrevivió en octubre de 2012 en la Ciudad de Guatemala. Ocurrió casi diez meses después de que el presidente de turno, Otto Pérez Molina, lo destituyó “ignorando una solicitud de la Embajada de Estados Unidos para mantener a Degenhart en el puesto”, según el artículo. También le despojaron de un vehículo blindado y de personal de seguridad, pese a un supuesto acuerdo escrito para preservar su integridad—aunque otros artículos de prensa revelan que le acompañaba al menos un guardaespaldas.

El texto de ProPublica atribuye el tiroteo a que Degenhart “había fortalecido la unidad de asuntos internos (en la DGM), modernizado la tecnología y luchado contra redes criminales que vendían pasaportes fraudulentos a migrantes africanos, fugitivos rusos y narcotraficantes colombianos”. La revista sostiene que esas acciones le hicieron ganar “una larga lista de enemigos—dentro y fuera del gobierno—vinculados a mafias”.

En suma, su paso por la DGM no era poca cosa. El artículo cita a un investigador de una agencia policial estadounidense, quien dice que los líderes sindicales de Migración “ganaban tanto dinero que controlaban jueces y abogados”. Degenhart, descrito como un “tecnócrata del sector privado”, admitió que nunca imaginó la complejidad de la tarea porque nunca había trabajado en este sector.

Degenhart había sido vinculado con la entrega de un pasaporte falso que le permitió a Roberto Barreda De León, principal sospechoso del asesinato de Cristina Siekavizza en julio 2011, huir de Guatemala hacia Belice y luego a México. Sin embargo, en diciembre de ese año el mismo Degenhart dijo al MP que había formulado una denuncia contra la Corporación Inmobiliaria La Luz por anomalías en la emisión de pasaportes, incluyendo el de Barreda. El pasado 3 de febrero, Barreda también negó que Degenhart le hubiera ayudado a huir.

Nuevas piezas de apoyo

El nuevo ministro llegó al Mingob con dos piezas estratégicas: el nuevo Viceministro de Seguridad, Rivera Gálvez, y el Viceministro Administrativo, Castellanos Alonzo.

La gestión pública más divulgada de Castellanos es su paso por el Congreso de la República como encargado de la Dirección General del Organismo Legislativo: su renuncia en julio de 2017 ocurrió después de que molestó a los diputados porque gestionó el pago del Bono 14 de los parlamentarios, sustentado sólo en el sueldo base de Q9,500. Un mes antes, los diputados habían aprobado un decreto que avalaba el pago del Bono 14 con base en el sueldo total mensual de Q29,500 que incluye el pago por su participación en las comisiones de trabajo, gastos de representación y dietas.

Castellanos sólo había considerado el sueldo base porque la Contraloría General de Cuentas había tipificado como irregular el pago del bono en 2016 a los diputados con base en el salario mensual total. No obstante, la Contraloría finalmente avaló el pago de un ajuste del bono con base en las expectativas de los parlamentarios, amparado en la vigencia del decreto que los diputados aprobaron.

En otras circunstancias, el paso de Castellanos por el Congreso habría sido de utilidad para el Mingob, porque la cartera podría beneficiarse de aliados en el Legislativo, especialmente ante la perspectiva de interpelaciones ante el pleno o de cuestionamientos en bancadas específicas. Sin embargo, en las condiciones en que salió del Congreso no parece factible que haya dejado aliados entre los diputados, al menos no entre los que se oponían a recibir un Bono 14 sustentado en su salario base.

La designación de Rivera como viceministro de Seguridad emerge como una sucesión lógica. Hacia finales de los años 90, fue uno de los estudiantes más destacados de la Academia de la PNC que el venezolano Víctor Rivera, entonces asesor del Mingob, eligió para conformar una fuerza de tarea para investigar secuestros. El grupo también lo integraban Ramos, Velasco, y Rony Mauricio Espinoza, subdirector general de Operaciones.

Hace un año exactamente, junto a Ramos y Velasco el ahora viceministro Rivera prestaba su testimonio en el juicio contra el exministro de Gobernación Carlos Vielmann en España, por la ejecución extrajudicial en 2005 de reos fugados de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, y de reos en la Granja Penal de Pavón, en Fraijanes, Guatemala, en 2006. El venezolano fue asesinado en abril de 2007.

Los oficiales declararon en España que la fuerza de tarea no participaba directamente en los operativos, sino reunía inteligencia para acciones contra el crimen organizado, aunque una publicación de Nómada cita al viceministro Rivera declarando que el asesor venezolano y algunos miembros de la fuerza de tarea sí presenciaron la captura y ejecución extrajudicial de los reos fugados en 2005. Otros oficiales de policía enfrentaron juicio en Guatemala por estos hechos y recibieron condenas de cárcel.

Menocal agregó que Rivera fue injustamente estigmatizado porque su hermano, Edwin Emmanuel Rivera Gálvez, también investigador policíaco, estuvo detenido por el caso de El Infiernito, pero fue absuelto junto a otros detenidos. Para marzo de 2017, Vielmann también había sido absuelto en España.

El viceministro no respondió a solicitudes para una entrevista, y la oficina de prensa del Mingob indicó que los funcionarios estarían disponibles para dar declaraciones hasta el 28 de febrero.

Iduvina Hernández afirma que el esquema actual del Mingob hace correr el riesgo de retroceder a la época de Vielmann y al uso de “la mal llamada limpieza social”. La activista dijo que hasta la salida de Rivas, el Mingob ejercía control sobre la PNC, pero que los cambios en los mandos y los lazos en común entre el viceministro Rivera y la cúpula de la PNC eliminan el control.

Menocal afirma que, cuando estuvo al frente del Mingob, se apoyó en la fuerza de tarea que integraban Rivera, Ramos y Velasco. Asegura que no le consta ninguna irregularidad en el trabajo de los oficiales mencionados, o que tuvo indicio alguno de que participaron en ejecuciones extrajudiciales. Al contrario. “Son oficiales de carrera, con una alta capacidad gerencial”, dice el exministro, quien agrega que tienen un alto nivel de capacitación en Corea, Colombia y EE.UU. y que continuaron el ascenso en los mandos policiales hasta llegar a los cargos que actualmente ocupan.

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El exministro señaló que los oficiales mantuvieron una efectiva relación laboral con los fiscales generales, desde Amílcar Velásquez Zárate (2008-2010) hasta la actual, Thelma Aldana, pero además se granjearon la confianza de la élite empresarial y cooperación internacional, y de activistas y sociedad civil. “Cualquiera que recibía alguna amenaza, lo primero que hacían era buscar a la fuerza de tarea”, dice el exfuncionario.

También destacó las habilidades del alto mando policial para investigar, y cómo su trabajo contribuyó a la captura de importantes bandas de secuestradores, así como de importantes estructuras de las pandillas. Una fuente del MP, que trabajó con la fuerza de tarea hace años, dijo que Rivera tenía una de las memorias más privilegiadas que había conocido, especialmente para atar cabos entre diversos casos, y registrar y recordar fechas, números de teléfono, horas claves en la línea de tiempo de un caso. “Son oficiales que tienen una abnegación que me cuesta ver en otros policías”, dice. “Ellos iban a los operativos sin importarles si se podían morir; de hecho, Ramos y Velasco resultaron heridos en una ocasión”.

Mérida dice que un investigador policíaco efectivo no necesariamente es un efectivo administrador de la seguridad pública, especialmente en un ministerio tan complejo como Gobernación, del cual dependen la PNC, el Sistema Penitenciario (ya hacinado mientras se siguen efectuando capturas masivas), y la DGM y sus problemas internos con la emisión de pasaportes.

Las nuevas autoridades del Mingob además deberán trabajar con el Viceministro de Asuntos Antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos, quien también presentó su renuncia en septiembre pasado pero no le ha sido aceptada. Dávila, quien hasta 2015 estuvo en la Fiscalía de Narcoactividad, tuvo una relación indirecta con el actual viceministro de Seguridad.

Menocal asegura que la designación de las nuevas autoridades puede consolidar la reducción en la tasa de homicidios, que comenzó en 2010 (algo que también subraya el embajador de los EE.UU. en Guatemala, Luis Arreaga), así como el mapeo y neutralización de algunas bandas de extorsionistas. Les atribuye además la erradicación de los Zetas en siete departamentos entre 2010 y 2011.

“Yo soy enemigo de darle a los funcionarios el beneficio de la duda”, dice Mérida. “Quien asume un cargo de esa naturaleza debe tener las competencias para administrar un ministerio tan complejo, pero lo primero que escuchamos es que Degenhart era asesor de seguridad de la Embajada de los EE.UU. y pareciera que eso bastó para nombrarlo como Ministro de Gobernación. Las expectativas de cómo funcione son reservadas”.

Pero si la Embajada de los EE.UU. apoya la designación de los nuevos funcionarios, también ha reiterado su apoyo a la cúpula de la PNC y a la Cicig, según De León, aun en medio de rumores de una posible separación del cargo de Ramos y de los reiterados intentos del gobierno por remover a Iván Velásquez del mando de la Cicig. En días recientes, el Embajador Arreaga, exaltó el papel de la PNC y la Cicig, y aparece sonriente en una fotografía junto al comisionado Velásquez.

Aun así, de acuerdo con Nineth Montenegro, los cambios en el Mingob podrían ser el inicio de un jaque mate si en mayo próximo resulta electo un o una fiscal general afín al partido de Gobierno que reduzca el apoyo a la Cicig y su peso en las investigaciones en casos de alto impacto. El proceso podría continuar con las elecciones de cargos en la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas de la Nación, clave en acusaciones en casos por corrupción, como el bono de responsabilidad y la captura de Mansilla, entre otros. La diputada afirma que el resultado de las elecciones de las próximas autoridades, en las entidades mencionadas, indicará si los cambios en el Mingob son el inicio de un intento por debilitar la institucionalidad.

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